ANTECEDENTES HISTORICOS INTEGRACION REGIONAL - POSICION DE COSTA RICA

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA POSICION DE COSTA RICA ANTE LA INTEGRACION REGIONAL Y OTROS  ANEXOS Y NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXO 1: MEMORÁNDUM DEL PRESIDENTE DE COSTA RICA TEODORO PICADO

“El Gobierno y el pueblo costarricenses hacen complacidos, reiterada manifestación de sus sentimientos fraternales para las demás repúblicas centroamericanas y de su sincero y muy vivo deseo de estrechar y robustecer las relaciones que tradicionalmente las han unido entre sí.
Sin embargo, obligado como está el Gobierno de Costa Rica a tomar en cuenta la opinión pública del país en paso tan importante, no podría, sin consultarla previamente, asumir ningún compromiso referente a la posibilidad de hacer efectiva un fórmula de unión de carácter político. Cualquier obligación que sobre el particular contrajera el Gobierno sin realizar esa consulta, lo expondría a una reacción de imprevisibles consecuencias.
Asunto de tanta trascendencia está llamado a ser ampliamente discutido por la ciudadanía, tanto más cuanto que, por mandato constitucional, cualquier pacto de unión, para ser ley de la República, debe ser aceptado no solo por el Congreso, sino además, por una Asamblea Nacional Constituyente convocada ad-hoc. No sería prudente exponer al país a las complicaciones propias de un doble proceso legislativo sin efectuar un examen exploratorio de la opinión pública. Sería inconducente y, a la vez, doloroso que el Gobierno acogiese oficialmente una iniciativa de unión política noblemente inspirada para dejarla perecer luego, falta de sustento popular.
Puede, sin embargo, adelantarse que el Gobierno de Costa Rica considerará con la mayor simpatía y con el más cordial interés, cualquier propósito que tienda a intensificar las relaciones comerciales, culturales y sociales de las hermanas repúblicas centroamericanas como movimiento precursores que permitan en el futuro dar vida fecunda a fórmulas efectivas de convivencia centroamericana o continental” […] (f). Teodoro Picado, Presidente de la República.
Fuente: Revista de los Archivos Nacionales, julio-agosto 1945, pág 410. Texto reproducido en: Antillón Salazar, Álvar. La ODECA y el Parlamento Centroamericano. Editorial Juricentro. San José. 1996. Pp.96-97


ANEXO 2: CARTA DE ODECA

Los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua deciden sustituir la carta de San Salvador, suscrita el 14 de octubre de 1951, por la siguiente carta de la Organización de Estados Centroamericanos. Fines: Artículo 1°. Constituir “una comunidad económico-política con el fin primordial de restablecer la República Centroamericana[....] Artículo 2: Para la realización de los propósitos de la organización, se establecen los siguientes órganos que serán el embrión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación: a) Una Asamblea; b) Una Secretaría General; y c) Una Corte de Justicia. Asamblea: Artículo 3°. La Asamblea de la Organización estará integrada por cinco representantes de cada Estado, investidos de plenos poderes permanentes. Serán nombrados por las respectivas legislaturas y durarán en el ejercicio de sus cargos, cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Para ser representantes en la Asamblea se requiere ser ciudadano centroamericano de origen, mayor de 35 años y poseer las dotes personales y de cultura que garanticen una acción elevada en el seno de la Asamblea. Artículo 4°. La Asamblea se subdividirá en las siguientes Comisiones: Económica, Jurídica, Política, Social y Cultural. Artículo 5°. Corresponde a la Asamblea preparar y suscribir convenios para: 1) Establecer el Mercado Común e intensificar el Programa de Integración Económica; 2) Crear el Banco Centroamericano; 3) Unificar la moneda y el sistema bancario de los Estados Miembros; 4) Promover el desarrollo industrial y la creación de nuevas fuentes de trabajo; 5) Eliminar entre los Estados Miembros, los derechos de Aduana, las restricciones cuantitativas y cualitativas de intercambio de mercaderías y establecer tarifas aduaneras comunes y una política comercial centroamericana frente a terceros Estados; 6) Abolir los obstáculos a la libre circulación de personas, capitales y servicios; 7) Establecer un sistema integral de transportes por aire, mar y tierra; 8) Crear los puertos libres y las zonas libres de comercio e industria en los lugares más adecuados del territorio centroamericano; 9) Realizar los fines culturales, políticos y de desarrollo social, de la Organización Artículo 6°.- La Asamblea se reunirá ordinariamente por lo menos durante tres meses cada año a partir del 15 de setiembre y extraordinariamente cada vez que lo acuerde la mayoría de los representantes o que sea convocada por la Secretaría General o por dos de los gobiernos de los Estados Miembros.
Según Álvar Antillón, “El antecedente de la ODECA era en 1907, una Oficina Internacional Centroamericana y la Primera Carta de la ODECA (pues hubo varios intentos de reestructuración) es un claro ejemplo de la tendencia moderna de integración, que no busca únicamente la integración política, sino la institucional de manera “progresiva”, término acuñado por el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Galich [... ] La ODECA creó tres clases de órganos institucionales: Los Directivos, el Organo Ejecutivo y los subsidiarios. Dentro de los Órganos Directivos, tenemos los que formulaban la política a seguir por la Organización, a saber: a) La Reunión de Jefes de Estado, descrita como Órgano Supremo, sin límite ni restricciones para sus reuniones; b) La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, descrita como el órgano principal, que llegó a ser el verdadero Órgano Rector [...]; c) La Reunión Eventual de Ministros de otros ramos [...] d) El Consejo Económico [...] e) La Secretaría General que era el Órgano Permanente, con cuatro departamentos: Asuntos Jurídicos, Asuntos Económicos y Sociales, Asuntos Culturales, Asuntos Administrativos[...] f) Los Órganos Subsidiarios (Consejos, Institutos y Comisiones establecidas para el estudio de problemas específicos) [...] Al establecerse CONDECA (Consejo Centroamericano de Defensa, bajo la dependencia directa de la Reunión de Ministros de Defensa del área, en colaboración con la Junta Interamericana de Defensa y de conformidad con lo dispuesto en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, este órgano redactó su propio documento constitutivo, el que Costa Rica nunca ratificó.”
Fuente: Antillón Salazar, Álvar, op cit. Pp. 40-42.

ANEXO 3: DICTAMEN DE LA PROCURADURÍA DE COSTA RICA

"En conclusión: Consecuentemente, con todo lo que se deja dicho, es criterio de este Despacho que, en presencia de la muy respetable proposición del Señor Presidente de Guatemala, si el Poder Ejecutivo en ejercicio de su facultad privativa de valorar su oportunidad y conveniencia, lo estimare del caso, lo que le vendría impuesto para encauzarla como es debido, sería su remisión, con la nota de estilo o la especial que se considere pertinente, a la Asamblea Legislativa, para los efectos de lo preceptuado en el párrafo final del Artículo 7° de la Constitución Política. Al mismo tiempo, se aprovecharía, al hacerlo, la circunstancia de ser la Asamblea la más amplia y permanente entidad representativa de la opinión pública del país, que al conocer del proyecto no solamente se pronunciaría, de modo expreso sobre su calificación formal dentro del texto constitucional de repetida cita, sino también implícitamente anticiparía, a modo de primer instancia de consulta, el criterio del pueblo, que es quien en último extremo habría de decidir sobre la suerte de lo proyectado. De seguirse el procedimiento que muy atenta y considerablemente se deja recomendado, se evitarían, de modo definitivo y con verdadera prudencia, dos peligros graves: es el primero, aunque muy remoto, el que se pudiere estimar que el Poder Ejecutivo, en el evento de proceder de otra manera, estaría incurriendo en la prohibición que establece el párrafo 1° del artículo 7° citado; es el segundo, el de que pudiera incurrir, frente a dispar criterio de la Asamblea Legislativa, en la violación de lo preceptuado por el muy repetido párrafo final del mismo texto constitucional. Todo ello, sin contar con el riesgo de que, ya por una declaratoria posterior de nulidad, ya por una desaprobación final de lo acordado, se diere al traste con los propósitos que animan el proyecto presentado o con los pasos que se hubieren dado en su cumplimiento, quedando el gobierno en un mal predicado con los demás de Centroamérica, y muy especialmente con el de Guatemala proponente. Naturalmente, nuestros temores y objeciones se circunscriben a las disposiciones del proyecto que comprometen a los Estados centroamericanos anticipando su Federación y hasta su posible forma de Constitución; y en modo alguno objetan la posibilidad de suscribir las demás iniciativas incluidas en la proposición de estudio, que serían por cierto, instrumento positivo de verdadero y práctico acercamiento entre nuestros pueblos hermanos " (f) Otto Rojas Vargas, Procurador General.
Fuente: Antillón Salazar, Álvar, op. cit., pp. 96, 103-104

ANEXO 4: TEXTO DE LA NUEVA CARTA DE ODECA

Artículo 1.- Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, son una comunidad económica-política que aspira a la integración de Centroamérica. Con tal propósito se ha constituido la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA). Artículo 2.- Para la realización de los fines de la organización[…] se establecen los siguientes órganos [...] d) El Consejo Legislativo [...] Artículo 10.- El Consejo Legislativo está compuesto por tres Representantes de cada uno de los Poderes Legislativos de los Estados Miembros. Este Consejo actuará como asesor y órgano de consulta en materia legislativa, asimismo, estudiará las posibilidades de unificar la legislación de los Estados centroamericanos. Artículo 11.- El Consejo integrará las Comisiones de trabajo que estime conveniente, de conformidad con su propio Reglamento. Artículo 12.- El Consejo Legislativo se reunirá ordinariamente cada año a partir del 15 de setiembre y extraordinariamente cada vez que el Consejo Ejecutivo lo convoque a petición de, por lo menos, dos Gobiernos de los Estados Miembros. Artículo 13.- Para la adopción de resoluciones y recomendaciones del Consejo, se requerirá el voto favorable de la mayoría de miembros que lo integran. (f). Ministro de Relaciones Exteriores, diciembre de 1962 y ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en agosto de 1964.
Fuente: Antillón Salazar, Álvar, op. cit. pp.132,134,136.

ANEXO 5: CONVENIO DE LA COMUNIDAD CENTROAMERICANA

Los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica [...] acuerdan los siguientes preceptos por los que se regirá la Comunidad Centroamericana: [...] Capítulo 3 de los Órganos de la Comunidad, Artículo 5: Para la realización de los fines y propósitos de la Comunidad, se establecen los siguientes órganos: [...] b) El Parlamento Centroamericano: ARTÍCULO 13: El Parlamento Centroamericano tendrá como función principal legislar sobre asuntos de interés comunitario dentro del área centroamericana. Para que entren en vigor las leyes que emita el Parlamento, se requiere la promulgación del Poder u Organismo Ejecutivo de cada Estado de la Comunidad, previo trámite legal. ARTÍCULO 14: El Parlamento Centroamericano estará integrado por diez Diputados Propietarios y diez Suplentes por cada uno de los Estados miembros de la Comunidad, quienes serán electos por sus respectivos Organismos al principio del período de cada legislatura y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones. Las delegaciones estarán integradas por Diputados de todos los partidos políticos representadas en el seno de sus parlamentos. El Reglamento regulará esta materia. Para ser Diputado se requiere ser ciudadano centroamericano de origen y tener las calidades que se requieran para ese cargo en sus respectivos países. Los Diputados gozarán de inmunidad personal y de los privilegios que la Constitución de cada Estado otorga a los integrantes de sus propias legislativas. ARTÍCULO 15.- El Parlamento se reunirá sin necesidad de convocatoria el quince de setiembre de cada año y sus sesiones ordinarias durarán el tiempo que sea necesario para despachar los asuntos que figuren en la agenda respectiva. ARTÍCULO 16.- El Parlamento podrá reunirse extraordinariamente cada vez que lo acuerde la mayoría de Diputados o que sea convocado por el Consejo Ejecutivo o por dos de los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad, para conocer de los asuntos que motivaron la convocatoria. ARTÍCULO 17.- Para la atención de los asuntos que sean de su competencia, el Parlamento se dividirá en las Comisiones que establezca su Reglamento. CAPÍTULO 18.- Para que se reúna el Parlamento, será necesaria la concurrencia de la mayoría de los países miembros de la Comunidad que hayan ratificado el convenio. El Parlamento dictará su propio Reglamento, el cual fijará el quórum y demás aspectos del mismo. Las decisiones del Parlamento se adoptarán por simple mayoría de votos. CAPÍTULO 19.- Además de las atribuciones señaladas en el artículo 13 del presente Convenio, el Parlamento Centroamericano tendrá las funciones siguientes, pertinentes a la Comunidad Centroamericana. a) Establecer normas destinadas a la coordinación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros; b) Promover la unificación legislativa de los Estados miembros c) Aprobar el Presupuesto; d) Aprobar o improbar la cuenta detallada y documentada que sobre la administración del Presupuesto presente el Consejo Ejecutivo; e) Todas las demás funciones inherentes a su naturaleza. ARTÍCULO 20.- La sede del Parlamento será rotativa y durará dos años en cada país, siendo Guatemala la primera sede, siguiendo después en orden geográfico. Firmantes: Por El Salvador: 14 diputados, Guerrero. Por Honduras: 10 diputados. Por Nicaragua: 10 diputados. Por Costa Rica: 9 diputados. Por Guatemala: 10 diputados. Dado en el Parlamento Centroamericano de la Ciudad de Guatemala, a quince de setiembre de mil novecientos setenta y uno (f) Mario Sandoval Alarcón, Presidente, Manuel Carballo Quintana, Vicepresidente Costa Rica, Nicolás Cruz Torres, Vicepresidente Honduras (Observador), Orlando Montenegro Medrano, Vicepresidente Nicaragua, Rubén Alfonso Rodríguez, Vicepresidente, El Salvador, Álvaro Cuevas Figueroa, Vicepresidente Guatemala.
Fuente: Agüero Ricardo, Apuntes para la Integración Centroamericana, Asamblea Legislativa de Costa Rica, Departamento de Servicios Parlamentarios, San José, 1998.


ANEXO 6: DESCRIPCIÓN DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CREACIÓN DEL PARLACEN: En fecha 28 y 29 de setiembre de 1994, reunidos en San José, Costa Rica, doce cancilleres de la Comunidad Económica Europea, España y Portugal, cinco cancilleres centroamericanos y cuatro cancilleres latinoamericanos del Grupo de Contadora, en una conferencia donde se discutía sobre el recrudecimiento de las tensiones centroamericanas ocasionadas por enfrentamientos armados y por problemas de la guerra fría, surgió la idea de unir esfuerzos para resolver estas tensiones.
a) El 28 de mayo de 1986, los Presidentes de Centroamérica en la Declaración de Esquipulas I en su número 3 en lo que interesa dice: “...Es por ello que conviene crear el Parlamento Centroamericano; sus Parlamentos serán electos libremente por sufragio universal directo, en el que se respete el principio de pluralismo político.

b) En agosto 6 y 7 de 1987, en Esquipulas II, se acordó “colocar al Parlamento Centroamericano como símbolo de libertad e independencia de la reconciliación a que aspiramos en Centroamérica”.

d) El 8 de octubre de 1987, se suscribió el tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, por los Presidentes de Guatemala, El Salvador y, posteriormente, el 15 y 16 de octubre de 1987, lo suscriben los Presidentes de Costa Rica, Nicaragua y Honduras.

e) El tratado, para que entre en vigencia, se ratifica así:
Guatemala el 14 de diciembre de 1987,
El Salvador el 1° de setiembre de 1988,
El 9 de setiembre de 1988 y
Nicaragua el 20 de enero de 1988.
Costa Rica no lo ha ratificado a la fecha.

FUNCIONES: a) Servir de Foro deliberativo para el análisis de los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales comunes y de seguridad del área centroamericana; b) Impulsar y orientar los procesos de integración y la más amplia cooperación entre los países centroamericanos; c) Elegir, nombrar o remover, según corresponda de conformidad con el reglamento interno al funcionario ejecutivo de más alto rango de los organismos existentes o futuro de la integración centroamericana creados por los Estados parte de este tratado; d) Proponer proyectos de tratados y convenios por negociarse entre los países centroamericanos que contribuyan a la satisfacción de las necesidades del área; e) Promover la consolidación del sistema democrático pluralista y participativo en los países centroamericanos, con estricto respeto al Derecho Internacional; f) Contribuir a fortalecer el Derecho Internacional; g) Recomendar a los gobiernos centroamericanos soluciones más viables y efectivas; h) Las demás que el Tratado designe.
ESTRUCTURA: Asamblea Plenaria: Es el órgano supremo del Parlamento y está integrado por 88 diputados: 22 por El Salvador, 22 por Guatemala, 22 por Honduras, 2 por Nicaragua y 20 por Panamá. La Asamblea Plenaria podrá reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias. a) Atribuciones de la Asamblea Plenaria: Dirigir a la reunión de Presidente y Vicepresidentes, sus recomendaciones sobre los asuntos a que se refieren los artículos 21 y 24 del Tratado; b) Elegir cada año la Junta Directiva; c) Aprobar el presupuesto del Parlamento Centroamericano; d) Considerar y decidir sobre los informes que le presente la Junta Directiva; e) Elaborar y aprobar el reglamento interno del Parlamento centroamericano y los demás reglamentos que se requieran; f) Integrar las comisiones de trabajo que considere convenientes; g) Nombrar al Secretario del Parlamento Centroamericano; h) Las demás que le asigne este tratado. Junta Directiva: La elegirá por la Asamblea Plenaria de entre sus miembros, por un período de un año y funcionará en forma permanente. Estará integrada por un Presidente, cuatro Vicepresidentes y cinco Secretarios. Le corresponde a la Junta tramitar todo lo relacionado con asuntos de competencia del Parlamento, informar a los Estados de los asuntos que conozca, ejecutar las resoluciones y nombrar a los miembros. Presidente: Tendrá las siguientes funciones: a) Representar al Parlamento; b) Presidir las sesiones de Asamblea Plenaria y la Junta Directiva c) Distribuir las atribuciones de la Junta Directiva entre sus miembros y d) Las demás que le asigne el Tratado. La Presidencia del Parlamento será ejercida en forma rotativa, según el orden alfabético de los Estados, empezando por la sede del Parlamento. Vicepresidentes: Los Vicepresidentes de la Junta Directiva deberán tener nacionalidad diferente entre sí, sustituirán al Presidente en su ausencia, en orden alfabético. Secretarios: Les corresponde el trámite y control administrativo de los expedientes y demás asuntos de la Asamblea Plenaria y la Junta Directiva. Los Secretarios serán de nacionalidad diferente entre sí. Vicepresidentes Centroamericanos: Además de esta estructura, cuenta con una Reunión de Vicepresidentes centroamericanos. Está integrada por un Vicepresidente o Designado a la Presidencia de la República, por cada Estado miembro. Sus funciones serán: a) Tener iniciativa dentro del proceso de integración de la región; b) Analizar y proponer recomendaciones al respecto; c) Velar por la ejecución de las decisiones correspondientes y procurar el apoyo a los respectivos organismos regionales. Comisiones de Trabajo: Política; Jurídica; Finanzas; Paz; Población, Medio Ambiente y Desarrollo; Relaciones Internacionales; Cultura, Asistencia Social y Turismo; Desarrollo Económico y Social; Asuntos Sociales, Laborales y Gremiales de la Mujer, el Niño y la Familia; Derechos Humanos; Integración. ELECCIÓN DE MIEMBROS: Cada Estado miembro elegirá sus diputados titulares y suplentes ante el Parlamento, de conformidad con la disposiciones de la legislación nacional que regula la elección de diputados o representantes a los Congresos o Asambleas Legislativas, esto tomando en consideración la representatividad política e ideológica del sistema democrático pluralista.

INTEGRACIÓN: 1) Veinte diputados titulares por cada Estado miembro. Cada titular será elegido con su respectivo suplente, quien lo sustituirá en caso de ausencia. Serán elegidos para un período de 5 años por sufragio universal directo y secreto, y podrán ser reelegidos; 2) Los Presidentes de cada una de las Repúblicas centroamericanas al concluir su mandato; 3) Los Vicepresidentes designados a la Presidencia de la República de cada uno de los Estados centroamericanos al concluir su mandato. En los países donde existe más de un Vicepresidente, solo se podrá integrar uno de ellos al Parlamento, a propuesta del órgano legislativo nacional. Para ser integrante del Parlamento Centroamericano, debe cumplir los mismos requisitos que exige, para ser diputados, la legislación de los respectivos Estados miembros. Los integrantes del PARLACEN tendrán la calidad de diputados centroamericanos, gozarán de la inmunidad y los privilegios a que se refiere el artículo 27 del Tratado y no tendrán responsabilidad por las opiniones y votos que emitan en relación con los asuntos vinculados al ejercicio de sus cargos. FINANCIACIÓN: El Parlamento tiene un presupuesto de funcionamiento que será financiado proporcionalmente por los Estados miembros. Le corresponde al Estado sede facilitar las instalaciones que se requieren para el funcionamiento. (Nota: Ni en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ni en la Cancillería, hay información oficial sobre el presupuesto total del PARLACEN)

Fuente: Antillón, Álvar. La ODECA y el Parlamento Centroamericano. Editorial Juricentro. Mundo Gráfico. San José. 1996.

ANEXO 7 : CRITERIOS SOBRE EL PARLACEN. Se ofrecen dos:

1.- Proveniente del Lic. Miguel Herrera, Director del Departamento de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien responde a la pregunta: ¿Por qué razones Costa Rica no es integrante pleno del PARLACEN?:

Respuesta: “Porque no ha ratificado el Convenio Constitutivo del PARLACEN, esto principalmente porque existen discrepancias en varios de los artículos. Sobre todo, en los que se refiere a:
• Duración del mandato de cada diputado, ya que se tendría que modificar nuestro Código Electoral.

• Elección de un Vicepresidente para que conforme el Parlamento; Costa Rica objeta que no existe en el país un mecanismo para elegir entre nuestros dos Vicepresidentes; para poder escoger uno, se necesita una atribución que la Constituyente no asignó.

• Varios analistas coinciden en asegurar que Costa Rica no se ha adherido por cuestiones de seguridad.

• Además existen otras razones de índole política”.

Fuente: Herrera, Miguel, Director Departamento de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. San José (Fax enviado a Licda. Maritza Bustamante el 26 de noviembre de 1998)

2.- Proveniente de un estudio conjunto de BID-CEPAL

En un diagnóstico de institucionalidad regional centroamericana efectuado conjuntamente por BID-CEPAL, se señala que el diagnóstico se elaboró para analizar la adecuación de las capacidades institucionales existentes para responder de manera efectiva a las necesidades de la “Nueva Agenda Centroamericana” y a los cambiantes desafíos que debe enfrentar el proceso de integración. El documento contiene esta información:
a) La institucionalidad centroamericana para facilitar la integración está conformada por “seis órganos, siete secretarías técnicas, ocho instancias de coordinación y once instituciones especializadas”. Por otra parte: “Se están fundando nuevos Foros Interparlamentarios e instancias importantes que reúnen a la iniciativa privada y a las organizaciones no gubernamentales de los países”.

b) “En un proceso de integración regional el número de instituciones en sí mismo no puede ser un criterio de evaluación suficiente, puesto que las instancias pueden contribuir a la interdependencia, conocimiento mutuo e interacción. Así, la variable que se debe considerar, en un análisis de institucionalidad, es la correspondencia entre el funcionamiento de las entidades y las necesidades y los incentivos que los actores centroamericanos desean apoyar”.

c) La institucionalidad centroamericana no representa un sistema. El orden regional es fruto de múltiples movimientos integradores e iniciativas de cooperación en el curso de casi cincuenta años. De esta forma, el Universo se caracteriza por orígenes muy diferentes: órganos de integración económica, órganos de cooperación funcional, órganos de integración política.

d) El PARLACEN -como lo reconocen sus autoridades- se encuentra “insuficientemente comunicado con otras entidades del Sistema. No es tan definida su función sistémica a nivel regional: las entidades regionales no están obligadas a consultarlo o a informarlo. Tampoco hay una coincidencia entre la Agenda de Trabajo con las correspondientes a las Asambleas y Congresos Nacionales”.

e) “No se vislumbra cómo el PARLACEN pueda llegar a tener una función normalizada a nivel del Sistema de Integración, puesto que no cuenta, ni parece que lo vaya a lograr en su forma actual, con la participación de Costa Rica”.

f) “Los trabajos realizados en este estudio, sugieren que el PARLACEN es poco conocido, e incluso ahora cuestionado en Centroamérica (encuesta de Borge y Asociados, setiembre de 1996). Al respecto se plantea con mucha frecuencia por qué, si no tiene funciones legislativas, debe sesionar durante todo el año y otorgar inmunidades a los diputados. Existe una impresión generalizada de que su presupuesto es muy alto y que sus resultados en beneficio de los países, no se corresponden con los gastos incurridos”.

g) “Es un hecho que PARLACEN recibe un alto porcentaje de las transferencias públicas a la institucionalidad en la forma de aportaciones nacionales. Un país que participara en todos los organismos posibles que reciben cuotas, debería pagar unos 3.5 millones de dólares al año. Con una cuota de 1.7 millones de dólares, el PARLACEN absorbe casi la mitad de ese monto. En todo caso, la cuota anual al PARLACEN superaría el monto total de las cuotas y aportes a las instituciones regionales, con excepción de la Corte. Esto no debería ser tomado como una justificación para cualquier cambio. Lo deseable sería no comenzar por la parte financiera, sino por determinar las diferentes funciones viables para una entidad parlamentaria regional que valiera la pena financiar”.

h) “El presupuesto del PARLACEN para 1997 es de 8.5 millones de dólares que resultan de la suma de los aportes de cinco países (no incluye Costa Rica). De este monto, un millón seiscientos veinticuatro mil dólares corresponde a sueldos de diputados y tres millones trescientos cuarenta y dos mil dólares a dietas y viáticos de diputados. Cabe subrayar que el monto recibido por cada diputado es de mil doscientos dólares. Las dietas y viáticos mensuales es de dos mil seiscientos dólares. La suma de estos dos conceptos asciende a tres mil ochocientos dólares ($3.800)”.

De acuerdo con el informe, frente a la necesidad de racionalizar los gastos en el área, existen varias opciones:
Primera opción: Propuesta de la Comisión Política del PARLACEN: “Reformar el Protocolo de Tegucigalpa en un sentido comunitario, con objeto de otorgar al PARLACEN poderes verdaderos de consulta y de control [al estilo del Parlamento Europeo], lo que podría, en principio, fortalecer su imagen política y respaldo popular, así como justificar ante la población, el gasto que realiza”.
Sin embargo, agrega el informe: “esta opción parece no contar con una aceptación generalizada en los países”.
Segunda opción: “Otras opciones partirían de un cambio más profundo: es decir, abandonar la idea de diputados de tiempo completo y directamente elegidos. Dentro de ella, se plantea: “transformar el PARLACEN en un Foro que fomente la confianza y fortalezca los principios democráticos, además de permitir la discusión periódica entre diputados nacionales alrededor de proyectos de convenios regionales (al estilo de la Asamblea del Consejo de Europa)”.
Según el informe: “Esto no sólo reduciría el gasto, sino que también podría reforzar la participación de las Asambleas Nacionales en el proceso de integración.”
Tercera opción: “Ha surgido un movimiento alternativo incipiente que incluye a Costa Rica, que se manifiesta institucionalmente en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos, el Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos y la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y Desarrollo”
(Al momento de confeccionarse este informe, no habían entrado en funcionamiento las otras Comisiones Interparlamentarias Centroamericanas).
Agrega el informe: “Este movimiento refleja una tercera opción que se basa en gran medida en el principio de armonización legislativa (Acuerdos de Ley Marco), por medio de la acción nacional paralela (más al estilo del Consejo Nórdico). Si bien este movimiento es poco conocido por ahora, parece reflejar tendencias importantes en las Asambleas Nacionales y podría ofrecer un camino alternativo para la participación parlamentaria en un proceso de integración más acorde con las realidades y necesidades de Centroamérica”.

Fuente: CEPAL, Diagnóstico de la Institucionalidad Regional Centroamericana, Proyecto BID-CEPAL, ATN/SF-5162-RG, Distribución restringida, 25 de febrero de 1997, pp. 1,25-26.
Notas 8 a 13: Véanse:

1) Miranda, Róger, Trabajando Unidos por la Patria Grande, síntesis cronológica de los encuentros que anteceden a la creación del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica, Departamento de Prensa, Divulgación y Documentación, Segunda edición, Managua, Mayo 1997, pp. 15-52;

2) Poveda, Jorge, Documentos Preparatorios al Primer Encuentro Extraordinario de Presidentes de Poderes Legislativos. Presidencia de la Asamblea Legislativa, San José, abril, 1994, pp. 12-18.


ANEXO 14: PROYECTO CENTROAMERICANO DE ACCIÓN CONCERTADA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS -FOPREL- COMO PASO PREVIO A LA CREACIÓN DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS (ICEL)

"El proceso de modernización de las estructuras sociales en cada uno de los países de Centroamérica y Panamá; al igual que en países de la periferia caribeña pasa -ineludiblemente- por la confrontación, en las instancias de definición legislativa, de elementos que buscan mantener la situación o de permitir apenas su leve remodelación y de elementos que se distinguen por su interés en sustituir -de golpe- todo aquello que no esté en su óptica de la convivencia social hasta ahora vigente.

Tal situación genera violencia que se agrega a la tensión permanente entre el conflicto y el consenso que caracteriza a las democracias.

Por otra parte, e independientemente de esa batalla diaria entre conservadores y reformistas; entre statu-quo y revolucionismo marchamos aceleradamente a una integración política a nivel universal. Las fronteras se desdibujan rápidamente. Tenemos conciencia que hemos de plantearnos las soluciones a nivel del Universo y, por lo pronto en la dimensión de grandes regiones multinacionales, o no hay salida adecuada para cada uno de los países. En esa corriente no hay cabida para "la soberanía" de los Estados y mucho menos para los devaneos al interior de nuestros pequeños países.

En Centroamérica vivimos, en materia estatal y materia de estructura de la sociedad, una grave tensión que pide estudio, inventiva y decisión por quienes anhelan su transformación: por una parte los Estados han de contribuir a la integración de las sociedades nacionales al paso que están siendo solicitados ya, por instancias de integración transnacional. Todo ello obliga a repensar la estructura del Estado contemporáneo, en franco tránsito de transformación hacia nuevas institucionalizaciones, en dimensión universal y obliga también a repensar el papel de la Sociedad Civil para prepararla para su interacción con las instancias colocadas en la esfera de la Sociedad Política. Pero mientras los estudiosos piensan en todos estos asuntos, los miembros de los Poderes Parlamentarios, a la par de pensar, tenemos la responsabilidad de optar para decidir.

En cada decisión se gesta o reprueba una ley, un artículo, un párrafo que -quiérase o no- se interrelaciona con la confrontación en que se debaten el planeta, la región y cada país y, dentro de éste, cada grupo que conforma la Nación.

Si bien es cierto que cada país centroamericano está democráticamente gobernado, también lo es el hecho de que el paso de regímenes autoritarios de diversa factura a regímenes con elecciones libres no garantiza automáticamente la democracia, porque ésta no se agota -ni mucho menos- en el sufragio.

Y también es cierto que el proceso democrático tiene fases que no necesariamente se agotan a su tiempo y dejan entonces remanentes de confusión social que no es fácil prever en la legislación.

Se afirma por parte de los intelectuales que abordan el tema, que a la etapa de instauración le sigue la de consolidación para luego devenir en la etapa de perfeccionamiento.

Pero mientras estos estudiosos piensan con abundancia de tiempo en el asunto, los que tenemos la responsabilidad de legislar no podemos poner oídos sordos a las vastas mayorías que no quieren saber de procesos, sino de justicia, porque sus derechos han estado postergados por años y aún por siglos.

En esta encrucijada nace la necesidad -imperiosa y vital- de prepararse para legislar y de prepararse mientras se legisla.

De prepararse legislando. Y esta situación que puede parecer surrealista a algunos es -sin embargo- la materia diaria que debe enfrentar el parlamentario, el miembro del Congreso, el miembro de una Cámara, el miembro de una Asamblea, en fin, todo aquel que tenga poder legislador.

Después de haber sido Diputado por dos períodos no consecutivos (1982-1986 y ahora 1990-1994) y de haber accedido a la Presidencia de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, he llegado a la conclusión que -no obstante que el legislador centroamericano puede tener acceso a educación diversa -desde apenas primaria hasta la sofisticación de la enseñanza ya superior- no nos preparamos para legislar y tampoco nos preparamos para administrar los entes legislativos.

Y las sociedades a las que entregamos leyes no nos califican ni en lo personal ni en lo colectivo por lo que sepamos, sino por la calidad y la rapidez con la que estemos a su lado previendo consecuencias sociales, planteando cambios económicos; abriendo espacios para la convivencia; o desconociendo los costos sociales, ampliando las brechas económicas o limitando espacios para la solidaridad social.

En la línea de generar instrumentos viables para fortalecer el doble proceso que implica el acto de legislar: pensar actuar y viceversa se presenta una propuesta cuya finalidad es buscar la concertación de voluntades para establecer un instrumento que facilite el trabajo del legislador centroamericano metido en las corrientes y contra corrientes del nacionalismo y la integración: el Foro de Presidentes Legislativos (FOPREL) y para crear además, un instrumento que facilite la tarea de capacitarse legislando, tanto para los miembros de los Poderes Legislativos, como para los técnicos administrativos y asesores que coadyuvan en la tarea: el Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL).

Los fundamentos teóricos, las razones de procedimiento y las posibles formas de integración y coordinación en que se sustentan las dos propuestas se describen a continuación en un documento que apenas esboza allí donde la materia es más rica que la descripción, o que apenas sugiere, ahí donde el pensamiento debe enriquecerse con el aporte con los Presidentes de los Poderes Legislativos.” ( f) Lic. Danilo Chaverri Soto, Presidente, Asamblea Legislativa de Costa Rica.

ANEXO 15: BASES PARA CREACIÓN FORO DE PRESIDENTES LEGISLATIVOS


1.- EL ESCENARIO POLÍTICO DEMOCRATIZANTE

El Planeta se encuentra inmerso en una oleada incontenible de revolución tendiente a buscar, encontrar y consolidar procesos democratizadores.

Los pueblos están ejerciendo resistencia y rebelándose contra regímenes comunistas y autoritarios y aun contra modelos consolidados, pero cuya eficacia ha decrecido. El fermento se ha regado hasta los lugares más apartados, disímiles y olvidados del mundo. Del mundo post-comunista de Europa Oriental a las naciones latinoamericanas posteriores al autoritarismo burocrático, (entre ellas Paraguay, Chile, Panamá, Nicaragua, El Salvador, por mencionar los casos más conspicuos), desde el corazón agobiado por la pobreza de África tropical hasta el Asia Oriental de reciente riqueza e industrialización, los países están en marcha hacia la democracia y aun en la Europa Central, otrora estable, el proceso innovador comienza a sentirse. Jamás, en la historia de la humanidad, ha habido tal cantidad de países independientes pidiendo, instalando o practicando gobiernos democráticos. Nunca, en la historia, la conciencia de las luchas populares por la democracia se ha esparcido tan rápida y extensamente a través de las fronteras nacionales. Parece que los demócratas de todo el mundo no han tenido nunca tantos motivos de júbilo.

Pero los demócratas comprometidos hacen bien en refrenar un poco el impulso de celebrar. La democracia es el tipo de sistema político más ampliamente admirado, pero también el más difícil de mantener. Única entre todas las formas de gobierno, la democracia descansa sobre un mínimo de coerción y un máximo de tolerancia. Los gobiernos democráticos hallan, inevitablemente dentro de sí, ciertas paradojas o contradicciones. Las tensiones que éstas ocasionan no son fáciles de reconciliar, y cada país que se empeñe en la democracia debe encontrar su propia manera de hacerlo y cada región que intente consolidar procesos de acercamiento debe buscar su propio modo de intentarlo.

Los procesos de transición son difíciles y están llenos de problemas dado que muchos de los problemas que ha experimentado la democracia en el mundo en desarrollo nacen de tres tensiones que son, a juicio de los estudiosos, inherentes a la naturaleza misma de la democracia.

A) Entre confrontación y consenso

La primera es la tensión entre la confrontación y consenso. La democracia es, por naturaleza, un sistema de competencia por el poder institucionalizado. Sin competencia ni confrontación, no hay democracia. Pero cualquier sociedad que aprueba legalmente la confrontación política corre el riesgo de que este se haga demasiado intenso, produciendo una sociedad tan dominada por la confrontación que peligren la paz civil y la estabilidad política.

He aquí la paradoja: la democracia necesita de la confrontación, pero no demasiado; la competencia debe existir, pero sólo dentro de fronteras cuidadosamente definidas y universalmente aceptadas. La división debe moderarse mediante el consenso.

Y, de frente a esta tensión, el legislador debe tener el "ojo clínico" para auscultar la sociedad y acertar en la medida legal por prescribir.

B) Entre la representatividad y la gobernabilidad

Una segunda tensión o contradicción enfrenta la representatividad y la gobernabilidad. La democracia implica una indisposición a concentrar el poder en pocas manos y entonces, somete a los líderes y las políticas a mecanismos populares de representación y fiscalización.

Pero, para que sea estable, la democracia (o cualquier sistema de gobierno) debe tener "energía"; siempre debe ser capaz de actuar y, en ocasiones, debe hacerlo muy prontamente y con decisión. La Sociedad Política no sólo debe responder a las demandas de intereses de grupo; debe estar en capacidad de resistirse a ellas, así como de mediar entre esos intereses. Esto requiere un sistema partidista que produzca un gobierno estable y tan cohesivo que pueda representar y responder a los grupos e intereses en competencia en la sociedad sin ser paralizado ni absorbido por ellos.

La representatividad exige que los partidos se expresen en favor de estos intereses en pugna y la gobernabilidad exige que los partidos tengan autonomía suficiente para mostrarse superiores a dichos intereses. Y, de frente a esta tensión, el legislador debe saber "tomar el pulso" a la necesidad para acertar en la prescripción normativa.


C) Entre el consentimiento y la efectividad

La tercera contradicción es entre el consentimiento y la efectividad. Democracia significa, literalmente, gobierno del pueblo o, al menos gobierno con el consentimiento de los gobernados. Este es el mensaje que está enviando la gente de todo el mundo que ya está fastidiada con la represión y la corrupción de las elites gobernantes del autoritarismo o el totalitarismo.

Como lo atestiguan los acontecimientos diarios, los pueblos de todo el Planeta están haciendo saber, de maneras muy diversas, que quieren ejercer el derecho que le pertenece a las sociedades civiles; pero que las entidades de la sociedad política han secuestrado informal o formalmente.

Y, frente a esta tensión, el legislador debe conocer de "drogas de acción prolongada" "anatomía y fisiología sociales" para acertar en la creación de leyes adecuadas.

2.- EL DESENCANTO DEL PROCESO DEMOCRATIZADOR

Fundar una democracia y preservarla son dos cosas muy diferentes. También es muy diferente tratar de mantener inalterables las reglas de juego o, mediante los cambios estructurales, buscar el camino legal. Para que sea estable, la democracia debe considerarse legítima por el pueblo; este debe verla como lo mejor, como la forma más apropiada de gobierno para su sociedad.

De hecho, puesto que esta descansa en el consentimiento de los gobernados, la democracia depende de la legitimidad popular mucho más que cualquier otra forma de gobierno. Esta legitimidad requiere un profundo compromiso moral y una lealtad emocional, pero estos llegan a desarrollarse sólo con el tiempo, en parte como resultado de los logros efectivos que puedan mostrar. La democracia no será valorada por el pueblo a menos que tenga que ver con los problemas sociales y económicos y alcance un mínimo de orden y justicia.

Si la democracia no funciona, la gente quizá prefiera no ser gobernada a través de su propio consentimiento; quizá escoja no aguantar más el dolor de la opción política.


En esto consiste la paradoja en la que están cayendo prácticamente todos los procesos democratizadores actuales:

a) La democracia requiere consentimiento y el consentimiento requiere legitimidad.

b) La legitimidad requiere realizaciones objetivas.

c) Pero la efectividad puede ser sacrificada al consentimiento.

d) Los dirigentes electos y, entre ellos, los legisladores por antonomasia siempre serán reacios a promulgar políticas impopulares, no importa qué tan acertadas o necesarias puedan ser estas.

3.- EL ROL DE LA SOCIEDAD POLÍTICA

Las democracias y "especialmente las nuevas democracias" sufren del problema particular con respecto a las realizaciones del gobierno: la evaluación popular sobre el desempeño del gobierno: la evaluación popular sobre el desempeño del gobierno tiende a tomar una perspectiva lineal. Los gobiernos democráticos en todas partes, tanto en el mundo industrializado como en los países en desarrollo, están tentados a alterar sus políticas con un ojo puesto en las próximas elecciones. Esto puede constituir buen sentido político a corto plazo, pero no contribuye a una buena política económica y cuando se trata de realizaciones, lo que cuenta fundamentalmente son las realizaciones económicas.

Los regímenes autoritarios (como el de Pinochet en Chile) han dependido del consentimiento popular y, en consecuencia, pueden permitirse políticamente hacer sufrir a sus pueblos durante largos períodos de austeridad económica y de ajustes estructurales en consideración a coyunturas críticas a largo plazo. La economía chilena prosperó, pero, ¿a qué precio en sufrimiento humano, pobreza, desempleo y represión política durante 15 años?

Todos los países centroamericanos necesitan urgentemente ejecutar radicales reformas estructurales para generar economías que sean productivas e internacionalmente competitivas. Pero, ¿qué tan larga y duradera es la ofensiva de la reforma económica del nuevo gobierno democrático o democratizante, si el dolor a corto plazo resulta devastador mientras las ganancias, aunque considerables, no se verán sino hasta mucho después de las próximas elecciones?

A) El rol legislativo

En tales circunstancias, la consolidación de la democracia tan íntimamente ligada actualmente a la reforma económica estructural demanda la negociación de algún tipo de acuerdo o pacto entre los partidos políticos en competencia y las fuerzas sociales, en el seno de las instituciones con capacidad de legislar en cuanto a estos aspectos:

a) La orientación general y los principios de la reforma económica estructural que apoyarán todos los partidos, no importa cuál de ellos llegue al poder.

b) Una renuncia a ciertas manipulaciones y estrategias políticas, en particular a las políticas de mejores ofertas irresponsables aunque tentadoras.

c) Sacrificios que compartirán todas las fuerzas sociales, incluyendo demandas que mutuamente aplazarán durante el crítico y muy inestable período de ajuste económico e instauración o fortalecimiento de la democracia.

d) Un procedimiento para garantizar el peso de ajuste, con medidas de alivio en favor de los grupos más afectados, como por ejemplo, los trabajadores convertidos en desempleados por las reformas estructurales.

Tales pactos pueden ser tan estrechos como los acuerdos sobre los principios fundamentales de la política económica a largo plazo, o ser de tan largo alcance que produzcan amplias coaliciones que sean capaces de gobernar en nombre de un sólido consenso político.

El alcance de estos pactos, los instrumentos para su distinción y la legitimidad en que se asienten, es obra toda que compete analizar, discutir y aprobar -en última instancia a las Cámaras, Congresos y Parlamentos que son, precisamente, instancias especialmente diseñadas para dirimir legalmente el punto entre el conflicto y el consenso.

El desarrollo de la democracia, como ocurre también con la cultura democrática, necesita una apreciable dosis de equidad, moderación y respeto a todos los intereses, lo que se debe discutir en el seno de los entes legislativos.

La legislación debe garantizar que los mercados sean suficientemente abiertos, flexibles y competitivos para que generen incrementos en los ahorros, inversión y tasas de retorno. Esto obliga a que el Estado no sea un peso para los productores. Sin embargo, la legislación debe prever que el Estado debe estar lo suficientemente involucrado para garantizar que haya la inversión adecuada en capital humano y físico, y que el desarrollo sea responsable por el aspecto ambiental y otros asuntos que interesan a la comunidad.

Los impuestos que se deben imponer deben ser esencialmente suficientes (y suficientemente equitativos y cobrados de manera eficiente) para que proporcionen ganancias destinadas a estos propósitos esenciales; pero también deben ser limitados y distribuidos de tal modo que actúen en la forma más neutral para estimular el ahorro, la inversión y la asignación de los recursos eficientemente.

B) Lecciones generales

Lo que quizá sean las lecciones más importantes sobre estas reflexiones son las derivadas de un estudio comparativo de 26 países, efectuado en 1990, por la Institución Hoover, que se resume en varios factores, de los que interesa por ahora destacar estos:

a) Cualquiera que sea la forma exacta de las políticas de un país, estas solo pueden funcionar si están dispuestas de manera consistente y pragmática y si los cambios en las leyes se producen con rapidez y racionalidad.

b) Los cambios drásticos entre las políticas radicales de populismo redistributivo y las radicales de austeridad neoliberal invitan -casi que inevitablemente- a las penalidades económicas y las crisis como las que amenazan el futuro de Argentina, Brasil y Perú, por citar tres países latinoamericanos.

c) Un modelo de consenso político negociado parlamentariamente -a modo de ejemplo- puede ser el pacto político y económico negociado por las elites en Venezuela (en 1958), que hizo viable la exitosa y perdurable restauración de la democracia en ese país. Además de compartir el poder, este pacto estableció los grandes rasgos de las principales políticas económicas del país, alejando de este modo los casos de contienda potencial del debate partidista, sin importar qué tan alto suba el tono del enfrentamiento en las Cámaras Legislativas.

d) La magnitud del alivio necesario para hacer políticamente aceptable la reforma económica puede situarse más allá de lo que pueden financiar por sí mismas las económicas en bancarrota y destrozadas por la deuda. La adaptación exitosa a través de la democracia parecería necesitar, asimismo, un convenio internacional y -por ende- serias y rápidas reformas legales en cada Nación que lo requiera.

B) Primeras lecciones específicas

La forma en que los entes parlamentarios enfrentan el reto entre el conflicto y el consenso permite desprender otras importantes lecciones específicas, entre ellas:

a) A las democracias no les va, de manera inherente, económicamente peor que a las dictaduras. Muy probablemente, tampoco les va inherentemente mejor. Las políticas escogidas y la habilidad con la cual estas se implementen, son mucho más importantes.

b) Como la consistencia, la prudencia y el pragmatismo en la política son tan importantes para el desarrollo económico, las jóvenes democracias pujantes deben tener en cuenta la manera cómo pueden formar y mantener un amplio consenso sobre política económica.

c) Se requiere una creativa configuración institucional, educación pública y acuerdo entre las elites. Principalmente, el esfuerzo exigirá liderazgo político con valentía, visión y decisión y esto -a su vez- requiere capacitar a quienes toman decisiones, primordialmente los legisladores, para hacerlas correctas y a tiempo.


4.- EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

La gobernabilidad exige suficiente concentración y autonomía de poder para seleccionar e implementar políticas con energía y prontitud. Esto generalmente choca con la necesidad de que el poder esté bajo la fiscalización, la representación y el control popular. Sin embargo, en algunos aspectos, una vigorosa fiscalización pública puede reforzar la capacidad para gobernar y también la efectividad del gobierno. Esto puede verse de la manera más clara con respecto a la corrupción política.


A) Corrupción gubernamental

La difundida corrupción gubernamental es venenosa para la democracia. Impide el crecimiento económico al dirigir erróneamente el flujo del capital y los recursos, y al desviar las decisiones de inversión y la competencia económica en general. Aunque algunos, muy pragmáticamente, han sostenido que la corrupción puede aumentar la legitimidad política al "dispersar beneficios materiales", generalmente estos están concentrados y no esparcidos por doquier. Una pequeña clase de funcionarios del gobierno y sus aliados del negocio se enriquecen a expensas del grueso de la población y de la legitimidad de todo el sistema democrático.

Por otra parte, donde la esperanza de obtener ganancias mal habidas es un motivo importante para la búsqueda de un cargo, el proceso democrático se convierte en una simple lucha por el poder y no es una contienda por iniciativas políticas. El premio, en términos de poder político, se hace tan estupendo que las fuerzas en competencia harán lo que sea para ganar. Esto amenaza la verdadera esencia del proceso democrático.

El estatismo estimula la corrupción al dar a los funcionarios públicos numerosas oportunidades de obtener rentas provenientes de las actividades de regulación del Estado. Pero, en todas partes, las oportunidades de corrupción, alimentadas por los sectores privados influyentes, son rasgos constantes de la vida pública. El único remedio es la fiscalización la cual requiere:


a) Una prensa libre que tenga intención y capacidad de mostrar la corrupción.

b) Una ciudadanía organizada, con amplio acceso a los medios de comunicación y dispuesta a seguir de cerca el proceso político y la conducta de los funcionarios públicos.

c) Un enérgico e independiente sistema legal, dotado para perseguir y penalizar las conductas oficiales indebidas.

d) Un sistema de "burbujeo" de opiniones libres que suba desde los estratos más bajos hasta los más altos.

e) Un proceso de cohesión social fundado en la preocupación por la preservación de altos valores éticos y morales.

B) Presidencialismo o parlamentarismo

Cada país debe encontrar su manera de resolver esta tensión tan difundida. En un reciente estudio, se ha sostenido que los sistemas parlamentarios pueden ser preferibles en la mayoría de los países en desarrollo, porque hacen que la rama ejecutiva sea más responsables ante la legislatura, evita los rasgos de rigidez y omnipotencia del presidencialismo y a la vez, ayuda a la gobernabilidad previniendo la posible parálisis que puede presentarse en un sistema presidencial, cuando el Poder ejecutivo está controlado por un partido y el Poder Legislativo por otro.

Pero tampoco aquí hay fórmulas convincentes, y algunos países pueden ser mejor servidos por un carácter más decisivo de los sistemas presidenciales, por la mayor estabilidad de los gabinetes presidenciales, por la posibilidad que da el presidencialismo de elegir un solo y sobresaliente dirigente nacional de tal modo que, disponiendo de normas apropiadas, induzca el reclutamiento de amplias circunscripciones.

Pero, independientemente de cuál sea el modelo, la creación de legislación adecuada que permita la Sociedad Civil vigorosa aumentar, no sólo la fiscalización, sino también la representatividad y la vitalidad de la democracia. Y las asociaciones voluntarias representan un decisivo suplemento institucional para los partidos, sobre todo cuando estos tienden a encapsularse en sus cúpulas.

C) Representación electoral

La capacidad de los órganos legislativos para adecuar la legislación que establece las relaciones entre los sistemas partidistas, los sistemas electorales y la estructura constitucional debe introducir el alivio a la tensión profunda entre la representatividad y la gobernabilidad. En principio, la manera más pura de representar los diversos grupos e intereses sociales, especialmente en sociedades profundamente divididas o con procesos iniciales en esa línea, (como es el caso de varios países centroamericanos) es -a juicio de los estudiosos- mediante la representación proporcional (RP).

De hecho, donde las divisiones sociales son múltiples, profundas y políticamente movilizadas, obstruir su representación a través del sistema de partidos, abandonar este sistema sería exponerse a la enajenación política, el desorden y la violencia, que podrían amenazar la estabilidad democrática. Cuanto más puras sean las formas de RP y más bajo el porcentaje mínimo de votos exigidos a un partido para ingresar al Parlamento, más significativos tenderán a ser los partidos y más tenderá el Parlamento a reflejar, en su composición política, el balance de los intereses sociales, culturales e ideológicos en la sociedad. Ahora bien, esto puede hacer más representativo el sistema, pero menos gobernable y quizá menos responsable.

C) Segundas lecciones específicas

Enfrentar el reto entre gobernabilidad y representatividad está en relación directa con la seriedad y eficacia con que los Parlamentos enfrenten la situación.

Esto les permitiría resolver la tensión para legislar tomando en consideración estos aspectos, entre otros:

a) La Sociedad Civil debe ser reforzada para que pueda ser tomada en cuenta; pero, al mismo tiempo, los gobiernos y partidos políticos democráticos deben tener cierta autonomía frente a las demandas de los grupos, con el fin de tomar y ejecutar decisiones vigorosas.

b) Si los partidos políticos están muy débiles o muy penetrados por otros grupos sociales, si la burocracia es presa de tales partidos o intereses, si el gobierno electo no puede imponerse, reconciliar y a veces resistir presiones de los intereses de grupo, entonces ese gobierno puede ser incapaz de formular políticas factibles. Una debilidad de esta clase podría producir una crisis de confianza que amenazará al régimen; pero -además- creará desencanto y frustración populares para apoyar la legislación necesaria.

c) Existen pasos de legislación necesarios para perfeccionar el sistema de partidos para democratizar la elección de parlamentarios y, en algunos casos, lo que se produce es o bien una atomización partidista, que hace prácticamente ingobernable el sistema o, por otra parte, ocasionan bipartidismos que ocasionan desequilibrios representativos.

d) Los mecanismos y las fórmulas que deben encontrar los legisladores para enfrentar estos, retos requieren la capacidad de establecer y fortalecer canales de comunicación social fluidos con los diversos sectores y estamentos tanto de la Sociedad Política como de la Sociedad Civil. Y al ser el ente parlamentario el ligamen representativo legitimado para jugar ese rol esencial, requiere tener asesoría adecuada para intentarlo con mesura y objetividad, justo entonces, en el fiel de la balanza.

5.- LA CULTURA DEMOCRÁTICA

La tensión fundamental en la democracia es quizá la que se presenta entre el conflicto y el consenso. La democracia implica disentimiento y división, pero sobre una base de tolerancia y cohesión. Esto requiere que los ciudadanos hagan valer sus derechos, pero también que acepten la autoridad del gobierno. Exige que los ciudadanos se interesen en la política, pero no demasiado. Por esta razón, algunos estudiosos han llamado "mixta" a la cultura política democrática. Esto equilibra el papel que desempeña el ciudadano como participante, agente de competencia y conflicto políticos con su papel como súbdito (obediente de la autoridad del Estado), y como "parroquial" (miembro de una familia, sociedad y sus redes comunales) ajenas a la política. El papel de súbdito contribuye a la gobernabilidad, mientras que el papel parroquial modera el conflicto político al limitar la politización de la vida social.

El Poder Legislativo debe tener clara conciencia de esta tensión para dictar leyes para la acción moderna de los partidos políticos, para que se mantengan también el fiel de la balanza.

A) Hábitos democráticos

Otros elementos estrechamente relacionados de la cultura política democrática incluyen la tolerancia de la oposición y el disentimiento, al igual que la voluntad de cooperar, concertar y comprometerse y, por tanto, permiten que aflore cierta flexibilidad, moderación, civismo y refreno de las actitudes partidistas sectarias. Se entiende que los fuertes hábitos de moderación y conciliación hacen posible que las democracias equilibren así el conflicto y el consenso. Respetar estas virtudes en la práctica tanto como en lo que se dice, es siempre uno de los retos más importantes que enfrentan las democracias nacientes y las conflictivas. El ejemplo de los hábitos democráticos debe ser -entonces- la rutina diaria de los legisladores, en la práctica, maestros de la cultura democrática.

¿Cómo se desarrollan tales hábitos democráticos? Estos se fomentan mediante la educación, la cual, acrecienta un caudal de tendencias democráticas en el individuo. El desarrollo socioeconómico también puede, en el mediano plazo, acrecentar los valores y prácticas democráticas en la medida en que este desarrollo mejore los ingresos, la educación, las destrezas y las oportunidades de vida de los ciudadanos. Las decisiones legislativas en esta materia deben facilitar inversión en "capital humano", el más importante bastión para la preservación de la democracia.


B) Memoria histórica

¿No hay todavía una considerable evidencia histórica para sugerir que la cultura democrática es efectivamente puesta en marcha? Las clases dominantes pueden regresar a la democracia por una diversidad de razones estratégicas que incluyen, por ejemplo, la ausencia o el agotamiento histórico de otros medios para resolver los conflictos, o la indisponibilidad de alguna otra alternativa legítima. Subsecuentemente, sin embargo, la práctica exitosa de la democracia demuestra el valor de la participación, la tolerancia, y el compromiso, en la eficacia de la convivencia intrínseca de la democracia misma. Con el tiempo, los ciudadanos de una democracia llegan a habituarse a sus normas y valores, interiorizándolos gradualmente. El truco, para las democracias consiste, entonces, en sobrevivir suficiente tiempo y marchar suficientemente bien para que ocurra este proceso.

Y el resto para los legisladores es saber cómo dictaminar con sabiduría, mesura, prudencia -pero a tiempo, también- las leyes que anticipen y fortalezcan el proceso.

C) Desigualdad económica

La desigualdad drástica eventualmente tiende a generar polarización política de carácter intenso y violento. Para evitar esto, para alcanzar un grado moderado de desigualdad, deben llevarse a cabo reformas socioeconómicas y como mínimo, estas incluirán inversiones prudentes en educación, servicios de salud, vivienda y otros servicios sociales.

D) Cambio gradual o drástico

No hay una solución previa para salir de este embrollo. Generalmente, la democracia obtiene ganancias en situaciones tensas o conflictivas sólo cuando ciertos asuntos especialmente debatibles se conducen por fuera de los temas de discusión. Pero eventualmente, la molestia debe tomarse, pues la democracia no puede perdurar si la desigualdad masiva y la exclusión no son puestas en duda. Por su naturaleza, la democracia permite sólo reformas de incrementos antes que el cambio revolucionario sin que éste se busque por la vía armada (en desuso) o por la vía del "shock estructural". Los intereses opuestos deben, de algún modo, reconciliarse y en ese contexto deben surgir las respuestas legislativas adecuadas, sensatas y oportunas a los dilemas:
a) ¿Quizá pueda necesitarse una redistribución de la tierra, pero sólo después de que sus propietarios han sido compensados y se les hayan dado oportunidades de reinvertir sus capitales en otros negocios productivos, o no...?

b) ¿Es necesario hacer un incremento en los salarios, pero sólo a un ritmo tal que no amenace con ocasionar un daño severo a las ganancias empresariales y al crecimiento económico, o no...?

c) ¿Sólo en un contexto de crecimiento económico puede reducirse la desigualdad, de una manera que conlleve una perdurable reducción de la pobreza, o no...?

E) Terceras lecciones específicas

De cara a las interrogantes que plantea el ejercicio del poder, los parlamentarios, enfrentados al inevitable dilema de las reformas estructurales, deben estar en capacidad de entender y atender -con claridad histórica- entre otros, estos puntos:

a) Poner en consideración las reformas requiere que los grupos económicos menos favorecidos y los excluidos tengan facilidades para que se organicen y se movilicen políticamente.

b) Si se van a adoptar las reformas sin ocasionar una crisis que pudiera destruir la democracia, los costos para los intereses económicos privilegiados de la democracia en derrumbe deben considerarse mayores que los costos de las propias reformas.

c) Esto exige realismo y superación por parte de los grupos que presionan por las reformas.

d) También requiere suficiente efectividad global, estabilidad y garantías para el capital, por parte del régimen democrático, a fin de que los actores económicos privilegiados sepan que tienen mucho que perder al volverse contra este.

Para no sucumbir a la tentación electoral primaria, el parlamentario debe reforzar el concepto de "conciencia ciudadana" en detrimento de la presión que recibe para mantener y fortalecer el "criterio partidista puro". En consecuencia, los entes parlamentarios deben estar en capacidad para atender y "drenar" la tensión social de los cambios en función de la unidad nacional, más que en función del triunfo partidista efímero. Y este problema hace que emerja otra consideración de fondo a la que se deben enfrentar los parlamentarios inmersos en los procesos de cambio democrático.

6.- DIVISIÓN PARTIDISTA VS. CONSENSO NACIONAL

La división partidista puede representar, independientemente de la clase y otros aspectos que la genera, una base suficiente para el conflicto violento y destructivo aun en ausencia de diferencias profundas en cuanto ideologías y programas, porque los partidos políticos representan multisectores que compiten por la conquista del poder estatal y cuanto más grande sea la presencia de este poder, más querrán los partidos obtenerlo y mantenerlo a cualquier precio. He aquí otra razón de por qué el estatismo puede resultar perjudicial para la democracia; no sólo porque engendra corrupción e ineficacia económica, sino también porque eleva el premio del poder político hasta un grado cercano a un juego de suma cero. Cuando hay tanto de por medio en la contienda electoral, la confianza, la tolerancia, el civismo y la obediencia de las normas se hacen enormemente difíciles de mantener. Una equilibrada cultura política en la cual la gente se ocupe de la política, pero no demasiado, es posible sólo en circunstancias estructurales donde la gente pueda darse el lujo de no ocuparse demasiado a ese respecto, done la riqueza, los ingresos, el estatus, y las oportunidades de lograr movilidad ascendente no sean meras funciones del poder político.

En buena parte del mundo en desarrollo, en donde emergen apenas las condiciones para la democracia, como es el caso específico de Centroamérica y Panamá (con la excepción de Costa Rica), la contención de la batalla partidista requiere regular el Estado y fortalecer la Sociedad Civil. Pero esto requiere igualmente, además, tomar en consideración estos factores:

a) Donde los partidos están apenas comenzando a tomar forma, cuando la vida política abierta apenas emerge después de décadas de represión e intimidación, la cultura de la tolerancia, la confianza, la concertación y la cooperación están todavía por nacer.

b) La gente carece de los fundamentos de la confianza y el respeto mutuos con los cuales podría combinar esfuerzos políticos o, al menos, seguir sus propios intereses de manera prudente y flexible.

c) Las acciones, opciones y posiciones de los grupos elitistas pueden ejercer un impacto formativo al configurar la manera como sus seguidores enfoquen el discurso y el conflicto políticos.

d) Los dirigentes del partido opositor deben tomar la delantera en utilizar la astucia para lograr acuerdos y en activar las relaciones que allanen diferencias históricas, moderen expectativas y establezcan horizontes temporales más prolongados y realistas para sus agendas de conversaciones.

e) Los pactos o acuerdos formales para compartir el poder representan apenas una dimensión de este imperativo general.

7.- PANORAMA CENTROAMERICANO

Como mínimo, las elites de los partidos contendientes con presencia en los poderes legislativos deben desplegar un tono atento y cívico en relación con la vida política. Ante todo, deben expresar una fe en el proceso democrático y un compromiso con sus normas que sustituya el afán de poder u otras metas estratégicas.

Desarrollar entre contendientes políticos un sistema de seguridad mutua de especial respecto por las reglas del juego, puede exigir no solo la fe sino también un cambio de fe por parte de los dirigentes políticos. Estos deben creer que, cualquiera que sea el resultado del proceso democrático, a largo plazo, servirá a sus intereses mejor que una intransigencia que conlleva el riesgo del desplome de la democracia. Entre las múltiples dudas que acompañan la instauración de los procesos de generación de nueva legislación para cualquier nuevo régimen, quizá ningún sea más importante para la democracia que la presencia de dirigentes políticos con la valentía y la visión para unir las manos al dar este salto histórico.

El reto de la transformación y fortalecimiento de la democracia implica dirigentes políticos con capacidad de tomar decisiones claras en un contexto cambiante. Pero hacerlo requiere tener la mentalidad puesta en lo valores de la nueva sociedad por instaurar y despojarse de las ataduras mentales del pasado.

Más serio es el reto cuando -por circunstancia de la recomposición geopolítica y económica y por la ruptura de las antiguas ideologías- salta a la arena el nuevo paradigma que pretende señalar que ha llegado el "fin de la historia", lo que establece de inmediato el marco de un quehacer societario fundado en un falso concepto de libertad ad libitum, lo que no se compaginaría con la necesidad insoslayable y complementaria de la solidaridad social para sacar adelante las nuevas democracias.

Y más serio es aún el reto cuando (como en el caso específico del área centroamericana y del Caribe) los procesos de democratización actuales se deben ver desde ópticas de fuerzas y contrafuerzas en pugna por su primacía, no siempre desde atalayas nacionales sino basadas en posiciones de grupos.

Ese contexto, que define a veces o apenas delinea en otras, confunde también, por lo que los parlamentarios deben poseer la capacidad de "clarividencia política" para sortear los escollos naturales y los artificiales que, a cada paso, a cada decisión, encuentran en su diario quehacer.

A) La década perdida

Hace escasamente una década, todos los países centroamericanos estaban inmersos en la guerra y algunos de ellos sin enfrentamientos armados en sus territorios, tampoco escaparon -como Costa Rica- a los embates del fratricidio.

Con la ayuda, el consejo y la solidaridad activos de los líderes democráticos europeos, latinoamericanos y norteamericanos, y de las Internacionales Políticas y de los organismos mundiales, Centroamérica, encendida en guerra, fue -sin embargo- escenario propicio para demostrar que sí es posible encontrar, aun en circunstancias tan difíciles, caminos prácticos para entenderse nacionalmente y para avanzar como región.

A los históricos acuerdos de Esquipulas en agosto de 1987, se llega gracias a los esfuerzos anteriores y concomitantes de las iniciativas del Grupo de Contadora, del Grupo de Apoyo Latinoamericano y del Grupo de Río.

Se dio en esos procesos, en el terreno práctico de la política y la diplomacia, de los principios del diálogo y de la comprensión de la verdadera naturaleza del conflicto centroamericano, la necesaria observancia del Derecho Institucional. Se fortaleció la idea del respeto a la democracia y el pluralismo, para dar la garantía a los derechos de la persona y a la creación de condiciones políticas para la seguridad internacional, lo que sirvió de apreciable soporte para el diálogo entre todos los Estados centroamericanos, el establecimiento de mecanismos de consulta y la definición unánime de un temario con los problemas claves del área. Todo junto contribuyó a moderar los peligros, reducir los riesgos de una confrontación generalizada e identificar factores de conflicto para su solución. Sirvió, además, para identificar mecanismos de solidaridad y cooperación internacional a los que es preciso recurrir nuevamente, porque así lo demanda la hora actual.

B) La década actual

Los representantes de las Cámaras, los Congresos, las Asambleas -porque no importa cómo los denomine la Constitución de cada país- tenemos en común una aspiración que se enraiza en una convicción de la libertad conjuntada con la responsabilidad social para hermanar los dos polos de esa dicotomía política que tanta preocupación y desvelo ha provocado -y sigue provocando aún- a los estudiosos de la política.

Los representantes de los Poderes Legislativos constatamos hoy que, no obstante la naturaleza del reto que se enfrentó y que a veces tiende a reaparecer, lo cierto es que:

a) Centroamérica y Panamá, el istmo todo, está democráticamente gobernado. No es un logro para conformarse porque todos, y los centroamericanos más que nadie, sabemos que no basta y que siguen ante nosotros metas por alcanzar en términos de paz y de justicia que este ha demandado.

b) El proceso centroamericano hacia la democracia no nos es ajeno. Lo hemos vivido con vital interés y, en esa angustia, hemos aprendido que la solidaridad es bastante más que un discurso, cuando es verdadera y de eso podemos dar fe los centroamericanos.

c) En Costa Rica, como en todos y cada uno de los países del istmo, estamos atentos al desarrollo de la iniciativa del Parlamento Centroamericano, solidarios en la confianza de que él proveerá foro adecuado para un debate moderno en la temática y en el modo pragmático de abordar los problemas, para bien de los pueblos de la región y ejemplo de la convivencia entre las naciones. Solidarios en la conciencia de que, si por dificultades previsibles y no previsibles su labor se entraba o perjudica, surgirán otras instancias para vitalizar desde otras circunstancias más prolíferas, sus intenciones.

d) En la Asamblea Legislativa de Costa Rica creemos que el lenguaje y la práctica de la violencia deben dar paso al lenguaje y la práctica de la cooperación, porque reconocemos cuánto ha avanzado Centroamérica en su proceso y queremos recibir, de sus actores y en el lugar de los acontecimientos, las buenas nuevas de sus progresos y porque sólo así es posible compartir la conciencia de las dificultades.


e) En Costa Rica creemos en la paz y en la libertad, como requisitos para la vida humana digna y para la procura común de la justicia. Y, porque sabemos que la democracia no se agota en el voto y las libertades públicas sino que también se expresa y legitima en la búsqueda responsable del bienestar para las mayorías, somos conscientes de la urgente necesidad de expresar y concretar, en fórmulas políticas viables, esas esperanzas postergadas de los pueblos de la región.

f) En Costa Rica, creemos que el fortalecimiento de los procesos integracionistas -desde la perspectiva inicial jurídica- pasan casi necesariamente por estos pasos para lograr su viabilidad alejada de lo puramente discursivo:

* Inicio de contactos formales entre Presidentes de los Poderes Legislativos, para formalizar labores encaminadas a examinar la viabilidad de la legislación en el área, y la uniformación de la jurisprudencia, con lo que se crean bases de uniformación de la cultura jurídica, lo que establece un basamento real para posteriores procesos unificadores sectoriales.

* Inicio de estudios de la legislación sectorial comparada, buscando la legitimación consensual por vía de reformas o reemplazos, donde así fuese pertinente.

* Inicio de unificación de los procedimientos formales legislativos que tienden a la formación de la ley en sus fases de iniciativa, deliberación, aprobación y sanción.

c) El porvenir

Mientras se destruyen los paradigmas políticos que nos rigen desde el siglo pasado y con ojos futuribles en Centroamérica, tratamos de escudriñar el porvenir que se construye ahora en lo político, las certidumbres y las incertidumbres centroamericanas se vuelven a envolver en la búsqueda de un esquema común latinoamericano, cuya orientación emana del Parlamento Latinoamericano y que se objetivizaría con la creación de la Comunidad Latinoamericana de Naciones.

En diciembre de 1991, tal idea fue propuesta a los Jefes de Estado y Cancilleres del Grupo de Río durante la reunión efectuada en Cartagena de Indias (Colombia) y luego de dos actividades específicas, se fortalece la idea y se espera que, en octubre de 1993, la propuesta quede formalmente establecida.

Así, parece que los procesos de democratización de cada país del istmo centroamericano -en los marcos macropolíticos regionales- deben considerar los ejes de desarrollo continentales y subregionales que -mutatis mutandis- buscan señalar y afianzar, por diversas vías prácticamente, los mismos derroteros que han propiciado la emergencia de la Comunidad Europea de Naciones, la Comunidad de Naciones del Pacífico y la Comunidad de países del Norte de América. Dentro de sus lineamientos se señala, por parte de sus impulsores que:

a) La Comunidad Latinoamericana de Naciones nace con la necesidad fundamental de lograr la integración, para tener viabilidad regional en el cambiante contexto mundial.

b) La Comunidad profundizará y defenderá la democracia y su inherente régimen político participativo de libertades individuales y colectivas, fortalecerá el pleno respeto a los Derechos Humanos, respetará la autodeterminación de los pueblos y su libre determinación política, buscará la solución pacífica de las controversias; estimulará políticas que aseguren la paz mundial, en particular la continental, y asegurará el pleno respeto al cumplimiento de los Tratados Internacionales.

c) Sólo los gobiernos que tengan su origen en elecciones libres, secretas e informadas, podrán representar a sus naciones en la Comunidad.

d) En lo económico social, la Comunidad trabajará por la justicia social basada en el desarrollo global de sus pueblos, la lucha contra la pobreza, la recuperación de la capacidad económica ante el exterior, la dinamización del proceso científico-tecnológico y educativo y, especialmente, la configuración de una concertación regional, dirigida a obtener mayor influencia en las relaciones económicas internacionales

e) En lo cultural, la Comunidad fortalecerá los valores de la tradición histórico-cultural de nuestros pueblos, como instrumentos vitales de la evolución, pero siempre manteniendo y preservando nuestras raíces.

f) En lo ecológico, la Comunidad defenderá las cuencas hidrográficas, los recursos naturales, las reservas forestales y pugnará por la elaboración de políticas de conservación del medio ambiente, todas medidas fundamentales para la supervivencia del hombre en el planeta

8.- INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN

Los representantes de los Poderes Legislativos centroamericanos, a tono con las exigencias de la época, para enfrentar con seriedad el reto que impone la búsqueda del desarrollo con justicia social; del respeto a los derechos humanos en un marco de libertad con responsabilidad; de hacer marchar las democracias pese a sus paradojas estructurales y mantener la viabilidad social y económica de cada unidad inmersa en procesos de cambio acelerado; de frente a la rueda de la Historia; en la encrucijada de los nacionalismos y las integraciones y con la dinámica que generan las exigencias de mayor informatización, mejor comunicación, más humanismo y mucha más fraternidad para adentrarnos en el tercer milenio, debemos tener -pese a esta enmarañada confluencia de factores y deseos- gran claridad de mente para encontrar instrumentos que nos permitan estar en capacidad de interpretar y guiar todos estos procesos.

A nosotros nos corresponde -por el papel que desempeñamos- describir las aspiraciones subjetivas y abstractas en leyes concretas, si a la vez que inmediatas, plenas de juicio, madurez y conciencia.

Ese es un reto más que se agrega al hiperrealismo de la hora actual.

Ese es un reto más que no es posible encarar sin la solidaridad internacional, porque la tarea que debemos hacer nosotros, sin escabullirnos de la Historia -sin embargo- del conocimiento reflexivo, que solo es dable obtener por la vía de la capacitación.

En efecto, abrir mentes y expander corazones requiere del conocimiento universalista que solo el estudio y la reflexión que anteceden a la acción pueden proveer.

En esa línea se inscribe nuestra propuesta de iniciar dos procesos paralelos al principio, luego concurrentes.

El primero de ellos es la utilización, a partir de setiembre de 1993, del diálogo estructurado mediante el establecimiento del Foro de Presidentes Legislativos (FOPREL).

El segundo trata de la creación, a partir de mayo de 1994, del Instituto Parlamentario Centroamericano (ICEL).

Se trata de establecer dos dinámicas en un corto lapso -pues la Historia de final de milenio se escribe con pasos acelerados- para permitir establecer escenarios que permitan el ejercicio, cada vez más reflexivo, en que se encuentren todas las variables de la democracia en un ambiente propicio para la reflexión y la toma de decisiones, para que los cambios que se están produciendo en el istmo -y del cual los Poderes Legislativos son los responsables directos- llenen la impronta de la dimensión humana de la democracia en libertad, a la vez interrelacionada con los espacios de las variables económicas, sociales, jurídicas, culturales y aun espirituales.

Estos instrumentos surgen de la necesidad de aunar lenguajes, capacitar entendimientos, facilitar actitudes y procesos de diálogo y encontrar fórmulas de consenso a nivel de cada país y en el entorno regional.

También estos instrumentos urgen, porque su utilización aplazaría la golpeante realidad de tener que enfrentar los retos de la democracia en una zona en que la pobreza, el desempleo, la desnutrición, el analfabetismo y todas las secuelas sociales heredadas y las nuevas que se les suman: la inseguridad, la corrupción, la pérdida de valores y de fe en los dirigentes; todas juntas constituyen eventuales y potenciales detonantes si no se encuentra salida institucional y seguridad jurídica, canales jurisdiccionales y rapidez procedimental para hacer frente a todas estas urgencias sociales ubicadas unas en la dimensión de lo abstracto, otras en el calor de la vivencia diaria.

A) Transmisión del conocimiento

Antes podía comprenderse y hacerse política como arte de salir del paso, ("muddling through") lo cual ya no es posible. Solamente una política activa, planificadora, orientada hacia el futuro, será capaz de dominar los problemas, de dirigir consecuentemente la evolución que experimenta la sociedad: se trata de una política que se sirve de los hallazgos y métodos científicos. La ciencia (y junto con ella los conocimientos tecnológicos e instrumentales) se convierte en uno de los requisitos indispensables para que la política no conduzca a las sociedades humanas a una crisis.

El reto de enfrentar los problemas crecientes solo con base en la intuición política, encara un peligro; y por eso en esta línea de pensamiento es preciso hacer algunas reflexiones sobre el marco referencial -epistemológico- en que creemos deben insertarse los esfuerzos de transmisión de conocimientos para que los instrumentos que proponemos: FOPREL e ICEL estén orientados correctamente.

Estas premisas para el proceso de impartir conocimientos serían:

a) Las decisiones políticas precisan -cada vez más- del consejo y la ayuda de los expertos; lo que tiende a hacerlos más dependientes de estos porque, si bien la historia del progreso del conocimiento enseña que siempre se ha generado una dependencia creciente, también es cierto que cada vez es mayor el distanciamiento del político -que se ocupa de una cosa en concreto- con el conocimiento de que dispone la sociedad.

b) En un mundo cada vez más informatizado, cada persona sabe cada vez más, pero de menos cosas (si es intelectual) o de ninguna, si no lo es; así, la sociedad -en conjunto- corre el riesgo de quedar condicionada por acciones y agentes externos en los que se centralizan el conocimiento y la tecnología.

c) Esto -obviamente- no es compatible con la norma democrática, porque cuanto más indispensable sea la ciencia para la política, con tanta mayor crudeza se plantea el problema: ¿cómo podemos evitar una injerencia en política por parte de los expertos y científicos?

d) La solución de este problema se encuentra en una determinada organización de la ciencia, junto con una determinada organización de la sociedad.

e) La sociedad debe estar organizada de tal modo que sea posible y evidente la competencia entre expertos. Únicamente esta competencia abierta entre científicos pone de manifiesto el alcance de los testimonios concluyentes de la ciencia, indicando cuándo hemos de adoptar una decisión política, es decir, democrática.


9.- FORMACIÓN POLÍTICA Y TECNOLÓGICA

Sobre las bases de una adecuada interrelación de respeto mutuo entre políticos y científicos (y tecnólogos), se propone que por medio de FOPREL se den las fases iniciales para instituir procesos formativos políticos con características adecuadas para llenar su cometido.

En ese orden de ideas, la formación asentada en dos ejes complementarios deberá estar dirigida a los diversos estamentos organizativos de los poderes legislativos del istmo -y eventualmente de otros países del Caribe cercano, dando prioridad a la formación política; pero sin descuidar la formación para los procesos de modernización y desarrollo institucional.

A) Formación política

El primer componente que denominaremos formación política tiene estas características generales:

a) La formación política entendida en su acepción mayor, y no en su utilización ideológico-partidista, debe ser el proceso mediante el cual el legislador toma conciencia de su realidad socio-política, de una forma reflexiva y crítica, conviertiéndose en agente responsable de cambio social y adoptando la actitud y la conducta de defensor de la libertad con solidaridad social.

b) Una formación concebida en estos términos y, por tanto, llamada a responder a estos objetivos fundamentales, debe ser global, vinculada a la acción permanente, progresiva y crítica.

c) Por global se entiende que su contenido debe cubrir todos los campos del quehacer político en su expresión parlamentaria: lo doctrinario-ideológico, lo político, lo organizativo y las metodologías de relación con la sociedad civil. El propósito es tratar de transmitir no solo un conocimiento intelectual, sino también -y sobre todo- la mística para la acción y el espíritu de sacrificio y de trabajo.

d) La expresión vinculada a la acción, tiene particular importancia, porque, sin descuidar ni desmejorar los aspectos teóricos, la formación por impartir debe poseer un profundo y claro contenido político y estar directamente vinculada a la acción.

e) La formación debe ser permanente y progresiva, debido a la creciente complejidad de la actual sociedad, la dimensión del trabajo político en una sociedad sujeta al acelerado ritmo de los procesos políticos, los planteos económicos y los hallazgos tecnológicos. La permanencia y progresividad de la formación es concebible por medio de un proceso continuado de capacitación-acción-capacitación, que sin detener el trabajo legislativo permita:

1.- La reflexión y el análisis político comparado

2.- La experiencia adquirida en la acción y la retroalimentación

3.- Actividades formativas de diversa naturaleza destinadas a sistematizar, profundizar y ampliar conocimientos y habilidades.

f) La formación debe además ser crítica. En la medida en que sea factible, se incorporarán los criterios de una formación que tienda a crear conciencia, a los efectos de procurar la extroyección de los valores y conceptos impuestos por prácticas del pasado que se oponen a las líneas de aumentar los procesos de libertad con responsabilidad social. Esto permitirá lograr en el campo político la conformación de una conciencia crítica y reflexiva en los miembros de los Poderes Legislativos.

B) Capacitación tecnológica

El segundo componente para facilitar el trabajo de los Poderes Legislativos es la capacitación tecnológica -que con la cooperación de los propios entes legislativos que compartan sus experiencias- y con la solidaridad de diversas agencias de desarrollo donantes del exterior, se constituye en un obligado complemento de la formación política.

Esta capacitación tecnológica tiene estas características generales para cada ente con potestades legislativas:

a) Desarrollar la capacidad institucional para poder dar prioridad organizativa, administrativa y técnica a procesos de desarrollo institucional.

b) Determinar recursos, métodos y estrategias para la elaboración y ejecución de los planes de modernización.

c) Diseñar estudios iniciales tendientes a lograr capacitación técnica y administrativa para enfrentar tareas concretas en la formación de la ley, controles políticos, fiscalización del gasto público; así como también para diseñar procesos de comunicación comunitaria para fortalecer las relaciones del Poder Legislativo con la sociedad civil.

d) Elaborar programas enfocados a darle permanencia al personal técnico y administrativo de los Poderes Legislativos, así como a aumentar sus destrezas y habilidades mediante programas de diversificación y fortalecimiento de estudios especializados.


C) Cooperación Internacional

Para iniciar el camino propuesto, es útil referirse a la experiencia de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para extrapolar de ella lo bueno y meditar sobre los errores cometidos.

En la línea de desarrollo de los instrumentos para la acción que se propone, el énfasis en el desarrollo institucional y la modernización -excluyendo el factor de capacitación política, que debe llevar otro derrotero- ha sido puesto en seis ejes claves; en los cuales la cooperación internacional es, a su vez, un factor clave por sí mismo:

a) Mayor inserción de la Asamblea con la sociedad civil

b) Mejoramiento de las relaciones con los medios de comunicación social.

c) Obtención de asistencia técnica especializada en las áreas de estructura organizativa, informatización y desarrollo orgánico.

d) Capacitación de personal para dotarlo de nuevas destrezas y de refuerzo mediante la contratación de expertos en áreas estratégicas.

e) Desarrollo de manuales y procedimientos para sistematizar funciones, tareas y actividades de rutina; confección de presupuestos más racionales y establecimiento de técnicas de control de ejecución y calidad.

Además, ha sido importante para el desarrollo de esta estrategia, la celebración de convenios con instituciones nacionales e internacionales, con organismos regionales y agencias donadoras de recursos y asesoramiento.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica, en el momento de iniciar un proceso de acercamiento para encontrar apoyo de alto nivel a esta propuesta, pondrá en conocimiento de los señores Presidentes de los Poderes Legislativos del istmo las fortalezas y debilidades de su propio proceso de desarrollo institucional y de modernización.

Asimismo, espera discutir con ellos la propuesta formal para el establecimiento del Foro de Presidentes Legislativos (FOPREL), como paso previo a la creación del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL)


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16: A raíz de la decisión del Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Departamento de Servicios Parlamentarios inició la preparación de documentos de muy diversa índole, los cuales se encuentran a disposición de los miembros de la Junta Directiva del ICEL y pueden ser accederse a ellos una vez establecida RILCA, por medio de Internet, en el Departamento de Servicios Bibliotecarios.
17.- La Asociación de Técnicos Legislativos de Centroamérica, (ATELCA), es un mandato nacido al impulso de la III Reunión de Presidentes de Poderes Legislativos y, aunque inicialmente se pensaba contar con fondos suministrados por organismos de cooperación externa, no pudo concretarse la idea porque de los Poderes Legislativos que debían pagar una contrapartida nacional (aproximadamente $2.500 cada uno), solamente lo hicieron los Poderes Legislativos de Nicaragua, Honduras y Panamá) A la fecha, el último Tesorero de esa Asociación, Lic. Olmedo Castro (Ex Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica) tiene el compromiso de devolver los fondos que ha custodiado desde su recibo.

Anexo 18: Acta Constitutiva del FOPREL

Anexo 19: Acta constitutiva del ICEL

20: Véase: Miranda, Róger, Pensamiento y Acción, Publicación del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica, (FOPREL). Edición del Departamento de Prensa, Divulgación y Documentación, Secretaría Permanente del FOPREL. Managua. Marzo de 1998, pp. 2-132

ANEXO 21: El Acta no indica si el Informe de Labores del Director Ejecutivo se aprueba o no, lo que impide conocer cuáles son las obligaciones contraídas a nombre de ICEL, el cual en esas fechas estaba a cargo de la Dirección Ejecutiva. En vista de lo anterior, la Presidencia solicitó un informe al ex Director Ejecutivo, Lic. Francisco Cordero Gené, funcionario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, quien envía esta respuesta:
“En respuesta a solicitud para que explique en qué consistió el trabajo que efectué, en calidad de Director Ejecutivo del ICEL, así como las razones por las cuales el informe no consta en actas, ni aparece aprobado, me permito contestar así:
Los esfuerzos realizados por el suscrito para establecer relaciones entre la Dirección Ejecutiva y las diversas instancias nacionales e internacionales, el diseño y los primeros pasos para realizar el plan de trabajo aprobado por la Junta Directiva del ICEL y la acometida de las tareas encomendadas por el III Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica en noviembre 1996, así como la puesta en operación de las oficinas en Tegucigalpa, son los principales resultados que se reflejan de la memoria presentada como resumen de las actividades del segundo semestre de ese año.
A pesar de que este proceso quedó trunco, al menos en cuanto a la Dirección Ejecutiva, por la falta de disponibilidad de fondos a partir de enero de 1997 y por las diferencias de criterio surgidas entre la Dirección Ejecutiva del ICEL y la del FOPREL, es necesario rememorar los hechos de ese año, para aclarar sus causas y consecuencias, con lo cual el ICEL pueda avanzar hacia sus objetivos, en el proceso de construcción de la integración centroamericana.

HECHOS: 1.- En primer término es importante recordar que la Junta Directiva del ICEL, reunida en San Salvador el 5 de octubre de 1996, se negó a conocer el proyecto de presupuesto para 1997, presentado en cumplimiento del artículo 14 de los estatutos del ICEL que dice: “El presupuesto de funcionamiento del ICEL será financiado en partes iguales por los Poderes Legislativos de los Estados Miembros. Estos aportes deberán efectuarse en el primer trimestre de cada año, de acuerdo con los procedimientos de cada país.” 2.- En su lugar, se insistió en solicitar a la Dirección Ejecutiva que obtuviera fondos de fuentes internacionales, sin respaldar esa solicitud con la acostumbrada contraparte nacional de los países interesados y que, mientras tanto, se volviera a solicitar al FOPREL un financiamiento por $57.000 según el acta correspondiente. 3.- En San Salvador, en noviembre del 1996, se presentó un informe ante el IV Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos, en que se redujo esa pretensión a $30.000 para 6 meses. Los Presidentes Legislativos de Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras firmaron un punto de acta para aprobarlo, pero no recibió el respaldo de los Presidentes de los Congresos de Guatemala y Nicaragua. En ese momento, se planteó la imposibilidad del suscrito de seguir en Tegucigalpa, a menos que se cumpliera con el artículo 14 de los Estatutos, en vista de que se celebrarían elecciones en esos dos países. 4.- A pesar de las obvias dificultades de lograr este cometido, las conversaciones iniciadas que ofrecían posibilidades de financiamiento se prosiguieron con el ILANUD y IIDH/CAPEL, en Costa Rica, el BID, en Honduras, y el representante regional del PNUD . Estas gestiones se prosiguieron hasta donde permitía el estrecho margen de negociación que se nos asignó, con un resultado aún incierto. 5.- La inconformidad de la Dirección Ejecutiva del FOPREL en cuanto a esta forma de financiar al ICEL y la imposibilidad de llegar a un acuerdo durante la reunión de San José, en febrero de 1997, obligaron a asumir una fórmula propuesta por el Presidente de la Junta Directiva, Dr. Pompilio Romero, que consistía en trasladarle a él la responsabilidad administrativa. Sin embargo, la Directiva no acogió su propuesta para modificar, en lo conducente, los estatutos del ICEL. 6.- Ante un nuevo intento para financiar el ICEL con fondos del FOPREL, en el V Foro, celebrado en San José en abril de 1997, se autorizó una sola erogación, equivalente al salario de dos meses, para que el suscrito volviera a intentar generar fondos de fuentes internacionales, conforme a las alternativas en proceso. 7.-Con el pago de la suma de $2.500, se hizo posible un nuevo viaje a Managua el 11 de mayo, para recibirlo y luego hasta Tegucigalpa, por mi cuenta, para solucionar al menos el pago de los saldos descubiertos desde el año anterior, así como para disponer el traslado a manos de la Presidencia de la Junta Directiva la coordinación general de actividades. 8.- En ese viaje a Nicaragua se participó, en representación del ICEL, en un seminario sobre VIH-SIDA organizado por la AID y la OPS. Uno de los objetivos era la propuesta de adopción de una ley marco a nivel centroamericano. A raíz de esta participación, se sentaron las bases para la inclusión de este punto en la agenda del FOPREL. 9.- Se inició, a partir de esta visita a Tegucigalpa el 17 de mayo, un período de operación muy marginal, mientras se insistía, una y otra vez con las posibles fuentes de financiamiento, a cargo de la Presidencia, desde Tegucigalpa, con el apoyo del suscrito como Director Ejecutivo sin salario, operando desde San José, como asesor del Parlamento costarricense, hasta el término de mi nombramiento, en julio de 1998. 10.- Estos pagos fueron objeto de nuevas diferencias con la Dirección Ejecutiva del FOPREL, que los contabilizó como “salarios de mayo y junio”, mientras para el suscrito constituían los salarios pendientes de los meses de enero y febrero, ya que a partir de marzo, recibiría salario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. A raíz de esas diferencias, fue necesario presentar pruebas de descargo ante la Dirección de Recursos Humanos que inició una investigación provocada por un fax de FOPREL para realizar el último pago. Este se recibió con ocasión de un nuevo viaje por mi propia cuenta a Managua, del 9 al 15 de noviembre de 1997. 11.-En estas condiciones, por iniciativa de don Pompilio Romero se inscribió el ICEL con una personería jurídica válida al parecer únicamente en Honduras, donde él compareció al efecto ante notario, según copia de la escritura que no tengo en mi poder. Esta solución, supuestamente temporal, no mejoró las posibilidades para obtener financiamiento alguno. Su resultado inmediato fue la disminución considerable de comunicaciones entre la Presidencia y la Dirección Ejecutiva, al grado de que todas las reuniones posteriores, del ICEL o del FOPREL, se realizaron sin la participación del suscrito. 12.-En junio de 1998, al vencer el período nominal de mi nombramiento, presenté un informe verbal al Presidente del ICEL, Lic. Jorge Poveda Quirós, representante de Costa Rica en la Junta Directiva, como último acto con esa investidura, que de esta manera formalizo por escrito. CONCLUSIONES: 1.- De acuerdo con la experiencia vivida, considero que no será posible llevar adelante los programas del ICEL, a menos que se establezca una cuota mínima por país, para constituir un fondo de contraparte que le garantice a cualquier fuente de financiamiento internacional que cuenta con un respaldo permanente a nivel nacional. 2.-En cuanto a la efectividad de una representación de la personería del organismo internacional en la persona del Presidente de la Junta Directiva, tampoco será posible hasta que se modifique al respecto el Estatuto correspondiente y reciba la aprobación de cada uno de los Poderes Legislativos representados, tal como se propuso en reiteradas oportunidades a los miembros del FOPREL. 3.- En mi criterio, no ha sido posible la coexistencia del FOPREL/ICEL con el Parlamento Centroamericano, por una mal entendida competencia entre ambos. Hasta el momento, los partidarios de la integración centroamericana por vía de un órgano legislativo como el PARLACEN, han visto en los programas del FOPREL y en el ICEL a sus enemigos, en vez de considerarlos complementarios. RECOMENDACIONES: 1.- Es necesario someter la estructura del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos Centroamericanos a una evaluación, para definir si amerita seguirlo financiando sin la operación del ICEL o si podrían distribuirse en forma equitativa los fondos entre el FOPREL y el ICEL. 2.- Debe mantenerse la figura de un Director Ejecutivo del ICEL, como gerente y representante internacional del organismo, determinado por los objetivos institucionales, ya que los miembros de la Junta Directiva son necesariamente funcionarios o diputados, cuyo cometido está necesariamente determinado por los intereses de su país y de su partido político. 3.- Es necesario que el FOPREL establezca un “modus operandi” con el PARLACEN, a fin de eliminar los roces reales o supuestos entre sus correspondientes campos de acción, antes de que el ICEL pueda pretender solicitar financiamiento internacional con una credencial de programa de integración centroamericana aceptable.” (F) Lic. Francisco Cordero Gené (Sic).

ANEXO 22: La nota en referencia es una carta suscrita por el Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en ese entonces, Lic. Alberto Cañas Escalante, el 14 de febrero de 1995, dirigida al Secretario del Comité Organizador de FOPREL, la cual contiene reflexiones y consideraciones que enriquecen la filosofía y las funciones del trabajo por ejecutar por parte del ICEL. Es importante señalar que, si bien la idea de creación de FOPREL e ICEL se gesta en una administración socialcristiana, todos los Presidentes de la Administración siguiente (mayo 94, Mayo 98) mantienen su apoyo a FOPREL e ICEL y colaboran en su fortalecimiento. Esa situación se repite en todos los países centroamericanos.

En lo fundamental, el documento contiene estas ideas:

* La naturaleza del Instituto podría enmarcarse dentro de un ámbito más parlamentario, como un órgano de coordinación regional del desarrollo y modernización de los parlamentos centroamericanos, que contribuya a hacer más eficaz y eficiente la función de los legisladores.
* Para garantizar su eficacia y eficiencia sugerimos que el Instituto tenga entre sus objetivos, además de los mencionados en el borrador, los siguientes:

a).- Colaborar con la institucionalización del proceso de desarrollo legislativo en cada Congreso centroamericano.

b).- Promover la elaboración de estudios que permitan mejorar y agilizar los procedimientos legislativos.

c).- Elaborar programas que fortalezcan los recursos humanos, mediante oportunidades educativas y capacitación especializada.

d).- Cooperar con el desarrollo de la estructura organizativa de los parlamentos del área.

e).- Desarrollar lazos interinstitucionales. Contribuir con el mejoramiento de los sistemas de informática legislativa.

f).- Coordinar con organismos internacionales para obtener posibles donaciones que garanticen el ejercicio de sus atribuciones.

Entre las atribuciones correspondientes al Instituto, proponemos:

a).- Diseñar sistemas y programas de capacitación permanentes para funcionarios y legisladores del área con el fin de fortalecer los recursos humanos.

Entre ellos podrían figurar: el desarrollo de una Maestría Regional en Asuntos Legislativos, la implementación de programas de cursos cortos para funcionarios con grado profesional o sin él y la organización de seminarios regionales sobre temas de interés parlamentario y legislativo.

b).- Impulsar y organizar intercambios o pasantías entre diputados y funcionarios centroamericanos con el fin de compartir esfuerzos y experiencias en áreas importantes como asesoría, organización de las bibliotecas, y procedimientos entre otros.

c).- Colaborar en la realización de estudios comparativos de legislación vigente de cada Parlamento para que, eventualmente, puedan homogenizarse las leyes en el campo comercial, de familia y otros.

d).- Realizar a solicitud de los parlamentos del área, estudios de impacto social, económico o ambiental sobre proyecto de ley.

e).- Elaborar para cada Parlamento que lo solicite, anteproyectos de ley sobre temas de especial interés de los señores diputados por su trascendencia nacional y cuyo desarrollo no pueda ser realizado por la Asamblea Legislativa solicitante, debido a las limitaciones de recursos y al alto grado de especialización y estudio que requieren.

f).- Crear un directorio de especialistas con los grados de maestría y doctorado, de universidades estatales centroamericanas, que sirva de base para la contratación de posibles consultores y asesores.

g).- Organizar una oficina de publicaciones especializada en temas parlamentarios, que fomente entre los académicos y especialistas centroamericanos el interés para escribir sobre estos temas.(f) Lic.Alberto Cañas Escalante, Presidente.

SESIÓN NÚMERO UNO: Efectuada en Honduras, el 31 de enero de 1996. Acuerdos relevantes:

PRIMERO: El doctor Róger Miranda Gómez, Secretario Ejecutivo del FOPREL, presenta a los delegados participantes a esta reunión y se procede a la integración de la Junta Directiva así:
Presidente: Pompilio Romero Martínez; delegado por Honduras país sede; Tesorero: Oscar Armando Pineda Navas; delegado por la República de El Salvador, y, como vocales, los restantes señores representantes de los demás países asistentes.

SEGUNDO: El Presidente somete y aprueba el Proyecto de Decreto del Reglamento Interno del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL), preparado por el personal del CIEL de Honduras;

TERCERO: Se adoptan como resoluciones las que siguen: a) Posponer el nombramiento del Director Ejecutivo del ICEL hasta que se haya definido el presupuesto por parte del FOPREL; b) Recargar en el Presidente de la Junta Directiva del ICEL las funciones de Director Ejecutivo, de manera interina, hasta que se produzca el nombramiento definitivo de la persona que ocupará dicho cargo. c) Solicitar, al FOPREL, determinar la fuente de los fondos que mediante cuotas nacionales, servirán para financiar el funcionamiento del ICEL.

SESIÓN NÚMERO DOS: Efectuada en Honduras, el 29 de mayo de 1996. Acuerdos relevantes:

TERCERO: El Presidente de la Junta Directiva da lectura a nota del Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Dr. Walter Coto Molina, proponiendo al Lic. Francisco Cordero Gené para el cargo de Director Ejecutivo del ICEL, procediéndose a su nombramiento, de conformidad al artículo 16 del Reglamento Interno del ICEL, a nombrar al Lic. Francisco Cordero Gené como Director Ejecutivo del ICEL, con la remuneración detallada en el siguiente presupuesto, que deberá ser cubierto por FOPREL: período del 1° julio al 31 diciembre de 1996: Salario:$15.000; alquiler:$4.200; agua, luz, teléfono $1.800; gastos de viaje y viáticos:$5.000; gastos de instalación: $2.000; gastos varios: $3.000. TOTAL: $31.000.

SESIÓN NÚMERO TRES: Efectuada en El Salvador, el 4 de octubre de 1996. Acuerdos relevantes:

PRIMERO: El Director Ejecutivo del ICEL rinde el informe de las actividades realizadas durante el trimestre comprendido entre el 1 de julio al 30 de setiembre. Se aprueba el informe.

SEGUNDO: El Director Ejecutivo somete a consideración el Plan general de desarrollo y programa de trabajo de la Dirección Ejecutiva para el año de 1997, que consta de las siguientes actividades:

1.- Modernización de los Poderes Legislativos.

2.- Quehacer Legislativos y Seguridad Ciudadana.

3.- En la parte administrativa, se deberá acelerar y concretar:

a) la gestión de la personería jurídica;

b) Incrementar las acciones a fin de obtener el financiamiento del ICEL a partir del próximo año.

TERCERO: Se discutió el presupuesto del ICEL para el año 1997, que deberá ser aprobado por FOPREL: Salario del Director Ejecutivo: $30.000; Alquileres: $5.000; Agua, Luz, Teléfono: $3.000; Gastos de viaje y viáticos: $15.000; Gastos Varios: $4.000. TOTAL $57.000

CUARTO: Se autoriza al Director Ejecutivo del ICEL para que, en nombre del Instituto, realice las gestiones pertinentes a la negociación de convenios de cooperación con los organismos internacionales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Instituto.

SESIÓN NÚMERO CUATRO: Celebrada San José, Costa Rica, el 7 de febrero de 1997. Notas y acuerdos relevantes:

NOTA PRIMERA: El señor Francisco Cordero Gené, Director Ejecutivo del ICEL rinde el informe de las actividades realizadas.

NOTA SEGUNDA: La Directora por Costa Rica, Diputada Carmen Ma. Valverde, presenta una propuesta bajo el nombre: "Nuevas bases para el desarrollo del ICEL", la cual fue aceptada para ser discutida punto por punto.

PRIMERO: A partir de esta reunión, el director del país anfitrión fungirá como Secretario de Actas de la sesión.

SEGUNDO: Elaborar un formulario en relación con el proceso de modernización, capacitación y tecnificación legislativa, que será presentado a los directivos, en un término de siete días, por la directora costarricense, diputada Carmen Ma. Valverde. El formulario deberá ser completado y devuelto, en un mes, al Presidente de ICEL.

TERCERO: Elaborar un formulario para obtener información sobre expertos, instituciones u organizaciones públicas o privadas, que mantienen programas de asesoría legislativa en materia de modernización, capacitación y tecnificación en Centroamérica. El formulario será enviado por la directora costarricense a los miembros de la Junta Directiva del ICEL, en un plazo de siete días, quienes, a su vez, lo remitirán con la información solicitada, en el término de un mes al Presidente de ICEL.

CUARTO: Informar a FOPREL sobre el proceso de diagnóstico que está realizando la Junta Directiva del ICEL, respecto de la modernización, capacitación y tecnificación de los Parlamentos; para estos propósitos se recomienda a los presidentes el cumplimiento del artículo 14 del Acta Constitutiva del ICEL.

QUINTO: Una vez entregados los informes de evaluación al Presidente del ICEL, se acuerda convocar a la Junta Directiva para organizar el Taller Consultivo, que elaborará el Plan de Cooperación Interinstitucional.

SEXTO: Notificar al Secretario Ejecutivo del FOPREL sobre los procesos de diagnóstico en modernización, capacitación y tecnificación que se aprobaron en esta reunión y solicitar el financiamiento por parte de FOPREL, para la realización del Taller Consultivo sobre estos procesos de diagnóstico. El presupuesto se le hará llegar una vez que el Taller sea diseñado, con base en la información que se recopila.

SÉTIMO: Solicitar a la Unidad Técnica Internacional de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la elaboración de un borrador de Convenio de Cooperación Legislativa, el cual Convenio, deberá al Presidente de la Junta Directiva del ICEL, en la segunda quincena del mes de marzo.



OCTAVO: Instar al Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Dr. Walter Coto Molina, que solicite a cada Presidente de los Congresos de los países de Centroamérica, autorizar el pago de salario y arrendamiento de la casa de habitación del Director Ejecutivo del ICEL en Tegucigalpa( sede del ICEL) , por los meses de enero a abril de este año.

NOVENO: Solicitar al Director Ejecutivo que envíe copia del informe contable y los documentos que lo sustentan, presentados el día de hoy al Director Ejecutivo del FOPREL y que este, le comunique a la Junta Directiva si es satisfactorio dicho informe para luego remitirle los originales.

DÉCIMO: Autorizar al Presidente del ICEL, para que presente a FOPREL el mismo proyecto de presupuesto aprobado por esta Junta Directiva en San Salvador, disminuido en la cantidad que los Presidentes autorizaran para el financiamiento de la Dirección Ejecutiva del ICEL, durante los meses de enero a abril.

UNDÉCIMO: Se autoriza al Presidente del ICEL, para proponer, ante el Foro de Presidentes, reformar el Acta Constitutiva del ICEL, en cuanto a que la representación del Instituto recaiga en el Presidente de la Junta Directiva y esta pueda ser delegada, cuando considere conveniente, en el Director Ejecutivo.

UNDÉCIMO SEGUNDO: En el III Foro, realizado en El Salvador, el 8 y 9 de noviembre de 1996, se acordó : "Solicitar al ICEL la preparación de un anteproyecto de Ley Marco, que sirva de base a los congresos de la región, para redactar o modificar sus respectivas leyes, con el fin de mejorar el respaldo jurídico a los discapacitados". Para darle cumplimiento a tal resolución, se solicita a la Directora por Costa Rica, diputada Carmen Ma. Valverde Acosta, , la preparación del anteproyecto de ley, que deberá presentarse ante la Junta Directiva antes de la IV Reunión de FOPREL.

UNDÉCIMO TERCERO: Se le solicita al Presidente de la Junta Directiva que siga los trámites para obtener la personería jurídica del ICEL, a más tardar el último día del mes de marzo.

SESIÓN NÚMERO CINCO: Efectuada en Panamá, el 12 de diciembre de 1997.
Acuerdos relevantes:

PRIMERO: Elevar a la consideración del FOPREL las siguientes propuestas de reformas al Acta Constitutiva del ICEL:

a) Adiciónese en el primer párrafo del artículo seis(6), lo siguiente: "El período de ejercicio de la Junta Directiva será de dos años y se reunirá por lo menos dos (2) veces al año".


b) Refórmase el artículo siete (7), para que quede así: "La Presidencia de la Junta Directiva será ejercida en forma rotativa, según el orden alfabético de los Estados miembros, empezando por el Estado sede del Instituto. El Presidente será el representante legal del Instituto".

c) Refórmase el artículo ocho(8) para que diga así: "Artículo 8.- La Junta Directiva nombrará al Director del Instituto, mediante selección entre los candidatos que presenten los Órganos Legislativos de cada país miembro. El Director será nombrado por un período de dos años prorrogables, si la Junta Directiva así lo acuerda. Puede ser removido del cargo en cualquier momento, por razones calificadas por la Junta Directiva. En caso de ausencia del Director Ejecutivo, el Presidente ejercerá de manera ad honórem las funciones del Director Ejecutivo del Instituto.

d) Modifícase el inciso a) del artículo nueve (9) para que quede así: "Artículo 9...a) ejercer las funciones administrativas del Instituto".

e) Adiciónese en el artículo diez (10) un inciso nuevo que diga así: "Artículo 10...e) Secretaría Técnica".

f) Que en tanto no se nombre al Director Ejecutivo del Instituto, las funciones de este, serán ejercidas ad honórem, por el Presidente de la Junta Directiva.

SEGUNDO: Convocar a reunión de Junta Directiva del ICEL para el mes de febrero de 1998, en San José de Costa Rica. En esa reunión y en cumplimiento del artículo siete (7) del acta constitutiva del ICEL, la Presidencia del Instituto, la asumirá la persona que funge como Directivo por Costa Rica.

SESIÓN NÚMERO SEIS: Efectuada en Costa Rica, el 17 de abril de
1998.
Acuerdos relevantes:

PRIMERO: El Director por Honduras, Diputado Pompilio Romero Martínez somete a conocimiento de la Junta Directiva, la personería jurídica del ICEL, la cual logró inscribir ante las autoridades pertinentes de la República de Honduras.

SEGUNDO: Se procede al traspaso de la Junta Directiva del ICEL. Al tenor de lo establecido en el acuerdo tercero de la reunión de la Junta Directiva del ICEL, del 12 de diciembre de 1997, en la Ciudad de Panamá, se agradece al señor Pompilio Romero Martínez por los servicios prestados y se elige, por unanimidad, como nuevo Presidente del ICEL por el término de dos años al Lic. Mauricio Brenes Loaiza, delegado por el Presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.



TERCERO: Se acuerda adicionar al final del artículo segundo lo siguiente: "Se nombra, asimismo, como Secretario de la Junta Directiva al delegado Jorge Mario Salguero y Salguero, y como Tesorero al delegado Raúl Palacios Román".

CUARTO: Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 14 del Acta Constitutiva del ICEL, se faculta al Presidente de la Junta Directiva para que proceda a elaborar el presupuesto de las actividades estatutarias del Instituto y así presentarse a cada uno de los Poderes Legislativos de los Estados Miembros. Junto con el presupuesto antes mencionado, deberá elaborarse otro presupuesto que cubra los gastos necesarios para realizar los programas que deben desarrollar cada una de las unidades a que se refiere el artículo 10 del Acta Constitutiva.

QUINTO: La Junta Directiva del ICEL insta a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para que asigne a la asesora Natasha Morales, del Departamento de Servicios Técnicos, para que termine el estudio que ha iniciado la Diputada Carmen María Valverde sobre la redacción del anteproyecto de Ley marco sobre discapacitados, que se le encomendó en la sesión de Junta Directiva de San José, del 7 de febrero de 1997. Se recomienda que se rinda dicho estudio ante la Presidencia del ICEL en el plazo de dos meses después de la notificación a esa funcionaria

SEXTO: Para que el reporte que brinde la Lic. Natasha Morales del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, sea entregado en el término de dos meses a la Presidencia del ICEL y que éste lo remita a la Comisión Interparlamentaria de Educación y Salud del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica, para que tramite lo correspondiente.

SÉTIMO: En concordancia con el artículo 4° del Acta Constitutiva del ICEL y con el mandato emanado del FOPREL, realizado en Nicaragua el 6 de marzo, se acuerda encomendar a la Presidencia del ICEL la presentación de un anteproyecto para iniciar el programa semestral de intercambios legislativos.

OCTAVO: En acatamiento de la resolución de la reunión del ICEL, celebrada en San José, Costa Rica, el 7 de febrero de 1997, referido a la elaboración de un formulario sobre el proceso de modernización, capacitación y tecnificación legislativa, se acuerda enviar nuevamente dicho formulario, vía facsímil, a los delegados de la Junta Directiva del ICEL para que sea debidamente completado y remitido a la Presidencia del ICEL en el plazo de un mes a partir de la fecha de su recepción.

NOVENO: Autorizar al Presidente de la Junta Directiva del ICEL para que suscriba, a nombre del ICEL, memorando de entendimiento con organizaciones internacionales, siempre que colaboren y propicien la implementación de las actividades y los proyectos formulados por la Junta Directiva del ICEL.
DÉCIMO: Incorporar e inscribir en la Secretaría del Estado, el Despacho de Gobernación y Justicia de la República de Honduras, las modificaciones acordadas al Acta Constitutiva del ICEL en la reunión de Ciudad de Panamá del 12 de diciembre de 1997.

SESIÓN NÚMERO SIETE: Efectuada en Guatemala, el 18 de setiembre de 1998.

PRIMERO: El Dr. Róger Miranda presenta al actual Presidente del ICEL, MSc. Jorge Poveda, quien tomó posesión de su cargo, en sustitución del Lic. Mauricio Brenes, a partir del mes de julio del presente año.

SEGUNDO: El Presidente informa que, a partir de la segunda quincena del mes de abril y hasta finales de junio del presente año, fungió como Presidente el Lic. Mauricio Brenes, asesor del ex Presidente de la Asamblea Legislativa, Dr. Saúl Weisleder. Asimismo, que su primera actividad fue la de recopilar documentación para hacer un diagnóstico del estado de avance del trabajo que compete efectuar a ICEL; que igualmente se ha empeñado en clarificar aspectos relacionados con la situación jurídica y con las obligaciones que se derivan de los convenios firmados a la fecha con instituciones de cooperación externa.

TERCERO: El Presidente informa que el 21 de agosto remitió, a los miembros de la Junta Directiva del ICEL y a la Secretaría Permanente de FOPREL, un extenso documento que recoge obligaciones pendientes de cumplimiento, con el fin de que esa información sea corroborada, comentada y ampliada, como requisito inicial para formular el Plan de Acción del ICEL (PLANICEL). Asimismo, informa que en esa misma fecha remitió un cuestionario para ser llenado por los jefes de informática de cada Poder Legislativo, como requisito básico para proseguir con el esfuerzo de creación de la red electrónica que unirá a los Poderes Legislativos de la Región (RILCA). Señala también que el nivel de respuesta de los miembros de la Junta Directiva y de los jefes de informática ha sido muy bajo, ya que a la fecha respecto al diagnóstico para PLANICEL no ha habido ni una sola respuesta, y que, en lo que respecta al cuestionario para RILCA, solo han respondido dos Direcciones de Informática (Nicaragua y El Salvador). Finalmente, recalca la necesidad de mejorar sustancialmente la comunicación para aumentar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las tareas encomendadas a ICEL. Sobre el particular, se acuerda: a) encargar a la Presidencia la confección del anteproyecto de PLANICEL, para ser presentado a la Junta Directiva, con anterioridad a la VII Reunión de FOPREL, para que sea aprobado.

CUARTO: El Presidente informa que es conveniente utilizar la capacidad instalada, experiencia y conocimiento de IIDH-CAPEL para mejorar y estandarizar la logística de los eventos que efectúan FOPREL e ICEL. Sin embargo, los restantes miembros de la Junta Directiva señalan no conocer los términos del convenio firmado con IIDH-CAPEL, por lo que la recomendación no procede, hasta tanto no se conozcan los alcances y las condiciones de este. En consecuencia, se produjo una discusión sobre los alcances de facultades y funciones de la Presidencia, ya que el Acta Constitutiva del ICEL no enumera sus potestades y funciones, pero sí las de la Junta Directiva. Sobre el particular, se toman los siguientes acuerdos: a) Solicitar a la Secretaría Permanente de FOPREL y a la Presidencia de ICEL revisar con los funcionarios de la OEA, Dr. Rubén Perina y de IIDH-CAPEL, Luis Alberto Cordero, respectivamente, el convenio firmado, informándoles que, por razones jurídicas, este convenio deberá ser conocido, evaluado y eventualmente modificado o ratificado para ajustarlo a las necesidades de FOPREL e ICEL, entes en los cuales reside el mandato de los Presidentes de los Poderes Legislativos. b) Revisar los alcances de la firma de otros convenios suscritos durante 1996 y 1997, por el entonces Director Ejecutivo del ICEL, Lic. Francisco Cordero. c) Indagar con el Dr. Pompilio Romero, quien fungió como Presidente del ICEL de 1996 a abril de 1998, si durante su gestión se firmaron convenios para proceder igualmente a su revisión. d) Tomar las previsiones del caso para facilitar al ICEL la negociación directa futura de convenios con entidades donantes, sin intermediarios que pueden inducir a confusión respecto de gestiones que son de la exclusiva competencia del FOPREL a las orientaciones que interesa impulsar a FOPREL y a sus órganos conexos.

QUINTO: Dado que el punto anterior introduce directamente en el tema del estatus jurídico del ICEL para darle validez y respaldo a las actuaciones de la Junta Directiva y del Presidente de turno, se discutió sobre cuál podría ser la figura jurídica que lo amparara, para no dejarlo constreñido al cumplimiento de obligaciones derivadas de la Ley de Asociaciones de la República de Honduras, sino más bien ampliar la cobertura a los restantes países. Ello implica hacer un estudio jurídico comparado, el que se le designa a la Dra. Jacqueline Gómez, de Nicaragua, para que se busque un mecanismo idóneo que permita que ICEL tenga respaldo jurídico homogéneo en la región y goce del estatus de instancia regional.

SEXTO: El Presidente señala la conveniencia de que, a la vez que se revisan los aspectos jurídicos en que se enmarca ICEL, para darle fuerza y legitimidad, es necesario aumentar el compromiso de cada miembro de la Junta Directiva para dar seguimiento permanente a todas las resoluciones, los acuerdos y compromisos que se derivan de las actuaciones de FOPREL e ICEL y de los órganos conexos, dado que los miembros de la Directiva del ICEL, son los instrumentos operativos con los que se cuenta para tales efectos.

SÉTIMO: Dado que el Lic. Olmedo Castro, ex Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, deberá devolver cuotas aportadas por los poderes legislativos de Nicaragua, Honduras y Panamá a la Asociación de Técnicos Legislativos de Centroamérica (ATELCA), se acuerda solicitar a la Presidencia de ICEL que gestione la devolución directa a los Poderes Legislativos que los aportaron; asimismo, se solicitará que el aporte en mención sea trasladado al ICEL, y que los poderes legislativos de Costa Rica, El Salvador y Guatemala depositen igual cantidad, cumpliendo con lo preceptuado en el Art. 14 del Acta Constitutiva del Instituto.

OCTAVO: Se acuerda encargar a la Presidencia del ICEL la confección de un proyecto de resolución sobre el tema: "Educación para enfrentar el reto del siglo XXI", tomando como base el documento preparado por la delegación de Honduras y el complemento aportado por la delegación de Costa Rica. El documento deberá presentarse a los miembros de la Junta Directiva del ICEL, a más tardar el 5 de octubre.

ANEXO 23: Se reproduce textualmente el documento que ampara la Personería Jurídica del ICEL en Honduras:

"RESOLUCIÓN N°342-97. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Nueve de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Siete. VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, con fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete, por el Licenciado ÁNGEL VALENTÍN AGUILAR ORDÓÑEZ, en su carácter de Apoderado Legal del INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, contraída a pedir el otorgamiento de la Personalidad Jurídica y aprobación de su Reglamento. RESULTA: Que el peticionario acompañó a su solicitud los documentos correspondientes. RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley, habiéndose mandado oír al Departamento Legal de esta Secretaría de Estado quien emitió dictamen favorable. CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente de la República, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, conceder Personalidad Jurídica a las asociaciones civiles de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: Que, el INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS se crea como asociación civil de beneficio mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las leyes del país, el orden público, la moral y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado. POR TANTO: El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en uso de las facultades y en aplicación de los Artículos 245 numeral 40 de la Constitución de la República y 120 de la Ley General de Administración Pública. RESUELVE: Conceder Personalidad Jurídica al INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa. Municipio del Distrito Central y aprobar sus estatutos en la forma siguiente: REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS (ICEL). TÍTULO PRELIMINAR DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. CAPÍTULO I DE LOS OBJETIVOS DEL REGLAMENTO. ARTÍCULO 1. El Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos es un órgano Conexo del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica, que funciona conforme a lo establecido en el Acta Constitutiva del mismo, el presente reglamento y otros instrumentos que lo regulen. ARTÍCULO 2. El presente reglamento tiene como objetivo regir la estructura, organización y funcionamiento del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL) en base a lo establecido en el Acta Constitutiva del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica en su Capítulo III, Artículo 9 de fecha 26 de agosto de 1994, y a lo preceptuado en el Acta Constitutiva del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL) de fecha 26 de febrero de 1995. ARTÍCULO 3. El reglamento interno del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos regulará lo relativo a políticas, atribuciones, régimen laboral de funcionarios, personal técnico, administrativo, auxiliar y extraordinario que se requiera, y todo lo concerniente al establecimiento de su estructura organizativa y a los mecanismos de funcionamiento. CAPÍTULO II DE LA APROBACIÓN Y REFORMAS AL REGLAMENTO. ARTÍCULO 4.- El presente reglamento y los demás reglamentos que se requieran deberán ser sometidos a consideración de la Junta Directiva del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos para su aprobación por consenso. ARTÍCULO 5. El presente reglamento podrá ser reformado de la siguiente manera: a) A propuesta de los países miembros canaliza a través de sus representantes en la Junta Directiva; b) A propuesta del Director Ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos. TÍTULO Y DE LA DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y SEDE. CAPÍTULO I DE LA DENOMINACIÓN. ARTÍCULO 6. El Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos, en lo sucesivo se denominará ICEL, de acuerdo con las siglas que conforman el nombre bajo el cual fue creado. CAPÍTULO II. NATURALEZA Y SEDE. ARTÍCULO 7. EL ICEL es un organismo regional a nivel centroamericano de carácter técnico, legalmente constituido, que está orientado en sus funciones a consolidar el Estado de Derecho, la Democracia y la integración de los países centroamericanos. ARTÍCULO 8. De conformidad con su Acta Constitutiva, el ICEL tendrá como sede permanente la ciudad de Tegucigalpa, República de Honduras. TÍTULO II. ESTRUCTURA ORGÁNICA OPERATIVA DEL ICEL. CAPÍTULO I. DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA. ARTÍCULO 9. EL ICEL está organizado de la siguiente manera: a) Junta Directiva; b) Director Ejecutivo; c) Unidades Técnicas Especializadas. CAPÍTULO II. DE LA JUNTA DIRECTIVA. ARTÍCULO 10. La Junta Directiva es el órgano rector del ICEL y está integrada por los representantes designados por el Presidente del Poder u Órgano Legislativo de cada país miembro. ARTÍCULO 11. La Junta Directiva será presidida de conformidad con el Acta Constitutiva y de su seno designará a un Tesorero y otros cargos que se estime necesarios. ARTÍCULO 12. Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Nombrar al Director del Instituto conforme lo establece el Artículo 8 de su Acta Constitutiva. b) Aprobar o improbar el reglamento interno del Instituto y los demás reglamentos e instrumentos jurídicos y operativos que se requieran para el funcionamiento del ICEL. c) Revisar y considerar el anteproyecto del ICEL que le presente el Director Ejecutivo, para someterlo anualmente a través de la secretaría permanente a la aprobación del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de la región. d) Revisar considerar y decidir sobre los informes del ICEL a ser presentados a través de la Secretaría Permanente al Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de la región. e) Autorizar al Director Ejecutivo para suscribir convenios, acuerdos, contratos u otros instrumentos de cooperación técnica y financiera con organismos multilaterales, bilaterales y privados, que estime conveniente para los fines del ICEL. f) Evaluar la gestión del Director Ejecutivo para analizar si está orientada a lograr el cumplimiento de los objetivos generales y específicos del ICEL. g) Prorrogar o remover en su cargo al Director Ejecutivo, de acuerdo con el Acta Constitutiva. CAPÍTULO III. DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ARTÍCULO 13. La Dirección Ejecutiva es la instancia encargada de ejecutar las políticas, programas, estrategias y métodos de trabajo en las áreas técnicas y administrativas del ICEL y estará a cargo de un Director. ARTÍCULO 14. El Director Ejecutivo del ICEL será nombrado por la Junta Directiva, mediante un proceso de selección entre los candidatos que presten los Poderes u Órganos Legislativos de cada país miembro. ARTÍCULO 15. Podrá ser Director del ICEL cualquier ciudadano de los países miembros, que cumpla con los siguientes requisitos: a) Estar en el goce y ejercicio de sus Derechos Civiles. b) Ser de reconocida honorabilidad. c) Ser profesional universitario. d) Poseer conocimiento y experiencia en materia legislativa. e) Tener experiencia en asuntos de gestión administrativa y preferentemente con conocimiento del idioma inglés. f) Otras que considere la Junta Directiva en el momento de proceder a seleccionarlo. ARTÍCULO 16. El Director del ICEL será nombrado en el cargo por un período de dos (2) años, y podrá ser prorrogado en el ejercicio de su cargo si la Junta Directiva así lo acuerda. ARTÍCULO 17: El Director del ICEL podrá ser removido en el ejercicio de su cargo por las razones siguientes: a) Por incumplir los lineamientos y directrices establecidas en el Acta Constitutiva del ICEL, el presente reglamento y demás instrumentos que regulen el funcionamiento del mismo. b) Por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, c) Por irregularidades comprobadas por la Junta Directiva, en la administración del ICEL. ARTÍCULO 18: Son atribuciones del Director Ejecutivo del ICEL, las siguientes: a) Elaborar los reglamentos e instrumentos que se requieran para regular el funcionamiento del ICEL, y someterlos a la aprobación de la Junta Directiva. b)Elaborar y someter a consideración de la Junta Directiva el Plan General de Desarrollo del ICEL. c) Elaborar el Anteproyecto de Presupuestos General del ICEL. d) Elaborar el Manual General de Operaciones, en Coordinación con los Jefes de las Unidades Técnicas Especializadas, quienes serán los encargados de aplicarlo. e) Administrar los recursos financieros del ICEL, a través de un sistema contable eficiente y moderno. f) Seleccionar, nombra, organizar, dirigir y supervisar al personal que labora en el ICEL, de acuerdo con el régimen laboral que se establezca y contemple el Plan General de Desarrollo. g) Designar entre el personal del ICEl a su sustituto, en caso de ausencia temporal, lo cual debe ser ratificado por el Presidente de la Junta Directiva. h) previa autorización de la Junta Directiva del ICEL, suscribir convenios, acuerdos, contratos y otros instrumentos de contratación para cooperación técnica y financiera con organismos internacionales multilaterales, bilaterales y privados de los cuales informara a la Junta Directiva y a la Secretaría Permanente del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica. i) Presentar ante la Junta Directiva informes trimestrales de actividades y el informe anual de actividades generales y financieras del ICEL, a consideración de la Junta Directiva, y a la Secretaría Permanente del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL). j) Previa autorización de la Junta Directiva del ICEL, recibir en representación del ICEL, herencias, legados y donaciones, hacer los registros correspondientes de tales bienes como parte del patrimonio institucional e informar de ello a la Junta Directiva del ICEL y a la Secretaría Permanente y, a través de esta, al Foro de Presidentes de Poderes Legislativos. CAPÍTULO IV. DE LAS UNIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS. ARTÍCULO 19. El ICEL contará al menos con las siguientes Unidades Técnicas Especializadas (UTE): a) La Unidad Técnica de Capacitación y Promoción, b) La Unidad Técnica de Estudios, Investigación y Asesoría Legislativa c) La Unidad Técnica de Documentación y Publicación d) La Unidad Técnica de Informática. ARTÍCULO 20. Cada una de las unidades técnicas contará con su propia estructura funcional a cargo de una jefatura, y con el personal necesario para la ejecución de sus funciones conforme al manual de operaciones respectivo y al presente reglamento. ARTÍCULO 21. La Unidad de Capacitación y Promoción del ICEL, es la responsable de desarrollar los programas y procesos necesarios para fortalecer la función parlamentaria, a través de la realización de eventos académicos dirigidos a legisladores y funcionarios de los Poderes Legislativos, en lo relativo a su quehacer parlamentario, asimismo para optimizar la eficiencia de los recursos humanos del ICEL y de los Centros de Estudios Legislativos de los países miembros. ARTÍCULO 22: Son funciones de la Unidad de Capacitación y Promoción: a) Diseñar y desarrollar programas de capacitación y promoción en las áreas comprendidas en el quehacer del ICEL. b) Fomentar y canalizar oportunidades de capacitación y educación en áreas afines a la función legislativa, provenientes de organismos y otras instancias regionales e internacionales. c) Promover y desarrollar eventos académicos tales como seminarios, conferencias, debates, paneles, etc. entre y con la participación de legisladores, funcionarios y personal especializado de los Poderes u Órganos Legislativos, a fin de intercambiar experiencias en las materias relativas al proceso legislativo. d) Promover la creación de unidades de capacitación y promoción de los Centros de Estudios Legislativos de las países miembros. e) Elaborar manuales de capacitación especializado en las áreas relativas a la función legislativa. ARTÍCULO 23: La Unidad de Estudios, investigación y asesoría legislativa, será la responsable de apoyar la modernización de los procesos parlamentarios y legislativos. La Unidad contará con un equipo interdisciplinario de profesionales. ARTÍCULO 24: La Unidad de Estudios, investigación y asesoría legislativa, tendrá las siguientes funciones: a) Realizar estudios, análisis e investigaciones tendientes a la homologación de las diversas leyes de los países miembros. b) Realizar estudios, análisis e investigaciones para armonizar los mecanismos y procedimientos de interpretación y aplicación de las leyes. c) Elaborar anteproyectos de ley sobre temas de especial interés, a solicitud de alguno de los países miembros o de interés para la región centroamericana. d) Realizar análisis, preparar dictámenes y remitir opiniones sobre iniciativas legislativas particulares o regionales que sobre diferentes temas soliciten los Poderes Legislativos a través de los centros de Estudios Legislativos de cada país o de sus delegados ante la Junta Directiva del ICEL. e) Brindar asesoría en torno a los proyectos, estudios, investigaciones y dictámenes solicitados por los Poderes Legislativos de los países miembros. f) Desarrollar investigaciones y análisis de Derecho comparado en temas específicos del derecho constitucional, internacional de integración, Parlamentario, así como de los marcos jurídicos que rigen los procesos de modernización y consolidación de las democracias centroamericanas, y g) Preparar estudios en el campo social, político, económico, financiero y de toda aquella área que contribuya a fundamentar la estructura de proyectos de ley. ARTÍCULO 25: La unidad de documentación y publicación es la responsable de desarrollar los procesos técnicos orientados al manejo de la información documental que sirva de soporte a la función legislativa de los Poderes Legislativos de los países miembros, como del ICEL mismo, y seleccionar la que podrá ser publicada. ARTÍCULO 26: Son funciones de la unidad de Documentación y Publicación: a) Desarrollar un Centro de Documentación especializada en temas de interés regional. b) Formular programas de catalogación de colecciones para su automatización. c) Generar índice bibliográficos automatizados de las colecciones por registrar en la base de datos bibliográficos del ICEL. d) Brindar apoyo bibliográfico a las demás Unidades Técnicas del ICEL, centros de estudios legislativos de los países miembros, Poderes Legislativos, instituciones y dependencias de los otros Poderes del Estado e) Organizar una oficina de publicaciones con su respectivo equipo de impresión, encargada de publicar los trabajos tanto a nivel de cada país como a nivel regional, que sean seleccionados por el jefe de la Unidad y aprobado por el Consejo Editorial creado para tal efecto. f) Diseñar y publicar semestralmente una revista parlamentaria centroamericana que promocione las actividades del ICEL. g) Diseñar los mecanismos para operar una red de documentación e información automatizada en las áreas, materias y temas de interés regional. h) Organizar un sistema de microfilmación para recopilar y proteger la información. ARTÍCULO 27: La Unidad de informática es la responsable de estructura y desarrollar los sistemas de informática necesarios para el manejo de información en forma automatizada en las áreas, materias y temas de interés regional, así como la creación de los mecanismos para hacerla accesible a las demás Unidades Técnicas del ICEL, Centros de Estudios Legislativos de los Países miembros y los Poderes legislativos de los mismos. ARTÍCULO 28: Son funciones de la Unidad de Informática: a) Estructurar y organizar el centro de informática del ICEL. b) Crear las bases de datos que sean necesarias en función de los objetivos y las necesidades del ICEL. c) Asesorar técnicamente para el fortalecimiento o creación de las bases de datos de los centros de Estudios Legislativos (CEL) de los Poderes Legislativos de cada país miembro. d) Desarrollar la red interna de informática del ICEL, y asesorar la estructuración o creación de estas en los centros de estudios legislativos de los países miembros. e) Diseñar y desarrollar los sistemas de interconexión necesarios entre los CEL y el ICEL, y con redes internacionales. f) Dar mantenimiento a los sistemas y equipos de informática bajo su responsabilidad, y g) Otras que surjan en el desarrollo de la Unidad. TÍTULO III. DE LA ADMINISTRACIÓN, RÉGIMEN DE PERSONAL, PRESUPUESTO Y PATRIMONIO. CAPÍTULO I. DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO 29. La Administración directa e inmediata del ICEL le corresponde al Director Ejecutivo y comprenderá aspectos estrictamente administrativos, de personal y presupuesto. CAPÍTULO II DEL PERSONAL DEL ICEL.
ARTÍCULO 30. El personal técnico y administrativo del ICEL será seleccionado y nombrado mediante el sistema de concurso por oposición entre los candidatos que aplique a los cargos según los requerimientos. ARTÍCULO 31: Podrán aplicar a los cargos del ICEL, quienes reúnan los siguientes requisitos: a) Ser ciudadano de uno de los países miembros del ICEL. b) Tener comprobada capacidad y formación profesional y técnica en el ámbito del trabajo por realizar. c) Tener experiencia mínima de dos (2) años en áreas similares o afines al cargo que aspira. d) Ser de reconocida honorabilidad. CAPÍTULO III. DEL PRESUPUESTO DEL ICEL. ARTÍCULO 32. El presupuesto del ICEl será financiado en partes iguales por los Poderes Legislativos de los países miembros, mediante cuotas de aportación que se establezcan en el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de la región centroamericana. ARTÍCULO 33. Las aportaciones que conforman el presupuesto anual del ICEL se harán efectivas en el primer trimestre de cada año, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de su Acta Constitutiva. CAPÍTULO IV. DEL PATRIMONIO DEL ICEL. ARTÍCULO 34. El Patrimonio del ICEL se conformará por: a) Las aportaciones de los Poderes u órganos legislativos de los países miembros. b) Los bienes y activos fijos, tangibles e intangibles que adquiera. c) Las herencias, legados y donaciones que se reciban. d) Por los fondos, recursos y otros bienes que provengan de la cooperación nacional e internacional. ARTÍCULO 35: Los bienes y activos que conforman el patrimonio del ICEL serán legalmente inscritos en los registros correspondientes, por el Director Ejecutivo en nombre del ICEL, en el país sede del mismo o en el país donde se encuentren dichos activos. Se notificará a la Junta Directiva. TÍTULO IV. CAPÍTULO ÚNICO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO 36. Una vez definida la naturaleza jurídica del ICEL a través de su personería, el Director Ejecutivo del mismo deberá proceder a elaborar el reglamento referente al régimen laboral y de prerrogativa de que gozarán sus funcionarios y empleados. ARTÍCULO 37: Caducado el período durante el cual el CIEL, aportará al ICEL sus instalaciones y personal se suscribirá un convenio que tendrá como finalidad que ambas instituciones desarrollen sus actividades de apoyo a los procesos legislativos en forma óptima y eficiente. ARTÍCULO 38: La presente Resolución deberá inscribirse en el Libro de Registro de sentencias del Registro de la Propiedad, conforme lo establece el artículo 2329 del Código Civil. ARTÍCULO 39. Los presentes estatutos entrarán en vigencia al ser aprobados por el Poder Ejecutivo y publicados en el Diario Oficial La Gaceta, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes; sus reformas o modificaciones se someterán al mismo procedimiento de su aprobación. NOTIFÍQUESE (F) CARLOS ROBERTO REINA, PRESIDENTE, EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA. POR LEY. (F) RENE SUAZO LAGOS.”

Notas: A continuación se formulan algunos comentarios a las obligaciones jurídicas que se desprenden de la inscripción del ICEL, con base en regulaciones para inscribir asociaciones según la Ley Hondureña. Se hace la advertencia que están fundamentados en el criterio jurídico de la asesora Lic. Maritza Bustamante. De todas maneras, en esta materia, se encuentra pendiente el estudio jurídico ordenado por la Junta Directiva a la Dra. Jacqueline Gómez, de Nicaragua.

En torno al establecimiento de FOPREL e ICEL, es necesario hacer algunas advertencias de carácter jurídico, en el entendido de que no son oficiales, por lo que representan únicamente el criterio de la Presidencia de ICEL, desde la perspectiva costarricense:

a) En estricto criterio jurídico, para que un organismo tenga la categoría de internacional, requiere pasar por un proceso que tanto FOPREL, como ICEL no han pasado.

b) No interesa aquí ahondar en los aspectos que se refieren a FOPREL, toda vez que el único instrumento jurídico que lo regula, es el Acta de Constitución, cuyo contenido no lesiona el ordenamiento constitucional.

c) En el caso específico de ICEL, el Acta de Constitución tampoco lesiona el ordenamiento constitucional.

d) Sin embargo, al establecerse ICEL como una Asociación inscrita en un solo país, con un Apoderado que es natural de ese país, sus decisiones solamente son vinculantes para los naturales de ese país.

e) En las actas de Junta Directiva, a veces se toman acuerdos que se refieren al Acta Constitutiva y en otros casos, al Reglamento Interno de la Asociación que lleva el nombre de ICEL, lo cual induce a confusión.

Por lo anterior, la Presidencia debe ser muy cuidadosa en tomar decisiones que comprometan a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, por cuanto la sujeción a disposiciones provenientes de una Asociación cuyos alcances jurídicos se limitan a uno solo de los países, acarrea consecuencias de extralimitación de atribuciones, dado que el Presidente actual es natural de otro país.
En esa tesitura, la Presidencia tomó la decisión de solicitar, al Departamento de Servicios Técnicos, el estudio de su situación como Presidente de ICEL para conocer sus alcances y atribuciones, así como las limitaciones en las cuales se mueve.
Por otra parte, en el Acta N°7 de la Junta Directiva, la Presidencia dejó constancia de la necesidad de hacer un estudio jurídico que se encargó a la Dra. Jacqueline Gómez, funcionaria legislativa de Nicaragua.
Lo conveniente sería que cada país examine la situación con respecto a su propia legislación para encontrar una fórmula que permita que sin lesiones al ordenamiento constitucional, podamos fortalecer el ICEL. En principio, la mejor salida es inscribir ICEL como organismo de integración, según aconseja el Departamento de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

24: Para facilitar la consulta de las Actas de Junta Directiva, en la Presidencia del ICEL se hizo el levantamiento de todas ellas, para mantener un registro formal de actas en la sede de la Presidencia de turno.

ANEXO 25: CARTA MODERNIZACIÓN PARLAMENTARIA IBEROAMERICANA

Los Presidentes de las Cámaras de Diputados, Cámaras de Representantes, Congresos y Asambleas Legislativas y Parlamentos Regionales de los Países Iberoamericanos, reunidos en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de Chile, entre los días 4 y 6 de septiembre de 1997, con el objeto de debatir sobre la modernización y la reforma parlamentarias, han concluido sus trabajos con la firma de la "Carta de la Modernización Parlamentaria Iberoamericana", en la que enuncian los siguientes principios fundamentales que deben orientar los procesos de modernización de los Parlamentos de la Región.

La Conferencia de Presidentes de Parlamentos Iberoamericanos, foro nacido en 1983 y recuperado recientemente tras la reunión del pasado mes de mayo en Madrid, puede y debe constituir un mecanismo de gran utilidad a la hora de impulsar la modernización parlamentaria en Iberoamérica. La Declaración Final de esa reunión supone un programa de compromisos y de proyectos concretos tendente a fomentar la cooperación parlamentaria entre los pueblos iberoamericanos.

1.- El objetivo de la modernización del Parlamento es dar profundidad y permanencia a su compromiso con los ciudadanos; sus aspiraciones e intereses, para fortalecer y dinamizar al sistema democrático.

2.- La modernización de los Parlamentos forma parte fundamental de la modernización del Estado. Los intentos para alcanzar esta última serían incompletos, apuntarían exclusivamente a la gestión, y no al sistema democrático, y generarían Estados asimétricos y probablemente más ineficientes que los anteriores.

3.- El debilitamiento de las funciones del Parlamento, entre las cuales su función de representación es fundamental, afecta el fortalecimiento del sistema democrático al deteriorar paulatinamente su relación con la ciudadanía. La representatividad del Parlamento podría ser sustituida por una función informal de enlace con el Ejecutivo, llevándolo a convertirse en una especie de lobby del Ejecutivo.

4.- El Parlamento ha de fortalecerse en su función de autodirección de la sociedad, constituyéndose como el epicentro del debate y de la integración de las diversas ideas e intereses de todos los grupos sociales y étnicos.


5.- América Latina vive profundas mutaciones en las dimensiones política, económica y social. Nuestros pueblos afrontan el reto integral de la consolidación de la democracia, la conquista de la equidad social y la construcción de mercados abiertos y competitivos, con el horizonte irrenunciable de cerrar la brecha del desarrollo. Visualizamos los Parlamentos iberoamericanos del nuevo milenio como las instituciones capaces de impulsar y dirigir estos procesos de cambio. Los Parlamentos no eliminan el conflicto, pero posibilitan su canalización civilizada a través del debate, la deliberación y construcción de consensos, procurando a la vez la estabilidad y el cambio.

EN RAZÓN DE ELLO:

Nuestra visión de un Parlamento Moderno exige decisión y constancia. Por ello, justamente, nos proponemos dar pasos prácticos y de aplicación cercana, que permitan llevar a los Parlamentos de Iberoamérica a la situación adecuada para concretar dicha visión. En ese sentido:

1.- El Parlamento debe asumir su representatividad: es decir, debe haber cercanía a las aspiraciones de la gente, pero, junto a ello, liderazgo para tomar las decisiones convenientes al interés general en las cuestiones públicas.

2.- El fortalecimiento de la representatividad y legitimidad de los Parlamentos es inseparable, en muchos casos, de la modernización y reforma de los partidos políticos y del régimen electoral. Los Parlamentos deben constituirse en la instancia impulsora de la mejora permanente del sistema electoral así como de la reflexión, debate y autorreforma de los partidos políticos. Corresponde al liderazgo parlamentario generar las condiciones de consenso necesarias para impulsar las actividades favorecedoras de estos procesos.

3.- El Parlamento debe perfeccionar, en el fondo y forma, el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, con el objeto de profundizar y extender su control de los actos del Gobierno.

4.- El Parlamento debe profundizar la transparencia y la publicidad de los debates de sus Comisiones y, en general, de las actividades que en la actualidad tienden a ser reservadas. La integración del Parlamento con la ciudadanía requiere que esta tenga un conocimiento directo del intercambio de ideas y razones que dan base a las decisiones de sus representantes. Este intercambio se da sustantivamente en las Comisiones y no en las sesiones plenarias.

Para ello, el Parlamento debe procurar una mejor comunicación entre este y sus electores. La Prensa y el propio Parlamento deben informar, por todos los medios que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos, sobre la acción diaria del legislador, su asistencia, su participación en el debate, su forma de votar; en resumen, sobre la coherencia de su acción con la ideología de su grupo o partido político, para que el elector tenga una visión real de la acción parlamentaria y una evaluación de sus representantes, en la siguiente elección, ratificándole su apoyo o buscando otras alternativas.

5.- El Parlamento debe tener un papel relevante en su función esencial de legislar. Se requiere ampliar equitativamente la iniciativa legislativa parlamentaria en la fijación de las prioridades legislativas, de acuerdo con las características institucionales de cada país.

6.- El Parlamento debe desarrollar una capacidad de asesoría política y técnica, capaz de nivelar sus potencialidades con las del Ejecutivo. Estimamos absolutamente indispensable contar con los recursos económicos, tecnológicos y humanos para un debate equilibrado y verdaderamente representativo de las diversas opiniones presentes en el Parlamento.

7.- El Parlamento debe participar especialmente, de manera crítica y constructiva, en el proceso presupuestario y económico. Ello resulta fundamental para recuperar la injerencia de los representantes de los diversos sectores de la ciudadanía en el tema fundamental de la definición de políticas públicas y de la actividad económica general. Ello involucra, asimismo, la recuperación de un elemento fundamental de la función de representación.

8.- El Parlamento debe revisar los procedimientos de legislación y toma de decisión, para lograr el equilibrio que requiere la sociedad actual entre la profundidad dela generación de consensos y la reducción de los tiempos de respuesta. Junto con un rediseño de organizaciones y procesos, es indispensable generalizar el empleo de la tecnología disponible, y capacitar a los profesionales y parlamentarios para su empleo eficaz.

9.- Deben invertirse los recursos y desarrollarse las capacidades necesarias para difundir y educar sobre las funciones, labor y trascendencia de nuestras Instituciones Parlamentarias.

a) Resultan evidentes los problemas de imagen que presentan nuestras Corporaciones.

b) Junto a ello, debe asumirse de manera activa, el hecho de que la labor parlamentaria, si no es conocida por la ciudadanía, no existe para ella. De modo que se debe "hacer" y "dar a conocer" paralelamente.

c) Debe asegurarse el derecho y la calidad de la educación cívica en todas las etapas de la enseñanza preuniversitaria. Y ella debe integrar, de manera vivida, la idea de la democracia y la función de los Parlamentos.

10. El Parlamento debe invertir en la integración de la gente a la labor parlamentaria. Ello importa que el proceso y las decisiones se vuelvan propias de los sectores sociales, y no ajenas, como ocurre en muchas ocasiones actualmente. Esta integración se facilita:
a) Estableciendo audiencias públicas previas al debate de todo proyecto de ley, en que se privilegie la participación de las organizaciones sociales en todos los niveles de la actividad nacional.

b) Empleando las tecnologías de las comunicaciones, para que las comunidades geográficamente distantes no queden marginadas del proceso de discusión pública de la ley.

c) Incorporando a los sectores más jóvenes a debates de las materias propias a sus intereses.

11.- Nos proponemos la creación del "Comité Permanente de Modernización Parlamentaria", en el marco de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Iberoamericanos. Este Comité impulsará el intercambio de información y el apoyo mutuo entre los procesos de modernización en marcha. A tal efecto, establecerá un banco de datos informatizado e interconectado sobre procesos de modernización, propondrá seminarios, encuentros y actividades de formación de interés general, apoyará la realización de estudios, informes y publicaciones sobre temas clave de la modernización parlamentaria, todo ello conforme al plan de trabajo que se establezca.

12.- Nos proponemos que la Revista Parlamentaria Iberoamericana, cuya reedición se acordó en la Reunión de Madrid, se convierta en un espacio de reflexión, debate e intercambio técnico y político que impulse y fomente los procesos de modernización parlamentaria en Iberoamérica.

13.- Nos proponemos la creación del Parlamento Juvenil Iberoamericano. Este será un aporte a la integración y vivencia de la labor parlamentaria en el mundo juvenil, donde la visión de su papel y de su sentido es más crítica. Asimismo, constituirá una contribución con sentido de futuro, al conocimiento e integración de las sociedades iberoamericanas del tercer milenio.

14.- Proponemos la creación de mecanismos de intercambio permanentes con el objeto de perfeccionar el conocimiento de la legislación doméstica de los países iberoamericanos en las materias más relevantes para los problemas de la sociedad contemporánea.

15.- Los procesos de modernización parlamentaria en Iberoamérica deben contribuir a perfeccionar la labor desarrollada por los Parlamentos regionales, en aras de solucionar los problemas de nuestras sociedades.

16.- Los Presidentes de las Cámaras de Diputados, Cámaras de Representantes, Congresos y Asambleas Legislativas de los Países Iberoamericanos, firmantes de esta Carta de la Modernización Parlamentaria Iberoamericana, se comprometen a difundir, en sus respectivos países, los principios que en ellas se formulan.


Excmo. señor Gutenberg Martínez Ocamica
Presidente Cámara de Diputados de Chile

Excmo. señor Alberto Reinaldo Pierri
Presidente Cámara de Diputados de Argentina

Excmo. señor Haráclito de Sousa Fortes
Primer Vicepresidente Cámara de Diputados de Brasil

Excmo. señor Roberto Londoño Cortés
Primer Vicepresidente Cámara de Representantes de Colombia

Excmo. señor Saúl Weisleder
Presidente Asamblea Legislativa de Costa Rica

Excmo. señor Ricardo Alarcón de Quezada
Presidente Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba

H. Diputado señor Arq. Oswaldo Riofrío Corral
Representante Presidente Congreso Nacional de Ecuador

Excmo. señor Ciro Cruz Zepeda Peña
Segundo Vicepresidente Asamblea Legislativa de El Salvador

Excmo. señor Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde
Presidente Congreso de los Diputados de España

H.Diputado señor Domingo Salvador Rodas Soto
Representante Presidenta del Congreso de la República de Guatemala

Excmo. señor Vasco Thernelan
Vicepresidente Cámara de Diputados de Haití

H.Diputado Señor Carlos Heredia
Representante Presidente de la Cámara de Diputados de México

Excmo. señor Iván Escobar Fornos
Presidente Asamblea Nacional de Nicaragua
Excmo. señor Atilio Martínez Casado
Presidente Cámara de Diputados de Paraguay
Excma.señorita Edith Mellado Céspedes
Primera Vicepresidenta Congreso de la República del Perú

Excmo señor Antonio de Almeida Santos
Presidente Asamblea de la República de Portugal

Excmo. señor Héctor Rafael Peguero Méndez
Presidente Cámara de Diputados de República Dominicana

Excmo. señor Carlos Baraibar
Presidente Cámara de Representantes de Uruguay

Excmo. señor Nelson Carrasquero
Vicepresidente Cámara de Diputados de Venezuela

Excmo. señor Senador Felipe Montilla
Vicepresidente Parlamento Andino

Excmo. señor Diputado Ernesto Lima Mena
Presidente Parlamento Centroamericano


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