ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN INTERPARLAMENTARIA CENTROAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA NARCOACTIVIDAD, ( CICONA ) CELEBRADA EN SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 27 DE FEBRERO DE 1998.
Presentes los señores diputados:
José Orlando Arévalo; René Oswaldo Rodríguez Velasco; Angel Mario Salazar Mirón; Byron Humberto Barrientos Díaz; Luis Mamilio Rodas Gamero; Alonso Valenzuela S.; Luis Urbina Noguera; Noel Delgado Cuadra; Carmen María Valverde Acosta; Franklin León Blanco.
Se abre la sesión a las nueve horas veinte minutos.
COORDINADORA GENERAL
DIP. CARMEN VALVERDE, COSTA RICA:
Muy buenos días colegas centroamericanos, es un placer para los parlamentarios de Costa Rica y los que aquí nos acompañan, inaugurar la instalación de la Comisión Centroamericana Interparlamentaria contra la Corrupción y hacerlo en este marco que en mi opinión recoge algunas de las preocupaciones que todos nosotros tenemos y es el rescatar los valores que han cimentado las sociedades centroamericanas hasta el día de hoy. Hoy nos enfrentamos con un reto importante y es el tratar de detener la corrupción y otros males que aquejan a nuestras sociedades para poder asegurarles a nuestros hijos y nietos que las sociedades que les vamos a heredar van a tener los mismos valores sobre los cuales nosotros crecimos.
El edificio donde nos encontramos, como les habrán explicado, es una réplica del antiguo Congreso que se levantaba donde hoy es el Banco Central y se ha hecho un esfuerzo acá en Pueblo Antiguo, con la cooperación de la Asamblea Legislativa para que exista esta reproducción física y creo que la instalación de la Comisión Anti-Corrupción acá es también un esfuerzo de la Asamblea Legislativa para, que no solamente sea una réplica física sino una réplica, repito de valores de actitudes, de lucha por tener siempre una sociedad plena, libre de los males que nosotros hoy vamos a tratar.
El señor Presidente de la Asamblea Legislativa, don Saúl Weisleder Weisleder me ha pedido lo excuse, ya que se le presentó un problema de última hora y no nos puede acompañar, así que además de la excusa de don Saúl y la excusa mía por la llegada tardía, sin más pasaríamos al trabajo de la comisión para lo cual yo le pediría a cada uno de los colegas diputados que haga una presentación personal comenzando como las manecillas del reloj, de El Salvador para acá:
DIP. JOSÉ ORLANDO ARÉVALO; EL SALVADOR:
Darles las disculpas que envió a esta reunión y a cada uno de ustedes nuestro expresidente de la Asamblea Legislativa, el Lic. Francisco Flores Pérez, antier fue sustituido en la Presidencia de la Asamblea y también del Lic. Rafael Machuca que entiendo eran las personas que estaban inicialmente convocadas a esta reunión.
DIP. RENÉ RODRÍGUEZ VELASCO; EL SALVADOR:
Estamos aquí para ser testigos y poder participar como representantes del pueblo de ese país y poder aprender de todos la experiencia a nivel regional, poder aportar todo lo que se encuentre necesario y estuviese a nuestro alcance para llevar adelante una reunión, que sea realmente eficiente, que sea practica.
DIP. BYRON BARRIENTOS DÍAZ; GUATEMALA:
Como miembro de la Comisión de Gobernación fui nombrado delegado para poder discutir, analizar y poder lograr definir una estrategia para el control de la corrupción y otros delitos que afectan a nuestras sociedades a nivel nacional y regional.
DIP. ANGEL MARIO SALAZAR MIRÓN; GUATEMALA:
Como delegado de la Comisión de Gobernación, la cual presido en nuestro Congreso, esperamos que de esta mesa de trabajo salgan los mejores elementos que necesitamos todos los centroamericanos para que de alguna manera los recursos sean bien utilizados en el momento en que podamos legislar para combatir la corrupción.
DIP. LUIS URBINA NOGUERA; NICARAGUA:
En primer lugar queremos agradecer en nombre de Nicaragua la acogida que nos ha brindado nuestro hermano país de Costa Rica, soy diputado a la Asamblea por nominación departamental de Nicaragua; recientemente se llevo a efecto la constitución de la Comisión Anticorrupción y se me escogió como Presidente, esperamos que esta reunión sea fructífera, logremos acuerdos positivos para combatir la corrupción y que lleve el camino hacia una integración futura para bienestar de nuestros hijos y descendientes.
DIP. NOEL DELGADO CUADRA; NICARAGUA:
Se nos ha encomendado un gran trabajo dentro del seno del parlamento, pidiéndole a Dios nos ilumine para que podamos cumplirlo, pertenezco a distintas comisiones, principalmente a la comisión anticorrupción de la cual soy el segundo secretario y también estoy en las comisiones de comunicación, energía y transporte; distribución y consumo y educación y deportes. Como dijo el doctor Urbina esperamos recibir las luces de todos los amigos centroamericanos humildemente ver que podemos aportar para que la corrupción a todos los niveles sea combatida y de ser posible erradicada.
DIP. LUIS MAMILIO RODAS; HONDURAS:
Soy miembro de la Comisión Ordinaria contra el Narcotráfico, estamos acá con todo el ánimo de colaborar en lo que este dentro de nuestras posibilidades para erradicar el narcotráfico.
DIP. ALONSO VALENZUELA; HONDURAS:
Quisiera añadir que el Ing. Rodas es el Vicepresidente del Congreso y es el Presidente de la Comisión contra el Narcotráfico de la cual soy el vicepresidente y además formo parte de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.
DIP. CARMEN VALVERDE; COSTA RICA:
Pertenezco a la Comisión de Narcotráfico y he sido nombrada por el Presidente del Congreso para formar parte de esta Comisión Interparlamentaria igual que ustedes, nos acompañan acá en la mesa don Edmundo Gerli, don Antonio Ayales y don Luis Alberto Cordero a quienes les voy a pedir que se presenten y he querido que estén acá porque son personas que han apoyado esta actividad tan importante, lo mismo que a don Róger Miranda que acompaña a la delegación de Nicaragua y les agradecemos muchísimo el apoyo que han brindado para que esta comisión, tenga una primera sesión.
LIC. DON EDMUNDO GERLI:
Soy empresario aquí en Costa Rica, soy Director Ejecutivo de Coordina que es una entidad debidamente inscrita como Asociación, con personería jurídica, que ha nacido como participación y expresión y a la disposición de la comunidad civil para complementar la labor de Gobierno en la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción, en ese sentido nos acompaña y estamos enlazados con otra asociación que se llama Rescate de Valores y en el transcurso de la tarde nosotros, gracias a la gentileza y la generosidad de doña Carmen, nos va a permitir hacerles a ustedes ciertas recomendaciones que creemos pueden servirles en base a nuestras experiencias aquí en Costa Rica.
LIC. ANTONIO AYALES, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA:
Es un gran gusto para nosotros recibirlos en esta pequeña sede de nuestro antiguo parlamento, esperamos que esta reunión sea fructífera y llene las expectativas que se han creado alrededor de este tema tan importante para nuestros países.
LIC. LUIS ALBERTO CORDERO, DIRECTOR DEL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN ELECTORAL (CAPEL):
CAPEL es el programa especializado en la promoción de derechos políticos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, dentro de nuestras actividades se ubica el programa de desarrollo legislativo y en esa condición me complace también como costarricense darles a ustedes honorables diputados la bienvenida a este país y particularmente agradecerle al señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Saúl Weisleder y a la diputada Carmen Valverde la invitación para compartir con ustedes algunas actividades y especialmente porque nos permite y nos da la oportunidad de aprender de su trabajo parlamentario.
SE. RÓGER MIRANDA GÓMEZ; NICARAGUA:
Soy el Secretario Ejecutivo del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamerica, por razón de mi función y por disposiciones del acta constitutiva corresponde al despacho a mi cargo darle seguimiento, brindar el apoyo necesario para el funcionamiento práctico de las tareas de los señores miembros de las comisiones ya creadas y quisiera subrayar la importancia que tiene este evento puesto que es la primera comisión Interparlamentaria centroamericana que se constituye en el marco del foro y que de acuerdo con la resolución que da origen, que fue aprobada por unanimidad por los presidentes, en la quinta reunión de Guatemala en noviembre. Tiene una misión muy importante demostrar que sí se puede hacer una integración legislativa, que es una asignatura pendiente de todo el proceso de integración y que los pasos que se han dado hasta este momento, como es el caso de la creación del PARLACEN simplemente no ha podido cumplir con esa misión, de modo que con parlamentarios de verdad, tiene esta encomienda, la primera oportunidad el arranque de una tarea pionera como es la constitución de este empeño de homologación y armonización de la legislación a nivel centroamericano, vía el trabajo de las comisiones.
LA COORDINADORA:
Ustedes tienen una agenda de trabajo que pasaríamos a aprobar, yo quisiera hacer una breve explicación de esa agenda de trabajo que nosotros como país anfitrión nos hemos permitido sugerir y de alguna manera también esta contenida en el programa que se les ha repartido, el tema de la corrupción es un tema como bien sabemos y hemos comentado acá bastante nuevo como presencia constante en las sociedades nuestras. Obviamente siempre ha existido ese problema pero la situación actual; tanto de las comunicaciones como del consumismo como de otra serie de factores muy importantes que desencadenan la posibilidad del desarrollo; yo diría casi desenfrenado de la corrupción, no ha sido tratado de una manera sistemática y de una manera unificada en cada uno de nuestros parlamentos y mucho menos regionalmente. Este fenómeno implica o requiere de un abordaje, de un análisis desde todos los ángulos y esa es la razón por la cual nosotros hemos propuesto una agenda de trabajo o un programa que involucra también a personas fuera de la Asamblea Legislativa, o de las asambleas legislativas. Nosotros hemos pensado de que aparte de que cada uno de los legisladores acá, que sería la actividad de la mañana, comente y diga como ve la situación desde el punto de vista general de la sociedad y desde el punto de vista de la legislación de su país, para tener nosotros una idea de como es que el tema anda en nuestros seis países. Hemos pensado que en la tarde deberíamos oír a funcionarios de instituciones que tienen que ver con el tema.
Hemos invitado al Presidente de la Sala IV, al Fiscal General de la República, a la Señora Defensora de los Habitantes, a un representante del Ministerio de Seguridad porque la señora Ministra no puede asistir, al señor Contralor General de la República, que por cierto están en este momento reunidos los contralores de todos nuestros países acá en Costa Rica también y posiblemente tendremos la visita de ellos mañana, el señor Procurador General de la República también.
Hemos pedido que vengan y nos expongan desde su punto de vista institucional el enfoque que ellos tienen sobre la corrupción y posteriormente a ese panel tendríamos otro panel con la participación del sector privado, de Coordina; aquí representado por don Edmundo de la Comisión de Rescate de Valores y por el sector privado tendríamos la participación de estas dos personas, de esa manera tendríamos como un marco general de que es lo a nivel centroamericano, desde el punto de vista de legislación que tenemos y en el nivel costarricense desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista del sector privado los que tendríamos sobre corrupción, esto para el día de hoy.
Para mañana una vez que tengamos entonces este marco, tendríamos el planteamiento de lo que sería el trabajo futuro de la Comisión, donde nos reuniríamos, con cuanta frecuencia, y cosas de esas, para ir armando entonces el encuadre de todo lo que sería este tema en cada uno de los países. Esta metodología de trabajo que les he explicado y que esta resumida en la agenda de trabajo es la que propondríamos que la comisión, si a bien lo tiene, apruebe para trabajar.
Los señores diputados que estén de acuerdo con la propuesta de agenda, se servirán manifestarlo levantado la mano. APROBADA
Vamos a dar lectura a la resolución de FROPEL que crea la Comisión Interparlamentaria contra la Corrupción que esta también en la carpeta de ustedes.
“FORO DE PRESIDENTES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE CENTROAMERICA
FROPEL
CUARTA REUNIÓN
San José, 18 de abril de 1997
RESOLUCIÓN:
Los Presidentes de los Congresos de Centroamérica, en el marco de la IV Reunión del Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL), celebrada en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 17 y 18 de abril de 1997, deseamos dejar constancia de nuestro compromiso y solidaridad con los Congresos y las Repúblicas aquí representadas, al emitir la siguiente resolución:
CONSIDERANDO
a.- Que resulta de máxima prioridad la adopción, tanto a nivel nacional como regional, de estrategias y medidas tendientes a promover la gobernabilidad democrática, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública, para evitar, controlar y reprimir la corrupción.
b.- Que es necesario fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta de los Estados y perfeccionar los mecanismos de cooperación regional, para prevenir y combatir eficazmente la corrupción en el sector público, en sus diversas manifestaciones.
RESUELVE
1.- Promover la constitución de una Comisión Interparlamentaria que analice, multidisciplinariamente, el problema de la corrupción en todas sus formas y en sus relaciones con actividades conexas del crimen organizado, y proponga a los países centroamericanos la adopción de una estrategia regional conjunta, tendiente a brindar una solución integral a esta problemática.
2.- Recomendar que la Comisión Interparlamentaria mencionada, se aboque:
a) Revisar y proponer las reformas pertinentes en el ordenamiento legal vigente, tanto de fondo como de forma, que faciliten el control, la investigación, el procesamiento y la sanción de todas las prácticas corruptas.
b) Que propiciar la modernización de la administración pública, mediante la introducción de procedimientos adecuados y transparentes de gestión, la eliminación de procedimientos engorrosos y la adopción de acciones y medidas de orden disciplinario con canales eficientes para presentar y tramitar las denuncias.
c) Que incluir propuestas de disposiciones legislativas que permitan la confiscación de fondos y bienes obtenidos mediante prácticas corruptas.
d) Que promover la reforma del sistema educativo a fin de que se incorpore en el curriculum estudiantil, en todos sus niveles, el respeto a los valores éticos.
e) Que reforzar las instituciones encargadas de combatir los actos corruptos.
f) Que promover organización y el fortalecimiento de la sociedad civil con el objeto de que ésta participe activamente en la prevención y el combate de la corrupción.
g) Exhortar a los organismos regionales e internacionales especializados, lo mismo que a los países donantes, para que apoyen, técnica y económicamente, el trabajo de la Comisión Interparlamentaria.
Dr. Walter Coto Molina Dr. Julio A. Gamero Quintanilla
Presidente de la Asamblea Legislativa de Vicepresidente de la Asamblea
Costa Rica Legislativa de El Salvador
Dr. Rafael E. Barrios Flores Lic. Jorge Arturo Reina
Primer Vicepresidente del Congreso Vicepresidente del Congreso
de la República de Guatemala Nacional de Honduras
Dr. Iván Escobar Formos H. L. Haydeé Milanés de Lay
Presidente de la Asamblea Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional de Nicaragua Legislativa de Panamá”
Creo que para el funcionamiento de la comisión es necesario elegir un Presidente y un Secretario que funjan por un tiempo determinado y ese sería el punto 4, al que pasamos y escuchamos a los señores diputados.
DIP. LUIS URBINA NOGUERA:
Antes de proceder a esa elección sería conveniente y oportuno leer un documento suscrito por el Dr. Róger Miranda Gómez, que se refiere a la cuestión esta de las comisiones, para ilustración nuestra y para que procedamos de acuerdo con esa opinión, dice; en primer lugar diremos que a diferencia del PARLACEN que nace por incitativa de los gobiernos mediante un tratado que le asigna de manera surrealista nombre de parlamento pero despojado de capacidad para legislar el FOPREL nace por iniciativa de los propios presidentes de congresos y asambleas legislativas de los países centroamericanos mediante un acuerdo que se plasma en el acta constitutiva que le da origen.
A nuestro modo ver, tres datos merecen destacarse en este mecanismo ideado por los señores presidentes legislativos, en primer lugar que consignan sin ambages tener como una de sus tareas fundamentales la homologación de las leyes y la armonización de sus mecanismos de aplicación para impulsar el desarrollo y consolidación del estado de derecho en toda la región.
En segundo lugar que para lograr este objetivo se proponen acelerar la creación de un mecanismo ágil, eficiente y moderno de integración legislativa, y en tercer lugar que en vez de recurrir a nuevas como costosas burocracias, se han propuesto sustentar este esfuerzo integrador mediante la articulación de la capacidad legislativa instalada por así decirlo en todas y cada una de las parcelas que configuran la centroamericanidad y, como se propone el FOPREL ejecutar en la práctica esta meta de homologación de las leyes a nivel centroamericano, la respuesta es mediante las comisiones interparlamentarias centroamericanas que contempla el acta constitutiva y que conforme el acuerdo de las reformas adoptado en la quinta reunión de FOPREL en octubre recién pasado, pone a funcionar nuevamente el principio de agilidad y flexibilidad que sustenta su acta constitutiva. Dada la importancia del papel que este mecanismo esta llamado a cumplir y lo reciente de esta iniciativa, ejemplo de visión y coraje político, citaré textualmente considerandos y artículos más relevantes del acuerdo firmado por los señores presidentes:
“Teniendo presente que entre las tareas fundamentales que deberá abordar este organismo, destaca con importancia de primer orden la homologación de las leyes y la armonización de sus mecanismos de aplicación para impulsar el desarrollo, consolidación del estado de derecho en la región centroamericana. // Convencidos de que ante los desafíos planteados por el proceso de globalización se torna una exigencia fortalecer la identidad nacional y centroamericana acelerando la creación de un mecanismo ágil, eficiente y moderno de integración legislativa // Teniendo la firme convicción de que es necesario reforzar los mecanismos prácticos y funcionales que impulsen el proceso de integración legislativa del istmo centroamericano, basado en los principios y normas de nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, políticos nacionales sobre la materia; las declaraciones y acuerdos tomados en las reuniones de este foro. Se establecen las comisiones interparlamentarias centroamericanas como mecanismos para promover en forma práctica el proceso de integración legislativa con el fin de armonizar y complementar el ordenamiento jurídico interno de los estados de los países suscriptores de la presente acta constitutiva y los que en el futuro de adhieran//
Cada Comisión Interparlamentaria centroamericana se integrará con un miembro titular y un suplente que forme parte de la comisión permanente o especial homologa establecida por cada parlamento nacional miembro, sin embargo de no contar con tal comisión queda a discreción del presidente de cada Poder Legislativo nombrar a sus delegados correspondientes // El proceso homologador de las leyes se llevará a cabo mediante la elaboración de acuerdos marcos, cuya parte normativa específica deberá combinar generalidad y flexibilidad que permita efectuar ajustes en caso de situaciones peculiares propias de cada país miembro// Los anteproyectos de acuerdos marcos elaborados por las respectivas comisiones centroamericanas serán remitidos a las juntas directivas de los poderes legislativos de los países miembros para que si lo consideran conveniente sea tramitado con apego a su propio procedimiento para la formulación de la Ley, sin perjuicio del apoyo que como entidad facilitadora pueda brindarle a la secretaría permanente// Cada Comisión Interparlamentaria Centroamericana para su funcionamiento gestionará sus fondos de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la presente acta constitutiva// Instruir al Secretario Ejecutivo, efectuar las diligencias necesarias de coordinación entre los miembros de cada país que integren las comisiones interparlamentarias centroamericanas, así como brindarle el apoyo necesario para concretar esta iniciativa.// Las presentes reformas entran en vigencia a partir de la firma de este acuerdo sin perjuicios de que según el caso se anexen o inserten posteriormente su texto de acta constitutiva original.”
Muchos gracias, ahora ya sabemos para que es que existen estas comisiones y en la forma en que se deben de regir.
LA COORDINADORA:
Pasaríamos entonces al nombramiento de un presidente y un secretario para la comisión.
DIP. NOEL DELGADO CUADRA:
En realidad si los representantes lo consideramos conveniente esta Comisión Interparlamentaria Centroamericana debe estar organizada tal como esta organizada la Comisión a nivel de cada uno de los países, es decir que haya el número de miembros; desconozco cuantos miembros tiene en El Salvador, Guatemala, Honduras; en Nicaragua la Junta Directiva de la Comisión esta integrada por cinco miembros, lo que facilita el trabajo y al mismo tiempo contribuye a obtener mayores luces de parte de los miembros que la integran; en este caso la Junta Directiva; pienso que debe estar integrada por un representante de todos y cada uno de los países que están en este encuentro, independientemente de a quién le va a tocar la presidencia o la secretaría; eso estaría de acuerdo a las ponencias que vamos a tener aquí, cual sería la sede, quién será el presidente; si es necesario un secretario ejecutivo; que sea la persona que va a actuar de acuerdo a los lineamientos y los mandatos de los representantes de cada uno de los países. Los asesores, es decir que nuestros asesores de Comisión en Nicaragua, los asesores de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, Panamá y demás; puedan tener un intercambio de ideas, conocimientos y pretensiones para lograr combatir la corrupción no solamente el narcotráfico sino a todos los distintos niveles que están socavando las estructuras democráticas de nuestros países y que al mismo tiempo están terminando con el futuro de nuestra juventud, por consiguiente si estamos de acuerdo, presidente Urbina; que Nicaragua proponga que tengamos seis miembros; para que estemos integrados los seis países.
DIP. ALONSO VALENZUELA:
Quisiera saber como es exactamente que la van a manejar y luego en el resto de los países nos podríamos organizar, como una Comisión separada o como una Comisión integrada en la misma de la narcoactividad.
LA COORDINADORA:
La Comisión Interparlamentaria contra la Corrupción creo que no calza como la realidad de cada una de nuestros parlamentos; la decisión de los señores presidentes de crear una Comisión Interparlamentaria contra la Corrupción responde a una preocupación de cada una de nuestras sociedades, no solo de nuestros parlamentos; pero la realidad de cada uno de nuestros congresos es diferente.
En el caso de Costa Rica por ejemplo, nosotros tenemos una Comisión creada muy recientemente; contra el narcotráfico, no tenemos una comisión contra la corrupción; normalmente en cada uno de los temas que tienen que ver con corrupción se trata en las comisiones específicas, por ejemplo; conductas delictivas que deben obviamente estar contempladas en el Código Penal se tratan en Jurídicos o en una Comisión que hay en este momento especial para reformas penales, hemos trabajado también el tema de la corrupción en una comisión especial creada para analizar las Reformas Financieras; puesto que el lavado de dólares y también la legitimación de capital; no solamente provenientes del lavado; tiene que ver con las reformas financieras, en sí cada uno de los aspectos que tienen que ver con corrupción se ha trabajado de esa manera.
Voy a permitirme hacer una observación a la propuesta que presenta el compañero Delgado, somos seis países y sí nombramos una junta directiva de seis; tendríamos que reunir la Comisión cada vez que la Junta Directiva se va a reunir; Costa Rica ha propuesto un Presidente y un Secretario esa es la estructura que nosotros tenemos de la Comisión, de la estructura de nuestras comisiones; y nos parece que es muy ágil; obviamente se entiende que en la comisión en pleno tienen iguales facultades y poderes todos los delegados para opinar, proponer, y demás, pero como impulsador del trabajo de la Comisión; quién le de seguimiento, cuando nos vamos a reunir, convocar, organizar, creo que para este tipo de cosas debe haber una presidencia y una secretaría que agilice, sino tendríamos para reunir la junta directiva o para que la junta directiva tome decisiones, tendríamos que reunir a la comisión completa.
DIP. ALONSO VALENZUELA:
¿Puede la representación de Costa Rica, por ejemplo, integrar la comisión si no tiene una facultad?; el Presidente de la Asamblea, no ha integrado la Comisión y de repente aparece que aquí se nombra gente sin haberla constituido el Parlamento de Costa Rica, en el caso nuestro esto es igual. No sé compañeros, sí podemos formar parte de una comisión que todavía no esta legalmente institucionalizada, aunque como bien dice el documento, en las reuniones de los presidentes dijeron que cuando no exista la comisión el presidente legislativo puede nombrar un propietario y un suplente que hagan las veces de la comisión.
LA COORDINADORA:
Así es, en el caso nuestro el Presidente ha delegado en nosotros, somos representantes del Presidente en esta Comisión.
SR. ROGER MIRANDA GÓMEZ:
El trabajo de organizar las comisiones es prioritario, entonces convinimos en la reunión con los delegados de los presidentes asesores en Belice, hace diez días, que se asignara como tarea prioritaria, la creación no solamente de las comisiones articulándose a nivel regional, sino también de crear una sede y que cada país o cada parlamento nacional apadrine o auspicie el funcionamiento de una secretaría ejecutiva para darle seguimiento al trabajo de los diputados compuesta también por asesores, de modo que después de discutir la forma conveniente siempre siguiendo el principio de la economía es que se convino proponer este programa de trabajo para el 98, este es un primer borrador que lo van a conocer los presidentes en Managua la próxima semana y en vez de crear tantas comisiones como hay en cada país, porque se haría una tremenda red imposible de manejar eficientemente y además muy costosa se convino más bien en reducir o en integrar en cada Comisión varios temas.
Así que la primer propuesta es la Comisión de Anticorrupción de Narcoactividad, es decir un poco siguiendo esta flexibilidad para que los comisionados conozcan según el tema que se vaya a analizar.
La segunda propuesta sería la Comisión de Asuntos Internacionales y Económicos y de Integración Centroamericana; esos tres temas.
La tercera, sería la Comisión de Educación y Salud.
La cuarta, sería la Comisión de Ambiente y Desarrollo.
La quinta, sería la Comisión de Modernización; eso es lo que se convino por consenso en esta discusión de los asesores para someter a los presidentes esa propuesta de plan de trabajo de este año; asimismo ya de que vamos para marzo y como ya lo de la comisión de anticorrupción específicamente y aprobada en Guatemala, es que se convino de una vez comenzar con Guatemala y la propuesta era también pedirle a Costa Rica de que apadrinara o que le diera sustento base para que funcionara de manera operativa con un secretariado y luego a cada otro país también que se haga cargo de otra comisión con este mismo mandato.
DIP. JOSÉ ORLANDO AREVALO:
Nosotros estamos en las mismas condiciones que Costa Rica, no tenemos Comisión Anticorrupción ni Antinarcotráfico, hay iniciativas, hay mociones de que se constituyan pero hasta este momento todavía no se han logrado los consensos para constituirlas y los diputados que estamos acá básicamente asistiendo a esta reunión, tenemos entendido que asistiría el Presidente y el Vicepresidente de la Asamblea, que en esa ocasión no pudieron viajar y nos delegaron a los dos representantes que estamos aquí; su servidor, junto con el Doctor René Rodríguez.
Nosotros pensamos que el tema ya está iniciado, impulsado por la Reunión de Presidentes y nos parece que debemos darle seguimiento a este punto en los Congresos y las Asambleas, porque el tema es interesante; además es preocupante para cada uno de los países y hay que iniciar con algo firme, algo que afronte lo más seriamente posible el combate a la corrupción, a la impunidad y al crimen organizado, pues cada uno de nuestros países a lo mejor en unos casos más que otros, pero es un problema de carácter regional, así es que su servidor; por ejemplo integra la Comisión de Economía y Agricultura y la Comisión de Trabajo en la Asamblea nuestra.
LA COORDINADORA:
Pero esta claro que no necesariamente tiene que haber una Comisión determinada para que los miembros formen parte de una Comisión Interparlamentaria de acuerdo con lo establecido por FOPREL de manera que estamos aquí por delegación de nuestros presidentes.
DIP. NOEL DELGADO CUADRA:
Muchas gracias, permítaseme por favor después de haber escuchado a El Salvador, Honduras y Costa Rica; la situación es harto diferente y por consiguiente y luego de escuchar los aportes de todos los parlamentarios centroamericanos no solamente quiero deponer mi posición de los cinco miembros que serían como el caso de Nicaragua y viendo el enorme esfuerzo de nuestros anfitriones y en especial de doña Carmen; quiero retirar mi posición de los cinco miembros y no solamente si los diputados centroamericanos consideran conveniente desde ya quiero proponerla para Presidenta para esta Comisión a usted.
LA COORDINADORA:
Muchas gracias, señor Delgado yo creo que la designación de la Presidencia y la Secretaría más que sobre una persona recaería sobre un país, yo les agradezco la designación y la aceptaría en nombre de Costa Rica porque me parece que Costa Rica ha hecho un esfuerzo grande porque esta Comisión arranque para ponerlo en esos términos y me parece que llevamos ya un trabajo adelantado, lo acepto no personalmente sino en nombre del país esta designación y creo que tendríamos que votar esta designación y sugeriría un voto por país, porque estamos acá un propietario y un suplente.
DIP. BYRON BARRIENTOS DÍAZ:
Muchas gracias, en Guatemala la Comisión de Gobernación que es la que en el Congreso de la República tiene que analizar, dictaminar respecto a todas las leyes que tienen relación con el Ministerio de Gobernación o del Interior en la que va el asunto del narcotráfico, todo lo que tiene que ver con seguridad civil esta firmemente convencida de que los esfuerzos que se están llevando a cabo a nivel regional tienen que fortalecerse y por eso nuestro presidente del organismo legislativo delegó al presidente de la Comisión de Gobernación el Lic. Angel Mario Salazar y a un servidor y hemos platicado y consideramos que es viable y apoyamos la propuesta del compañero diputado de Nicaragua para que Costa Rica presida la Comisión.
LA COORDINADORA:
Alguna otra propuesta de los señores diputados. Pasaríamos entonces a votar por la Presidencia de la Comisión, la única propuesta es para Costa Rica. Los señores diputados que estén de acuerdo con la propuesta, uno por país; se servirán manifestarlo levantando la mano.
APROBADO.
Requerimos nombrar también la Secretaría de la Comisión, escucho propuestas de parte de los señores diputados.
DIP. RENE RODRÍGUEZ VELASCO:
Nosotros conociendo también el trabajo que han hecho nuestros hermanos, colegas diputados de Nicaragua, propondríamos al Doctor Luis Urbina Noguera, para la Secretaría.
LA PRESIDENTA:
La propuesta de los diputados de El Salvador es para que la Secretaría la ocupe Nicaragua en la persona del Diputado Urbina. Alguna otra observación, alguna otra propuesta. Pasaríamos entonces a votar la Secretaría de la Comisión, la propuesta única que hay es para Nicaragua.
Los señores diputados que estén de acuerdo con que Nicaragua ocupe la Secretaría de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la Corrupción se sirvan levantar la mano.
APROBADO.
DIP. ALONSO VALENZUELA:
Antes de seguir con el temario, talvez sería conveniente recomendar al regresar a nuestras respectivas Asambleas que ya que la creación de la Comisión Interparlamentaria de la Corrupción o contra la corrupción vino de una iniciativa de los Presidentes; asegurarse que en cada Asamblea se nombre la Comisión para que no tengamos el caso de ahora que vinimos como una delegación y de repente en otra reunión puedan venir otros, sino que ya quede nombrada en cada Parlamento una comisión que puede ser única o puede ser integrada con otras corresponsabilidades como narcotráfico, en el caso de El Salvador como él decía en la Comisión de Gobernación se incluyen varias responsabilidades; pero asegurarse que el tema de corrupción este incluido realmente en una de las Comisiones y que este nombrada la gente en alguna forma permanente para que si quieren reunirse o conectarse con Honduras; bueno vamos a ser nosotros o van a ser otras personas que nombre el Presidente para la siguiente reunión, entonces sería conveniente y creo que así lo haremos nosotros al regresar; le recomendaremos al Señor Presidente que incluya la Comisión de la Corrupción ya que es un mandato de ellos mismos de época anterior y que se integre separada o integrada donde más convenga, pero que se mencione claramente que el tema también es corrupción.
LA PRESIDENTA:
A mí me parece muy atinada la observación del Diputado Valenzuela, pero más que se cree la Comisión Anticorrupción, me parece importante que las personas que asistan, que conformen esta Comisión Interparlamentaria sean permanentes dentro de lo posible, es decir como bien señala él que no vayamos a una reunión unas personas y a la siguiente diferentes; sino que independientemente de que exista o no la Comisión en cada uno de nuestros Congresos si se hace por delegación; como el caso de Costa Rica; esa delegación sea por el tiempo que el diputado ocupa el cargo, por lo menos para que haya esa continuidad; si me parece muy acertado y hasta donde yo entendería así el espíritu de los señores Presidentes pero vale la pena la recomendación dadas las experiencias de otros Parlamentos en el Continente.
DIP. RENÉ RODRÍGUEZ VELASCO:
Si, nosotros también respaldamos la propuesta que ha hecho la hermana República de Honduras y vamos a hablar con nuestro Presidente de la Asamblea Legislativa para que defina él, ya que en el seno de la Asamblea Legislativa hay mociones, puede haber intereses, pero también estamos en un año preelectoral en nuestro país y difícilmente vería yo que el auge de esta Comisión, para integrarla como está en otros países; muy bien organizada en Comisiones especiales o Comisiones que ya trabajan en este tema; en nuestro país se tendría que hacer un abordaje serio en el tiempo adecuado y llevaríamos nosotros esa ponencia a nuestra Presidencia y El Salvador esta disponible para seguir contribuyendo con esta Comisión, que creemos que tanto los objetivos de los que la iniciaron como los que le están dando seguimiento y los que podríamos estar en un futuro en ella misma, obedece a algo necesario y muy necesario para nuestros países.
DIP. ANGEL MARIO SALAZAR MIRÓN:
Nosotros pues en la cuarta reunión del Foro de Presidentes que participó el Doctor Barrios Flores como Primer Vicepresidente del Congreso y que ahora es el Presidente del Congreso de Guatemala delegó en nosotros dos la representación oficial y permanente para asistir a este foro y como decía Carmencita, tenemos la esperanza de que por lo menos en este período que estamos ejerciendo la Presidencia y miembros de la Comisión de Gobernación podamos estar permanentemente asistiendo, sin embargo también quiero manifestar que nosotros dentro del Congreso siempre hemos sido respetuosos de que las personas que inician un trabajo le den seguimiento, aunque después no pertenezcan a la Comisión tal, por el fin tal de que ese seguimiento llegue a culminar en algo positivo para lo cual se esta trabajando; entonces concluyendo nosotros quedamos oficialmente nombrados titular y suplente para este foro.
EL SECRETARIO:
Quisiera agradecer en nombre de mí país la muestra de confianza al designarle la Secretaría y quisiera ver si es posible que la moción extraoficial que hizo el Doctor Róger Miranda, no solo incluya como anticorrupción la comisión como esta programada en la agenda, sino también que se incluya también el narcotráfico ya que es una materia que abarca también la cuestión, o que por lo menos se mencione de que debería de tomarse en cuenta, es una sugerencia nada más.
LA PRESIDENTA:
Don Róger el nombre original de la Comisión es Corrupción y Narcoactividad o el que presentó el Foro de Presidentes es Corrupción nada más.
SR. ROGER MIRANDA GÓMEZ:
Lo que ocurre es que en la sexta reunión del foro que va a ser en Managua, a los presidentes se les somete en base a la resolución previa de Guatemala que crea, que institucionaliza estas comisiones de que sea prioritario en este plan de trabajo la organización, la integración de las comisiones; entonces luego de una discusión amplia entre los asesores llegamos al consenso de proponerles; en todo caso esto queda en manos de los presidentes; de que en vez de hacer muchas comisiones por economía se integren los temas en pocas comisiones, de manera que sea más ágil el trabajo y cuando se estime oportuno proponer en común un proyecto marco de legislación, una vez que sea sobre narcotráfico, una vez que sea sobre corrupción, etc., los propios delegados no tengan que reunirse comisiones por aparte sino la misma Comisión; pero esto en todo caso excepto en este caso que ya esta aprobada la constitución será sometida como parte de la agenda de los presidentes para que ellos aprueben si se hace en esa forma o de otra manera que ellos estimen conveniente.
LA PRESIDENTA:
Si pero el nombre oficial que le dio FOPREL a esta Comisión es Anticorrupción nada más, porque en ese sentido, compañero Urbina a mí me parecería prudente que esta comisión sugiera al Foro de Presidentes que se reúne la semana entrante si los compañeros están de acuerdo, ampliar el nombre porque nosotros creo que no lo podríamos hacer. Les parece que hagamos una instancia entonces a los presidentes para que el nombre sea ampliado de esa manera. Están de acuerdo los señores diputados con la propuesta del señor Secretario, entonces elevaríamos esa sugerencia al Foro de Presidentes.
Vamos a hacer un receso y después continuamos con el punto quinto.
Se procede de conformidad.
Se reanuda la sesión.
SEGUNDA PARTE
Vamos a entrar al punto quinto, que serían las exposiciones de los delegados de los diferentes países en cuanto a la situación de su país en relación con el tema, tenemos la participación de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica en primera instancia y después, Honduras, El Salvador y Panamá. Esto es solamente una sugerencia y si bien la agenda fue aprobada, creo que puede ser flexible el orden de las exposiciones de manera que si Guatemala, Nicaragua, Honduras o El Salvador quieren exponer en primer lugar no habría ninguna objeción, si Guatemala quiere arrancar.
DIP. BYRON BARRIENTOS DÍAZ:
Nada más para tener una norma, de cuanto tiempo se dispone para la exposición, para que nos se vayan a hacer discursos muy largos.
LA PRESIDENTA:
Yo pienso que diez - quince minutos como máximo por cada país.
DIP. ANGEL MARIO SALAZAR MIRÓN:
Muchas gracias, nosotros sin que esto sea una excusa si quisiéramos manifestarles que nuestro nombramiento fue tan apresurado y el trabajo legislativo que por cierto ya casi no veníamos ayer, no fue posible enfocarnos y documentarnos más a profundidad en lo que quisiéramos exponerles pero yo creo que esta es una primera reunión y vamos a tratar de hablar en forma general sobre el tema de la corrupción.
De hecho en Guatemala sentimos que hemos perdido los valores éticos y morales y que eso ha conllevado a que la corrupción se haya enraizado durante muchisimos años, el compañero diputado de la oposición no me dejara mentir, muchisimos años atrás nosotros sufrimos eso, no voy a mencionar nombres porque no es el caso; pero es doloroso saber que cuando se llega a gobernar en las mismas personas que llegan al ejercicio del poder; va inmerso en alguno de los principios morales de sacar adelante su país; pero muchos de ellos llevan como fin último lograr beneficios personales, creo que eso en nuestro país ha sido grave y en este gobierno nosotros hemos tratado por todos los medios de erradicar la corrupción cosa que no es fácil después de diez - quince años que hemos sufrido ese flagelo pero que creemos que tenemos la capacidad y los principios morales y podemos lograr mucho en beneficio de Guatemala, y como decía Carmencita, sino heredarle a nuestros hijos y nietos un mejor país.
De tal suerte que en la legislación guatemalteca, nosotros contamos ahorita con una ley de probidad precisamente para que de alguna manera se pueda tener control sobre los funcionarios y empleados públicos que manejan fondos para que se sancionen si ellos han incurrido en algún ilícito en el manejo de sus fondos, una ley vigente que no quisiera entrar a conocer porque no es el momento, es una ley un poquito extensa y además tenemos también en nuestro ordenamiento penal el delito de cohecho activo y cohecho pasivo que seguramente lo tendrán los demás países centroamericanos, que de hecho en el ejercicio de quince años que tengo en la función jamás he visto una sentencia por delito de cohecho activo ni pasivo, lo que quiere decir que no son efectivas las normas legales que existen, por lo menos en Guatemala, para aplicación del cohecho activo y pasivo.
Me parece que uno de los grandes problemas en la corrupción data de los empleados menores hacia abajo, es donde es muy fácil comprar voluntades y no perseguir el fin que nosotros pretendemos, el recaudar la mayor parte de recursos para hacer la obra que el país necesita y aunado a eso tenemos el narcotráfico que ha llegado también por otro lado a desbalancear la economía de los países y de ahí creo que todos los centroamericanos estamos en esto y es una preocupación grande y de hecho nosotros estamos trabajando con eso el Lic. Valdés creo que vamos adelantados ya en un convenio centroamericano que Guatemala esta ya próximo a ratificarlo, solo esperamos hacer las consultas con la banca porque se toca el lavado de dólares y de alguna manera hay sanciones y obligaciones para la banca y como es un ente que hay que tocarlo con mucho cuidado, creemos que las consultas que esta haciendo el Gobierno son pertinentes para que el Congreso la apruebe en su oportunidad. Yo no quisiera entrar más en detalles en aras del tiempo y talvez cederle parte de mi tiempo al diputado Byron Barrientos para que el complementara parte de mi exposición.
DIP. BYRON BARRIENTOS DÍAZ:
Muchas gracias, como decía Angel Mario, nuestra misma Constitución ordena al Congreso de la República de Guatemala a ser el ente fiscalizador por excelencia de todas las acciones y manejos del Estado y yo participé en la modernización de la Ley de Probidad y creemos que todavía nos quedo un poco corta la misma, se están analizando a nivel de comisiones del Congreso que mecanismos se pueden seguir dando porque cada vez que se hace una Ley no escapa al conocimiento de todos nosotros, siempre hay alguna mente que esta pensando como violentarla, como evadirla y entonces hemos creído que la Ley de por sí no debe de ser estática, tiene que mantenerse en un proceso constante de revisión y consideramos que definitivamente uno de los pasos para evitar la corrupción en los organismos del Estado es que todos debemos de entregar cuentas, porque podemos decir que somos honrados, que somos honestos; si no le estamos entregando cuentas a nadie y esa es una de las preocupaciones en el Congreso para exigir de que quien llegue a ocupar un puesto público es un servidor del Estado y no un rey como se acostumbra, los empleados públicos se olvidan que quien les paga es el pueblo y no solamente atienden mal al pueblo sino que se quedan con los bienes del pueblo.
Por otro lado también ha sido preocupación la revisión de la Ley de Narcoactividad, ley que fue aprobada en 1992 y en este campo si los recursos técnicos y todas las argucias que utilizan los narcotraficantes obligan a estar en constante revisión de la Ley, principalmente en cuanto a los procedimientos de investigación, en cuanto al secuestro y embargo de los bienes, en cuanto a la protección de testigos y el valor probatorio; así mismo tenemos en estudio una iniciativa de Ley, entró el año pasado a análisis que es ley contra el lavado de dinero, proveniente del narcotráfico y como decía el compañero Angel Mario se tocan distintas instituciones a las que hay que pedirles su opinión, por ejemplo la banca que no se puede entrar a confiscar un bien si no se comprobó fehacientemente que hubo dolo en la aceptación de una cuenta, por ejemplo; entonces de esa manera hemos sido muy cautos y consideramos que este problema efectivamente no solo de un país de la región sino que es a todo nivel, los últimos golpes que se le han dado al narcotráfico aquí en Costa Rica, en Nicaragua han demostrado de que la actividad se mantiene, hemos tenido en Guatemala algunos agentes de la misma autoridad que han estado involucrados y que han sido detenidos y puestos a disposición de los tribunales y eso nos da una idea de que el narcotráfico, la narcoactividad tiene que ver con la corrupción porque es uno de los puntos más sensibles por las cantidades millonarias de dólares que manejan, no de nuestra moneda nacional indistintamente, sino que estamos hablando de cantidades fuertes que podrían comprar a cualquier servidor público, por lo tanto los esfuerzos en nuestro país se están haciendo y esperamos lograr crear un ente de esta instancia que logre erradicar en el mayor porcentaje posible, porque es difícil decir totalmente, pero si erradicar en un gran porcentaje estos actos .
EL SECRETARIO:
Es innegable que el problema de la corrupción es mundial, hace unos veinte años no teníamos este problema tan grave. Yo me acuerdo que cuando estaba joven el asunto de la honradez era un orgullo para la familia y cuando se comprobaba la delincuencia por cuestión de defraudación, robo, el individuo que cometía ese delito se aislaba totalmente y tenía vergüenza, no se presentaba ante la sociedad; de veinte años para acá esos valores se han perdido; ahora sucede lo contrario, antes eran contadas con los dedos de la mano las personas que cometían algún delito de robo sobre los bienes ajenos, ahora casi es un orgullo abusar de ellos; es decir se han perdido los valores éticos y morales; parte de esa influencia debe comenzar desde el hogar para tratar de organizar la cuestión y revalorizar y reestructurar y reponer esos valores que se han ido perdiendo y nada mejor digo yo que comenzar por la familia, antes había un respeto a la autoridad paterna, a la autoridad materna; ahora sucede lo contrario son los hijos los que mandan; porque es que se ha perdido este respeto, tenemos que investigar y profundizar este problema.
Luego en las escuelas antes había clases de ética, de moral, de estatus social, de civismo; ahora en la mayor parte de escuelas de mi país, en Nicaragua han desaparecido esas asignaturas; una que otra, creo que por ahí se debe tratar de combatir inicialmente el problema, además después la manera de combatirlo crear leyes que impidan que sancionen y que castiguen esos delitos, pero no que se hagan leyes que se hagan, se publiquen y no se cumplan, que se desobedezcan; porque eso sucede en la mayor parte de los países; nosotros tenemos algunos problemas en cuestiones de esas leyes para combatir esa corrupción.
Nuestra legislación penal data de principios de siglo y está ahorita el propósito y la intención de modernizar esas leyes, incluir los delitos nuevos que han aparecido de narcotráfico, corrupción, lavado de dinero y también otro delito que yo no he oído mencionar aquí que también es un problema gravísimo, como es el tráfico de vehículos robados de un país para otro y estamos precisamente haciendo estudios y preparando proyectos para combatir esos vicios. Creo que la manera de combatir es precisamente como lo estamos haciendo en la actualidad, armonizar las leyes de manera que exista facilidad para perseguir a los autores de esos delitos, aún cuando lleguen a refugiarse a otro país de la región y que haya facilidad también de embargarle y retenerle los dineros producto de esos delitos, ahorita no hay facilidad para eso.
En nuestra legislación hay en la Asamblea tenemos creadas unas Comisiones que son de carácter permanente y otras transitorias, entre las permanentes esta la antidrogas, y la anticorrupción que se creo como materia especial de carácter transitorio y esa fue precisamente la que se organizó como indiqué anteriormente, en la semana recién pasada.
Creo que el camino se hace andando, nosotros lo estamos iniciando y creo que con buen pie, la iniciación de esta homologación de las leyes y armonización de los procedimientos para facilitar la sanción, el cumplimiento y la recuperación de los bienes hurtados y como indiqué al principio, establecer nuevos principios, éticos, morales, desde la célula de las familia como tal, el matrimonio y los hijos y también en las escuelas y así tratar de que las leyes no sólo se hagan, sino que se cumplan y se ejecuten.
Otro problema que veo es el aspecto de los Tribunales que juzgan estos delitos. En Nicaragua tenemos el Tribunal de Jurado, del cual no soy partidario, por lo menos para esta clase de delitos, porque estos delitos deberían de ser juzgados por Tribunales de Derechos, porque la cuestión de juzgados se presta para que la influencia del dinero, valga más que el amor a la justicia.
Creo que debemos de tomar en cuenta todos estos elementos para tratar de hacer una legislación común para los países centroamericanos, aunque adaptada a cada uno de los países que representamos.
DIP. NOEL DELGADO CUADRA:
Gracias señora Presidenta. Prácticamente el señor Dr. Urbina ha dicho con mucha claridad cuál es la situación de nuestro país en torno a la corrupción, tal vez aportar, porque aquí a lo que venimos y tal vez la palabra parezca excesiva, pero venimos a confesarnos, a contar de nuestras experiencias para que nuestros países en Centroamérica no vayan a transitar por el penoso camino en que otros los nicaragüenses estuvimos inmersos por un espacio increíble de 56 años, donde todo lo que leemos en estos documentos, prácticamente se vivió en Nicaragua.
Tuvimos una terrible dictadura ultraderechista de los Somoza, que en un momento dado, si ustedes recuerdan, en paz descansen, los dos expresidentes, uno de los hombres más respetados de América Latina y por supuesto aquí en Costa Rica como el Dr. Figueres Ferrer, y Anastesio Somoza en un exabrupto Somoza retó para que debatieran la situación de los países, que fue lo más absurdo.
En mi país, la defraudación fiscal ha sido permanente, ahí de la noche a la mañana han llegado personas sin tener ningún bien y luego ser poderosas económicamente, por último en paz descanse, Somoza decía, que “se llevará la gallina pero que escondiera las plumas”, es decir, prácticamente él estaba autorizando a sus Ministros y demás a ser corruptos, al contrabando y demás.
Como muy bien lo ha indicado don Luis, debe de iniciarse un gran trabajo y somos nosotros y no es que yo vaya en contra del PARLACEN, sino que nos corresponde a nivel de Congreso, forjar las leyes y no el PARLACEN que es un relacionista público y muy caro para nuestro país y ojalá que en un tiempo no muy lejano tenga que desaparecer.
Para países como Nicaragua que está en una crisis económica profunda, el estarle pagando a 20 diputado $4000; es mucho, por lo que somos nosotros a través de la homologación de las leyes y de acuerdo con nuestras propias legislaciones, los que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para combatir la narcoactividad y por supuesto, de previo a la corrupción administrativa, ubicar a los corruptores y encontrar las escuelas para los corruptos, porque vemos en la narcoactividad, una juventud que pundiendo tener un gran futuro personal y por supuesto de conquista para el país, como hoy están envueltos en la droga y que no pueden salir de esa situación.
El Doctor mencionaba juventud, y recuerdo que cuando eran las 6:00 de la tarde y que había que arriar la bandera, había un clarinete que lo indicaba y en ese momento, -no sé si en Costa Rica también por su larga trayectoria democrática lo hacían-; nos quedábamos de pie, los vehículos se estacionaban y los mayores estaban pendientes, no sólo de llamarnos la atención, sino que eran muy amigos de castigarnos, pero lamentablemente ese civilismo ha venido desapareciendo.
Lamentablemente, luego caímos en la ultraizquierda cuando llegaron los famosos comandantes en 1979; por lo que todas esas experiencias nuestras, sean un punto de referencia para todos los países Centroamericanos, para que no se dejen engañar ni por la ultraderecha ni por las ultraizquierda que son un desastre de corrupción.
Si Somoza era dueño de la tierra, de la nación y de los hombres, los sandinistas se creían que eran dueños de las voluntades, al grado, cuando alguno nos oponíamos, llegaron al punto de decirnos “el que no es turba, estorba” y nos llamaban a abandonar la patria, porque éramos contrarevolucionarios. Entonces, si revisamos ésta era una corrupción institucionalizada, que tanto Somoza como los sandinistas, nos llamaban al contrabando, a la malversación de los fondos públicos, al tráfico de influencias; en Nicaragua hubo el famoso “Lobby” que era la compra de voluntades y demás, para ir donde los comandantes que hacían los negocios, como si fuera una empresa privada; los compadres y el nepotismo y todo eso fue permanente; entonces, todas estas experiencias que nosotros vivimos y espero que no las vivan los demás hermanos de los pueblos centroamericanos y que esto nos sirva para implementar estrategias nacionales y regionales para prevenir y combatir la corrupción y por supuesto la narcoactividad.
DIP. ALONSO VALENZUELA:
En Honduras tenemos todas los organismos contralores, algunos de ellos de creación no muy lejana y otros sí, como la Procuraduría que fue la primera; después se creó la Contraloría General de la República, luego la Dirección de Probidad Administrativa, con su propia ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; la Fiscalía General que se creó hace 5 años y de actividad 4 años, que han sido fundamentales y naturalmente el Poder Judicial que siempre estuvo presente.
Igual que decían los compañeros de Nicaragua, la corrupción se ha hecho más rampante, ahora en los tiempos en que no hay moral y ética en la gente y me agradó ver entre los considerandos de los Presidentes de Centroamérica, sobre este tema, que se busque cómo sugerirle a los Ministerios de Educación que regresen a incluir en el curriculum de los educandos, el tema de la ética y de la moral, porque desde ahí es que debe de empezar.
En los últimos años en Honduras, sí ha habido un avance sustantivo, ejemplar en muchos aspectos, se reformó la Ley de Enriquecimiento Ilícito y se está empezando a aplicar, incluyendo a los militares, está la Ley de lavado de dinero y activos que se aprobó el año pasado, la nueva Ley Tributaria que es muy dura, muy fuerte en cuanto a evadir, incluyendo a los que siendo funcionarios ayudan a evadir los tributos que tiene que pagar la persona jurídica o natural, por lo que ha habido un avance muy grande. Se han nombrado algunas comisiones específicas de control de la corrupción, de investigación de la corrupción y algunos dicen que sustituye en alguna forma a los organismos contralores, otros dicen que no, pero es un avance, porque por primera vez se han instituido comisiones que han hecho algún trabajo significativo en investigar, inclusive a veces con una mayor diligencia, que los mismos organismos controladores.
En Honduras de un tiempo para acá, se puede observar que hay más decisión política, que los organismos contralores hagan su función y ejecuten la ley, por lo que en este aspecto sí ha habido un gran avance. Por ejemplo, recientemente, líderes militares muy importantes en su época, han sido puestos a la orden de los tribunales, porque la suma de los bienes que tienen no corresponde con los ingresos que obtuvieron en su carrera, -esto es nuevo-. Sin embargo, no ha causado ninguna conmoción, se ve como un procedimiento normal que un funcionario civil, a nivel de Presidentes o militares, tengan que acudir a defenderse a los Tribunales por las acusaciones de ese tipo.
En los medios de comunicación de Honduras hay una discusión abierta sobre este tema, no es ya un tabú, se señalan ya los nombres, personas, lo cual es bueno, porque cohibe un poco a la gente a hacer estos actos, porque saben que no sólo está el peso de la ley, sino que también están los medios de comunicación y obviamente la opinión pública haciendo presión para que se lleven a los tribunales.
Obviamente hay que perfeccionar las leyes, por ejemplo, un caso terrible de corrupción que un funcionario de repente en una municipalidad o gobierno, contrata 1000 personas que son paracaidistas y después el que llega, el siguiente funcionario, le corresponderá darle a esta gente las prestaciones laborales, por un costo enorme para el Estado y no hay nada en ninguna de las leyes que diga que esto es un delito, porque son grandes cantidades de dinero las que se debe estar pagando continuamente para deshacerse de estos famosos paracaidistas y que por cierto hay muchos profesionales, por lo que es una verdadera vergüenza.
Las malas inversiones que hacen funcionarios de Gobierno que no admiten ningún análisis lógico o de rentabilidad y todavía no hay nada en la ley, como en Estados Unidos y otros lugares, que persiga estos asuntos, para que se haga una investigación y a la persona se le quiten los bienes por haber hecho una inversión claramente analizada. El nepotismo, es otro flagelo que cada vez se hace peor y también no hay nada en la ley para combatirlo en nuestro país; no hay nada que para evitar que un funcionario nombre a todos sus parientes tengan o no capacidad. Otro es el pago sin control, por ejemplo a periodistas o medios de comunicación; los funcionarios públicos se ven obligados a no hacer esos gastos, porque sino tienen una crítica permanente de estos medios, lo que se los obliga a utilizar fracciones importantes de un presupuesto de una institución en el pago de estas personas, para que hablen bien del Ejecutivo, de la institución o de en los programas, por lo que eso tampoco lo podemos controlar por el momento.
En términos generales, les puedo indicar y aquí mi compañero estará de acuerdo, en que sí hemos avanzado mucho, pero todavía falta mucho que hacer para combatir estos aspectos. Obviamente estamos tratando de agilizar los procedimientos, se está en discusión en el Congreso, a corto plazo, el Nuevo Código de Procedimientos Penales del Poder Judicial, para que cuando se inicien los juicios no tengan todo ese tipo de atrasos y permitir a las leyes actuar y además, el procedimiento nuestro que es escrito, pasarlo al sistema oral, que es mucho más rápido. Esto va a permitir que mucha de la gente que se ha llevado a los Tribunales no haga estas dilaciones que permiten las leyes actuales, sino que eso va a mejorar mucho.
Creo que en este Gobierno hay un compromiso de sacar adelante, no sólo un Nuevo Código Penal más fuerte, más duro en todo aspecto; sino que además, el procedimiento para ejecutarlo sea mucho más expedito.
Quisiera decir algo sobre una frase que dijo ayer el Arzobispo de Honduras que es el Presidente del CELAN, que está muy imbuido en esta acción de la Iglesia Católica de ver que se condone la deuda externa de los países más pobres de América Latina; sin embargo él ha dicho, muy claro y públicamente, que si se le condonara a América Latina la deuda externa y siguiera la corrupción, dentro de pocos años tendríamos de nuevo una deuda externa enorme, tan igual o peor de la que tenemos ahora, así que el condonar la deuda es un hecho extraordinario en nuestros países, pero no sirve de nada si no se controla la corrupción.
DIP. LUIS M. RODAS GAMERO:
Nada más quiero agregar brevemente, la preocupación que existe en todos nosotros y en las diferentes sociedades de nuestros países, por la institucionalización de la corrupción en cada uno de estos países, pero más preocupante es aún cuando vemos que algunas personas que han sido señaladas como personas corruptas que han estado desempeñándose en altos cargos en los diferentes gobiernos de los diferentes partidos y que se sabe a ciencia cierta que se enriquecieron ilícitamente, los vemos siempre ocupando posiciones cimeras dentro de todos los diferentes gobiernos y muchos en cargos de elección popular. Parece que hubiera un culto de aquéllas personas que aportan dinero a los partidos políticos y éstos en ningún momento prestan atención a los señalamientos que hace la sociedad de aquéllas personas, les dan cabida en su seno y los llevan a puestos donde, incluso, gozan de inmunidad, donde no pueden ser enjuiciados, aspecto que actualmente está revisando el Congreso Nacional de Honduras para, únicamente conceder inmunidad a sus diputados por sus iniciativas de ley, pero por ninguna otra cosa.
Estos aspectos son los que considero sumamente preocupantes, porque de esa manera si se le está dando cabida aquéllas personas donde se sabe a ciencia cierta que son corruptos, que el capital acumulado es producto de esa corrupción y se les brinda la oportunidad de ocupar cargos públicos, estamos entonces, en una situación donde prácticamente se vuelve sumamente difícil, por lo menos, tratar de erradicar esa corrupción dentro de nuestros funcionarios y representantes.
De tal manera, que creo sería conveniente, analizar que aquéllas personas, que por lo menos existieran los índices más o menos razonables de haber estado involucrados en actos de corrupción en el desempeño de sus funciones, queden inhabilitados para poder ostentar cargos públicos o para ser electos en puestos de elección popular. Esa es una de inquietud, porque de lo contrario siempre estarán dentro de nuestros partidos políticos, personas que por tener la capacidad de poder aportar cantidades millonarias a cualquiera de estos partidos, tienen la oportunidad de cobijarse bajo esa inmunidad y ostentar representaciones dentro de los distintos poderes del Estado que realmente no merecen.
Este es un apunte que quería hacer, porque por lo menos en nuestro país ha estado sucediendo eso y estamos encaminados a tomar las determinaciones contundentes para que este tipo de personas queden totalmente marginadas de cualquier participación política. Muchas gracias.
DIP. JOSÉ ORLANDO ARÉVALO:
Quisiera indicar que nosotros vamos a presentar una exposición un poco separada, en dos partes, un poco el diagnóstico sobre este problema que de alguna manera hemos podido forjar y producir en el país y la otra en los esfuerzos que estamos haciendo por ver cómo se ejercen mayores controles y se disminuye en lo posible la actividad corrupta y de tráfico de influencia y de todo este flagelo que ha causado mucho daño a nuestras sociedades.
Sin duda, el diagnóstico arroja que antes de nuestro conflicto en 1980, la palabra corrupción era una palabra como inexistente en el lenguaje político público, en el léxico de la sociedad, pero tal vez no porque no existiera, sino por las circunstancias del régimen autoritario que vivamos, en los espacios reducidos de la sociedad civil, en los medios de comunicación y digamos, en los corrillos y calles del país, obviamente era un problema inexistente, pero en el fondo si había una gran impunidad protegida, no sólo por las leyes, sino también por todo el sistema y el ambiente político imperante en el país. Lo que si sucedía en cada momento era que los jefes militares daban esos “consejitos” como los del General o Presidente Somoza, que tenían que esconderse un poco para no defraudar ni difamar el sistema.
Es obvio que la guerra misma, entre una de sus principales causas era la corrupción, la impunidad, que motivaron el mismo conflicto que todos ustedes conocen. Gracias a Dios, el conflicto de nuestro país ha pesar de su gran costo, del daño que ocasionó a la economía, a la infraestructura, a los valores, a las buenas costumbres, ha tenido sus aspectos muy positivos y buenos para el futuro de nuestro país, porque con ello se logró profundizar en estas causas, en este diagnóstico y los acuerdos de paz, partes de la posibilidad de hacer un cambio, un paro en el camino, un giro en la historia del país y en el marco de los mismos acuerdos, se establece toda una serie de acciones y objetivos para alcanzar en el enrrumbamiento de un nuevo país, con toda una reforma planteada a toda la estructura jurídica, constitucional del Estado y de cada unos de sus órganos; obviamente todos nuestros estados tenían sus organismos de contraloría y de corte de cuentas y una que otra institución más, pero estas ya se habían acomodado al sistema y por lo tanto no respondían a las expectativas y objetivos para lo cual fueron creadas, pero todo esto está siendo sujeto de un proceso de reformas en el país.
A las conclusiones que hemos llegado, es que el problema de la impunidad, del tráfico de influencias, de la corrupción, mucho estaba cimentado en las mismas estructuras jurídicas y políticas existentes, viejas, que habían generado toda una cultura cimentada en el mismo sistema, que hay que reformar, revisar y procurar que los mecanismos y procedimientos de hoy, sean mucho más transparentes. En este sentido es que pensamos que es importante para el avance de nuestros países que mucho del combate contra la corrupción que hay que hacer es la revisión de los procedimientos y de las atribuciones de los funcionarios, del Estado mismo y de las instituciones.
Estamos convencidos de que la excesiva discresionalidad del funcionario es un elemento generador , así por naturaleza de corrupción y de tráfico de influencias, creemos que la atribución del funcionario debe ser lo más discreta posible y debe estar bien especificada por la ley y además creemos que debe tener plazos, procedimientos claros para la toma de decisión, a efectos de que no tenga un ciudadano común y corriente o un inversionista, que recurrir a ninguna oferta, de ningún tipo para poder obtener una licencia, permiso para poner un negocio o un estudio o cualquier cosa, porque la ley debe ser clara y deben de existir las instancias, la información suficiente posible para todo ciudadano, inversionista o persona que recurre a demandar un servicio o prestación del funcionario, o de una institución del Estado para que en un marco de transparencia, pueda eliminarse o minimizarse la posibilidad de que tenga que hacer un tráfico de influencia o hacer una situación corrupta la que permita obtener lo requerido.
En ese sentido el país está siendo sujeto a una reforma profunda en todos estos aspectos, incluso la legislación penal, tanto en lo que es el procedimiento, como lo es en la definición de la pena. Estamos en un proceso de modernización de todo lo que es el aparato del Estado, tendiente a eso, a cómo y de qué manera hacer que la discresionalidad del funcionario, del empleado público sea lo menos posible y que la aplicación, ejecución de la ley sea mucho más ágil y transparente, a efecto de hacer que el ciudadano tenga acceso a más información, porque sin duda el problema de la corrupción, del tráfico de influencias y una serie de situaciones tiene que ver en tanto y cuanto, que calidad de información tiene el ciudadano y puede accesar a ella.
Gozamos de un suficiente consenso político entre todas las fuerzas, incluyendo las que estuvieron alzadas en armas y en ese sentido hay un esfuerzo por rescatar de alguna manera, responsabilidad, valores que mucho se han deteriorado como en el resto de los países, pero que hay un gran esfuerzo en ese sentido por rescatarlo. Nosotros estamos en un proceso de modernización, de alguna manera laboral, porque para nosotros es también corrupción el que un empresario no cumpla con los derechos que tiene un trabajador y además es corrupción que un trabajador no cumpla con las obligaciones que tiene para con su patrono o empresa a la que presta sus servicios, por lo que estamos en ese esfuerzo.
Creemos que el balladar más difícil que tenemos en este momento y no sé el resto de los países, sentimos que hemos avanzado en una reforma del sistema político, de la clase política del país; también hemos prosperado en una reforma laboral que es muy importante; además en una reforma económica del país, que está abriendo oportunidades y espacios, pero tenemos la preocupación que es muy lento el avance en la reforma judicial y sin duda este es un sector clave, estratégico para avanzar en contra de la impunidad, de la corrupción, el tráfico de influencia. Si los abogados de nuestro país, de nuestra sociedad no logramos una reforma, difícilmente lo vamos a lograr en el órgano judicial, en la administración de justicia, tenemos el gran balladar que en la policía, se hacen esfuerzos, como todos ustedes saben, tenemos nuevos sistemas de policías, desvinculado totalmente, independiente del poder, del sector militar, pero tenemos el problema que es más el tiempo el que tardamos en capturar al delincuente de todo tipo, desde el de cuello blanco hasta el común callejero, que lo que dura el juez en tenerlo libre, en la calle; por lo que ese es otro problema, otra preocupación que estamos tratando de rescatar en el consenso político en este punto, porque creemos que es clave que en la administración de justicia haya una conciencia clara en el sentido de que tiene que haber transparencia en la aplicación de la ley y tiene que haber una pronta y cumplida justicia en este sentido, pero con el fin de que se debe de castigar al delincuente, se debe aplicar la ley, porque de lo contrario, todos los esfuerzos se irán adormeciendo, perdiendo fuerza, credibilidad y habilidad, porque no habría manera de cómo ir a fondo, cómo castigar al que promueve la corrupción como al que se deja corromper y difícilmente podremos ir en un camino que nos pueda llevar a que también estos problemas de corrupción y el de tráfico de influencia que quizá se ha generado más, podamos irlo radicando.
DIP. RENÉ RODRÍGUEZ VELASCO:
Solamente agregar, señora Presidenta, compañeros diputados, que también nosotros en la Asamblea Legislativa, la nueva composición que le dio El Salvador, en las elecciones del 97, ha venido quizá a fortalecer todas esas tendencias contra la corrupción, pero también tenemos en nuestras agendas una preocupación, que no sólo se vea el fenómeno de la corrupción como tal, sino que hablar de ello se habla de Gobierno, de la gran empresa, porque estarían cayendo tal vez, en una lucha de clases, principios ideológicos y extremas, como lo decían los hermanos de Nicaragua.
En ese aspecto, de alguna manera también ha surgido en nuestro país y agenda, la implementación de una serie de acciones, que como anteriormente lo expuso mi compañero el Diputado Arévalo, también es importante que nosotros como Comisión, de alguna manera podamos abordar esto, porque definitivamente no es quitar a unos para poner otros más corruptos, se ve el caso de Nicaragua, lo contaban ellos y podríamos nosotros, como partido de Gobierno, hacer señalamientos similares, pero no es ese el tema de esta tarde.
En El Salvador, a parte de las reformas penales que ya se mencionaron, tenemos una nueva ley de la Corte de Cuentas, o sea el órgano controlador, no solamente es una nueva ley, sino que va a la par de un fortalecimiento económico y una autonomía para la fiscalización, control de todas las empresas públicas, de todas las instituciones. Esto ha tenido ciertos costos, porque el botar los vicios o costumbres de los gobiernos anteriores, no es algo fácil, también en aspectos de reforma educativa, la nueva ley que se ha creado contempla curricularmente formación de principios éticos y morales , participación, igualdad, derecho a opinión, a información en la fase curricular educativa.
Consideramos que el esfuerzo contra la corrupción no va a ser metiéndonos todos a la cárcel por corruptos, porque de alguna manera en nuestros patrones de formación primaria, secundaria o universitaria, han existido diferentes mecanismos que nos pueden llevar, consciente o inconscientemente a actuar como corruptos en un momento determinado.
También indicar que la formación del Ministerio de Seguridad Pública, con una dirección directamente civil, ha sido algo que ha fortalecido mucho, porque se nos mira a todos por igual, aunque hemos tenido ciertas tendencias de que la clase o los gobernantes, funcionarios o empresarios, sienten que la policía quiere apretarlos más, pero también no es fácil para los policías aplicar en un momento determinado miles de leyes.
Se han dado fuertes golpes en El Salvador, se han desbaratado bandas de narcotráfico que implica corrupción porque han estado funcionarios involucrados, incluidos en cuestiones de las décadas de los 80`s, 70`s y para atrás, no hubiera sido posible imaginárselo; sin embargo en este momento se está caminando en eso y se está haciendo un fuerte trabajo.
Considero que voluntades que resentir son muchas, pero las acciones son las más delicadas y nosotros también como país hemos, no sólo ratificado, firmado, ni hecho acto de presencia, sino que le hemos dado cumplimiento a muchos acuerdos regionales, a veces con la poca capacidad económica que tenemos como país, a veces implica una limitación para poder desarrollar todo lo que ahí se propone.
Eso sería todo, creo que mi compañero había sido más extensivo. Creo que la región Centroamericana se caracteriza por muchas similitudes, las diferencias son las que debemos abordar y tratar de armonizarla para que pueda ser funcionable a nivel de región.
LA PRESIDENTA:
Muchas gracias compañeros diputados, voy a permitirme exponer algunos puntos de vista y posteriormente ofrecerles un resumen de lo que es la posición de Costa Rica en cuanto a legislación se refiere, sobre el tema de la corrupción.
Bien hemos mencionado que ésta epidemia, como la podríamos llamar, de la corrupción, es algo por lo que todos nos preocupamos, es algo que está presente, pero que no ha sido trabajado, abordado por los parlamentos y creo que por los Gobiernos, por las sociedades en general, de una manera sistemática; es decir, como que no hemos tenido tiempo, es una enfermedad, una patología social que ha irrumpido en las sociedades y no hemos tenido tiempo de sentarnos como ahora, que afortunadamente lo hacemos, a analizar el problema desde todos los ángulos que éste tiene.
Evidentemente, este fenómeno de la corrupción atenta contra el bienestar general de nuestras sociedades y contra la democracia, en el tanto en el que se van perdiendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones en general.
Me parece que este es un fenómeno que puede tener muchas causas, pero una de ellas es que la globalización entendida como es el fenómeno de las comunicaciones que hace desaparecer las fronteras entre los países y también los límites morales entre las personas. Hoy vivimos un momento en el que la comunicación va volviendo completamente frágiles esos límites, tanto los físicos dentro los países como los morales entre las personas; eso tiene que ver con una actitud como individuos y como colectividad a los que me referiré más adelante.
El tema de la corrupción, como ustedes lo han venido señalando, tiene que ver con muchos aspectos y creo importante enfatizar en este punto, porque esta Comisión, en mi opinión debería, no solamente hacer recomendaciones a sus propios parlamentos, sino que también debería hacer recomendaciones a los Poderes Ejecutivos, en ese entendido, que son recomendaciones, producto de las deliberaciones y las reflexiones que hagamos.
Me voy a permitir señalar algunos pocos ejemplos de los campos con los que se relaciona el tema de la corrupción y en los que nosotros podríamos de incursionar. Hemos estado tratando el tema de la legislación represiva, fundamentalmente, porque es preocupación de todos nosotros el ver cómo nuestras sociedades atacan los delitos que en algunos casos no tiene tipificación en las leyes penales de su país, porque como decía antes, “la enfermedad nos agarró desprevenidos” y por lo tanto no tenemos entonces una legislación adecuada.
También hemos tratado el tema de enriquecimiento ilícito, de narcoactividades, de otros tipos de conductas delictivas que no están sancionadas en nuestra legislación penal y obviamente tenemos que adecuar nuestra legislación a ésta nueva realidad para tratar de cubrir con la legislación estas conductas delictivas. En alguna medida, esto tiene que ver con la Convención Interamericana contra la corrupción que establece algunas conductas típicas que nosotros debemos incorporar, ya como países suscriptores de esa Convención, pero también tiene que ver con la discusión que aquí hagamos y con el señalamiento que podamos hacer, con la experiencia de cada uno de nuestros países, de la necesidad de incluir entonces, en la legislación conductas de ese tipo.
Como lo señalaba el colega Rodríguez de El Salvador, tenemos que enfocar también el hecho de que cuando se habla de corrupción se habla normalmente del sector público, hay una tendencia a decir que corrupción, es el sector público y creo que es importante que hagamos conciencia aquí y en nuestras sociedades, que no es solamente en el sector público donde existe la corrupción.
La narcoactividad, que es uno de los problemas de corrupción más serios, se da fundamentalmente en el sector privado y cuando hay un funcionario en un Ministerio de Obras Públicas, que recibe una comisión por adjudicar la licitación de una carretera, puente u obra de gran magnitud, ocurre que un funcionario recibe ésta plata, y no es solamente que el funcionario la recibe, sino que hay una compañía, hay alguien que está del otro lado de la moneda; de manera que no es solamente el sector público; sino también el sector privado.
Con esta legislación represiva, tenemos que tener mucho cuidado, con el tema de la constitucionalidad y con la concepción de las legislaciones actuales y nuestras constituciones responden a un momento histórico de nuestra región y de Latinoamérica, en el que había una gran vejación a los derechos humanos; los regímenes totalitarios obligaron a nuestros congresos a adoptar legislaciones que garantizan los derechos individuales fundamentalmente.
Hoy el clamor, de alguna manera es atentatorio contra esa legislación que garantiza los derechos de los individuos y me parece que uno de los retos que tenemos es ubicar el punto de equilibrio en que se garanticen los derechos y que no violentemos ese avance que hemos logrado y me refiero prácticamente a todos los países de Latinoamérica, para defender al habitante contra los abusos de poder por parte del Estado, pero también, tenemos que legislar para defender a los individuos de los abusos de los propios individuos que es el tema de la delincuencia, que es el tema que tanto nos preocupa en este momento.
Tiene que ver también con el fortalecimiento de los sistemas policiales y también de los sistemas judiciales, que ustedes han mencionado y que considero también tenemos que tocar y hacer las respectivas recomendaciones a nuestros países.
El tema de la corrupción, como muy bien lo señalaban ustedes anteriormente, tiene que ver con educación, me parece que acá no es tan importante el tema de la legislación como el de recomendaciones a los diferentes gobiernos, ya sea los Ministerios de Educación o al Ministerio que corresponda o a la misma Asamblea Legislativa, para especializar acciones educativas importantes. Este punto de la educación y la corrupción tiene que ver con el papel que realizan los medios de comunicación de nuestras sociedades.
En este aspecto tengo una preocupación muy grande que va en dos sentidos, uno lo que los medios de comunicación nos presentan como exhibición, como información normal; por ejemplo las películas en la televisión, es una transmisión constante, no sólo de violencia; sino también, precisamente de corrupción. Las famosas telenovelas, tienen todas elementos de corrupción y de eliminación de los valores y patrones morales de nuestras sociedades y eso hace que los límites morales vayan desapareciendo de esa manera; pero no tienen sólo que ver con exhibir o presentar la información tan ligera, que hacen los medios de comunicación y que tienen que ver con una sociedad de consumo a la que le importa y le interesa únicamente el dividendo económico, sino que también tiene que ver con una actitud, una posición de los medios de comunicación, sobre la manera en que informan como noticia acerca del acontecer nacional y del comportamiento de los gobiernos.
Creo que todos nosotros padecemos el ataque de los medios de comunicación constante, que ofrecen a menudo una visión negativa de nuestro accionar y el de cada uno de los Gobiernos. Los medios de comunicación se encargan de dar esta visión negativa y cuando hay un acto de corrupción, como mencionábamos anteriormente, el funcionario es el corrupto y no el que le dio el dinero. Me parece que esto es algo importante, es un tema que todos estamos de acuerdo en el sentido de que es difícil tratarlo, pero tendremos que analizarlo con detenimiento.
Considero de tiene que ver también con una actitud que deberíamos de, no solamente tratar de combatir, sino de hacer conciencia en cuanto al consumismo, una actitud consumista que es también producto de una aculturación que nos viene de otros países, las imágenes que recibimos constantemente por los medios de comunicación, una gran cantidad de objetos que el mercado actual nos enseña y que nos incitan a adquirir y obviamente las personas se preocupan por adquirirlos y por eso requieren dinero y también se fomenta la idea de que es necesario tener dinero para tener un estatus, una imagen y que ese dinero puede ser adquirido muy fácilmente, ese es uno de los problemas la adquisición de dinero fácil, por lo que mediante un trabajo intensivo es lo único que puede forjar las sociedades.
Hay también un aspecto importante que nos parece debemos analizar y es la necesidad de buscar ese equilibrio, no solamente como les decía antes, entre una defensa de los derechos humanos y una defensa entre los derechos individuales frente a los propios individuos; sino también entre un control que podría llevarse al exceso y la necesidad de agilizar trámites para el desarrollo de nuestros países.
Creo que la legislación represiva nos puede llevar a eso, a un excesivo control y por lo tanto a un entorpecimiento en todo lo que es el trabajo de desarrollo en cada uno de los países. Todos estamos concientes sobre la importancia y necesidad de que nuestros pueblos tengan acueductos, caminos, hospitales, escuelas, pero la construcción de ésta obra requiere de trámites ágiles, al mismo tiempo que trámites lo suficientemente controlados para que no se introduzca la corrupción. Me parece que ese es un reto importante, obviamente en este momento no tenemos la receta, pero sí un exceso de control, que no necesariamente quiere decir eficacia en este control, lo que puede llevarnos a un entorpecimiento.
Por otra parte tiene que ver con un equilibrio entre una dignidad en unas condiciones de trabajo para el funcionario público, sobre todo para los de un cierto nivel, como es el caso de los diputados y una excesiva discreción como lo llamó alguno de ustedes en el ejercicio de ese cargo público.
Me voy a permitir darles un ejemplo de Costa Rica y creo que la mayoría de ustedes padecerá de esa situación y es el tema y me refiero no sólo a las condiciones de trabajo físicas; sino el tema de salario.
En Costa Rica, la prensa nos señala a nosotros los diputados, como los funcionarios que tenemos un salario superlativamente alto, que tenemos condiciones: carro, teléfono y gran cantidad de cosas, afortunadamente nos acompaña el Secretario General de la Asamblea, que puede dar fe de que eso no es así; las condiciones que tenemos los diputados no son óptimas, son en algunos casos limitadas, por lo que en algunos casos, si se nos sigue limitando las condiciones de trabajo, va a llegar el momento en que a ninguna persona le va resultar posible ejercer un cargo como el que nosotros tenemos y así se da el caso del Poder Ejecutivo. Por ejemplo; los Ministros tienen un salario bajísimo y cada día la prensa los ataca por cualquier eventual privilegio que puedan tener, que en la mayoría de los casos no es un privilegio, sino una condición de trabajo digna y decorosa para las responsabilidades que se esta ejerciendo.
Obviamente, ha habido excesos en el pasado y que lo puede haber en el presente en cada uno de nuestros países, pero por el exceso no podemos perjudicar el resto de las situaciones que pueden llegar a impedir que un buen sector de la sociedad quiera participar en el ejercicio del gobierno; esto como reflexión general.
Como ilustración quiero mencionarles algunas de las leyes que tenemos en Costa Rica, posteriormente les vamos a ofrecer el resumen y en la medida de lo posible les vamos a hacer llegar cada una de estas leyes.
En primer lugar quiero indicarles que Costa Rica ya suscribió la Convención Interamericana contra la Corrupción y a raíz de ella hemos venido analizando las necesidades de incorporar algunas de las conductas aquí tipificadas, dentro de nuestra legislación penal, es el caso del soborno internacional, que no está contemplado en este momento en el Código Penal, pero en el análisis de un nuevo Código que estamos promoviendo y que estamos a punto de aprobar, esta conducta está siendo contemplada.
Así como este hay otros casos que están siendo contemplados en esta Convención Interamericana; me parece que algunos países Centroamericanos no la han suscrito y es algo que los miembros de esta Comisión podríamos hacer, que es el impulsar la aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en cada uno de nuestros países, la cual fue suscrita en 1996 y ratificada por Costa Rica 1997.
Tengo una lista extensa de 25 leyes que tienen que ver con la corrupción, desde la Constitución Política de la República hasta Reglamentos de viajes y transporte para funcionarios públicos. En este momento hay proyectos de ley que estamos están en discusión, otros están archivados y otros que están por aprobarse, como lo es el caso de la Reforma del Artículo 4 de la Ley contra el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos; este fenómeno de enriquecimiento ilícito también está siendo contemplado en el nuevo Código Penal.
Hay varias objeciones que le ha hecho nuestra Sala Constitucional, a la Ley contra el enriquecimiento ilícito y estamos tratando se darle un nuevo marco legal.
En términos generales creo que esa sería la situación que les quería presentar y le voy a dar la palabra a mi compañero Franklin León para que complete la posición de Costa Rica.
DIP. FRANKLIN LEÓN BLANCO:
En realidad, siento que después de la amplia y pormenorizada exposición de la Diputada Valverde Acosta, queda bastante claro el panorama que con respecto al tema de la corrupción tenemos en el parlamento. Sin embargo, quisiera hacer un breve comentario sobre una situación que se ha discutido mucho aquí en Costa Rica y que tiene que ver con el asunto de los controles.
Resulta que hemos llegado a vivir en una sociedad, que como ha llamado un político del Partido Liberación Nacional, “la dictadura de los incisos”, de tal manera que todo es reglamentado, todo es especificado y en términos de corrupción hemos llegado a la amarga conclusión y gracias a la experiencia, de que precisamente ese excesivo control en el papel, lo que hace es explicarle al corrupto y al corruptor, cómo puede hacer para llevar a cabo actos ilícitos, sin posibilidad de que sea atrapado en ese acto.
Eso es lo que ha sucedido mucho con el exceso de regulaciones en nuestro país, de tal manera que si se le dan doscientas reglas para hacer una contratación, gracias a eso puede cumplir las reglas, haciendo un acto de corrupción legal; por lo que ahí encontramos un problema y una discusión seria que tiene que ver con ¿qué es lo que realmente debemos entender como controles, en términos de la actividad pública con respecto a la actividad privada? En ese sentido hemos creído y estamos precisamente trabajando en muchos de los proyectos a que hace referencia doña Carmen, que están actualmente en la corriente legislativa y que tienen que ver con el “soltar amarras”, desde el punto de vista de la complicación y el exceso de controles y dedicarnos más a crear las condiciones que faciliten mucho menos, la posibilidad de que se cometa un acto ilícito y un poco por ahí es que debe ir encaminado nuestra actuación.
Es importante anotar además, que en los últimos años hemos tenido la creación de varias comisiones investigadoras en el seno del parlamento costarricense, precisamente dedicadas a investigar actos de corrupción en la función pública y relacionados también con el tema de narcotráfico. De tal manera que gracias a estas experiencias, hemos logrado identificar que existen algunas figuras estatales y pongo el ejemplo de la figura que hasta el momento rige una dependencia del Estado, que se llama la Dirección General de Aviación Civil, que permite que en cualquier momento y cualquier gente, se comentan actos de corrupción que llevaron, inclusive, a la organización de una pandilla que efectuó robos y actos ilícitos en esa dependencia del Estado, organizadamente, en donde desde el Director General hasta al Auditor, pasando por el Asesor Legal, el Ingeniero, el Jefe de Proveeduría, el Asistente, el Contralor y hasta el Chofer, estuvieron todos involucrados en actos, porque el sistema y la figura que contempla esa institución, permitía que eso sucediera.
Fue precisamente Comisiones, con este ejemplo específico y con otros, que se dieron en los últimos años en Costa Rica, que se ha planteado el no sólo condenar esos actos, decir y señalar que tal funcionario o tal administración hizo mal; no quedarnos ahí, porque de lo contrario el problema va a volver a surgir y lo hará siempre, sino que además se han propuesto legislaciones nuevas, modernas, innovadoras, en donde se cambia las figuras jurídicas que administren este tipo de instituciones; de tal manera que se quiebre con la posibilidad de esa organización para delinquir que se ha dado en el pasado.
Hago estas dos reflexiones como ejemplos muy concretos y puntuales de casos de corrupción y espero que sirvan como aclaración con respecto a lo que ya en el terreno nosotros podemos hacer, en términos de la lucha contra la corrupción; especialmente, en lo que tiene que ver con las relaciones de los empleados, funcionarios públicos del Estado y de la sociedad civil representada en organizaciones construidas por la misma y en empresas de carácter privado, que son, como lo indicó la Diputada Valverde y los colegas de El Salvador, elementos indispensables para que los actos de corrupción se den.
Si no existe quién dé el dinero, quién ponga el recurso para la mordida, no se haría efectiva la corrupción.
LA PRESIDENTA:
Muchas gracias, hemos concluido la parte de las exposiciones, por lo que pasamos el Restaurante “El Ventolero”
Después del almuerzo uno de los asesores nos dará un resumen de todo lo que se ha expuesto.
II PARTE
LA PRESIDENTA:
Le damos la bienvenida a los señores Licda. Maggie Bready Superintendenta General de Entidades Financieras, Lic. Carlos Arias, Fiscal General de la República, Lic. Ronald Hidalgo representante del Contralor General de la República.
Habíamos comentado en la mañana que los señores Contralores de Centroamérica están en una reunión, semejante a la nuestra por esa razón el señor Contralor no puede estar presente. Nos acompaña el Procurador General de la República Dr. Román Solís y el Presidente de la Sala Cuarta el Lic. Luis Paulino Mora y la Licda. Sandra Piszk Defensora de los Habitantes. Le pido al asesor que nos haga un resumen de la actividad de esta mañana.
LIC. FRANCISCO FLORES:
Les ruego su comprensión sino se ha haber incluido todo lo que se dijo esta mañana por parte de los diputados, si omití algo les pido disculpas e incorporare lo que no fue incluido.
Los diputados de los Poderes Legislativos expresaron en su orden un conjunto de aspectos y preocupaciones sobre la lucha que se libra en el interior de cada país contra un flagelo, que consideran no es una particularidad sino una situación general que va más allá de la región centroamericana.
Destacaron la pérdida de los valores éticos y morales, la institucionalización del fenómeno de la corrupción que afecta el desenvolvimiento normal de la función pública y el desarrollo nacional.
En el proceso de lucha se resalta la impunidad con una condición que agrava la corrupción, se destacó la adopción de acuerdos regionales e internacionales para combatir los nuevos delitos, como lo son aquellos derivados de la narcoactividad tales como: el lavado de dinero y delitos conexos que afectan directamente la economía y en especial la actividad de la intermediación financiera que realizan los bancos.
Se destaca el rol constitucional que concede a los parlamentos la función fiscalizadora y la responsabilidad de promover leyes e instituciones cuya función es ejercer control sobre las actividades estatales.
Existe una tendencia de constante revisión de la legislación y adecuación de la misma a los nuevos delitos y al control de nuevas situaciones derivadas, por ejemplo la narcoactividad.
Los cambios legales abarcan cada vez más espacios y permiten un mejor control sobre los delitos que se originan en la actividad corrupta, la lucha contra la corrupción se hace necesario ubicarla en puntos de partida preventivos como la educación, la familia, los ciudadanos desde la escuela. Un retorno a los valores cívicos y morales ofrece una posibilidad de atacar hacia el futuro eficazmente el fenómeno de la corrupción.
El remozamiento del orden jurídico en especial del penal debe ir acompañado de una lectura real y actualizada de los delitos que no se sitúan únicamente en cada país, sino que rebasan las fronteras y exigen un control más allá del país en el que se comenten los delitos.
Los diputados destacan la necesidad de contribuir desde los parlamentos y por medio de estas reuniones al proceso de homologación y armonización de los procedimientos y las leyes en el combate de la corrupción. Esta lucha contra la corrupción debe darse en la cooperación entre estados, pero también entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Reconocen los legisladores que hay una relación entre la crisis política de los estados y el desarrollo de la corrupción la cual se ve y se puede enfrentar a partir de la superación de la realidad política, económica y social.
Reconocer la experiencia de cada país en particular sirve de base para el trabajo conjunto de la región a partir de cada realidad, se propone la adopción de normas y principios que preserven a la sociedad y los efectos perniciosos de la corrupción y narcoactividad.
Destacaron los legisladores los avances positivos en la creación y desarrollo de instituciones contraloras y fiscalizadoras que remozadas contribuyan lenta pero positivamente en el proceso de transparencia y honestidad de la función pública y de las inversiones y proyectos que desarrolla el estado en la busca del bienestar de la sociedad.
Una preocupación muy especial es presión que debe ejercer la sociedad sobre aquellos funcionarios que ejercen cargos públicos a pesar de estar cuestionados o involucrados en actos de corrupción evidentes.
Combatir la corrupción nombrando en cargos públicos personas que la fomentan es una forma contradictoria de luchar contra ella, leyes más claras y procedimientos más sencillos son algunos de los aspectos más sensitivos dentro de las exposiciones realizadas por los diputados. Transparencia en los actos del funcionario público es una de las premisas básicas que reconocen los legisladores permitiría contralor la corrupción.
En igual forma la transparencia debe darse en el Poder Judicial y en el trabajo de las fuerzas de Seguridad Pública, para que se juzgue con justicia lo corrupto sin importar su nivel económico y su influencia.
La base de toda esta tendencia es la adopción de leyes que promueva la ética, la educación y se sustenten los principios de igualdad, democracia y civilidad.
Se reconoce el fenómeno de la corrupción tanto de sus derivaciones como en sus patologías sociales, se estima que la legislación represiva debe tener en cuenta el equilibrio, tanto al reconocer que no solo es un fenómeno típico del sector público, también del sector privado, los legisladores estiman necesario comprender que para la lucha contra la corrupción es imprescindible una legislación que contemple el respeto tanto por los derechos humanos como por los derechos individuales.
Se destaca la urgencia de no retrotraer las conquistas en los derechos fundamentales al querer combatir los efectos de las conducta individuales que atentan contra la colectividad.
Se reconoce la necesidad de una participación integral del estado y la sociedad en la lucha contra la corrupción pero se advierte el papel sobre los medios de comunicación tienen responsabilidad y un compromiso ineludible con los valores éticos y morales de la sociedad de la cual se sirven.
En el combate de la corrupción deben incluirse aspectos como los efectos de la transculturisación y los valores del mercado y consumismo que atentan contra las expectativas reales de los ciudadanos.
Los excesos normativos facilitan el desarrollo de la corrupción, por la adopción de normas y controles adecuados pero simples, promueven la eficacia y la lucha contra las practicas corruptas que se dan dentro y fuera de la administración pública.
LA PRESIDENTA:
Esta recapitulación que ha hecho el asesor Francisco Flores, se les entregará en el transcurso de la tarde para que ustedes hagan alguna incorporación u observación al trabajo.
LIC. CARLOS ARIAS, FISCAL GENERAL MINISTERIO PÚBLICO:
Muchas gracias por la invitación. Haré una breve recomendación para el combate de la corrupción en el área centroamericana.
El problema de la corrupción es de primera línea en el mundo. Recientemente leía una encuesta hecha en diez países de América Latina, buscando el principal problema se encuesto a un público numeroso y resulto lo siguiente: en diez países de América Latina como principal problema se sitúo la corrupción, por encima del desempleo de problemas de salud y vivienda.
Este tipo de encuesta en us campanazo a todos los que estamos en la administración pública, que de alguna manera ejercemos cargos que podemos hacer algo por el combate de la corrupción, la consideración del público de tener por encima de problemas tan graves como el desempleo, salud y vivienda a la corrupción, muestra el interés de la ciudadanía y la magnitud del problema, tenemos que enfocarlo como amerita.
Uno de los mayores problemas de la corrupción desde el punto de vista del Ministerio Público -el que representó- es la impunidad, quiero hacer una cita que creo contiene todos los elementos esenciales nos pone a pensar sobre la importancia del tema y dice: “la peor consecuencia de la corrupción es la impunidad desestabiliza la democracia y directamente afecta al estado de derecho y sin este no hay justicia y sin justicia hay caos”.
En esta simple cita se magnimiza el problema de la corrupción y se enfoca como preponderante algo que es parte de la corrupción, sin embargo agrava lo que es la corrupción y es la impunidad. El pueblo espera que los corruptos cumplan con la pena -si es que se les responsabiliza de ella- el peor daño que se le puede hacer a un pueblo es que, quienes cometen actos de corrupción sigan libres y la impunidad reine. Esto trae el caos, el descrédito en el estado de derecho, no creer en la democracia, perder fe en la justicia y cualquiera de estos síntomas es grave, todos juntos son fatales.
Decía el fiscal italiano Geovanny Falcone “es algo a lo que todos debemos poner atención, no es posible luchar contra el crimen organizado en forma desorganizada”, uno de los acuerdos a que se puede llegar o una de las recomendaciones que podemos obtener es, en poco tiempo organizarse para luchar contra el crimen organizado. Si desorganizadamente combatimos este crimen estamos perdiendo la partida, esa organización no es solo una organización interna, es general de la región de Centroamérica.
Cuando venimos a este tipo de foros lo primero que sacamos en claro luego de conversar es la disparidad de pensamiento, de leyes y de instrumentos para poder combatir la corrupción en la región. Si el mundo se ha globalizado y no solo las buenas cosas, también el crimen se ha globalizado para perjuicio de las naciones, tan disímiles que hemos sido sobre todo en Centroamérica y con tanta dificultad siempre hemos buscado la relación de organizarnos, el poder luchar en conjunto, si no lo logramos estamos perdiendo la batalla se debe seguir la posición del fiscal italiano, no podemos luchar desorganizadamente contra el crimen organizado y para organizarnos tenemos que empezar a conversar, adecuar nuestras legislaciones y tenemos que compartir todas nuestras armas en contra de la corrupción, yo celebró que este tipo de reuniones se dé, nos estamos encaminado bien, la mejor forma de empezar es dialogando todas las partes.
Un problema que viene a darle un gran fundamento a la corrupción, en pocas palabras se leyó al inicio de la tarde, son muchos factores que intervienen para que la corrupción tengan éxito, son factores culturales, sociales, delincuencia, etc. No es el derecho penal en sí el que da la solución a la corrupción es un problema que no lo podemos medir desde el punto de vista de la sanción, es un problema social hay que resolver los factores mencionados.
Traigo unas citas que son importantes en este corto período. Hace poco escuchando un expositor decía que “modernamente para existir debemos consumir” decía “consumo y luego existo”, ese consumo luego existo es lo que muchas veces trae factores de corrupción, estamos viviendo en un mundo donde y él dice “el robo chico es un delito contra la propiedad, el grande es parte de la iniciativa privada”, este tipo de reflexiones sociológicas tienen que incidir en lo que estamos resolviendo y tenemos que pensar que mucha de esta problemática es lo que al final de cuentas nos lleva a tener que hacerle frente a la corrupción. Y sigue diciendo el psociologo que “la realidad latinoamericana funciona como una basta escuela del crimen y la directora se llama injusticia social”.
Si no pensamos en este tipo de conceptos, sino tenemos este tipo de pensamientos, si creemos que solo con legislación vamos a resolver esos problemas, estamos perdidos en la lucha, hay que enfocarla desde diferentes puntos, parece ilógico que como Fiscal General de la República no esté enfocado directamente de cuáles son las sanciones para imponerse y la corrupción termine y este enfocando problemas sociales, si no lo enfocamos y vemos otras situaciones hacemos mal en buscar esa lucha, no es la sanción por sí misma, para que se logre poner fin a la criminalidad.
Un ejemplo aclara más que muchas palabras. Hace poco en la fiscalía tuvimos un caso muy doloroso, donde dos niños uno de siete y doce años fueron señalados como que le dieron muerte a otro niño de ocho años, la historia de esta situación se me quedó gravada. El niño de ocho años era un vendedor de culantro lo sembraba en una huerta, lo recogía y lo vendía en una bicicleta, hacía alrededor ¢600 a ¢700 colones, los niños que citó que están como posibles homicidas sabían que el recogía ¢600 a ¢700 colones al final de la tarde, lo esperaron, se lo llevaron al río, lo golpearon, lo mataron y le robaron el dinero.
Lo importante de esto no es sólo el enfoque criminal que tiene el caso, sino que fue lo que pasó, y porqué mataron; averiguando lo que paso suponemos que los niños con ese dinero fueron a la pulpería del lugar, compraron arroz, frijoles, azúcar, manteca, Coca Cola y picaritas y el pulpero dijo: “que raro que compren más de lo que siempre compran, siempre compran arroz y frijoles y nunca tienen dinero para comprar algo más”.
Nunca se habían tomado una Coca Cola o comido unas picaritas hicieron una fiesta con lo que recogieron ¿Qué es lo que significa esto? Si bien es cierto es un problema criminal es jurídico que tenemos que resolver en estrados judiciales, por otro lado es un problema social, tenemos que resolver ese problema social de fondo que es lo que lleva a que este tipo de crimen o corrupción en alguna medida se de, no podemos ir solo a lo jurídico, técnico jurídico o la imposición de penas para pretender resolver estos problemas, con el ejemplo expuesto es muy claro y se ejemplifica lo que estoy diciendo, no basta con la aplicación de leyes penales para que estos problemas se terminen.
Creo que estos ejemplos nos aclaran mucho que son problemas con diversas aristas y no solo desde el punto de vista técnico jurídico se pueden resolver, el problema social que siempre está inmerso es el generador de todo lo posterior, las citas anteriores vienen muy al efecto de lo que he citado.
Problemas como el narcotráfico, delincuencia organizada, corrupción son muchas las formas que podemos buscar para combatirlo, lo voy a sintetizar en tres aspectos. Para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia organizada, la corrupción, tenemos que buscar la efectividad de los sistemas jurídicos, en alguna medida en América Latina se está logrando el nuevo Código Procesal Penal que viene a ser una de estas medidas que esperamos sea efectiva, para el sistema jurídico en el combate de este tipo de situaciones.
No solo es la pena la que viene a resolver los problemas criminales hay otras medidas que pueden muy bien venir a ayudarnos y el Código tiene esas posibilidades con todas las salidas alternativas, lo que están buscando es hacer más efectivo el sistema jurídico, sería una de las formas de combatir la corrupción, estamos tratando de ver como dejamos de lado sin que le quitemos importancia, pero viéndolo en la magnitud que corresponde ese pequeño crimen que se da todos los días, que muchas veces es desacuerdo entre partes y con una conciliación, pago del daño, con un proceso más rápido de lo que normalmente se sigue puede encontrar solución y le podemos dar importancia a la corrupción, al crimen organizado, crimen complejo y le podemos dedicar no solo tiempo, sino recursos, vamos a lograr que nuestras oficinas judiciales le den importancia a lo que amerita y todo lo demás lo podemos ir resolviendo en una medida mejor y menos duradera en el tiempo, lo que viene a desatascar nuestro sistema.
Esta medida de efectividad de los sistemas jurídicos se logra con esta nueva legislación que estamos experimentando en poco tiempo ha empezado con éxito a pesar de las dificultades materiales que podamos tener, hemos visto como la gente se inclina por alguna solución que no era la que siempre se buscaba, era ver como equis persona va a la cárcel, estamos logrando esta efectividad de los sistemas jurídicos, esperamos que a uno o dos años podamos con seguridad decir que efectivamente esto se logro.
Otro de los puntos en la lucha contra la corrupción y delincuencia organizada, es buscar la honestidad y capacidad de los servidores públicos, -como se analizó en el resumen anterior- si no tenemos honestidad y capacidad de los servidores públicos estamos cometiendo actos de corrupción, si ponemos a un deshonesto frente a una función pública en vez de combatir la corrupción estamos colaborando con ella.
Otro de los puntos esenciales es la cooperación internacional sustentada en el respeto a la soberanía y jurisdicción nacional, bajo un esquema de responsabilidad compartida y reciprocidad, en esta pequeña definición existen varios elementos que necesitamos para buscar esa cooperación en Centroamérica. Si no está sustentada esa cooperación en el respeto a la soberanía y a la jurisdicción nacional de cada uno de nuestros países nunca nos vamos a poner de acuerdo y si no lo hacemos bajo un esquema de responsabilidad compartida y de reciprocidad bajo este marco de respeto a la soberanía y jurisdicción nacional tampoco vamos a lograr los efectos que buscamos.
Además de estas tres medidas que indique muy ligeramente debemos ahondar lo que en un inicio había expuesto, no solo jurídicamente podemos combatir este flagelo, tenemos que buscar como nuestros estados encuentren una formula para evitar la injusticia social, evitándolo vamos a evitar mucho crimen posterior, esto nos va a facilitar y lograr la efectividad de los sistemas jurídicos.
Como proposición se deberían buscar las sanciones para la criminalidad organizada y económica, no son sanciones tan fáciles como normalmente lo podemos ver del criminal económico no vamos a lograr de él la resocialización, la persona que participa en corrupción tiene un nivel económico, cultural y político muy alto; penas que busquen la resocialización no lograrían nada en este caso al contrario hay tratadistas que lo que exponen es buscar un tipo de pena intimidatoria, un efecto shock una pena corta, algo que busque él que no se delinca, es una utopía pretender que esto llegue a darse en un todo, no es esa la medida resocializadora, lo que se debe buscar es la otra medida intimidatoria de no participar.
¿Cómo encontrar soluciones para esto? No es tan fácil. A veces es más efectivo la amenaza de la publicidad de un proceso a que se verá sometida una persona de gran capacidad económica, política, etc. que cualquier amenaza de cárcel, es más duro para una persona enfrentar la publicidad de las acciones delictuosas que cualquier otra medida. El cierre de la empresa podría ser otra medida que se puede estudiar a futuro para combatir el delito económico, la inhabilitación profesional.
Deben ser penas contra motivadoras y disuasivas las que se busquen específicamente para este tipo de delincuencia, no están fácil como creer que en el Código Penal tenemos que ya está solucionado el problema, es fundamental e importante, tiene que existir la conveniencia así lo exige, pero no podemos verlo como la única medida que va solucionar el problema de la corrupción.
Si no vemos el derecho penal como parte de esa lucha y por otro lado dejamos sin tomar en cuenta lo que es la injusticia social y los problemas culturales a ningún buen puerto vamos a llegar.
Sintéticamente estos son los puntos que yo traía para exponer dentro del tiempo que se me dió, en alguna medida he tratado de racionalizar el tiempo necesario exponer a la ligera las medidas más efectivas, que no solo nos permitan luchar a nivel nacional y regional.
LA PRESIDENTA:
¿Don Carlos usted tiene que retirarse inmediatamente? Si es así ofrezco la palabra a los señores diputados si tienen que hacerle alguna pregunta, para que se pueda retirarse en el momento que considere necesario.
LICDA. MAGGIE BREADY:
Para es mi es un honor estar con ustedes, hacer un reconocimiento del esfuerzo que se ha hecho para combatir la corrupción, especialmente quiero hacer un reconocimiento a doña Carmen Valverde, ha sido una lucha sin cuartel porque me consta; la encuentro en todas partes y me siento contenta de tener una diputada que está luchando contra la corrupción.
Un aspecto que es muy importante es el lavado de dinero. La Superintendencia General de Entidades Financieras tiene una función específica en este aspecto, la ley se lo da a través del Artículo 130, la obligación de reportar cualquier operación dudosa o sospechosa en cuanto al lavado de dinero.
Nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados, tratamos por todos los medios de hacer una labor grande en ese aspecto.
Empezamos a hablar de como se estiman los capitales dentro del sistema financiero, establecido y registrado no podemos hablar de uno de los aspectos más importantes que se opera en el lavado de dinero que es la banca “off short” nosotros no tenemos acceso a esa banca.
Nosotros podemos supervisar todas las empresas domiciliadas en Costa Rica, se ha dado una legislación sobre grupos financieros que trata de incorporar la supervisión aunque sea parcialmente, a estas entidades.
El problema que nosotros tenemos en ese aspecto es que sabemos de donde captan las empresas, generalmente hay bancos que los representan y las operaciones de captación se registran, ese dinero se va la “off short” y a quién se lo dan no tengo acceso a eso.
No tener acceso a los lugares y personas a quienes les llega el dinero captado en Costa Rica, en ese aspecto se está tratando de obtener alguna clase de supervisión y esperamos que a través de eso se puede hacer algo.
¿Cómo se puede hacer en Costa Rica y Centroamérica para legitimizar el capital que entra como divisas, dólares? Hay varios métodos, el más corriente de llevar los dólares en una valija, presentarlos al banco y cambiarlos, ha cedido el paso a este sistema de sobrevaluar importaciones, subvaluar exportaciones y otros métodos delicados utilizados en el sistema financiero.
Las importaciones sobrevaluadas las diferencias pasan a cualquier banco del exterior, al entrar con documentos extendidos por nuestros bancos se legitimizan, los mismo sucede con las exportaciones sobrevaluadas.
En el caso de las exportaciones que van con unos precios mas elevados, la diferencia se establece en un banco del exterior ahí se cambia de dinero prohibido a ser dinero legítimo.
Muchas de las empresas existentes operan de esa manera, en nuestro país y en todo Centroamérica existe una amplia posibilidad de negociar con divisas. A quí no se pregunta de donde trajo esos dólares y cuando los emiten no se le pregunta hacia donde van, cualquiera puede traer al estilo antiguo, una valija con dólares y cambiarlo al banco.
En este momento se han tomado varias medidas para tratar de controlarlo. ¿Qué es lo que produce el lavado de dinero? El que está aquí haciéndolo obtiene grandes ganancias por las comisiones que se le pagan, se traduce en la compra y adquisición de bienes, le da poder hay muchas personas con interés en ayudar a lavar dinero.
Nosotros hemos detectado algunas operaciones que son difíciles de clasificar, no tenemos acceso a las entidades o las personas para decirle “demuéstreme de donde viene esto” lo que tenemos que hacer es pasarlo al Ministerio Público, lo más importante en este momento es que estamos despiertos, todas las entidades supervisoras la SUPEN y la Superintendencia de Valores para trabajar en ese aspecto y permitir a la ciudadanía la seguridad de que estamos tratando de corregir ese mal que es uno de los fundamentos de corrupción ahí es donde empieza.
¿Cuáles son los antecedentes de la lucha contra la legitimación de capitales? La Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas convocada en 1988, propone tipificar el lavado de dinero como delito, para asegurar que las leyes de secreto bancario no se conviertan en obstáculos para la investigación y modificar la legislación a fin de que no se impida las investigaciones y cooperaciones internacionales.
Ustedes saben que hay una dificultad grande de comunicación entre la Superintendencia de los distintos países por lo que es la soberanía en cada país, ninguno permite que la superintendencia de un país entre a revisar sus entidades. ¿Qué sucede? Muchas veces las operaciones se transforman en secretos entre los estados de modo que no haya acceso a esa investigación.
La Convención de Viena trató de tipificar el delito y hacerlo de modo que hubiera una comunicación directa entre los distintos países. En 1989 el Comité de Basilea que esta compuesto por miembros de los diez países más industrializados de Europa, fijan las normas para todo el mundo sobre la supervisión.
Costa Rica se ha adherido a esos postulados y tratamos de seguirlos por que son muy sabios, prácticos y necesarios para una buena supervisión. El Comité tiene un documento que se llama Principios para la prevención del uso delictivo del sistema bancario para el lavado de dinero, considera que las autoridades de supervisión bancaria deben desempeñar, además de sus funciones el papel general de alentar normas éticas de conducta, profesional dentro de las instituciones financieras y alentar a la vigilancia contra el uso delictivo de sistemas de pagos a la instrumentación de protecciones preventivas eficaces y a la cooperación de las diferentes autoridades.
En 1988, la entonces Auditoría General de Entidades Financieras y no la SUGEF actual, insta al sistema financiero nacional a detectar las operaciones conocidas como lavado de dólares y pone en vigencia el acuerdo AGEF Nº 22, para que las entidades reporten cada una de las transacciones en divisas que tramiten por una cuantía igual o mayor a $10.000 dólares o su equivalente en otra monedas extranjeras.
En la actualidad nosotros mantenemos esa práctica que las entidades financieras reporten a la SUGEF, las operaciones mayores a $10.000 dólares, hay que cambiarlo. Ustedes toman a 20 personas que le depositen $9.000 dólares en cada banco ya tienen $100.000 dólares y no tienen rastro.
En 1990 la OEA, recomienda la adopción de las normas contenidas en el reglamento modelo sobre delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos a los Estados miembros, fue aprobado el 23 de mayo de 1992.
Recientemente, los miembros de la Asociación Bancaria Costarricense que es una Asociación de los bancos privados y estatales aprobaron el acuerdo interbancario para la prevención y control del lavado de activos, con el propósito de evitar que los servicios y operaciones sean utilizados para la legitimación del capital.
En ese mismo mes el Banco Central de Costa Rica, sometió a consulta el documento medidas generales básicas para evitar la legitimación de capital provenientes de actividades ilícitas en la economía costarricense, dirigidas a los sectores con probabilidades de ser afectados.
Hay dos normativas una de la ABC y Banco Central tendientes a obtener la colaboración de las entidades financieras para detectar el lavado de dinero.
En la SUGEF el año pasado hicimos un estudio por nueve días hábiles y le pusimos Operación Relámpago, se hizo simultáneamente en los 25 bancos privados, 3 estatales, Banco Popular y en algunas financieras, esta operación nos demostró que en días hábiles hubo 10 mil transacciones en moneda extranjera, todas en dólares, esas operaciones significaron un total de $443.8 millones de dólares y el promedio sería de $50 millones al día se transó en ese momento y probablemente es repetitivo, a raíz de esa operación los bancos han puesto mayor interés en sus clientes.
La emisión de ese acuerdo tiene como objetivo: “conozca su cliente”, los bancos deben de conocerlos para saber quienes son, que manejan y poder determinar alguna transacción que sea usual del cliente y darse cuenta de que se está frente a una operación de lavado.
¿Cuál es la situación actual?, ¿qué se está realizando en Costa Rica para la lucha contra el lavado? Para cumplir con el Artículo 130 -que es el que nos obliga a reportar cualquier operación dudosa- y la recomendación hecha por el Consejo de Gobierno, en julio de 1988 y en setiembre de 1999, se crea dentro de la SUGEF una sección de operaciones especiales que tiene a su cargo entre otras funciones, estudiar los distintos métodos y etapas aplicadas para efectuar el lavado de dinero, requerir información a todos los organismos nacionales y si se puede internacionales, velar por que se cumpla con los controles internos para evitar la legitimación de capitales.
Ese es uno de los efectos que se ha logrado para que la SUGEF, haga cosas concretas, como la creación de esa unidad, es de investigación no establece normas. Estamos elaborando normativas para tratar de que las operaciones que se hagan en los bancos sean legítimas.
Nosotros como entidad supervisora estamos conectados con los bancos en la supervisión del lavado de dinero, se nombró una comisión de enlace para trabajar con los bancos en este aspecto.
Quiero manifestar que nuestros bancos son sanos, la gran mayoría de bancos privados los directores, tratan de evitar el lavado de dinero no se puede garantizar que todos los clientes sean buenos, hay que investigar que clase de clientes son.
¿Hacia dónde vamos? Centroamérica y el Caribe son áreas importantes de tránsito para los narcotraficantes y nuestro país no se queda atrás, los métodos de lavado de dinero son semejantes adaptados a regulaciones de cada país y en la medida para su combate están subdesarrolladas.
Por lo tanto, es necesario no solo contar con acuerdos interbancarios o medidas mínimas de control sino con legislación, que permite enjuiciar aquellas personas físicas que utilizan por cuenta propia o de otras personas nuestro sistema financiero para estas actividades, a sabiendas del papel que desempeña los centros financieros, de las “off short”.
Especialmente, en algunas entidades jurídicas caribe y el proceso mundial de lavado de dinero, en nuestro país bancos privados tienen una “off short” está en el período que se puede supervisar a través de los grupos financieros.
Quiero agregar que entre las anécdotas que nos relato el General Mccafree sobre le lavado de dinero en el Caribe a través de los casinos, lograban entrar con valijas de dinero y salir con cheques, lavaban automáticamente el dinero.
Muchas de las operaciones del narcotráfico se hacen a través de algunos bancos establecidos muy cerca de nosotros, eso facilita que seamos un país de tránsito, todo Centroamérica está sujeta a ello, lo que tenemos que hacer es unirnos todos en esta lucha y tratar de que las comunicaciones de información entre los países sea viable, es una inquietud que quiero dejarles es la forma más eficiente de combatirlo.
Para terminar quiero hacer algunas sugerencias que nosotros pensamos conversar con los diputados para que las sanciones que se le aplican a los narcotraficantes, sean aplicables a los que lavan dinero, en este momento no hay sanciones drásticas para el lavado como si lo hay para los que la trafican la droga.
Una vez más me complace mucho que ustedes estén aquí con un propósito tan noble, no queremos que Costa Rica se convierta en una cleptocracia. Gracias.
LA PRESIDENTA:
Me voy a permitir hacer dos acotaciones a su exposición. Ella citó como uno de los avances que se a hecho en los últimos años el establecimiento del reglamento modelo de la CICAD - OEA sobre el lavado de dinero fue el que sirvió de base para que un grupo de parlamentarios que participamos a título personal en el programa CEDEJU propusiera un convenio centroamericano Mario Salazar y yo trabajamos juntos, el convenio centroamericano que contempla estos aspectos que doña Maggie ha señalado.
El convenio que esta Comisión de Parlamentarios propuso a cada uno de sus presidentes del Poder Ejecutivo fue suscrito por cada uno de los presidentes de Centroamérica en la última cumbre centroamericana en Panamá, está en proceso de aprobación en cada uno de los congresos.
En el caso de Costa Rica faltaban algunos detalles de legitimación de las firmas, me dice Mario que están en´consulta con las entidades financieras de ese convenio, en Costa Rica estamos en proceso de aprobación de una reforma integral a la Ley de Sicotrópicos y Narcotráfico, en ella se incorporaran la tipificación de conductas con el lavado de dinero, hay un capítulo que se incorpora a la ley de Sicotrópicos que no existe y contempla las recomendaciones que ha mencionado doña Maggie como las del reglamento modelo del CICAP - OEA, yo espero que en los próximos meses esa ley esté aprobada, parte de la documentación vamos enviar a ustedes es esa normativa nueva.
DIP. JOSÉ ORLANDO ARÉVALO:
Soy Diputado de El Salvador y quiero hacerle dos consultas. ¿Qué nos podría usted aconsejar o recomendar en relación a buscar algún mecanismo de control para evitar el crédito de grupos y empresas relacionadas? ¿Qué mecanismo se podría emplear para el control de las operaciones en lavado de dinero en operaciones del mercado abierto?
LICDA. MAGGIE BREADY:
En las recomendaciones de Basilea hay disposiciones con respecto a los créditos y empresas relacionadas. En Costa Rica pusimos en la legislación ciertos topes, que una entidad no puede hacer más del 20% de su capital en prestamos individuales y el 80% en total a las empresas relacionadas.
La legislación es bastante sencilla lo que es un poco complicado es la ejecución del control, usted tiene que hacer un inventario de su país de todas las empresas que están relacionadas, ahí es donde las cosas salen.
Nosotros tenemos una base de datos está a la disposición de ustedes. En cuanto evitar el mercado abierto el lavado dinero, es muy difícil por la legislación que existe en todos los países, se puede traer los dólares que quiera y exportarlos a donde sea, tiene razones por tenerlo aquí y exportarlos lo mismo en El Salvador.
Yo pienso que si nosotros tratamos de legislar poniendo algunas trabas a ese movimiento algunos capitales que vienen con frecuencia llamados “Golondrina”, puede ser que no quieran utilizar al país para invertir.
¿Qué posibilidades hay de hacer una comisión centroamericana y buscar la factibilidad? Nosotros tenemos un Consejo de Supervisores que podíamos combinar, es muy interesante lo que usted plantea.
EL SECRETARIO:
Muy interesante la exposición que usted hizo, espero que nos sirva de ilustración a este foro para tomar en cuenta todas sus sugerencias, todos los legados de diferentes países tomen en cuenta eso para la redacción de la ley, para tratar de reprimir ese tráfico de dinero.
¿En alguna ocasión han descubierto o comprobado que se está lavando dinero en algunos de los depósitos?
LICDA. MAGGIE BREADY:
Nosotros lo que obtenemos de nuestros análisis y estudios y si logramos determinar alguna sospecha, lo pasamos a las correspondientes instancias, el Poder Judicial, permítame reservarme eso y no comentarlo.
SR. RÓGER MIRANDA GÓMEZ:
Yo quisiera escuchar su opinión si este método de solo detectar o sospechar y pasarlo a las autoridades de la Procuraduría de Justicia o los organismos judiciales, es lo único que se puede hacer o han visualizado ustedes alguna opción más dinámica que permita ir un poco más allá, para evitar que ustedes pongan en conocimiento de la autoridad y que ello pueda permitir escapar a la acción de la justicia.
LICDA. MAGGIE BREADY:
No, nos limitamos hacer la transmisión es lo que la ley nos dice, si el juzgado o tribunal nos pide colaboración hay que ampliar la investigación, ya no estamos como autoridad sino como asistente de un juzgado o juez.
LA PRESIDENTA:
Le damos la bienvenida a don Ronald Hidalgo, quien viene en representación del señor Contralor de la República.
LIC. RONALD HIDALGO:
Muy buenas tardes. Quiero agradecer a nombre de don Luis Fernando Vargas la oportunidad que se nos ha dado en este foro tan distinguido para exponer brevemente algunas de las preocupaciones en relación con el combate de la corrupción en nuestros países, la ausencia de don Luis se debe a que en estos momentos se lleva a cabo la Décima Asamblea de la Organización Centroamericana de Entidades de Fiscalización Superior celebrada en nuestro país. Algunos de los temas que se están discutiendo se comentan en nuestra sede, en la cual se lleva a cabo la Asamblea.
Nos complace mucho la inquietud en ese sentido y espero que las breves ideas que comentaremos, resulten compatibles con los objetivos de la actividad que ustedes llevan a cabo.
Trataremos tres puntos fundamentales.
El primero, de ellos es, cómo pueden afectarse las funciones de control y fiscalización de la Hacienda Pública por la transformación que sufren nuestros Estados a.
En segundo lugar, una preocupación relacionada con la disipación de fronteras entre lo público y lo privado.
Y, finalmente, algún comentario referente a la relación que debe haber entre las contralorías o tribunales de cuentas con los parlamentos, en el ejercicio de su función legislativa.
La existencia de una administración pública legalizada, es decir, organizada desde y conforme con la ley, cuya principal atribución es buscar la satisfacción del interés general, dentro del marco que el ordenamiento jurídico le fija y dentro del respeto para los derechos fundamentales del ciudadano. Es una concepción que tiene profundas raíces en documentos que han servido para la promulgación de las constituciones políticas de los países de Latinoamérica y que permearon, en gran medida, el desarrollo constitucional de Occidente. Hago referencia al Movimiento Independentista de Estados Unidos y a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
El Estado de derecho -frase que, quizás, por reiterada va perdiendo su verdadero valor- viene a ser enriquecido por los aportes de todo este movimiento para rescatar el valor del principio democrático que tiene para nuestros Estados, así como la adecuada comprensión de la función que deben llevar a cabo.
Bien sabemos que la autoridad pública vale en tanto se constituya conforme con el Derecho. Pero, al mismo tiempo, ha de servir a los intereses generales de los ciudadanos. Se trata de la existencia de un gobierno, cuya legitimidad tiene como base no solo mecanismos electorales de amplia base popular, sino que, una vez investido de las prerrogativas que el ordenamiento le asigna, cumpla con la mayor eficiencia el cometido esencial de toda comunidad jurídicamente organizada, que es el bien común.
Como puede observarse, no se trata solo de la mera sumisión del Estado a la ley, sino que va más allá. Tanto es así, que podríamos afirmar que, actualmente, el gran reto del Derecho Administrativo no solo será conjurar la arbitrariedad de la administración, sino constituirse en el agente fundamental para una administración pública más eficiente.
Lo que llevamos dicho no es, necesariamente, mera filosofía. Hay una anécdota que cita Ortega y Gasset en su libro “La rebelión de las masas”, que es muy oportuna: El gitano que se va a confesar es interpelado por el padre y el cura, muy precavidamente, le pregunta que si sabe los mandamientos de la Ley de Dios. El gitano le contesta: “Mire, padre, yo los iba a aprender, pero he oído un runrún de que los iban a quitar”. Bueno, no sabemos si esa es la sensación que se viven en nuestras sociedades modernas.
Hay una serie de principios constitucionales que reafirman el derecho fundamental del ciudadano, de contar con una administración pública eficiente. Baste con recordar que la Constitución obliga la creación de un servicio civil para garantizar la eficiencia de la administración; no sólo protege los intereses gremiales de los funcionarios, sino que, también está en función de un interés paralelo que es, precisamente, la satisfacción del bien común.
Comento esto, porque algunos funcionarios públicos les pasa lo del gitano que se iba a confesar, y dice: “Pues, diay, yo pensé que esto iba a cambiar y no lo tomé en cuenta”. De vez en cuando es oportuno repasar este tipo de disposiciones de nuestra Carta Fundamental.
Decíamos que todo Poder, además de ser un poder jurídico, para valer como autoridad legítima requiere poseer una legitimidad por el propio ejercicio del poder, en aras de una satisfacción del principio democrático que esto exige.
¿Qué relación puede tener esto con el tema de la corrupción? La Contraloría General de la República ha detectado, con harta frecuencia, que la corrupción no es un virus que crece en condiciones de eficiencia, o no se reproduce en condiciones de eficiencia. Precisamente, las administraciones que muestran índices bajos de efectividad son las que están más infectadas por este virus.
Tradicionalmente, las contralorías o tribunales de cuentas han orientado sus actividades en los conceptos derivados del control de legalidad y la auditoría tradicional. Sin embargo, una organización moderna no posee evaluaciones basadas en estas técnicas.
El juicio de legalidad no menciona acerca de la efectividad de los logros alcanzados por la organización; es decir, si sus tareas tuvieron o no pertinencia para la ciudad y, en suma, si sus necesidades fueron satisfechas o no. Tal vez, una licitación para construir pirámides no tuvo problemas de trámite, pero en ningún momento un gobernante emprendería, hoy un negocio que no tuviera legitimación en función del interés general.
Esto ha movido a la Contraloría General de la República a orientar la concepción del control gubernamental, hacia una evaluación integral de la actividad sustantiva de la administración pública, más allá de un juicio formal de la legalidad o de conformidad con el juicio de una auditoría, con los alcances y efectos que permitan nuestro régimen constitucional. No interesa el procedimiento seguido por la administración, sino el efecto que se haya logrado.
Hay algunos problemas que hemos vivido o visto marcadamente. La administración financiera tradicional se ha destacado por un marcado énfasis en la legalidad del gasto y en un entendimiento del presupuesto, como un mandato pétreo para el administrador. De esta forma, cualquier desviación de su régimen presupuestario, se traduce en un juicio de malversación o de peculado.
Por otro lado, la relación servicio público-cliente, lejos de hacerse más estrecha, se ha transformado en un circuito cerrado entre oficinas de especializada y tecnificada planificación y servidor público. No se toma en cuenta si las actividades que han desarrollado y las metas que se han presupuestado tienen o no, la virtud de satisfacer las demandas de los beneficiarios finales de la gestión pública.
La auditoría y el control de legalidad mantienen su pertinencia para ciertos casos, pero no se deben constituir, necesariamente, en una regla a observar permanentemente.
Un segundo punto que se ha discutido mucho en nuestras organizaciones, es la disipación de las fronteras entre lo público y lo privado. Los negocios del Estado y los privados siempre han tenido puntos de contacto, especialmente en materia de contratación administrativa; sin embargo, las reformas que se llevan a cabo en muchos de nuestros países abren la posibilidad para que casi todo campo de acción, anteriormente reservado a los funcionarios públicos, se ejecute por entidades privadas. La recaudación de tributos, la constitución de fideicomisos con recursos públicos, la transferencia de fondos a subvenciones de organizaciones no gubernamentales, la contratación de servicios no sustantivos como vigilancia y aseo, las cuentas corrientes en manos de bancos no estatales y la entrega en la explotación de servicios públicos por particulares, bajo la modalidad de concesión son una muestra de las formas que adquiere el funcionamiento de la gestión de los intereses generales en nuestra administración pública. También hay que destacar que la sociedad civil asume espontáneamente la satisfacción de sus necesidades más apremiantes.
Obviamente, esta tendencia tiene consecuencias sobre los procesos de control de la administración financiera, que fueron diseñados en función de un esquema que los identifica como atribuciones de los funcionarios públicos.
En esta etapa, los sistemas de control interno que estén en el seno del Estado adquieren una enorme importancia. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos de un Estado hacedor a un Estado regulador; un Estado que descarga muchas de sus funciones en la sociedad civil o en agentes vinculados bajo un régimen contractual.
Por tanto, hemos propuesto una descentralización de las funciones del control, en favor de la especialidad, en la atención del surgimiento y el fortalecimiento de órganos reguladores o de fiscalización, como puede ser la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, la Defensoría de los Habitantes, entre otros.
Se requiere una revisión del régimen de impugnación de los actos administrativos e incluso, de la responsabilidad de la administración pública, que tiene -en esa ley general- un grado de desarrollo bastante avanzado. Nos preguntamos si este régimen será aplicable a los nuevos actores, que tienen su carta de nacimiento en el derecho privado, punto que debe tomarse en consideración.
Otro aspecto importante que debe agregarse a esta disipación entre lo público y lo privado, se refiere al conflicto de intereses. Nuestro legislador civil impide al mandante comprar lo que se ha mandado vender, ni vender de lo suyo al mandatario; sin embargo, tratándose de la esfera pública, es preciso ser más sutiles. El peso del Estado en la vida económica de una nación es innegable y el gobierno despliega una ingente actividad como administrador de sumas. Es el primer consumidor de bienes y servicios; el patrono de un porcentaje importante de la población económicamente activa; prestador de servicios, a veces en condiciones de privilegio y de ineludible relación en materia de comercio internacional, etcétera.
Ya nuestra ley general sanciona la desviación de poder, como un servicio susceptible de ser atendido por nuestros tribunales bajo la forma de nulidad; pero hay aspectos que no han sido adecuadamente desarrollados por nuestra legislación y son muchos los ejemplos que pueden señalarse.
La materia de empleo público es, posiblemente, una en las que fructifica el conflicto de intereses. Existen muchos instrumentos de negociación laboral colectiva, pero no es fácil separar en ellos el interés patronal del interés privado de los funcionarios que ejercen los cargos de representación en la entidad.
Por otro lado, la materia de contratación administrativa también es especialmente sensible en esta materia.
La atención al conflicto de intereses requerirá, ineludiblemente, de la aspiración que en nuestro ordenamiento interno ha venido a introducir la reciente suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que tiende a promover en los Estados partes, el desarrollo legislativo de muchos de estos temas.
Nuestra legislación sobre conflicto de interés, enriquecimiento ilícito o soborno transnacional, protección al denunciante que obra de buena fe y los mecanismos que estimulen una rendición de cuentas, o son inexistentes, muy candorosos, o se han vuelto completamente inoperantes.
En ese sentido, los países centroamericanos han de urgir a sus parlamentos para que introduzcan en sus ordenamientos este importante instrumento de derecho internacional, que Costa Rica incorporó hace poco tiempo.
El tercer punto que queríamos comentar es el papel de las entidades de fiscalización superior, como auxiliares de la Asamblea Legislativa en la función de producción normativa. La norma escrita debe cumplir una serie de requisitos que exceden los objetivos de una exposición como la presente, en cuanto a claridad, flexibilidad, generalidad, etcétera.
El problema estriba en que, en muchas ocasiones, las contralorías o las entidades de fiscalización superior se ven compelidas a aplicar normativas que no convencen que resultan desfasadas de la realidad. Sufren el embate de la crítica tradicional, alegando que se trata de entidades que coadyuvan al entorpecimiento de una gestión eficaz de la administración.
Es una concepción muy arraigada que las entidades de fiscalización superior se entiendan al margen de la gestión gubernamental, por cuanto se estima que la labor que desempeñan es incompatible con las funciones de la administración activa. Sin embargo, hay que recordar que las entidades de fiscalización superior deben estar identificadas por la razón de ser del Estado, que es la prosecución del bien común.
Si las entidades de fiscalización se encuentran adscritas, por lo general, a la Asamblea Legislativa y tienen un acopio de información útil, ha de admitirse que pueden convertirse en un insumo útil a la hora de discutir y promover reformas legislativas.
El hecho de que la Contraloría pretenda poner más énfasis en una evaluación del resultado de la gestión de una determinada administración pública, no tiene necesariamente la finalidad de ser un ejercicio inútil, sino que se piensa que su remisión al Parlamento tiene una consecuencia muy calificada. El Parlamento, como representante del pueblo, puede hacer acopio de la información útil y pertinente que le remite la Contraloría, acerca de la forma en que operan sectores sensibles de nuestra sociedad. Puede ser el sector salud, una evaluación del sector comunicaciones o una evaluación de diversas formas de gestión de servicios públicos en manos privadas, que se convierte en una herramienta útil en materia de fiscalización.
Tampoco quisiera dejar de mencionar que nuestro régimen de control constitucional, confiere a la Contraloría la capacidad de acudir en forma directa ante la Sala Constitucional, en demanda de la anulación de normas y decretos que estime inconstitucionales.
El balance de la vigencia de esta ley, en relación con las funciones que hace nuestra oficina, es más que favorable en provecho de los intereses de la Hacienda Pública. La jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en materia de presupuesto público y administración financiera, resulta de trascendental importancia para el correcto entendimiento de la normativa que se aplica, amén de los vicios que se han corregido de un tiempo para acá.
Se trata de una labor que coadyuva y pretende limpiar mucho de la normativa que se encuentra vigente, así como fortalecer a la Contraloría en el marco de un verdadero asesor de la Asamblea Legislativa en la promulgación de normativas que, al fin de cuentas, justificar la existencia de los parlamentos. Los parlamentos tienen su raigambre histórica en el control de los impuestos que requerían autorizar y que justifica mucha de la labor técnica que realizan las contralorías en nuestros países.
Creo que esto es, muy resumidamente, nuestra exposición.
El tema de corrupción suscita muchísimas más aristas y temas que podríamos tocar, pero esos son los tres aspectos de los que nos interesaba comentar en un foro como el presente.
LA PRESIDENTA:
Si hay alguna pregunta por parte de los señores diputados, les ruego que procedan a hacerla.
En consecuencia, continuamos con la exposición la Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Defensora de los Habitantes.
LICDA. SANDRA PISZK FEINZILBER
DEFENSORA DE LOS HABITANTES:
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Quiero que mis primeras palabras sean para celebrar la iniciativa de una Comisión Interparlamentaria para analizar la que -posiblemente- sea la amenaza más grande para el desarrollo de nuestro sistema democrático, como ya se ha dicho acá: la corrupción.
También quisiera sumarme a la felicitación que se le ha hecho a la Diputada Carmen Valverde, por su ardua lucha en este tema en nuestro país.
El enfoque de una institución como la Defensoría de los Habitantes sobre el tema de la corrupción, es un poco distinto al que se ha venido desarrollando, en tanto constituye un enfoque relacionado con una violación a los derechos humanos.
Debo decir que la Defensoría, en Costa Rica, se ha sumado a otras instituciones públicas, como las que están aquí presentes, en la lucha contra la corrupción, por cuanto considera que al haber un hecho de corrupción, de alguna manera se está violando un derecho fundamental de un ciudadano. Es en ese sentido en que se orienta la exposición que quiero hacer hoy.
La necesidad de combatir este problema, particularmente, en aquellos casos en que este se anida tras el velo protector de la función pública, ha dejado de ser -como decía don Carlos Arias- una simple preocupación, para convertirse en condición indispensable para garantizar la credibilidad en los regímenes democráticos.
Sin embargo, sería engañoso asociar únicamente la corrupción con la función pública. Partimos de la premisa de que en ese fenómeno intervienen, no solo los sectores públicos sino que otros sectores de la sociedad. Voy a continuar con las citas que ya se han hecho, esta vez con Sor Juana Inés de la Cruz, para recordar que “tanto peca el que paga por la peca, como el que peca por la paga”.
La percepción de los habitantes en relación con el aumento de la corrupción, evidencia que se trata de un problema de considerables repercusiones en todos los ámbitos. Los resultados de la Encuesta Consolidada de Opinión Pública Centroamericana que recientemente se hizo, señalaron que el ochenta y cinco punto siete por ciento (85.7%), de la población considera que, actualmente, hay más corrupción que hace diez años.
En el caso de la función pública, tal preocupación se fundamenta en que los actos de corrupción tienen una incidencia directa sobre la prestación de los servicios públicos y, consecuentemente, sobre los derechos e intereses de los habitantes. Quisiera reiterar que la corrupción en la función pública por acción o por omisión, constituye una violación a los intereses y a los derechos de los habitantes.
Por sus implicaciones, la Defensoría de los Habitantes considera que el combate a la corrupción exige una actitud firme de parte de todas las instituciones y, particularmente, de aquellas que tienen por función el control sobre el ejercicio del poder público.
Es necesario considerar, además, que esta responsabilidad debe asumirse conjuntamente con los habitantes de la República, quienes tienen, a su vez, el derecho y el correlativo deber de contribuir en tan urgente tarea. Y, quizás, esto es lo novedoso en el punto de vista que tiene la Defensoría sobre el tratamiento del tema. Por ser nosotros una institución muy ligada a la sociedad civil, consideramos que estos asuntos no deben manejarse solo desde el punto de vista de la organización formal, sino que la sociedad civil debe involucrarse activamente, por medio de las organizaciones, de la prensa, de la vigilancia activa y el conocimiento de los ciudadanos. El tema de la información debe ser manejado en foros de esta naturaleza y deben ser instrumentos que contribuyan, de alguna manera, a combatir la corrupción.
La Ley de Defensoría de los Habitantes establece, como una de sus funciones, velar porque el funcionamiento del sector público no solo se ajuste al derecho positivo sino, además, a la moral y a la justicia.
Precisamente, es con ese fundamento que la institución que represento asume el combate contra la corrupción en el ejercicio de la función pública desde dos perspectivas. Primero, por sus efectos sobre los derechos e intereses de los habitantes y, segundo, por su incidencia en la calidad y eficiencia de los servicios públicos.
Decía anteriormente el representante de la Contraloría, y coincido con él, que en el tanto no haya eficiencia, transparencia y exista desorden en la administración, hay muchas más posibilidades para que el flagelo de la corrupción no solo se establezca, sino que se desarrolle.
Hoy día resulta incuestionable el derecho que tienen todos los habitantes de exigir una actuación racional, proba y consecuente de parte de las autoridades públicas. Desde esa premisa, puede afirmarse que cualquier acto de corrupción constituye una violación a los derechos de los habitantes, al trasladarle los costos por las pérdidas que ha sufrido el patrimonio social y estatal.
En un informe de la Defensoría, de hace casi un año, señalábamos que el tema del Banco Anglo -del que no sé si los señores diputados que nos visitan tienen conocimiento, pero en todo caso, se trata de un acto histórico en materia de corrupción en la Administración- elevó la inflación en este país casi en seis puntos porcentuales. Es por ese motivo que no puede verse este asunto solo como un tema de tipo bancario, como un problema de corrupción, sino que debe verse, también, en el impacto por supuesto, que tuvo sobre la población en su conjunto, sin dejar de lado a los funcionarios del Banco.
Posiblemente, si sumáramos las consecuencias económicas de los actos de corrupción, nos daríamos cuenta de que su incidencia en el sistema económico y social de cada uno de nuestros países es realmente catastrófico. Los costarricenses, nos sentimos sumamente orgullosos de no tener ejército, pero si hiciéramos una sumatoria de los actos de corrupción conocidos en los últimos años, posiblemente andaríamos muy cerca de lo que suponemos que estamos ahorrando y que queremos seguir ahorrando en armamento.
Por otra parte, los actos de corrupción aluden la existencia de conductas que se desvían de los deberes inherentes al ejercicio de la función pública, con la intención de perseguir intereses o beneficios personales.
Lógicamente, todas estas manifestaciones tienen una incidencia directa sobre la calidad y eficiencia con que se prestan los servicios públicos.
La necesidad de preservar estos fines, exige de la Defensoría un abordaje integral sobre estos temas, concebido como un fenómeno cultural, social, político y económico, que propicia la destrucción del régimen institucional.
Del análisis de sus atribuciones, se desprende que el control de la moralidad que la ley le atribuye a la Defensoría, apunta específicamente a un segmento particular de la conducta humana: el control de la moral en el ejercicio de la función pública. En ese sentido, la moral, en el ejercicio de la función pública, puede entenderse como el conjunto de principios derivados de las disposiciones que regulan el funcionamiento del Estado y que establecen las normas de conducta, inherentes a los deberes y responsabilidades de quienes ejercen la función pública.
Uno de los objetivos que se plantean al momento de definir una propuesta para combatir la corrupción, es la necesidad de desarrollar una estrategia que comprenda acciones preventivas y correctivas, que garanticen un abordaje estructural del problema. Es indispensable que el Estado asuma un papel beligerante en la formación e información de los ciudadanos; por ello, la Defensoría no solo protege los derechos de los habitantes, sino que también los promociona, porque el ciudadano no puede defender lo que desconoce.
Deseo reiterar la importancia de la información y del conocimiento de los derechos que tienen los ciudadanos, porque cuando uno habla de corrupción, tiende a pensar en grandes delitos; pero la corrupción diaria, por omisión, por ejemplo, que se da en las instituciones públicas, la que se da por actos que parecieran muy intranscendentes, podría, de alguna manera, verse disminuida si por lo menos el ciudadano tuviera la información a mano.
Nosotros hemos insistido que en un país como Costa Rica, con índices tan altos de educación, la formación y la información sobre derechos sigue siendo muy pequeña. Por una u otra razón, el sistema educativo formal e informal deja por fuera toda esa parte de responsabilidades y derechos de los habitantes. De manera tal, que cuando el habitante se enfrenta ante la autoridad, no importa si esta es local, nacional, de alta jerarquía o de baja jerarquía, -por supuesto, aquí estoy hablando del habitante común y corriente que asiste a las instituciones en busca de ayuda- se enfrenta con grados de indefensión muy grandes, por desconocimiento de derechos.
En muchos de nuestros países, el tema de la educación cívica y de los derechos era algo que se estudiaba hace muchos años en la escuela y el colegio; pero, por razones que desconozco, ya que no soy educadora, se han dejado de lado esos temas en la educación formal, por lo menos en nuestro país. De manera que yo insto a que ese tema sea contemplado en este foro.
Siguiendo con lo que traigo escrito, debo decir que, tradicionalmente, se ha considerado que la vía penal es la más efectiva para investigar y sancionar los actos de corrupción. No obstante, los acontecimientos que se han presentado últimamente en nuestro país, han puesto al descubierto las insuficiencias y limitaciones que presenta un abordaje de esta naturaleza. En algunos casos, las conductas no están tipificadas como delitos; en otros, los despachos judiciales no cuentan con la capacidad instalada suficiente para enfrentar este tipo de ilícitos y, en muchas ocasiones, el transcurso de los plazos y los recursos legales propios de la jurisdicción penal, facilitan la impunidad.
Desde el punto de vista jurídico, la propuesta que plantea la Defensoría de los Habitantes a este respecto, trasciende la visión estrictamente penal del fenómeno, al tiempo que incorpora pautas de oportunidad, celeridad y sumariedad en las investigaciones que se realizan. Se trata, en alguna medida, del planteamiento de una nueva perspectiva de análisis, en la que los criterios de legalidad y moralidad que regulan el ejercicio de la función pública, se unifiquen en un parámetro aplicable al control de los actos, omisiones y actuaciones materiales de ese sector.
Una de las razones que se argumentan como obstáculo para la investigación de estos actos de corrupción, es la aparente dificultad para controlar los actos discrecionales de la administración. Junto a este criterio, existe otro que ha tenido el mismo efecto: facilitar la impunidad de los responsables, pero que por sus connotaciones, ha contribuido a fomentar la idea de que existe una brecha insalvable entre derecho y moral, entre legalidad y moralidad, que no permite ejercer control sobre la corrupción.
Según este argumento, uno de los principales escollos que enfrenta el combate de estas prácticas, deriva de la creencia de que la mayoría de los actos de corrupción se ejecutan en un ámbito en el que solo son susceptibles de reproche moral y en el que escapan al control de legalidad; presentándose, de esta manera, una clara separación entre moral y derecho.
Este argumento ha servido como excusa para justificar la inercia de algunos órganos encargados de ejercer los controles, y lamento que algunos, a pesar de anunciar su interés por combatir la corrupción, dilatan en el tiempo la adopción de medidas pertinentes.
Es tesis de la Defensoría de los Habitantes que, en el ámbito del ejercicio de la función pública, ambos criterios se funden para conformar parámetros de control de la Administración Pública, que facilitan la identificación, investigación y sanción de actos de corrupción. La vieja tesis de que existen actuaciones administrativas susceptibles de reproche moral, pero sin consecuencias en el ámbito de control de legalidad, debe ceder a la necesidad de una interpretación integral de las normas que regulan el funcionamiento de la Administración.
Desde la perspectiva de incidir cualitativamente en el ejercicio óptimo del servicio público, en las actitudes de quienes los prestan y en las posibilidades de quienes los reciben, la Defensoría ha propuesto e insiste en trabajar en el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas en nuestros países.
En este sentido, nuevamente hago eco de las palabras del representante de la Contraloría. Se trata de que los funcionarios públicos, los responsables políticos especialmente, cumplan con la obligación de rendir cuentas por el cumplimiento de las responsabilidades inherentes a la función que desempeñan. En forma correlativa a este enfoque, los habitantes tendrán, a su vez, el derecho de pedirlas en el momento que lo estimen pertinente.
Sin duda, el desarrollo de una cultura de rendición de cuentas incidiría, indefectiblemente, en la consolidación de una democracia más participativa. Sus efectos se manifestarían en los más diversos ámbitos del sistema social, político y económico, debido a que la cultura de rendición de cuentas, refuerza el carácter de simples depositarios de la autoridad que corresponde a los funcionarios públicos. Asimismo, mantiene a los habitantes involucrados en el proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas y los hace partícipes y corresponsables de las decisiones que se adopten. Establece, además, un importante intercambio de información entre funcionarios y sociedad civil, favorece la estabilidad jurídica y política, lo cual incide positivamente sobre el clima de inversión y, finalmente, previene la corrupción en el ejercicio de la función pública, al mantenerse una vigilancia constante sobre los funcionarios y su gestión. La Defensoría de los Habitantes, como órgano joven -posiblemente el más joven en el régimen institucional costarricense- es un aliado en el combate de este flagelo.
En este foro de tanta relevancia para nuestros países, sugiero a los tomadores de decisiones, a los señores parlamentarios, abrir los espacios en sus respectivos sistemas, a efecto de fortalecer esta forma de interacción de la sociedad civil con las autoridades formales. El ejercicio de la magistratura de influencia que caracteriza a las Defensorías, debe ser, de alguna manera, reconocida y legitimada, al igual que la posibilidad de expresión de los habitantes a través de los diferentes mecanismos que tienen, ya sea por la vía del Parlamento, de la prensa, o de una mayor apertura en los foros en que puedan participar.
Es indispensable que se comprenda que la ausencia de corrupción en el ejercicio de la función pública, es un derecho que no solo reclama el habitante, sino también la sociedad en su conjunto.
Quisiera, por supuesto, terminar retomando lo que dije al principio. Por la razón del foro en el que estamos trabajando, el enfoque va dirigido hacia el control de la función pública. Pero no es un enfoque completo, que contemple al sector privado; mientras no exista el reconocimiento de que se trata de un fenómeno que tiene dos partes, y que consecuentemente requiere no solo del control sino de la participación de la sociedad a través de mecanismos más transparentes, el fenómeno difícilmente podrá ser controlado.
Evidentemente, las leyes son necesarias, las leyes son un instrumento indispensable en todo este engranaje de soluciones, pero no será sino hasta que tengamos una cultura de rendición de cuentas, de participación, de interacción entre la sociedad y las instituciones, que realmente podamos dar una lucha más activa.
Ignoro cuál es la situación en otros países centroamericanos, pero en Costa Rica estamos apenas iniciándonos, en el tema de la rendición de cuentas. Ha sido difícil imponer ante los jerarcas, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, que se dé este tipo de prácticas que son muy comunes en otros países. Inclusive, de las pocas leyes atinentes, una de ellas aprobada hace dos años, para que el presupuesto se discutiera y justificara en la Asamblea Legislativa por los jerarcas de las instituciones, no se ha logrado cumplir. Por supuesto, el tema de la transparencia en la fijación de precios, en la fijación de tarifas de servicios públicos, es algo que me parece de la mayor importancia.
Creo sería interesante, doña Carmen, que los señores parlamentarios, en algún momento, pudieran valorar el tema de la reforma a la Ley del Servicio Nacional de Electricidad, ahora Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, encargada de la fijación de tarifas de los servicios públicos. Señalo este asunto, porque lo que se ha establecido es un modelo de fijación, en donde no solo se tiene un modelo econométrico totalmente definido, sino en donde la comunidad participa de las audiencias son públicas, para saber de qué manera se están fijando los precios de los servicios públicos.
En momentos en que todos los países estamos en una etapa de transición de modelo económico, en donde hay aires de privatización, aires de concesión de obra pública, es indispensable que el modelo de participación y el modelo de que este tipo de actuaciones se haga dentro de la más absoluta transparencia.
Aquí se ha hablado de lavado de dinero, se ha hablado, por parte de la Contraloría, de rendición de cuentas y eficiencia; yo he señalado algunos aspectos relacionados también con el tema de rendición de cuentas. Pienso que es menester que en esta época, especialmente de transición, leyes como la de Concesión de Obra Pública, que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa y que posiblemente se estará discutiendo en los países centroamericanos, que también están en un proceso de traslado de muchas de las actividades del sector público al sector privado, que existan órganos en los cuales haya participación de la sociedad civil; órganos controladores de la forma en que se concesionan los bienes o los servicios del Estado y que se controle todo el tema tarifario.
La corrupción tiene muchísimas aristas y creo que ha sido muy interesante y acertado, de parte de los organizadores, que pudiéramos analizarla desde los diferentes aspectos que desgraciadamente ella contiene.
Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para contestarles cualquier pregunta.
LA PRESIDENTA:
Muchas gracias, señora Defensora.
Tiene la palabra el Diputado Valenzuela, de Honduras.
DIP. ALONSO VALENZUELA:
¿Cuál es el proceso para la elección de la Defensora de los Habitantes?
LICDA. SANDRA PISZK FEINZILBER:
En Costa Rica, el Defensor o la Defensoría lo elige el Parlamento; actualmente, por mayoría simple, aunque hay un proyecto de ley que nosotros apoyamos - se trata de una reforma constitucional- para que sea por treinta y ocho votos, que es mayoría calificada.
El mecanismo que aquí se ha utilizado, que está contenido en la ley, es que se forma una comisión de parlamentarios, que abre una especie de concurso público. En ambas oportunidades han participado aproximadamente cuarenta personas, a quienes se les solicita todo tipo de acreditación, tanto profesional como de otra naturaleza, para hacer la selección.
Ese es el procedimiento que se utiliza en nuestro país.
LA PRESIDENTA:
Nos resta la participación del señor Procurador General, don Román Solís y, posteriormente, del Presidente de la Sala Constitucional, don Luis Paulino Mora. Luego pasaremos a un breve refrigerio para entrar al segundo panel con los invitados de la sociedad civil.
DR. ROMÁN SOLÍS:
Me corresponde esta tarde hacer algunas reflexiones y, en razón del avance de la tarde, trataré de ser lo más puntual y esquemático posible sobre lo que hace la Procuraduría General de la República de Costa Rica en el combate contra la corrupción que, como tal, es uno de los flagelos que más afectan al Estado constitucional y democrático de derecho, en los tiempos que corren.
Esto es así en razón de que la corrupción, en cualquiera de las diversas manifestaciones que esta presenta, socava y debilita el fundamento de la democracia representativa de nuestros estados. Por ello, se hace menester tener una reflexión y un denominador común de lo que es la corrupción y de los mecanismos y medios que podemos utilizar los distintos estados de Centroamérica, en la lucha contra ella.
Pero ese es un tema que ustedes, sin lugar a dudas, han abordado durante los dos días de esta reunión, por lo que me voy a limitar, exclusivamente, a la experiencia de la Procuraduría General de la República en nuestro país.
Como primer punto, debemos aclarar que la Procuraduría General de la República en Costa Rica, se aparta un poco de la naturaleza normal y tradicional que tienen las Procuradurías en el continente latinoamericano y también en el área centroamericana, por cuanto nosotros nos acercamos más a la figura de un consejo de Estado, de una abogacía del Estado, que propiamente de un órgano represivo, de naturaleza acusatoria.
Esto es necesario aclararlo, porque normalmente, el rol que es desempeñado por la Procuraduría, a nivel del derecho latinoamericano comparado, se acerca más al rol que desempeña la Fiscalía General del Estado o Ministerio Público. Esto es así porque nosotros, de conformidad con nuestra propia Ley Orgánica, somos un órgano técnico jurídico, de carácter consultivo, para todo el aparato estatal en el campo del derecho público.
Existimos como un órgano desconcentrado dentro del Ministerio de Justicia, entiéndase esfera de actuación del Poder Ejecutivo, con una autonomía absoluta funcional y de criterio; rendimos asesoría jurídica a los distintos repartos ministeriales y distintas entidades descentralizadas, que integran el aparato estatal. Cuando se nos consulta, el dictamen que elaboramos es de carácter vinculante para el ente o el órgano que hace la consulta y para el resto de oficinas públicas; presenta naturaleza de jurisprudencia administrativa, que de conformidad con nuestra legislación de derecho público -Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública- es una fuente no adscrita del derecho administrativo costarricense.
¿En qué medios coadyuvamos o pretendemos coadyuvar en esta lucha contra la corrupción? Ciertamente, cuando nosotros detectamos, en el ejercicio de esas competencias consultivas de carácter técnico jurídico, irregularidades de distinta naturaleza, que pueden ser de eficacia y eficiencia administrativa, o bien de naturaleza delictiva represiva, ponemos esa situación en conocimiento de los órganos correspondientes: Contraloría General de la República, Ministerio Público o Poder Judicial, para que estos órganos estatales ejerciten sus respectivas consecuencias.
Esto es así, porque de conformidad con el artículo 3 de nuestra Ley Orgánica, cuando se logra detectar anomalías en procedimientos administrativos o en el ejercicio de competencias administrativas, al evacuar el dictamen, le hacemos ver al funcionario consultante esa situación de anomalía; le hacemos ver una eventual responsabilidad penal en que puede haber incurrido o está por incurrir, y ponemos en conocimiento -si ya el asunto ocurrió- de los órganos a que hacía referencia anteriormente.
Esto significa que nuestro carácter, nuestro papel o nuestro protagonismo institucional en la lucha contra la corrupción tiene una función coadyuvante con respecto a los órganos que tienen competencia activa en esta materia. Esto significa que nuestro papel investigativo y represivo es menor al de los otros órganos que han presentado sus posiciones hoy. Hablo del Ministerio Público y, fundamentalmente, de la Contraloría General de la República.
También somos no solo oficina consultiva del Estado, sino que también somos representantes estatales; somos abogados del Estado en las demandas de toda naturaleza que se presentan contra él. Por descripción de la ley somos mandatarios judiciales del Estado y, fundamentalmente, en el campo de la jurisdicción contenciosa administrativa. Cuando un ciudadano solicita revisión de la legalidad de un acto administrativo y se detectan irregularidades en la actuación de una determinada dependencia pública, ponemos esa anomalía en conocimiento de las autoridades contraloras respectivas, para los efectos del ejercicio de la competencia que les corresponde.
También, nuestra Ley Orgánica nos ha dado funciones preventivas en materia de protección de bienes de dominio público, que el legislador ha considerado de suma importancia. Me refiero, fundamentalmente, a la protección de la zona marítimo terrestre. En ese sentido, el legislador nos da la competencia de ser una oficina encargada de velar por el mantenimiento y el respeto a esta área del dominio público estatal, que es la zona marítimo terrestre, y nos da facultades también preventivas para evitar cualquier tipo de abuso que se cometa con ocasión de la administración y concesión de la zona marítimo terrestre.
Tal vez suena un poco extraño, pero en Costa Rica, en los últimos años, ha habido un fuerte impulso a la industria turística y, ciertamente, por ser país con dos litorales marítimos y estando la administración y concesión de la zona marítimo terrestre en manos de distintas oficinas públicas, hemos detectado focos de corrupción en el ejercicio de la función pública, porque son muchos los intereses y son muy altas las sumas que se manejan en esta materia.
Al respecto, no solo tenemos una Procuraduría de la zona marítimo terrestre, sino que esa Procuraduría está habilitada, por disposición también normativa, para establecer, funcionando como Ministerio Público, las acciones penales necesarias y pertinentes para rever el asunto, castigar al funcionario público culpable, que ha violado la legislación sobre la materia y al ciudadano privado que también haya participado, con su conducta, en la violación de esta área del demanio público del Estado costarricense.
Otra función -y estas dos son novedosas, porque son de reciente asignación por el legislador- es la protección ambiental. En materia de protección ambiental, por una reforma constitucional realizada hace tres años, se establece el derecho de todos los ciudadanos costarricenses, a gozar de un ambiente sano y equilibrado y, además, la Constitución obliga al Estado a dicha protección.
Esto queda después desarrollado en el campo que le compete a la Procuraduría General de la República, con la creación de una Procuraduría del Ambiente, que tiene también, como materia suya, la protección ambiental, ya sea de carácter preventivo, orientando las autoridades administrativas a actuar de conformidad o en aplicación de la distinta legislación ambiental que existe en el país. Cuando se viola esta legislación ambiental, estableciendo las acciones penales, otra vez, funcionando con un carácter residual como Ministerio Público, acusando a los funcionarios públicos, o bien, acusando a los sujetos privados, a los ciudadanos que con su acción u omisión hayan ocasionado lo que se llama el delito ecológico, una conducta que se reprime de conformidad con la legislación penal respectiva.
Estos son, digámoslo así, las grandes áreas en donde participa la Procuraduría General de la República, en la prevención y eventual combate contra conductas que generan en situaciones de corrupción dentro del aparato administrativo costarricense.
En agosto del año pasado, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley dirigido a crear una Procuraduría contra la corrupción, dándole a la Procuraduría General de la República un ámbito más específico, permitiéndole tener una participación más activa, ya no solo en esas dos materias que antes les señalé, sino también una participación militante, de mayor protagonismo institucional, en la lucha contra cualquier foco de corrupción que se presente dentro del aparato administrativo. El proyecto de ley, porque todavía está en esa etapa en la agenda parlamentaria, se refiere a la creación de esa competencia dentro de nuestra Procuraduría General; la creación de un cargo de procurador contra la corrupción y, además, ampliar nuestro residual funcionamiento como Ministerio Público, para acusar a los funcionarios públicos que atenten contra los deberes de la función pública.
De conformidad con una reforma que se está planteando al Artículo 16 del Código de Procedimientos Penales, la Procuraduría también realizaría una función preventiva en esta materia, con un carácter de autoridad punitiva y de autoridad contralora y no meramente consultiva.
En una explicación muy general, esta es la función que desempeña la Procuraduría, a lo interno del aparato administrativo costarricense.
Quisiera terminar haciendo una reflexión sobre la vigencia que ya tiene nuestro país de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, dimensionada adecuadamente en la esfera de la función pública, en donde también, en algunos de los articulados de esta Convención Latinoamericana, que ya es ley de la República en nuestro país, se establecen los procedimientos necesarios para los procesos extraditorios, en donde también, dicho sea de paso, nuestra Procuraduría desempeña como abogado del Estado un papel procesal, necesario en todos los procesos jurisdiccionales tendientes a extraditar a una persona solicitada por un gobierno amigo.
Para el caso de Centroamérica es una opinión que la digo como ciudadano centroamericano, es importante que todos los países del área lleguemos a tener esa convergencia normativa uniforme porque la corrupción no tiene nacionalidad, la corrupción no tiene pasaporte, la corrupción no tiene dejos lingüísticos, la corrupción es una sola y en esa medida en que logremos unificar legislación y que logremos unificar marcos normativos de referencias, podremos todos los órganos estatales y todos los parlamentos centroamericanos hacer un brazo común y bajo un solo designio luchar contra este flagelo que día a día se apodera más de los estados centroamericanos.
LA PRESIDENTA:
¿Hay alguna pregunta por parte de los colegas Diputados?
DIP. ALONSO VALENZUELA:
Una pregunta corta. ¿La Procuraduría junto a la corrupción, no duplica las acciones de la Contraloría o la Contraloría al redactar un informe que implica la posibilidad de un acto de corrupción lo pasaría a esta Procuraduría para que ésta inicie el acto judicial o cómo ventilan esto?
DR. ROMAN SOLÍS:
Tal vez señor Diputado, no diría solamente de la Contraloría porque también la misma queja u observación se puede hacer con el Ministerio Público. Hay un decir que dice: Que lo que abunda no daña. Alguien diría que es un exceso de burocratismo entonces, habiendo tres órganos realizando control. Dios mío, pero aún habiendo un órgano de tanta trascendencia histórica en la cultura jurídica y en la cultura cívica de este país como es la Contraloría General de la República, todavía tenemos fenómenos que nos abofetean la conciencia ciudadana como es el que indicaba la señora Defensora de los Habitantes, como es el caso del Banco Anglo Costarricense y otros más, porque algunas veces mientras la legalidad camina, la corrupción anda en avión jet. En esa medida no hay una contraposición o super posición de competencias porque en la medida en que logremos y se da en la práctica, una labor de concertación y de coordinación en las labores que a cada uno de estos órganos la ley nos ha asignado, ello va en beneficio de la sociedad.
Respondo con un caso concreto. Ayer recibí una nota de don Ronald, para dar trámite a una orientación del señor Contralor General de la República, en la que hacía del conocimiento de la Procuraduría General de la República, una serie de actos de corrupción hechos en una oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la llamada Dirección General de Aviación Civil , que es uno de los datos más controversiales que se han dado últimamente, en la que nos informa sobre un estudio de Auditoría al Ministerio Público para que nosotros como abogados del Estado, iniciemos las acciones jurídicas necesarias para encontrar un resarcimiento al patrimonio del Estado porque lo que hubo fue un uso irregular de fondos públicos. En realidad, lo que hacemos es que los señores de la Contraloría General tienen su equipo de auditores que no tiene la Procuraduría General, porque ahí es el reparto, ellos nos ponen el estudio desde el punto de vista de las ciencias contables y nosotros encargamos a los Procuradores penales a establecer las acciones desde el punto de vista penal, y las acciones civiles dentro del proceso penal, para recuperar el daño económico sufrido por la Hacienda Pública.
Ello no inhibe porque por disposición de la Ley Orgánica de la Contraloría General ellos también pueden ejercitar esas acciones, pero ha habido una especie de repartición funcionarial, porque históricamente tenemos mayor vocación litigiosa que los señores de la Contraloría General de la República. Esto es una cuestión de coordinación entre la señora Defensora de los Habitantes que veo que se marchó. Antier me envía una nota, haciendo de mi conocimiento de una situación irregular que se dio en un hotel en una zona costera de mucho desarrollo turístico en la zona de Guanacaste, una provincia de fuerte impacto turístico en nuestro país, para que establezcamos las acciones penales contra los funcionarios municipales que permitieron esa irregularidad y contra las personas empresarias que hicieron el acto de corrupción. Nosotros ejercitamos la acción penal ante la iniciativa de la Defensoría de los Habitantes.
Con estos ejemplos lo que pretendo es da a entender, que hay una labor de coordinación. Muchas veces no es necesario que esa coordinación esté plasmada en escritos normativos, porque también es otra reflexión a que hago lugar. Por lo menos en mi país, con todo respeto lo digo, muchas veces hemos abusado de solucionar los problemas con leyes y hemos caído en una legislación motorizada en donde cualquier problema, o cualquier dolor de cabeza ciudadano hay que resolverlo con una ley . Muchas veces nos olvidamos, como lo indicó la Licda. Sandra Piszk Feinzilber, de que en el fondo hay un problema de educación ciudadana y de cultura cívica ciudadana, porque además de nada vale tener un excelente sistema de Contraloría y de Procuraduría, un sistema excelente de fiscalización bancaria, si a la hora de la verdad, quienes van a ocupa los puestos de mando, los jerarcas públicos son corruptos y van a encontrar con sus asesores legales también corruptos, los mecanismos, como dice el refrán, “hecha la ley, hecha el portillo”, para violar la ley. Encontrarán los mecanismos necesarios para establecer el acto de corrupción.
Es un problema de un dimensionamiento moral en la sociedad civil y en aparato administrativo estatal lograr eso.
El Ministerio Público presenta la acción directamente, y con ellos, podemos decirlo con toda claridad, nos reunimos un día si y el otro también, en estos delitos que como decía la señora Superintendente de las Entidades Financieras, cada día se van refinando más, se van haciendo más especialistas los delincuentes de cuello blanco y nos encontramos entonces con situaciones nuevas y novedosas, donde debemos aunar esfuerzos Ministerio Público-Contraloría General y Procuraduría General para hacer frente a un proceso tan amplio, como es el del Banco Anglo, o a un proceso relacionado con delitos denominados no convencionales. Nosotros entonces ponemos a nuestros especialistas en el campo de Derecho Administrativo y del Derecho Constitucional, la Contraloría pone a sus especialistas en Derecho Administrativos y a sus auditores y el Ministerio Público pone a su fiscal para hacer una labor coordinada en el ejercicio de la acción pública.
DIP. JOSÉ ORLANDO AREVALO:
En buena parte, ha resuelto alguna de las dudas y aclaraciones que tenía, pero escuchando la última exposición del señor Procurador tengo la impresión de que el ampliarle funciones, porque me quedó la impresión de que la última parte que explicó son como nuevas o ampliación de funciones que se le dieron a la Procuraduría, en este punto del combate a la corrupción y especialmente a la defensa y protección de la zona marítimo-terrestre. Es por el convencimiento de que los órganos tradicionales, tanto el Ministerio Público es decir la fiscalía como la misma Contraloría General de la República, se sale de su capacidad y de su ámbito el combate de estos delitos y la persecución de este tipo de delincuencia especializada obviamente, la que llevó a Costa Rica a dar estas atribuciones que para nuestro caso no existen, en el caso de El Salvador. Esa sería mi pregunta.
DR. ROMAN SOLÍS:
El legislador en el ejercicio de un criterio de oportunidad política, el legislador costarricense ha considerado oportuno fortalecer mediante este esquema, no en la posición de competencias, no de yuxtaposición de áreas de trabajo, sino de coordinación en éstas, ampliar algunas esferas competenciales que tiene la Procuraduría General de la República, porque también tenemos un Ministerio del Ambiente . Usted podría preguntarme ¿Pero cómo si tienen un Ministerio del Ambiente y tenemos una Auditoria Ambiental y una Contraloría Ambiental, por qué van a tener una Procuraduría Ambiente? Aún así hay muchos ejemplos donde se viola el ambiente, ya se ha cortado el bosque o se ha infectado el área marítimo-terrestre. Yo diría más bien, que no es un exceso de funcionamiento, sino que tal vez es un celo más arraigado del legislador costarricense por promover diversas instancias. Si establecemos un solo órgano eventualmente ese órgano puede ser burocratizado y pierde su noción. Es una especie como de pesos y contrapesos, o de balances y contrapesos dentro del aparato administrativo, porque lo que no hace la Contraloría lo hace la Procuraduría y si la Procuraduría no hace nada, la Contraloría, nos jala el aire y si el Ministerio Público no acusa entonces nosotros podemos subsidiariamente acusar, y si la Contraloría Ambiental no ejercita sus funciones el Procurador Ambiental los obliga a ejercitarlas con copia a la Contraloría General. Por decirlo así, es un sistema bastante desarrollado de mecanismos protectores, contralores, procuradores para el beneficio de la sociedad civil, en ese sentido, porque por la connotación de nuestro ordenamiento jurídico es previsible, ese tipo de relación de funciones.
LA PRESIDENTA:
Si no hay más preguntas, le damos la palabra al Dr. Luis Paulino Mora, Presidente de nuestra Sala Constitucional.
DR. LUIS PAULINO MORA MORA:
En primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este foro, el espacio que me brinda para venir a señalar de una manera muy personal, porque en este caso no cumplo el mismo rol que todos los que me han antecedido, en donde ellos son los jerarcas de las instituciones o representan al jerarca, yo si bien formo parte de esa jerarquía, no soy la voz de la Corte Suprema de Justicia y lo que voy a decir, es en mi carácter personal porque estoy absolutamente seguro que algunos de los conceptos que daré no son compartidos, seguramente ni siquiera por la mayoría de los señores Magistrados. Estimo que definitivamente no puede darse una lucha efectiva contra la corrupción, sin la participación de un Poder Judicial fuerte y por supuesto trasparente. Es importante que de alguna manera pueda señalar como un Poder Judicial puede contribuir con la sociedad para lograr una justicia sin vicios.
La corrupción vista desde el Poder Judicial debe ser analizada desde dos grandes ópticas. Una interna y otra externa. La primera en relación con los casos de corrupción que pueden darse a lo interno del Poder Judicial y la segunda, respecto a la participación de este poder en la persecución de la corrupción que se presenta en el resto de la organización social del país.
En nuestro país sucede una situación muy poco corriente o más bien, poco conocida en el resto del mundo, donde dentro del Poder Judicial por diversas circunstancias históricas se han llevado varias instituciones que en otros lugares se encuentran separadas del Poder Judicial y el Poder Judicial tiene solo a su encargo en esos países la administración de justicia. Por el contrario, en Costa Rica hemos complicado sustancialmente nuestro Poder Judicial y tenemos dentro de él, el Ministerio Público como un ente acusador de todos los delitos de acción publica. Tenemos dentro del Poder Judicial la Policía Técnica Judicial con una serie de peritos que le asisten que es la policía represiva del Estado, los investigadores de los hechos delictivos, tenemos también dentro del Poder Judicial la defensa pública y desde luego la función tradicional del Poder Judicial de la administración de justicia a cargo de los jueces.
Desde un punto de vista interno, dentro del Poder Judicial contamos con un sistema de denuncia, investigación y sanción de los hechos de corrupción que se ponen en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, los jueces y la inspección judicial. Si bien debemos reconocer que en la comunidad se nos atribuye a los jueces un alto grado de corrupción, en los estudios de campo que sobre el particular se han realizado hemos salido bien librados. En las últimas décadas son pocos los casos de infidelidad de la función judicial que se han logrado demostrar. En la mayoría de las veces quien pierde un caso como en lo particular estima que el tiene razón, fácilmente atribuye el haber perdido el caso a un hecho de corrupción o a alguna componenda del juez con la otra parte. Eso desde luego que mina al Poder Judicial. Desgraciadamente, con una frecuencia más de la deseable se encuentra alguna justificación por abogados o por usuarios, el haber perdido un asunto en atribuir esa colusión al juez y la otra parte, para que el hecho se diera de esta forma.
Desde luego que si estudiamos con visión histórica la actuación de los jueces en nuestro país, encontraremos desgraciadamente hechos de corrupción, pero dichosamente son los menos.
El sistema de investigación y sanción con que cuenta el Poder Judicial, fundamentado principalmente en un Tribunal de la Inspección Judicial, se podría decir si lo vieramos formalmente hablando que ha dado un buen resultado. Pero la realidad es que muchos nos mostramos insatisfechos con esos resultados que actualmente tenemos, en donde en muchos casos la forma prevalece sobre el fondo de las cuestiones y al final de cuentas, o los casos quedan sin sancionar o no fueron debidamente investigados.
Desde luego que en todos los casos se debe respetar las exigencias del debido proceso en la investigación del hecho atribuido y la independencia del juez. Me atrevo a asegurar que dentro de los poderes del Estado, el Poder Judicial es el que es más estricto para aplicar criterios en relación con el comportamiento de sus empleados y funcionarios respecto a actos de corrupción y al manejo de los dineros que de una u otra forma se administran, pero la función puramente represiva del hecho cometido resulta insuficiente. Es por ello, que en el Poder Judicial se deben establecer otras serie de prácticas que permitan detectar oportunamente los hechos de corrupción que puedan estarse cometiendo.
Lamentablemente, en el quehacer judicial el corrupto puede encontrar muchas formas para disfrazar su acción como legítima, lo que dificulta su descubrimiento y eventualmente la investigación eficaz del caso. Esto nos ha obligado a analizar la necesidad de algunos cambios que deben de hacerse para que oportunamente se pueda lograr detectar esos hechos de corrupción. Por ejemplo, estamos a este momento cambiando sustancialmente el sistema de administración de dineros y giro de cheques dentro del Poder Judicial porque más frecuentemente que la que quisiéramos tres o cuatro veces al año se estaban dando hechos ilegítimos de sustracción de dinero por parte de los empleados que tenían a su cargo la administración de esos fondos
Creemos haber establecido un sistema que hasta este momento ha dado grandes muestras de tener posibilidades de detección oportuna muy rápidamente se hace un cruce de cuenta entre el banco que administra estos dineros y el Poder Judicial todos los días, lo que antiguamente se hacía cada cuatro meses o por lo menos se decía que se hacía cada cuatro meses, pero la realidad es que se hacía con una dilación mucho mayor, dado que teníamos más de cuatrocientos ochenta cuentas abiertas y eso imposibilitaba esa constatación constante de que los fondos girados efectivamente se estuviesen girando hacía quien corresponde y los fondos girados fueran los correspondientes a cada uno de los casos en donde se habían ordenado esos giros.
En otras oportunidades es de reconocer que es propiamente la independencia reconocida al juez, que debe reconocerse en una democracia para las partes que antes litigan, la que dificulta la demostración de un hecho de corrupción. Recientemente se ha dudado de la entereza moral o de la capacidad jurídica de algunos miembros de la adjudicatura que han tenido a su cargo la fijación de los valores de terrenos que interesan al Estado para la construcción de una carretera. Es difícil con los datos que hay en este momento, concluir induvitablemente si la sospecha que pesa sobre esos jueces tiene alguna razón válida o por el contrario ellos se han limitado a resolver con los elementos de juicio que tenían a su disposición. En este encuentro resulta difícil poder abarca odas las manifestaciones que en el ámbito interno de la función judicial puede tener la corrupción es por ello que solo me referiré a alguno de ellos y quien sabe si serán estos los más importantes.
Como bien se ha dicho acá, la mayoría de los casos que se investigan y que se logran algunas pruebas, por lo menos se sospecha de algunas personas, al final de cuentas llegan al Poder Judicial porque hemos encontrado que el sistema represivo del Estado es la forma en que nos permite a la postre solucionar el tema. Por eso es que a la jurisdicción penal se denuncian todos estos hechos.
Nosotros teníamos una jurisdicción de Hacienda, que se encargaba de la investigación especializada de la mayoría de los hechos de corrupción, relacionados con funcionarios del Estado o en perjuicio del Estado. Hace veinticinco años se discutió si era la mejor solución y se llegó a la conclusión de que no era la mejor solución. Se analizó que en aquella oportunidad el Juzgado Penal de Hacienda, que así le conocíamos a esta jurisdicción no había dado el resultado que habíamos pretendido y si analizáramos históricamente, creo que llegaríamos a la misma conclusión. De los casos sonados en el país de corrupción uno solo fue condenado y ahora no quisiera referirme a ese, para no mover un poco las cenizas de algunas personas que han muerto, pero en ese mismo asunto que fue condenado, solamente uno de muy poca categoría fue el que cumplió una sanción. En el análisis de eso fue que se optó por una solución diferente. Hemos buscado una solución que me parece más lógica, el distribuir en todos los jueces de la República, la competencia a esta jurisdicción, pero a este momento los jueces del país, estamos sentados en el banquillo de los acusados, casualmente con este asunto que ha sido retiradamente traído acá, del Banco Anglo Costarricense, esperando cuál es la solución que la adjudicatura va a dar a ello y si esta solución resulta tardía como siempre ha sido antes, u oportuna y es la que visualiza la mayoría de las personas y se ajusta a la realidad de los hechos.
La lentitud en el procedimiento es una de las causas de corrupción dentro del Poder Judicial. Desdichadamente, la adjudicatura latinoamericana es una de las más lentas del mundo y si lo analizáramos en el ámbito latinoamericano tenemos niveles de solución de los conflictos bastante rápidos. En foros que hemos tenido con jueces en muchos casos se resuelven los asuntos dentro de nuestra adjudicatura en períodos sustancialmente menores que en otros países latinoamericanos, pero la realidad es que esto no nos satisface porque la justicia latinoamericana no tiene como una de sus bondades la celeridad. En el Poder Judicial se deben hacer los mayores esfuerzos por minimizar la duración de los procesos, pues se debe ser consciente de que ese mal tiene dentro de sí, graves actos relacionados con el tema que ahora les preocupa a ustedes y nos preocupa también a nosotros. En muchos casos las partes pretenden aligerar el curso del proceso o atrasarlo con prácticas desleales como ofrecer o entregar dádivas a empleados o a funcionarios para que se realice o se atrase una práctica judicial. Se deben establecer sistemas dentro de los poderes judiciales que eviten que un funcionario pueda manipular la duración del proceso. Se debe distribuir de una mejor forma el quehacer dentro de la adjudicatura para que esa administración del proceso se dé entre todos y unos a otros se constituyan en sus fiscales, porque en estos momentos no tenemos ninguna explicación de cómo en un mismo tribunal un asunto se resuelve en pocos días mientras que otro dura años. Un asunto se notifica en horas mientras otro dura varios días o varias semanas para hacerlo. Hay jueces que firmamos rápidamente un asunto, pero en otros casos se tarda varios días.
Generalmente, hay alguna sospecha de por qué no todos los asuntos caminan de la misma forma. Pero si visitamos ahora un tribunal aquí en el país, aún hemos ideado la forma de enumerarlos, poniéndole la inicial de la persona que tiene a su encargo la administración de ese procedimiento, durante toda su instrucción y a esa persona resulta de alguna manera, influirlo. Si nosotros estableciéramos sistemas donde el expediente tiene que caminar por sí, donde todos se involucran según la etapa procesal en que se encuentre y efectivamente obligamos a especialistas en derecho a estar relacionados con el expediente, que es otra de las grandes fallas de la justicia latinoamericana, donde el expediente se presenta en un despacho, pero tal vez en algunos casos es una persona que en algunos casos tiene versación en tramitación judicial porque se ha desempeñado como escribiente o como secretario por muchos años, pero los jueces nos escondemos detrás de una puerta, porque estamos resolviendo los asuntos en la etapa final, no sabiendo que al final de cuentas vamos a resolver sobre lo que se está haciendo en ese momento y por eso clamo de que en este momento, saquemos a un juez al menos y lo pongamos en la investigación del caso, en la tramitación del asunto.
No digo que por ser profesional vamos a evitar los actos de corrupción que ahí se dan, pero si establecemos otros sistemas de control dentro del mismo quehacer judicial y aún más, traemos a esa figura profesional a que sea la que efectivamente revise el procedimiento, eventualmente podríamos esperar soluciones diferentes a los casos que se nos están planteando.
Hace algunos meses, en un país latinoamericano viví una experiencia que pocos meses antes la había vivido aquí en Costa Rica. A un escribiente se le estaba sancionando por no haber visto unos determinados documentos que tenía que haber visto al momento de preparar la resolución e interlocutoria que se estaba dando en un determinado caso. Yo simplemente hice un estudio que se lo preparé al señor Juez para que él lo firmara. La defensa del señor Juez es: “yo tengo que firmar cerca de ochenta asuntos que me preparan mis empleados en el día y no tengo oportunidad de verlos”. Al final de cuentas, el sistema es el que nos ha llevado, y en aquel caso habían estimado de que ninguno de los dos había actuado con culpa grave para sancionarlo. En el caso de Costa Rica se había estimado que los dos habían actuado con culpa grave y se les había sancionado. Luego uno de ellos presentó un amparo, por lo que me di cuenta, y la Sala Constitucional reversó el pronunciamiento, al menos en relación con uno de los empleados, estimando que el responsable de la tramitación del asunto no era el juez y que no era válida su argumentación. Si tenemos procedimientos de esta forma y aún más, nuestros procedimientos por sí que son escritos, por solo esa base son lentos e imposibilitan que el juez pueda trasladar a otro la materialización del proceso y en algunos casos hasta preparar el fallo y por que no decirlo, hasta hacer el fallo, si esto se da muy constantemente en nuestra adjudicatura latinoamericana. Creo que debemos necesariamente analizar si resulta propia fiscalizar, juzgar hechos de corrupción como los que ustedes analizan en este momento.
Si ahí se mueven altas cantidades de dinero y muy fácilmente puede corromperse a funcionarios del Estado, no podemos creer que los jueces sean santos y que se encuentren fuera de esas posibilidades. Por eso yo estimo que resulta indispensable que reordenemos la administración de justicia, que establezcamos procedimientos que resulten más transparentes y que yo opto por esa solución, la solución de todos los caso sea el producto de un juicio oral y público que se da en audiencias donde hay otros sistemas de fiscalización.
La concentración de funciones en una misma persona respecto a la mentalización del expediente me parece que puede ser una llave que abre la puerta de la corrupción dentro del sistema judicial y ahí evitar que el Poder Judicial se constituya en un eficiente medio de investigación y sanción de los hechos delictivos y al propio tiempo genera una corrupción interna dentro del propio Poder Judicial que evita buscar la solución que estamos pretendiendo por medio de él, a la corrupción externa.
Permítanme señalar una iniciativa que tuvo el señor Contralor General de la República y que ya hace algunos meses aprobó la Corte Suprema de Justicia, en donde estamos desarrollando un programa conjunto entre la Corte y la Contraloría para capacitar a personal de ambos órganos en los procedimientos que se deben seguir en la investigación de hechos de corrupción.
Funcionarios de la Contraloría General de la República han estado en la Sala Constitucional trabajando junto con nosotros y sobre todo, analizando cuáles son los temas que exige nuestro sistema judicial en cuanto al debido proceso para la investigación de los hechos, porque ellos tienen una gran versación sobre la investigación de estos hechos y demás, pero no tanto el cumplimiento de las formalidades que nuestro legislador ha señalado para realizar un debido proceso.
Al igual los jueces no tenemos la misma perspicacia que ellos sí tienen para -permítanseme usar una palabra un poco técnica- olfatear donde puede existir un hecho de corrupción.
Si unos y otros cambiamos experiencias eventualmente podemos lograr un funcionario con mejores condiciones para cumplir con su función dentro de cada uno de los organismos del Estado, que tenemos a nuestro encargo la investigación de hechos de corrupción desde diferentes ópticas.
En el Poder Judicial Costarricense tenemos algunos medios que nos sirven para fiscalizar la actuación de nuestros funcionarios a efecto de evitar actos o detectar los actos de corrupción que se presentan en la función jurisdiccional o administrativa que tenemos a nuestro encargo. La auditoría es uno de estos medios empleados para ello, sus informes constantes sirven para descubrir actividades improcedentes, lograr el castillo a los culpables o establecer sistemas que eviten que el hecho se repita. Existen otros departamentos o medios que coadyuvan en la tarea de minimizar los hechos de corrupción.
La inspección judicial es uno de ellos, pero los informes estadísticos no son menos eficaces para detectar esas anomalías, sin embargo, no tenemos la formación necesaria para interpretarlos y poder llegar a conclusiones lógicos con los datos que la estadística nos dá.
El juez latinoamericano se acostumbró a observar la estadística simplemente como una serie de datos que se dan y muy probable para establecer los grados de eficacia de resolver los asuntos, cuando detrás de esto podríamos tener muchos datos y, eventualmente, por medio de estos datos poder establecer o darnos alguna razón del porqué hay asuntos que caminan más rápidos que otros, hay asuntos que duran más años que otros para resolver y por qué hay algunos que merecen una mayor atención que otros en los poderes judiciales.
Ojalá que prontamente podamos tener funcionarios dentro de los poderes judiciales latinoamericanos que estén en capacidad de hacer esas interpretaciones y evitar, con esto, que los datos estadísticos sean simplemente números, que no nos refleja mayor cosa y que si nos reflejan la cantidad de asuntos que entran y salen. Me he convencido de que esos datos arrojan mucho más datos que esas simples conclusiones a las que hemos estado dados en aceptar.
Desde el punto de vista externo del Poder Judicial creo que debemos aceptar que excede al marco del derecho penal el poder prevenir los hechos de corrupción. Indudablemente que no puedo hablar de corrupción sin hablar de un problema de valores morales; no obstante, no me corresponde analizar este tema, desde esta perspectiva, sino de la óptica del Poder Judicial, como institución encargada de investigar y juzgar los delitos.
Dentro de ese contexto debo empezar haciendo una fuerte crítica a la forma en que tradicionalmente el Estado ha tratado los problemas de la corrupción, ya que se ha limitado a darle un tratamiento normativo por medio del derecho penal. Las soluciones tradicionales han sido elevar el monto de las penas, crear más delitos, remitiendo los casos al Poder Judicial que viene a servir como una especie de centro de acopio de todos los problemas que este genera, sin que además se adopte de los recursos extraordinarios que la empresa necesita para cumplir cabalmente con lo que se pretende al procederse legislativamente en la forma expuesta.
Evidentemente, considero que la solución normativa, si bien es un enfoque importante para luchar contra la corrupción y el crimen en general, no es y ni debe ser la única forma de vencer este mal; tampoco creo que sea la solución más económica para un Estado pobre como el nuestro, que debe buscar los más eficientes medios para invertir en ellos los recursos públicos. Me refiero a la necesidad de invertir en prevención y no solo en represión.
La criminología nos enseña, desde hace mucho tiempo, que el aumento de las penas y de los tipos de delito no sirve por si mismo como mecanismo de prevención.
El Estado debe procurar una política de invención social permanente, no sujeta a los procesos electorales o a los requerimientos de los organismos internacionales si, verdaderamente, desea frenar el problema de la delincuencia del cual la corrupción es parte. De otro modo, estamos saturando peligrosamente al Poder Judicial con una carga que no le corresponde manejar; pues, es deber del Estado en general y no solo el de uno de sus órganos coadyuvar en la solución de este problema social.
Quien fuera mi maestro en España en uno de los prólogos de su obra señalaba que para él resultaba más peligroso el hecho de llevar al Poder Judicial al momento -usando un símil en relación con los boxeadores, estuviese a punto de tirar la toalla- porque ya no podía darle repuesta a todo lo que le llegaba y entonces la mayoría de las veces los jueces que al final de cuentas también somos burócratas buscamos los casos menos complicados, que generalmente son los que más llegan a los poderes judiciales para resolver eso.
Resolver cadenazos y resolver problemas de poca monta resulta para los jueces mucho más fácil que resolver asuntos como el que ha sido señalado aquí tantas veces, que de seguro el día que lo eleven a juicio conllevará que varios jueces se dediquen durante varios meses a analizar todo el montón de expediente y el montón de hojas que se encuentran relacionadas con ese caso y al final de cuentas todos representan un número al momento de sacarlo de la existencia de los asuntos del despacho. El sacar una gran cantidad de asuntos menos difíciles resulta una empresa mucho más fácil al juez, reitero, no olvidemos que también es un burócrata.
La corrupción no es solo un problema de la moral de las personas, sino también un problema de estructuras, de sistemas organizativos que producen o facilitan los procesos de corrupción. Me ha satisfecho mucho la forma en que nuestra representantes, nuestra superintendenta, de la Intendencia de Entidades Financieras ha señalado que ellos lo que están haciendo es procurando establecer sistemas y métodos que les permitan detectar los hechos de corrupción y poder darse una explicación y una vez detectados tener suficientes elementos de juicio para señalar que ahí se están dando. Al mismo tiempo establecer procedimientos para evitar que esos se den.
Creo que las estructuras organizacionales deben ser modificados a efecto de poder facilitar los actos de detección de los problemas de corrupción. De ahí que criminalizar la corrupción, como principal forma de lucha contra el mal, es un enfoque parcial y deficiente que permite a los líderes políticos que terminen desentendiéndose del asunto y pasándole el problema a la justicia, con el agravante de que la sociedad también le pasa la factura al Poder Judicial por la inercia de los demás agentes del Estado, lo cual genera a su vez otro problema de igual o mayor gravedad, especialmente en una democracia que es la deslegitimación de la justicia o de sus agentes.
Ante la abrumadora cantidad de denuncias por casos de corrupción y en general por otros delitos el sistema de administración de justicia se encuentra imposibilitado para satisfacer todos los requerimientos a investigar y castigar en cada uno de esas denuncias, porque cuando actúa ya el problema o daño está hecho y se hace difícil, muchas veces, imposible obtener las pruebas necesarias para establecer la verdad de los hechos.
El resto de los agentes del Estado y los políticos hacen muy poco por evitar que el delito se produzca y frecuentemente encuentran muy fácil pasar la pelota al Poder Judicial para que sea este el que le dé la cara al ciudadano, que generalmente está desorientado y desinformado sobre el problema.
Me parece que hay algunas soluciones que deberíamos ensayar en el país. Creo que se hace necesario otorgar al Ministerio Público una mayor independencia y una responsabilidad, no sé si frente a órganos políticos, me refiero concretamente a la Asamblea Legislativa o técnicos que podrían ser la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público que hemos estructurado hasta este momento, me da la sensación de que la cantidad de asuntos que tiene a su encargo se pierden ellos, y al final de cuentas no diseña una política eficiente para dar respuesta a los grandes problemas nacionales.
Digo que resulta necesario establecer, si ya llegó la hora, discutir si es conveniente darle un reconocimiento, como uno de los órganos que se encuentran establecidos en la Constitución Política y además de fortalecerle de esta manera, lograr su independencia propia del Poder Judicial.
Hace algunos años en una visita de don Julio Miller a Costa Rica le acompañé a Limón. Uno de los temas que discutíamos era la función del Ministerio Público y la función de la Corte dentro de la administración de justicia Costarricense. Para él resultaba muy poco comprensible, él dijo que le parecía más bien muy propio de otras circunstancias en donde todos vivíamos bajo un mismo alero y al final de cuentas el ciudadano debía de creernos que éramos absolutamente independientes. También decía que yo no entiendo esa promiscuidad en que viven jueces, defensores y fiscales; aun más, en esta provincia la Corte tiene comprada una casa y ellos todos vive en la misma casa, para economía de los empleados.
La mayoría de esos empleados le pagan a una señora para que les hiciera los alimentos y visitaban esa casa; entonces, en un momento están cumpliendo roles diferentes frente a la ciudadanía. El fiscal acusa, el defensor defiende y el juez resuelve; pero, conviven juntos en un mismo techo, desayunan juntos, viven juntos y muy probablemente, se vienen juntos en carros, porque la mayoría de sus familias se encuentran en el área metropolitana; pero, al final de cuentas le pedimos al ciudadano que crea que hay una absoluta independencia.
Yo no dudo de esa independencia y aun más, defendía la actuación de unos y otros hasta documentadamente frente a tratadista extranjero; pero, la realidad es que ahí eventualmente pueda haber un error de estructura dentro de nuestra organización jurisdiccional; sobre todo, tratándose de la ubicación del Ministerio Público, no me refiero tanto a la defensa.
Es necesario que hagamos algunas modificaciones legislativas. Me parece que resulta conveniente la revisión de nuestra Ley de Enriquecimiento Ilícito, la ley relacionada con el narcotrafico. Algunas formas de establecer sistemas que pudiese fijar más claramente cuál es la forma en que recibimos nuestros salarios y nuestros ingresos los funcionarios públicos y sobre todo, los de mayor rango y la explicación del porqué en algunos casos hay algunos que topan con mejor suerte que otros y pueden llenar más fácilmente sus ingresos y sus capitales en relativamente poco tiempo, sin que nuestra Ley de Enriquecimiento Ilícito haya sido efectivamente un medio para lograr que eso quede claro.
Por último, resulta necesario conscientizar a la ciudadanía sobre los peligros de la corrupción, para que se busque un medio eficaz para detectar cuáles son los hechos de corrupción.
Muchas veces pensamos que nuestros ciudadanos no tienen la capacidad de hacer eso. Solamente voy a referirme ya para terminar a una experiencia que tuve hace muy poco tiempo, en donde podíamos constatar en un trabajo que realizamos con la Defensoría de los Habitantes la alta consciencia que el ciudadano costarricense y sobre todo, el de menor edad tiene sobre sus derechos fundamentales. Para mí fue una sorpresa la interpretación que el Costarricense le da a la Constitución Política, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a todos los que se refieren sobre la personalidad.
Por ahí me encontré una de las explicaciones del porqué esa cantidad abrumadora de asuntos que plantea el ciudadano costarricense a la Sala Constitucional. Al día de hoy hemos recibido ya más de mil trescientos asuntos en lo que va de este año.
Se realizó una experiencia con estudiantes de poblaciones marginadas de San José y también del resto del país, en donde padres, maestros y alumnos observaron la Constitución y le dieron el contenido, que ellos estimaban, que la Constitución tenía y el resultado se acercaba muy bien y aun más que en algunos casos dieron exactamente en el lugar en que la interpretación debía darse de las normas. A final de cuentas los niños hasta produjeron una interesante constitución desde su óptica.
Diría que si nosotros lográramos conscientizar a los ciudadanos de la misma forma, para que detecten actos de corrupción, para que nos ayuden a evitar que los actos de corrupción se produzcan y al mismo tiempo para que sean vigilantes de los funcionarios públicos en relación con ellos, algún avance podríamos lograr en cuanto a esto.
Deseo decir que me encantaría que nuestra Asamblea Legislativa pueda encontrar, por lo menos, algunas de las soluciones a los muchos problemas que la corrupción le está creando al pueblo latinoamericano.
El desprestigio de las instituciones públicas se encuentra muy relacionado con los hechos de corrupción y no encontramos, en este momento, en una democracia otra forma de regular nuestras relaciones que no sea de la manera que actualmente tenemos organizado el Estado. Si todas las instituciones se desprestigian, muy probablemente, habrá que buscar otro sistema político de vida y para los que creemos en la democracia; realmente, eso será una desgracia y quien sabe si será conveniente seguir viviendo.
DIP. BYRON BARRIENTOS DÍAZ:
Más que preguntar voy a hacer un breve comentario. Casi se me hacía escuchar al Presidente de la Corte Suprema de mi país, con todos los problemas que se dan y que acaban de explicar.
Actualmente en Guatemala se está considerando reformar la Constitución de nuestro país y crear la carrera judicial como una forma de darle más seguridad a los jueces, en cuanto a que llegan a determinada posición y de ahí no suben, se quedan estancados y entonces por estar tanto tiempo en el mismo puesto ya no son ellos los que imparten la justicia, sino, como decía a veces, son los secretarios y los oficiales del Tribunal los que dictaminan y el juez solo firma.
Los juicios orales, en Guatemala, se están dando, pero nos hemos topado con una gran deficiencia en cuanto al Ministerio Público, que quizá ha sopesado la corrupción que se daba cuando la Corte Suprema tenía su policía judicial, la cual continuaba con la investigación. Se han dado casos en el Ministerio Público, como la perdida de evidencia, la compra de un fiscal que investiga y, entonces el caso sale de la esfera y de la competencia de los jueces. Siempre la población acusa al juez de corrupto, porque soltó al delincuente, pero nos encontramos que a él no se le presentaron la pruebas necesarias para poder dictar una condena.
Me parece una idea muy buena la comentada por el señor Procurador, en cuanto al crear más entes fiscalizadores, porque mientras más controles cruzados existan, yo creo que va hacer más difícil para los funcionarios poder corromperse. Por ejemplo, en la Contraloría de Cuentas en mi país hay muchas denuncias de malos manejos en municipalidades y siempre cuando llega la Contraloría todo está en perfecto estado. Se usa como una arma de presión de tipo político, ya que si hay alguien que no nos parece ahí va la Contraloría y ahí sí encuentra causas.
Hemos hablado de la corrupción y de los corruptores y también existe una figura que no se ha tomado muy en cuenta, la cual consiste en el fraude de ley, ya que el Ejecutivo busca maneras de evitar cumplir con la ley por medio de emitir una ley de emergencia o de buscar otra figura que lo haga no cumplir con la ley que se debe. Un caso de esto, son las concesiones, en mi país las autoriza el Congreso de la República, la concesiones de los bienes del Estado y viene el Gobierno para evitar llegar a autorizar una concesión en la que se necesita una mayoría calificada y da en usufructo oneroso propiedad del Estado.
En estos casos el Ministerio Público, la Procuraduría, los tribunales, hasta la Corte de Constitucionalidad que tenemos en nuestro país nunca actúan, entonces, una de las mayores amenazas en cuanto a corrupción pública es en el violentar el Estado de derecho para llegar a lograr un propósito.
La plática que hemos tenido nos identifica de alguna manera a todos los diputados reunidos en ciertos problemas que tenemos en nuestro país y se nos está abriendo más el panorama para poder llegar a consensos y a tratar de buscar soluciones más directas para el control de la corrupción en la región.
DIP. JOSÉ ORLANDO AREVÁLO:
Aprovechando al señor Magistrado de la Sala Constitucional, quiero realizar un comentario. Mi impresión personal es que los delitos de corrupción se han cimentado más y donde más se promueven y se dan, es en materia de administración de justicia, creo que es donde tenemos el gran cuello de botella y el gran valladar de estos países, que, por lo menos, en mi país es más difícil y hoy en la mañana que hacía la exposición sobre el tema de mi país, decía que nosotros hemos sufrido una reforma muy profunda en el sistema político, económico, institucional; pero, lo que es la administración de justicia, es nuestro gran vallar. Ahí está la dificultad.
Pienso que están más en el ámbito en la administración de justicia, en materia administrativa y penal. Lo que ocurre es que en materia constitucional, quizá por haber estado en el caso del país nuestro muy vinculado los delitos de los derechos de los ciudadanos, derechos civiles, tomó más auge la situación de carácter constitucional del derecho constitucional, pero tengo la impresión que donde todos los días trafica la influencia lo que allá llamamos la compra de fallos, voluntades y todo lo que ocurre en los tribunales, está más vinculado a esta área que normalmente pasa silenciosa; es decir, ahí se resuelven casos y después de pasado mucho tiempo se conoce o se saben a no ser que sean casos que antes de ser juzgados hayan tenido una connotación de carácter público en los medios de comunicación, de lo contrario no ocurre esto.
En Costa Rica sin duda, quizá por haber vivido una realidad muy diferente que la mayoría de países centroamericanos, existen algunos mecanismos de como la judicatura, la evaluación de los jueces ha permitido ir mejorando en este sentido, señor Magistrado.
DR. LUIS PAULINO MORA MORA:
Usted ha señala algo muy importante. Les podríamos, muy fácilmente constatar, que está en lo real. También lo dijo hace algunos años en una intervención que estuvo aquí el Presidente Iglesias del Banco Interamericano de Desarrollo, de las instituciones latinoamericanas menos desarrolladas están las judicaturas.
Si nosotros visitamos cualquier país latinoamericano encontramos que la judicatura es exactamente igual y no es que los jueces latinoamericanos nos hayamos reunido para hacerlas igual, es que no las impuso la corona igual y nosotros no hemos tenido la capacidad de modificarla.
Es ahora cuando nos damos cuenta de que la administración de justicia también tiene que ver con el desarrollo, que los organismos internacionales se preocupan y comenzamos a tratar de remozar esa institución, porque al final de cuentas la solución de nuestros conflictos de carácter familiar, económicos, social, político y de toda índole termina en la administración de justicia; pero, son administraciones de justicia muy fácilmente manipulables por todas las formas de expresión del poder que ha tenido en América Latina.
Por razones históricas y gracias a la providencia nosotros no hemos tenido esas experiencias, pero no porque nuestro Poder Judicial pudiese ser una garantía de que no se hubiesen dado. La época de los sables y los coroneles en América Latina lo vivimos porque los poderes judiciales no fueron una garantía para los ciudadanos, dichosamente la Corte de Constitucionalidad de Guatemala nos ha dado una lección en el último golpe de Estado que se pretendió dar en esa nación. Esperaría que esas sean las repuestas de nuestras judicaturas, si es que se volviese a dar esta circunstancia. Para eso tenemos que crear poderes judiciales fuertes.
Las comunidades latinoamericanas, los poderes públicos latinoamericanos han hecho cortes poco fuertes y después les pedimos que sean nuestras garantías; generalmente, hacemos nombramientos de la cúpula de la Corte con el momento en que ha habido un cambio en el Poder Ejecutivo. De esa manera, los jueces ya pierden un poco de independencia, pero al corto tiempo llega esa nueva corte y barre con todos lo jueces. Eso ocurre cada cuatro, cinco o cada seis años según sea el período presidencial.
En un país suramericano, en una misma presidencia, que ahora se está alargando un poco, el barrer la Corte se ha dado en tres oportunidades, como podemos de esta manera lograr que el Poder Judicial sea fuerte, que se cristalice y si los jueces que al final y cuentas somos seres humanos y algunos pretenden solucionar sus conflictos económicos llegando a la judicatura, saben que tienen muy poco tiempo para eso, pues pueden eventualmente buscar formas que no son del todo claras para solucionar ese problema personal.
Es necesario que nosotros nos preocupemos por reorganizar nuestros poderes judiciales, buscar sistemas de organización dentro de esos poderes que nos resulten más confiables.
No creo que el problema que ocurre con la justicia penal Guatemalteca en este momento, sea un problema por haber optado por la oralidad, más bien creo que la oralidad es la que ha permitido que afloren una serie de problemas que tenía esa judicatura y que he visto en cuentas nacionales Guatemaltecas en donde la gente se muestra ahora un poco más; es decir, acepta con un mayor porcentaje la manera en que sus jueces se están comportando, sobre todo, al haber visto algunas condenatorias que según me dicen, los señor Guatemaltecos, antes no se daban. Yo no tengo por qué analizar un problema que es propio de ustedes, pero sí he tenido acceso a esa información y me parece conveniente. Ojalá que en todos nuestros ambientes lográramos encontrar algunas soluciones para los poderes judiciales.
LA PRESIDENTA:
Agradecemos a los señores panalistas, sobre todo, el haber dedicado tanto rato para acompañarnos e ilustrarnos con sus puntos de vista.
Se decreta un receso.
Se procede de conformidad.
Se reanuda la sesión.
Vamos a entrar al segundo panel en el que participan don Roger Edmundo Gerli, quien nos ha acompañado durante todo el día, además, es el Presidente de la Coordinadora Nacional del Poder Ejecutivo (COORDINA); don Hernán Vega, Presidente de la Comisión Nacional de Rescate de Valores y don Jorge Poveda, quien es funcionario de la Asamblea Legislativa y además ocupa una posición de enlace entre la Asamblea y la Defensoría de los Habitantes y es miembro de COORDINA.
Estaba presente don Ricardo González de la Unión de Cámaras, pero se excusó porque le habíamos comunicado que esta actividad era un poco más temprano y él tenía un compromiso ya adquirido a las cinco y media.
Lamentablemente por una parte, pero afortunada por otra, el tema es tan rico que como ustedes notaron fue imposible que los expositores anteriores se limitaran al tiempo mencionado, el cual era de diez o quince minutos máximo. Por otra parte, los comentarios y preguntas de los señores Diputados hizo más extenso este primer panel. De manera que vamos a hacer muy descorteces con ustedes y les vamos a pedir que traten de hacer su exposición dentro de estos diez o quince minutos señalados para cada participante. Nos perdonan, pero es el tiempo el que nos obliga a ello.
SEÑOR HERNÁN VEGA:
En la buena concepción de la sociología política de solo afirmar que la sociedad global de un país se conforma de dos niveles: La sociedad política, con la clásica división en tres poderes y la sociedad civil, en donde se socializan las actividades, aspiraciones y esperanzas de los sectores que la componen.
Con ocasión de esta reunión FOPREL consideró conveniente la participación por parte de la delegación de Costa Rica, de representantes de algunos de los sectores de la sociedad civil, decisión que aplaudimos por cuanto las acciones que deben emprenderse contra la corrupción difícilmente se pueden alcanzar sin la participación de la sociedad civil.
Esto es así, por cuanto las causas de la corrupción subyacen en diversas deformaciones de conducta que, precisamente, tienen su origen, la mayoría de las veces, en la sociedad civil y es desde aquí de donde se dispersan y finalmente contaminan a los restantes sectores que conforman una nación. Deseo explicar rápidamente esto.
Con frecuencia se habla de la corrupción pública y la privada, pero no podemos dejar de comprender y de aceptar que los funcionarios públicos pertenecen a una sociedad y que si esos funcionarios participan en la corrupción es, precisamente, porque la sociedad está enferma, está contaminada.
En mi condición de Presidente de la Comisión de Rescate y Formación de Valores y Presidente de la Coordinadora Cívica Nacional (COORDINA) debo señalar las razones de la conformación de ambas, así como la justificación de su presencia en esta actividad.
La Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores surgió hace diez años como una iniciativa de la sociedad civil, precisamente, el sector de colegios profesionales preocupados por la descomposición moral de la sociedad costarricense, consideró que era necesario plantear un plan de acción a la sociedad costarricense para rescatar los mejor valores y tradiciones de nuestra sociedad.
Esto se hizo con el objeto de contribuir en la formación integrar del costarricense; además, para combatir dentro de otras deformaciones las peligrosas manifestaciones de corrupción, que de aquellos días ya ensombrecían a sectores importantes de nuestra sociedad.
Esa realidad y el compromiso asumido por la Comisión se ratifican en la declaración de principios del documento básico del plan nacional de rescate de valores, en donde se expresan todos sin excepción, ese es el documento desde hace diez años. Sabemos y sentimos que una corriente de corrupción está minando nuestra identidad, nuestras instituciones, nuestra sociedad y nuestra nacionalidad.
Coordinadora Cívica Nacional (COORDINA) nació hace cuatro años, impulsada por diversas agrupaciones civiles, entre ellas la Comisión de Rescate de Valores, la Unión Costarricense de Cámaras de la empresa privada, la Defensoría de los Habitantes, las asociaciones de educadores y las cámaras de radiodifusión, diarios nacionales y televisoras junto con otros sectores representativos.
El fundamento de COORDINA es el de convertirse en una modalidad operativa, muy ágil que coordina los esfuerzos desperdigados de la sociedad civil costarricense y los esfuerzos, también aislados y desperdigados de la sociedad política. Todo ello con la mira de crear alianzas que culminen de modificaciones legales para hacer más efectivo el esfuerzo global, para detener la corrupción y dentro de las influencias nocivas del narcotráfico y todas sus secuelas.
Pero, al igual que ayer estamos convencidos que ambas organizaciones que luchan contra la corrupción no pueden limitarse a la promulgación de leyes y a la imposición de castigos, como ya lo han dicho algunos de los expositores que me antecedieron.
Es cierto que nuestro país al igual que muchos otros del área centroamericana y en general del mundo cuentan con sofisticados sistemas legales e importantes centros carcelarios, pero a pesar de ello persiste, aumenta y se sofistica la corrupción, porque quienes la practican también han desarrollado destrezas y profesionalismo, por lo que generalmente realizan sus acciones sin dejar huellas o indicios incriminatorios.
Las estrategias en la lucha contra la corrupción. Uno de los problemas más serios que enfrenta el combate de la corrupción es que se atacan sus efectos, pero, difícilmente sus causas. Es este accionar lo que está provocando una generalización del fenómeno.
Nosotros quisiéramos insistir en esto. Con frecuencia escuchamos hablar del tema de la corrupción, incluso, hemos insistido por medio de la Comisión de COORDINA de que la lucha contra la corrupción se ha convertido también en una fuente de ingresos para que quienes algunos que pretenden vivir del tema de corrupción; además, hemos observado como en América del Sur algunos presidentes levantaron la bandera en la lucha contra la corrupción y resultaron ser los más graves corruptos de esos países.
De allí la importancia del tema de analizar las causas de la corrupción. De allí también la conveniencia de emprender acciones dirigidas a detectar las causas de este flagelo y la necesidad de implementar las medidas apropiadas para controlar sus efectos. Sin embargo, en la implantación de acciones contra la corrupción conviene analizar detenidamente la posición bastante generalizada, en cuanto considerar el sector público como la más importante fuente de corrupción. Esto, porque si bien es cierto sus efectos son más nocivos en ese sector por afectar el interés común, no podemos dejar de reconocer que principalmente en la sociedad civil, en particular en el sector privado, desde donde se genera para penetrar luego en diversas estructuras de la sociedad política y por ende para desvirtuar la sagrada misión que está llamada a cumplir el Estado.
Compartimos el criterio estudioso en la materia cuando afirman que frente a un corrupto del sector público siempre hay no menos de un corruptor privado. Esto nos confirma que las causas que origina la corrupción se encuentran en la sociedad misma, de allí que lamentablemente debamos reconocer también como fuente de contaminación y de agente multiplicador de formas diversas de corrupción el propio núcleo familiar, ya desvirtuado de sus funciones tradicionales. Algunas de las acciones emprendidas, la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores comprendiendo la necesidad de detener el avance en la corrupción ha venido realizando ingentes esfuerzos por combatir este flagelo y dentro de sus actividades se encuentran las que señalamos a continuación:
Congreso Nacional de Análisis de la Corrupción. En esta primera actividad celebrada en la Universidad de Costa Rica durante los días 26, 27 y 28 de julio de 1989, se analizaron diversos diagnósticos realizados sobre la penetración de la corrupción en algunos sectores públicos y privados y se plantearon soluciones para controlar esta grave situación nacional.
En este primer trabajo nosotros quisimos que cada uno de los sectores hiciera un análisis, una evaluación sobre el factor de corrupción en su sector, lo llevara a discusión y ahí analizáramos en plenario las posibles soluciones que debían de darse a cada uno de esos sectores.
Congreso Nacional Deberes y Responsabilidades en la Función Pública. Una segunda actividad, efectuada en el Auditorio de la Corte Suprema de Justicia, los días 25 y 26 de noviembre de 1992, buscó dar un connotación positiva a las acciones que los servidores públicos deben emprender para actuar con ética, eficiencia y eficacia y de esta forma tratar de detener la corrupción en el sector público.
Congreso Nacional sobre Corrupción y Narcotráfico. El fue la tercera actividad realizada en el Auditorio de la Corte Suprema de Justica, del 28 al 30 de setiembre de 1994, contó con la participación de representantes de todos los sectores de la sociedad costarricense y de la comisiones institucionales, centrando su atención en la presentación de diagnósticos o las diversas formas de corrupción que afecta a cada sector social. Finalmente, como partes de las conclusiones se plantearon importantes recomendaciones específicas para un efectivo combate sectorial.
Además, de estos tres congresos que permitieron trazar una estrategia, la organización tiene a su haber actividades como las que se detallan: seminarios periódicos, buscan soluciones específicas a las causas y efectos concretos con que se presenta la corrupción; se participan en conferencias interamericanas dedicada a analizar los problemas del fraude, la corrupción en el gobierno, en la cual participan analistas internacionales cuyas intervenciones se transmiten vía satélite y en nuestro país son recibidas por la Comisión que baja la señal desde nuestro centro de reuniones en donde son seguidas y comentadas por representantes de todos los sectores nacionales concurrentes.
La Comisión Nacional para poder trabajar organizó comisiones institucionales en el sector público. Es importante señalar que la Comisión Nacional es la primera organización de la sociedad inserta en el sector público, que es avalada por medio de dos decretos que le permiten trabajar en la instituciones públicas. Gracias a los decretos ejecutivos que declaran a la Comisión como un órgano de interés nacional se integran comisiones institucionales en los tres Poderes de la República, lo que permite llevar acciones de capacitación a los servidores públicos.
La capacitación se orienta a forjar empleados con ética y comprometidos con la eficiencia, la eficacia de concepto de servicio al usuario y se propugna por la formación de un funcionario público honesto, disciplinado, respetuoso, responsable, creativo y con un claro sentido de lo que significa el servicio público.
También estamos trabajando con comisiones comunales. El trabajo de la comisión no se limita al sector público, también trabaja en la comunidades en donde funcionan por el momento tres comisiones comunales. Lo que pretendemos con estas es que sea la misma comunidad la que analice los problemas que más les está afectando en cuanto al tema de la corrupción, y que sean ellos mismos los que desarrollen las estrategias para combatir esos flagelos.
Las comisiones en los colegios profesionales dada su importancia, están integradas por representantes de todos los colegios profesionales del país.
Como se puede observar las acciones se generan desde la Comisión Nacional, pero se ejecutan en cada organización o comunidad con sujeción al marco cultural y de valores que orienta cada grupo.
Estamos totalmente convencidos de que el nivel de valores de cada uno de los grupos no es igual, y por consiguiente debe tener una organización particular que realice el trabajo operativo. De tal forma que son los propios afectados quienes utilizando los medios idóneos que estimen convenientes, detectan las causas de la corrupción y proveen soluciones efectivas contra esos problemas.
No obstante, que la Comisión de Rescate y Formación de Valores y la Coordinadora Cívica Nacional tiene entidad jurídica propia, al igual que sus propias juntas directivas y que la organización de cada una les da autonomía y acción, en la práctica, COORDINA ha mostrado un valioso método operativo para llevar a cabo acciones sistematizadas dentro de su propia especificidad.
El combate contra el narcotráfico y el lavado de dinero, actividades que se constituyen hoy día en peligrosos desestabilizadores del sistema democrático y el principio de gobernabilidad: Quiero hacer un reconocimiento al señor Edmundo Gerli que ha hecho una labor incansable para tratar de concientizar a las organizaciones públicas sobre el peligro de la corrupción y del narcotráfico.
Entre las estrategias a entender para detectar y controlar la corrupción deben considerarse medidas de naturaleza general, las propias del sector público y las que deben realizarse en el sector privado. Desde luego las estrategias deben fundamentarse en medidas preventivas.
Creo que algunos expositores han señalado la importancia de las medidas preventivas, porque desafortunadamente lo que tenemos es una serie de organismos que actúan “a posteriori” y lo que está provocando es el incremento de la corrupción y las medidas sofisticadas para evitar el combate y el castigo de los corruptos.
Dentro de las medidas de naturaleza general, podemos citar al menos cinco que serían:
“Es urgente desarrollar una campaña de educación nacional y regional sobre la importancia de los valores morales y éticos en la formación integral del individuo, así como sobre las responsabilidades ciudadanas”. Nosotros entendemos que si no hay valores morales no puede haber un concepto claro de lo que es la responsabilidad ciudadana en la función pública o en la actividad privada.
El individuo que no reconoce sus potencialidades, no reconoce que debe reflexionar y que debe actuar a favor del bien común, es una persona que no puede servir en la lucha contra la corrupción y menos beneficiar la salud moral de las sociedades.
“Promover por medio de los centros de enseñanza, las iglesias y los medios de comunicación la práctica de actitudes de naturaleza positiva a través de las cuales se fomenta la honestidad, la responsabilidad, la verdad y la transparencia en la realización individual, tanto como miembro de una familia, como servidor público, como empleado de la empresa privada y como ciudadano”.
Don Luis Paulino Mora, quien forma parte de la Comisión Nacional y la señora Maggie Breedy, Vicepresidenta de la Comisión Nacional de Rescate de Valores, dijeron que uno de los problemas que hemos observado es que se habla mucho de las estructuras que están fallando; los sistemas están fallando, pero si los sistemas y las estructuras las hacemos seres humanos, los que están fallando son los individuos, y por eso insistimos en la necesidad de que sea a través de un proceso de educación integral que se formen ciudadanos, porque lamentablemente, como lo dijo el Procurador, vamos a tener personas que siempre van a incurrir en la corrupción aún cuando existan mecanismos legales que lo sancionen, porque ellos van a encontrar el camino apropiado para poder realizar sus actos indebidos, y quiero separarme del criterio de don Luis Paulino, quien señala que no hay mucha corrupción.
Quiero reconocer que efectivamente tenemos un Poder Judicial bastante transparente, pero la corrupción no es un problema de dinero; el problema que tenemos actualmente en Costa Rica es una pésima educación académica y entonces la profesionalización se ha hecho un negocio, el mercantilismo en que vive nuestra sociedad induce a muchos jóvenes a meterse a las universidades más fáciles para sacar en dos y tres años un título.
Existe un problema. ¿Cuál es? La formación moral. La persona que accede a una función pública en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo o en el Judicial creyendo que puede funcionar ahí o simple y sencillamente porque necesita llenar una necesidad económica sin tener los conocimientos adecuados para poder desempeñar esa función. Por lo tanto, hay un mal de corrupción porque se trata de una persona deformada, porque esto es en el texto de la corrupción, una deformación de la conducta del individuo quien con antelación sabe que no va a poder servir.
Tenemos un grave problema que no es un asunto económico, sino un asunto de formación, de personas que son jueces que no tienen conocimiento alguno y que de esta forma a través de la corrupción están dañando sensiblemente aspectos tan importantes como son el honor, la libertad y los bienes de una sociedad.
“Desarrollar en las comunidades, en los centros de enseñanza y en los centros de trabajo talleres de capacitación dirigidos a forjar mejores mujeres y hombres íntegros con una clara consciencia sobre la necesidad de actuar correctamente en todas las manifestaciones existenciales”.
“Emprender una campaña nacional informando a la población en general y a los servidores públicos en particular, sobre los castigos que contemplan las normas que sancionan los delitos de corrupción”. Esto lo hablaron para que la gente sepa cuando está incurriendo en un delito de corrupción. Una información generalizada a la sociedad.
“Iniciar un diagnóstico nacional y regional sobre los hechos de corrupción más generalizados a fin de elaborar las estrategias comunes de combate de estas acciones”.
“Las medidas de naturaleza específica”. Podemos referirnos al sector público y al sector privado, por cuanto sus ángulos de ataque y son diferentes como se especifica a continuación. De previo a señalar algunas de las acciones a emprender cabe hacer las siguientes consideraciones sobre este sector:
Podemos afirmar en forma genérica que la corrupción se define como alteración o vicio en las cosas. Pero ya en el campo de la función pública se tipifica como la acción u omisión en que incurre voluntariamente el individuo a través de actos contrarios a los principios morales, jurídicos y sociales ya sea para favorecerse en el ejercicio de su cargo o bien para beneficiar a terceras personas.
“Factores generadores de corrupción”. Aunque la mención no agota la lista los principales identificados serían los siguientes: “Deterioro de los valores, presiones políticas, utilización para beneficio particular de la estructura y las funciones de la administración pública”.
Este es un problema serio que tenemos en Costa Rica, aquí cuando se cuestiona alguna acción pública el funcionario cree que se le está cuestionando a él; entonces vienen las represalias, esto lo vemos en el Poder Judicial y lo vemos en los restantes Poderes de la República.
“Ausencia de interés ciudadano ante los problemas nacionales”.
“Influencia político partidista en la promulgación de las leyes”.
“Manipulación de la información”.
“Desintegración familiar”.
“Deficiencia y desajuste del sistema educativo costarricense”. Insistimos en este último punto, que nuestro sistema educativo, ha iniciado un cambio de los dos o tres últimos años, a un modelo de valores que se fundamenta en un principio en el que el conocimiento es lo muy importante, pero conjuntamente con la formación ética del educando.
En consecuencia se plantean las siguientes acciones como estrategia correctiva: “Elaborar leyes y reglamentos que exijan una acertada selección de personal con fundamento en procedimientos, instrumentos científicamente comprobados y en principios de idoneidad objetiva”. Es decir, por capacidad, conocimientos académicos y formación moral.
Tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Poder Judicial, tenemos nombramientos que no se dan por idoneidad objetiva, se dan por posición política o se dan porque la persona me cayó muy bien o pobrecito, porque no tiene trabajo y hay que ayudar sin darse cuenta, que el funcionario público es un depositario de la confianza de un pueblo y que debe hacer su trabajo objetiva y responsablemente.
“Realizar cursos de inducción para capacitar al servidor público, en cuanto a la importancia de la función sobre el concepto de depositario de la confianza pública sobre la protección de los recursos del Estado y sobre la necesidad de prestar el servicio público con transparencia, eficiencia y eficacia”.
“Promulgar leyes contra el tráfico de influencias y contra los criterios de corte político-electoral para la escogencia de los sectores públicos y de sistemas salariales acordes con las labores y las circunstancias reales del país que le permita al servidor público dignificar su asistencia”. Es un asunto que de alguna manera nuestros países tendrán que entrarle. No es posible que se siga viendo al servidor público como un trabajador de tercera o cuarta categoría.
“La función pública es tan importante como la función privada y debe remunerarse adecuadamente”.
“Diseñar mecanismos para desarrollar la eficiencia, la excelencia en la función pública y crear incentivos salariales y medios de reconocimiento de los trabajadores de tal forma que se premia a quien hace mérito por su esfuerzo, dedicación y creatividad en el ejercicio de la función pública”.
“Crear consciencia entre los ciudadanos sobre los peligros que para el sistema democrático encierran las dádivas, la cultura del “amiguismo”.
“Concientizar al servidor público sobre la conveniencia de utilizar el trabajo para crear y fomentar valores, así como sobre la obligación que tiene el servidor público para desarrollar la iniciativa, la creatividad y en general la búsqueda del mejoramiento del clima laboral”.
“Promover campañas de todo el sector público que inviten a los empleados públicos a aceptar libre y voluntariamente que su principal deber es el servicio al usuario y que la función pública es para servir y no como medio para beneficiarse o para favorecer intereses particulares”.
“Promulgación de un código de ética para la función pública”. No sé cómo estará en la Asamblea Legislativa, nosotros hemos insistido en la necesidad de que este Código se apruebe.
“Establecimiento y fortalecimiento de los controles externos e internos tanto administrativos como financieros”.
“Promover disposiciones legislativas que exijan los poderes de la República al realizar análisis sobre la penetración de la corrupción en todas las instituciones que conforman al Estado con el propósito de establecer procedimientos para combatirlo”. En el sector privado es un hecho comprobado que la tendencia mundial hacia la globalización conlleva a la desregulación, lo que para algunos se convierte en un sinónimo de libertad absoluta que en la práctica se transforma en un aumento desmedido del egoísmo particular y en una marcada disminución de la solidaridad social. No es fácil enfrentar el problema debido a la entronización de valores provenientes de otras latitudes y por ello dentro de las acciones a emprender pueden señalarse las siguiente:
“Promover campañas nacionales y regionales que propicien la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción”. Esto ya lo han dicho. Buscando que la población intervenga con hechos positivos más que con palabras.
“Promover la participación ciudadana de tal forma que la sociedad civil se convierta en un órgano fiscalizador de la construcción de las obras públicas para que las mismas se ajusten al cartel de licitación denunciando al concesionario cuando violente los términos contractuales y el interés comunal o nacional”. Nosotros creemos que es muy importante que el ciudadano sea partícipe en la fiscalización de las obras públicas, aquellas sobre todo que se hacen en sus comunidades, que ellos vigilen que se hagan de acuerdo con el cartel público.
“Desarrollar una campaña nacional y regional sobre la necesidad de que los ciudadanos paguen sus impuestos a fin de que el Estado cuente con los recursos apropiados para la atención de la salud, la educación y la seguridad”.
“Promover una campaña nacional y regional que busque la dignificación del trabajo como medio para buscar el bienestar individual y familiar y como el mejor instrumento para el desarrollo sostenible de nuestros países”.
“Denunciar ante las autoridades competentes cualquier hecho de corrupción que afecte la paz, la armonía social y el bienestar económico del país”.
“Promover en el sector empresarial la imposición de severas sanciones contra quienes ejerzan sus actividades en perjuicio de la ética empresarial y los estatutos de las organizaciones”.
“Generar en la actividad empresarial acciones tendientes a imponer castigos a aquellos empresarios que incurran en los delitos fiscales de contrabando y de todo tipo de evasiones y defraudación contra el fisco”.
“Propiciar la elaboración de códigos de éticas empresariales que impidan la competencia desleal y cualquier actividad que riña contra los sanos principios de la actividad privada”.
“Recomendaciones regionales”. Es una realidad que gracias a los avances tecnológicos el ser humano puede alcanzar un nivel de vida mejor. Sin embargo, también es cierto que desafortunadamente la tecnología se está utilizando por parte de los inescrupulosos como un importante acicate para el incremento de la corrupción por cuanto permite que los corruptos se desplacen rápidamente de un país a otro, trasladen fondos y en fin, realicen toda una variedad de actos de corrupción. De allí la necesidad de realizar esfuerzos conjuntos entre los países del área centroamericana que conduzcan a emprender acciones conjuntas para prevenir y reprimir los hechos corrupción.
Por lo tanto, visualizamos tres tipos de acciones: acciones legislativas, entre esas acciones destaca la labor legislativa con la aprobación de códigos de ética para el servidor público, así como revisar aquella normativa que a través del abuso del debido proceso por los recursos de amparo favorecen el aumento de múltiples formas de corrupción. La Sala Constitucional es un gran instrumento, pero desafortunadamente, los recursos de amparo están impidiendo que la función pública sea más transparente, porque el corrupto logra suspender el acto y entonces sigue contaminando la función pública.
Propiciar legislaciones que pongan en igualdad de condiciones los derechos y los deberes del servidor público y promulgar leyes que puedan aprobarse en todos los países americanos, dirigidas a penalizar los nuevos delitos de corrupción, en especial los llamados de cuello blanco, cuya penetración representa graves daños, tanto a la moral pública, como a las débiles economías de nuestros países.
Como medidas preventivas de uso recomendable están: coordinar esfuerzos para incrementar las tareas de capacitación y concientización sobre los peligros que para la democracia representa la corrupción, así como en cuanto a la necesidad de que los ciudadanos y servidores públicos sometan sus conductas a la ética.
Desde luego, que las campañas nacionales recomendadas a nuestro país, pueden realizarse en los restantes países. Para todas estas actividades necesariamente deben comprenderse las trágicas consecuencias económicas, políticas y sociales de la práctica de conductas corruptas, que no hay conciencia, ni voluntad ciudadana, lo cual implica práctica de antivalores y si no hay voluntad política para combatir este flagelo, la corrupción terminará quebrantando nuestros sistemas democráticos.
Es indudable que hoy los conceptos de autonomía, que se refieren a las modalidades en que se organizan nuestros países, como el de soberanía, el cual está referido a uno de nuestros más preciados valores jurídicos, se encuentran amenazados por el fenómeno de la globalización, y ubica en otras latitudes toma de decisiones importantes, de frente a ellos no podemos repetir la operación de la avestruz, sino tener mucha imaginación y creatividad para convivir y sobrevivir en el nuevo mundo que toca a nuestras puertas.
En este sentido la posibilidad de repetir y de mejorar sustancialmente el modelo que hemos presentado, constituye realmente un reto regional. Así rápidamente... (inaudible).
LA PRESIDENTA:
Muchas gracias don Hernán. Yo le voy a pedir al señor Urbina que siga presidiendo la mesa, y les ruego a ustedes que me excusen, sobre todo a don Edmundo y a don Jorge, que son los siguientes expositores, pero he recibido una llamada que me obliga a retirarme de inmediato.
LIC. EDMUNDO GERLI:
El 24 de octubre de 1994, en una reunión que agrupó a más de ochocientos representantes de los más diversos sectores representativos de la sociedad civil costarricense, nació COORDINA, recogiendo un clamor que recorría nuestra sociedad con estas inquietudes.
Los valores humanos que caracterizaban la personalidad de la comunidad costarricense hasta hace algunos años, ya no son, lamentablemente, la base que rige actualmente las normas de convivencia en nuestra sociedad. Al asumir su identidad, Costa Rica se forjó una marcha tenaz y segura hasta consolidar un Estado democrático inspirado en sólidos valores.
Los valores actuales, lamentablemente, no se fundamentan en un sólido y compartido respeto a la vida, la estabilidad de la familia, el amor al trabajo, la solidaridad social, el elevado espíritu religioso, el sano orgullo nacional, el respeto a los mayores, el aprecio a la educación, la honradez, la lealtad y la tolerancia a las ideas ajenas.
Nuestro país ha comenzado a sumirse en una crisis de valores de tal naturaleza, que se han roto nuestros sentimientos éticos, que nos hicieron apreciar más el ser, que el tener de las personas, y el dinero se ha convertido, sin importar su origen, en el valor esencial ante el cual sucumben, lamentablemente, muchos costarricenses, y la vida en sociedad se ordena según lo que mande la moda, no lo que nuestros cuerpos y espíritu realmente necesitan, por lo que estamos abandonando las costumbres que dieron fortaleza y prestigio a la sociedad para adoptar modelos ajenos a nuestra cultura.
El reto para rescatar lo que fuimos, imponía entonces un reencuentro con nuestros valores nacionales, un retorno al respeto y a la solidaridad real social, la espiritualidad y la unidad familiar y un rechazo rotundo a todas las prácticas de corrupción y fundamentalmente a las nuevas modalidades conocidas como narcotráfico, narcolavado, que por su penetración y modalidades, desbordan toda nuestra capacidad instalada para su combate.
Para hacer frente al desolador panorama, quienes nos reunimos en esa ocasión, pensábamos, y seguimos haciéndolo, que era necesario, además de la fuerte presencia de la Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores, emprender acciones muy prácticas, que quizás nacen del hecho de que quienes dirigíamos el proceso no tenemos formación en ciencias sociales o jurídicas, sino que como empresarios obligados a lidiar diariamente con problemas muy concretos, debíamos igualmente imaginar acciones concretas flexibles y efectivas. El fogueo en la calle, genera agilidad pragmática para mejor resolver.
Bajo la idea de que en la práctica no es tan necesariamente cierto que uno distingue en la sociedad global, dónde comienza y dónde termina la sociedad civil y la sociedad política, toda vez que las personas nos movemos, libremente, entre una esfera y otra. En COORDINA creímos necesario apuntalar los esfuerzos, casi siempre inconclusos, por obra de la politiquería, que se inician en el Poder Ejecutivo. En consecuencia, nos dimos a la tarea de ir ligando los esfuerzos, muchas veces dispersos, de los Ministerios de Justicia, Educación, Seguridad, Gobernación, Salud, Trabajo o del Ministerio Público, o bien de la serie de organismos de represión, puesto que todos actúan según sus propias directrices y sin sujeción alguna a un plan nacional, o a eso que antes llamaban “modelo de sociedad”.
Ante las cosas, y sin hacer mucha distinción entre actividades de coordinación estatal, ni actividades de coordinación civil, nos dimos a la tarea de ir atando cabos sueltos, uniendo esfuerzos y voluntades, muchas veces enterradas en erradas concepciones burocráticas como: “esto es de mi esfera, esto es de mi incumbencia, o esto debe hacerlo sólo mi institución”, o las más de las veces, escondida en la frase consabida: “Esto no me toca a mi, ni a mi institución”.
La tarea no ha sido fácil, pero se facilita porque ninguno de nosotros tiene que figurar para ganar votos y adeptos, o para obtener reconocimientos, sino por el deber cumplido y la satisfacción de servir simple y sencillamente de enlace. Por eso nos hemos empeñado en dos líneas de acción concreta. A nivel nacional, han consistido en aunar voluntades aisladas, procurando que prive la concepción del bien común, por encima de consideraciones individuales.
Preocupan más los derechos del ofensor, que los del ofendido, que en la mayoría de los casos el ofendido es toda la comunidad. Servir de intermediarios entre el Ministerio Público y diversos niveles del Poder Ejecutivo, y del Poder Judicial, que efectuados por las vías oficiales son lentos, engorrosos, o no se logran del todo.
Presentar propuestas específicas de nueva legislación para corregir problemas seculares, que de persistir son fácil sustrajo para que se intronicen prácticas corruptas.
A nivel regional, hemos efectuados diversas actividades encaminadas a colaborar en el fortalecimiento de entidades que buscan una integración sana, que busquen lo operativo, la homologación de legislación nacional en sectores claves, en ese sentido dos esfuerzos deben destacarse: colaboración con sectores de la empresa privada en los países centroamericanos, para ayudarles a integrar comisiones nacionales de recate de valores y brazos operativos tipo COORDINA.
Apoyo directo a organismos definidores de políticas a nivel centroamericano, caso de FOPREL, colaboración directa, que esperamos iniciar a partir de ahora, con la Comisión Centroamericana contra la Corrupción, que comienza su labor a partir de esta fecha.
Existen cinco puntos de acción legislativa tenemos en la mira, el primero se refiere a las obligaciones que se derivan de la ratificación de la llamada “Convención de Viena del 88”, contra el tráfico ilícito y todas las secuelas que se derivan de esa práctica corrupta, que obliga a que las legislaciones nacionales sean adaptadas para ajustarse a sus disposiciones.
El segundo se relaciona con la necesidad de ratificar, por aquellos países que aún no lo han hecho el tratado suscrito en Panamá en julio de 1997, por los Presidentes de los Poderes Ejecutivos, en contra del lavado de activos.
El tercero es una necesidad que surge inevitablemente, de los cambios que se operan a nivel global, la de garantizar a los sectores de las sociedades civiles, su participación más estrecha en los procesos de formación de las leyes. En esa forma se les obliga a definir a dónde quieren, y cómo quieren, que se orienten sus vidas, el país y autorizar los cambios para que este rubro se logre.
El cuarto es la conveniencia de institucionalizar, en los Poderes Legislativos, unidades de técnicos que se ocupen de los aspectos internacionales, toda vez que garantizan la continuidad y se convierten en la memoria institucional, permitiendo soluciones de más bajo costo, dados los continuos cambios en las esferas políticas decorosas.
Los equipos técnicos en las Asambleas Legislativas de los países latinoamericanos, deben tener claramente una división de conocimiento y práctica en asuntos nacionales y otra especializados en el operativo internacional, no deben de confundirse los dos.
El quinto punto se refiere a la conveniencia de tener claro que la sofisticación y la tecnología de punta, que utilizan los narcotraficantes, y en general los que atentan contra la seguridad de los ciudadanos, obliga a generar legislación llamada de excepción, sólo deberemos procurar que su reglamentación para aplicar esas medidas sea clara, para evitar arbitrariedades.
Un ejemplo: intervenciones de vías de comunicación, un llamado nacional, si los señores diputados se interesan en involucrar a la empresa privada de sus respectivos países, para conformar asociaciones tipo Comisión Nacional de Rescate y Formación de Valores y de Coordinadora Cívica Nacionales, caso de COORDINA, que luego puedan federarse a nivel regional, habremos dado un gran paso en contra de los flagelos, que amenazan la estabilidad de nuestros sistemas.
Quiero hacer un agregado muy breve. Señores, esta es la primera Comisión que se inicia en el proceso de integración, por vía de diálogo y por vía de interrelación de los Parlamentos Centroamericanos. Hay personas y esfuerzos de otra índole, que hasta el momento no han dado rendimientos de ninguna especie, yo tengo la impresión, por las preguntas que ustedes han hecho aquí y por la paciencia con que ustedes se han sentado aquí, que esto ha sido exitoso y que ustedes van a enriquecerlo en muchas cosas, y como debería de trabajar.
La semana entrante se celebrará una Asamblea de FOPREL en Managua, sería interesante, me permito sugerir, si ustedes lo tienen a bien, que apenas regresen ustedes a sus países, se comuniquen con los Presidentes que van a integrar esa Asamblea y le comuniquen la experiencia que tuvieron aquí, y si ustedes creen que fue exitoso y cosas por el estilo, para que ya tengan ellos un concepto claro, de que el proceso está funcionando, que puede funcionar cada día mejor y que los objetivos son realizables.
EL SECRETARIO:
¿Desean hacer alguna pregunta ?
DIP. ALONSO VALENZUELA:
Quiero felicitar a los señores de la Asociación Nacional para el rescate de los Valores de Costa Rica. A mi me encanta, yo vengo del sector privado y he participado mucho en entidades de este tipo.
El empresario privado se orienta a ejercer su voto, pagar sus impuestos y considera que esa es toda la responsabilidad que tiene con la sociedad y con su país. El ejemplo que ustedes nos dan y además el ofrecimiento de poder asesorar y llegar a ser, a nivel centroamericano, una coordinación de asociaciones de este tipo en cada país, francamente, es muy halagador, yo creo que, por lo menos en nuestro país, sí vamos a aceptar la oferta, vamos a solicitar la información y buscar hacer algo similar, que pueda tomar la experiencia de ustedes, que francamente nos agrada muchísimo, francamente nuestra mayor felicitación.
DIP. JOSÉ ORLANDO ARÉVALO:
Gracias, en el mismo sentido del compañero Diputado de Honduras, deseo felicitar a los costarricenses por la iniciativa y el impulso de un instrumento, que a mi juicio es muy valioso e imprescindible en este momento, especialmente para el caso de la sociedad salvadoreña, dado que esta noche, en los corrillos, donde estuvimos en la Asamblea, les comentábamos un poco sobre la crisis.
Después de felicitarlos, quería hacerles precisamente una pregunta, ya la respondieron, pero quizás un poco ampliarla, ¿quién convocó y cuáles son los sectores que están representados tanto en la Comisión Nacional de Rescate y Promoción de Valores, como la Comisión Nacional de Coordinadores?
LIC. HERNÁN VEGA:
La Comisión Nacional de Rescate de Valores, fue una iniciativa de la Junta Directiva del Colegio de Abogados en 1987, precisamente como una preocupación de los profesionales del país. El Colegio de Abogados consideró que debía de hacerse algo, que no podíamos seguir siendo profesionales, limitados a vigilar nuestra actividad profesional y únicamente a buscar nuestro propio beneficio, sino que estábamos dándonos cuenta de que la descomposición de la sociedad nos iba a afectar directamente, entonces replanteamos esto a todos los demás profesionales del país, por que era importante que se dieran cuenta de que había una precipitación de valores o una descomposición generalizada del país, iba a afectar sensiblemente la práctica de las profesiones y que era importante combatir esos fenómenos, a través de acciones directas, prágmáticas, entonces la Junta Directiva del Colegio de Abogados, acogió la moción y decidimos integrar una Comisión provisional que convocó a todos los sectores del país, el Plan Nacional está firmado por los presidentes de los tres poderes de la República y representantes de todos los sectores, incluso de las iglesias más importantes como son la Católica y Evangélica.
LIC. EDMUNDO GERLI:
En el caso de COORDINA, fui fundador de la cúpula empresarial de Costa Rica hace años y en un determinado momento fui Presidente de ésta, eso me dio categoría de director permanente y Presidente Honorario, siempre figuraba en comisiones de trabajo de la Directiva y se me ocurrió era fácil que se le ocurriera a uno, porque uno veía galopantemente este problema nacional y se lo planteé a Marco Vinicio Ruíz, que era el Presidente en ese entonces, y le pareció ideal el asunto, entonces nos fuimos a la Comisión Nacional de Rescate de Valores y se lo planteamos a don Hernán Vega y él aceptó y le dio gran mérito a la iniciativa y lo aceptó. La presidencia fue dada a la Unión de Cámaras, lógicamente porque el hospicio original había sido de parte de dicha Unión, y la Vicepresidencia a don Hernán, ahora por razones de asunto personal el Presidente tuvo que retirarse, entonces el vicepresidente es don Hernán hasta que tengamos la próxima asamblea.
Contamos en la Directiva con la Cámara Nacional de Televisión (CANATEL), Cámara Nacional de Radio (CANARA) y además medios de comunicación escrita, ellos se han comprometido con COORDINA, ofrecer sus actividades gratuitamente, siempre y cuando estén de acuerdo con lo que se este exponiendo, ya hemos tenido ejemplos de que colaboran extraordinariamente.
Hay una persona clave que nos sirve de enlace con la Asamblea Legislativa y es el Lic. Jorge Poveda, quien es el Secretario de la Directiva y teníamos -originalmente cuando se inició esto- el sector laboral con los dos principales agrupamientos del Magisterio (SEC y ANDE), lamentablemente en el transcurso del segundo año, ellos tuvieron un gran problema con el Gobierno, por cuestiones de pensiones, etc. y nos pidieron a nosotros que si los respaldábamos en sus demandas, eso no nos correspondía a nosotros, y les dijimos si nosotros los respaldamos a ustedes, porque no nos respaldan a nosotros. Entonces quiere decir que en estos momentos, se han retirado y vamos a sustituirlos a ellos con otras representaciones del sector laboral, pero esa es la conformación que hay en estos momentos.
Ahora la Directiva trabaja gratuitamente, soy empresario, le pago al secretariado algo adicional y ellos me hacen todo el trabajo de secretariado, los teléfonos y todo. Don Hernán es abogado, tiene su bufete, entonces también la Comisión nuestra es gratuita, nosotros no tenemos sueldos de $4000.00 al mes, ni tenemos gastos de representación ni nada por estilo, sin embargo, estamos produciendo, porque nos nace del alma. Y lo mismo se puede recibir de Rescate de Valores.
EL SECRETARIO:
Antes de pasar al último panelista, voy a leer aquí una excusa enviada por el sindicalista Alsimiro Herrera Torres, quien por razones ajenas a su voluntad, no pudo venir. En la parte pertinente dice: “Tengo el cargo de Secretario General de la Confederación Centroamericana de Trabajadores CCT, pero para esta fecha no me es posible participar por estar fuera de San José, atiendo programa de trabajo de la CCT.”, aceptamos la excusa y pasamos a escuchar al Lic. Jorge Poveda.
LIC. JORGE POVEDA:
Muchas gracias. Voy a ser muy breve y voy a realizar dos reflexiones concatenadas, una señalando que Centroamérica, aproximadamente ocho mil años de cultura agrícola, se juntan a cincuenta años de cultura industrial y diez años de cultura tecnológica, ¿qué produce eso?, un choque cultural, este requiere una salida, la cual es virtual, se drena por la publicidad que vende consumo y que dice que la satisfacción para lo que se desea, porque se ve en la radio, en la prensa y la televisión, se adquiere con poder o con dinero -que para el caso- son sinónimos y en consecuencia, eso se ha convertido en un disparador de corrupción en nuestros países.
Entonces nos enfrentamos a un problema, cómo solucionar la corrupción. A lo largo de mi vida he tenido la posibilidad de tener varios sombreros: empresario privado, Ministro de Estado, funcionario legislativo y asesor, entonces teniendo ese sombrero, me he puesto a pensar ¿cuál podría ser una solución, no mágica, porque no existe, pero sí integral para problemas aparentemente sin solución? y esto me lleva a hacer una segunda concatenación reflexiva.
Primero, cuando nuestros países adquirieron de pleno grado el título de países democráticos, después de un gran esfuerzo se nos dijo que la democracia era igualdad, posteriormente han cambiado los parámetros y nos damos cuenta que democracia también es eficiencia no solo igualdad, pero esto nos coloca de frente a otro problema, es que la igualdad se lee en términos de formalidad legal o legalista, y la eficiencia, en términos de legitimidad social y esto ha colocado a nuestros sistemas políticos de frente a un grave problema, no somos igualitarios y tampoco somos eficientes, somos escasamente formalistas y menos aún tenemos legitimidad social. Eso si se agrega al problema del inicio del proceso de corrupción y de la insatisfacción general, que deviene en insatisfacción general y a eso se le está llamando ingobernabilidad, esto tiene muchas facetas y una de ellas, la que nos ocupa ahora, es la corrupción, la cual nos puede llevar al caos, como nos lo señalaba el Jefe del Ministerio Público Costarricense y el caos a la injusticia, resulta que si no hay justicia, si hemos caído en la injusticia, significa entonces que nuestros sistemas democráticos no están siendo eficientes, esto nos vuelve otra vez al problema, es como darle “vuelta de carnera” al problema, y uno tiene que plantearse entonces, bueno: ¿cómo solucionamos el problema de la democracia?, ¿será manteniendo al democracia representativa, a la que nos hemos aferrado durante tantos años? o ¿debemos abrir realmente los ojos a la democracia de participación?, creo que ahí está la solución.
Aunque algunos nos resistamos a la democracia de participación, es allí donde está realmente la solución al problema, porque eso evita el enfrentamiento, como bien nos lo señalaba don Hernán, que los sociólogos políticos llaman ahora “sociedad política”, el caso de ustedes y sociedad civil el caso nuestro, en mi caso tengo un pie en una y otro en la otra, entonces entiendo bien las inquietudes en los abandares y las lentitudes en otro tipo de sociedad y el desface que se da entre ambas además de la insatisfacción que queda de por medio. Nosotros lo acabamos de medir cuantitativamente, en febrero de este año, con el resultado de nuestras elecciones, lo cual es un claro aviso al pueblo costarricense de que existe un problema de ingobernabilidad en el proceso.
Podemos decir, siguiendo la cadena de pensamiento, que esa sociedad de consumo, la cual tiene una solución virtual en la televisión para todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad, pero a su vez conllevan el problema de que la gente necesita poder o dinero para adquirir lo que se le vende virtualmente, decía que esa sociedad de consumo tiene respuesta a nivel privado, aunque sea virtual, pero la sociedad política no tiene respuesta para satisfacer la necesidad que ha emergido y está emergiendo cada vez con más fuerza en la base de la sociedad.
Pareciera entonces que debieran darse la mano la sociedad política y la civil, y como no hay ninguna fórmula “ad portas” pienso que la solución para los parlamentarios en procesos de formación de leyes más transparentes, más abiertos, más participativos. Esto es pasar de una sociedad eminentemente representativa en donde la información es la única vía que se usa de arriba hacia abajo a sociedades participativas en donde es la comunicación la que priva. Esto es una relación dialogal, no uso la palabra dialéctica porque ideológicamente ya no tiene ningún sentido, pero pareciera que por ahí está la solución.
Termino la reflexión diciendo que en la última función que tengo, enlace entre la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes veo que la Asamblea Legislativa se preocupa de los macros, piensa en hacer leyes que regulen la sociedad y en la Defensoría tocan la puerta todos los días costarricenses de carne y hueso a quienes esas leyes macro afectan de una u otra manera. No hay una correlación entre la definición macro y la necesidad micro, porque la ley no se ha hecho participativamente, se ha hecho con la ayuda de tecnócratas que ven desde su mesas cuáles son las soluciones, pero no con la colaboración de las bases populares que saben realmente donde les aprieta los zapatos.
No estoy planteando llegar a una democracia populista. El ejemplo de Fidel Castro nos demuestra que no hay estafa más profunda que esa, pero para eso se requiere tener mucha creatividad y celebro el nacimiento de la Comisión Centroamericana contra la Corrupción, porque creo que va a obligar a esta Comisión a pensar con toda seriedad en la necesidad de encontrarle no parches al problema sino una solución integral.
EL SECRETARIO:
Agradecemos la intervención ilustrativa de todos ustedes que nos han marcado las posiciones de los delitos que se pueden derivar de la corrupción y proponen soluciones que esperamos que sean incorporadas a las legislaciones nacionales en armonía para que esta cuestión camine perfectamente bien.
Esperamos que su entusiasmo nos sea inyectado también a nosotros para llevarlo a nuestros países y hacer realidad lo que estamos preparando y haciendo caminar.
LIC. HERNAN VEGA:
Nada más a manera de un comercial. El 29 y 30 de junio se celebrará en Bolivia el Foro Iberoamericano contra la Corrupción, auspiciado por ALCA. Creo que esta Comisión es muy importante.
EL SECRETARIO:
Quiero decirles que a todos se les ha pasado una relatoría de la sesión celebrada el día de hoy y que esperamos que la lean detenidamente, porque mañana se va a proceder a la suscripción para que quede formulada legalmente.
Siendo las dieciocho horas, se levanta la sesión.
Este documento ha sido elaborado por el Departamento de Comisiones Legislativas, con la participación de todo su personal. Dirigido y supervisado por funcionarias de la Comisión de Asuntos Económicos.
JPO / muz
COMISION INTERPARLAMENTARIA CENTROAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
I REUNIÓN
San José, 28 de febrero de 1998
RESOLUCIONES:
Los diputados de los Poderes Legislativos de Centroamérica, en el marco de la Primera Reunión de la “Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la corrupción”, celebrada en la ciudad de San José, Costa Rica, los días 27 y 28 de febrero de mil novecientos noventa y ocho, deseamos dejar constancia de los siguientes acuerdos:
PRIMERO
Se nombra como Presidenta de la Comisión a la Licda. Carmen Valverde Acosta, en representación de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y como Secretario al Dr. Luis Urbina Noguera, en representación de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua.
SEGUNDO
Elevar ante los Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica la recomendación para que se denomine a ésta “Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la corrupción y la narcoactividad”.
TERCERO
Delegar en la Presidencia de la Comisión, recapitular las sugerencias formuladas por los panelistas costarricenses, el día viernes 27 de febrero de 1998.
Esta recapitulación deberá ser enviada a los señores miembros de la Comisión en los próximos quince días.
CUARTO
Solicitar a los Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica, reunidos en el marco de la V Reunión del FOPREL, a celebrarse en la ciudad de Managua, Nicaragua, los días 6 y 7 de marzo de 1998, tramitar con celeridad en los Poderes Legislativos que no lo hayan hecho, la aprobación de la Convención Interamericana contra la corrupción y el Convenio Centroamericano para la prevención y la represión de los delitos de lavado de dinero y de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
QUINTO
Solicitar al Instituto Centroamericano de Estudios Legislativos (ICEL) la elaboración de un estudio comparativo en Centroamérica, sobre las reformas necesarias para llevar a cabo la aplicabilidad de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en los ordenamientos jurídicos internos de los países Centroamericanos.
SEXTO
Delegar en la Directiva de la Comisión, que se solicite al PNUD, información sobre los resultados de la encuesta de opinión pública denominada Barómetro Centroamericano y en especial, el suministro de los resultados sobre la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción en los respectivos países centroamercianos y ésta información se haga llegar a los miembros de la Comisión.
SÉTIMO
Se delega en la Directiva de la Comisión, la elaboración de un plan de trabajo para la Comisión, el cual deberá ser presentada en la próxima reunión.
OCTAVO
Delegar a los diputados Dr. Luis Urbina Noguera y Dr. Noel Delgado Cuadra de la Asamblea Nacional de Nicaragua, para que presenten en la V Reunión del FOPREL, los acuerdos de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la corrupción, realizada en San José, Costa Rica, los días 27 y 28 de febrero de 1998.
NOVENO
Se acuerda convocar a la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la corrupción, a reunión en la tercera semana de abril de 1998, en la ciudad de Granada, Nicaragua.
DÉCIMO
Se aprueba la Relatoría presentada por la Presidencia de la Comisión, la cual se anexa a estos acuerdos.
Firmantes:
Carmen Ma. Valverde Acosta , Franklin León Blanco
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Luis Urbina Noguera , Noel Delgado Cuadra
Asamblea Nacional de Nicaragua
José Orlando Arévalo , René Oswaldo Rodríguez Velasco
Asamblea Legislativa de El Salvador
Angel Mario Salazar Mirón , Byron Humberto Barrientos Díaz
Congreso de la República de Guatemala
Luis Mamilio Rodas Gamero , Alonso Valenzuela S.
Congreso Nacional de Honduras
RELATORÍA DE LA SESION DEL
27 DE FEBRERO DE 1998
Los Diputados de los Poderes Legislativos, expresaron en su orden, un conjunto de aspectos y preocupaciones sobre la lucha que se libra en el interior de cada país contra un flagelo que consideran no es una particularidad, sino una situación generalizada más allá de la región centroamericana.
Destacaron la pérdida de los valores éticos y morales, la institucionalización del fenómeno de la corrupción que afecta el desenvolvimiento normal de la función pública y de desarrollo nacional. En el proceso de lucha se resalta la impunidad como una condición que agrava la corrupción.
Destacaron también la adopción de acuerdos regionales e internacionales para combatir los nuevos delitos, como lo son aquéllos derivados de la narcoactividad, tales como el lavado de dinero y delitos conexos que afectan directamente a la economía y en especial la actividad de intermediación financiera.
Resaltaron el rol constitucional que concede a los parlamentos la función fiscalizadora y la responsabilidad de promover leyes e instituciones cuya función, es ejercer control sobre las actividades del Estado.
Existe una tendencia hacia la constante revisión de la legislación y adecuación de la misma a los nuevos delitos y al control sobre nuevas situaciones derivadas. Los cambios legales abarcan cada vez más espacios y permiten un mejor control sobre los delitos que se originan en la actividad corrupta.
La lucha contra la corrupción es necesario ubicarla desde un punto de partida preventivo, como la educación, la familia, los ciudadanos. Un retorno a los valores cívicos y morales en la escuela, ofrecen una posibilidad de atacar hacia el futuro eficazmente el fenómeno de la corrupción.
El remozamiento del ordenamiento jurídico, en especial del penal, debe ser acompañado de una lectura real y actualizada de los delitos, los cuales ya no se sitúan únicamente en cada país, sino que rebasan las fronteras y exigen un control más allá del país en que se cometen los delitos.
Los diputados destacaron, la necesidad de contribuir desde los parlamentos y por medio de estas reuniones, al proceso de homologación y armonización de los procedimientos y las leyes en el combate de la corrupción.
Esta lucha contra la corrupción debe darse en la cooperación entre Estados, pero también entre los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial.
Reconocen los legisladores, que hay una relación entre las crisis políticas de los Estados y el desarrollo de la corrupción, la cual se ve y se puede enfrentar a partir de la superación de una realidad política, económica y social que la alentó en el pasado.
Se reconoce que la experiencia de cada país en particular, sirve de base para el trabajo conjunto de los Estados de la región, porque a partir de cada realidad, es posible la adopción de normas y principios que preservan a la sociedad de los efectos perniciosos de la corrupción y narcoactividad .
Destacaron los legisladores los avances positivos en la creación y desarrollo de instituciones controladoras y fiscalizadoras renovadas, los cuales contribuyen lenta pero positivamente en el proceso de transparencia y honestidad de la función pública, así como al control de las inversiones y proyectos que desarrolla el Estado en la búsqueda del bienestar de sociedad.
Una preocupación muy especial fue la atención que debe ejercer la sociedad sobre personas que asumen cargos públicos, pese a tener cuestionamientos pendientes por haberse visto involucrados en los actos de corrupción. Combatir la corrupción manteniendo en cargos públicos a personas cuestionadas, es una forma contradictoria de lucha contra la corrupción.
Leyes más claras, procedimientos más sencillos, son algunos de los aspectos más sensitivos dentro de las exposiciones realizadas por los diputados. Para ello, la transparencia en los actos del funcionario público es una de las premisas básicas que reconocen, permitiría frenar la corrupción. En igual forma la transparencia debe darse en el Poder Judicial y en el trabajo de las fuerzas de policía para que se juzgue con justicia al corrupto sin importar su nivel económico y su influencia política.
La base de toda esta tendencia, es la adopción de leyes que promuevan una ética dentro de la educación que se sustente en los principios de igualdad, democracia y civilidad.
Se reconoce en el fenómeno de la corrupción, tanto por sus derivaciones, como por sus patologías sociales. Por eso se estima que la legislación represiva debe tener en cuenta el equilibrio, tanto al reconocer que no sólo es un fenómeno típico del sector público, sino también del sector privado o de ambos.
Los legisladores estiman necesario comprender, que en la lucha contra la corrupción, es imprescindible una legislación que contemple el respeto, tanto por los derechos humanos como los derechos individuales. Se destaca la urgencia de no retrotraer las conquistas en los derechos fundamentales, al querer combatir los efectos de conductas individuales que atentan contra la colectividad.
Se reconoce la necesidad de una participación integral del Estado y la sociedad, en la lucha contra la corrupción, pero se advierte sobre el papel de los medios de comunicación, quienes también tienen responsabilidad y un compromiso ineludible con los valores éticos, morales de la sociedad, de la cual se sirven.
En el combate de la corrupción, deben incluirse aspectos como los efectos de la transculturización y los valores del mercado y el consumismo, que atentan contra las expectativas reales de los ciudadanos.
Los excesos normativos facilitan el desarrollo de la corrupción, por ello la adopción de normas y controles adecuados pero simples, promueven la eficacia de la lucha contra las prácticas corruptas que se dan dentro y fuera de la Administración Pública.
Los diputados conocieron también, las experiencias de los funcionarios costarricenses que son responsables de los órganos judiciales, de control y fiscalización, que enfrentan diariamente los problemas de corrupción.
Escucharon con atención la participación de un panel integrado por las siguientes personas:
• Lic. Carlos Arias, Fiscal General del Ministerio Público
• Licda. Maggie Bready, Superintendente General de Entidades Financieras
• Dr. Luis Paulino Mora, Magistrado Presidente, Sala Constitucional
• Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Defensora de los Habitantes
• Dr. Román Solís, Procurador General de la República
• Lic. Ronald Hidalgo, representante Contraloría General de la República
Asimismo, atendieron las opiniones expresadas por los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, que conforman un frente de lucha contra la corrupción, entre ellos:
• Lic. Hernán Vega Miranda, Presidente de la Comisión Nacional por el Rescate de los Valores Cívicos, Morales y Religiosos
• Don Edmundo Gerli González, Director Ejecutivo de la Coordinadora Cívica Nacional (COORDINA)
• MSc. Jorge Poveda, Secretario de la Coordinadora Cívica Nacional (COORDINA)
La transcripción completa de las intervenciones realizadas por los panelistas, una vez editada, será oportunamente remitida por la Presidenta a los diputados miembros de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana contra la corrupción.
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