se autodenomina " Primer Poder de la República" y que cada dia mas y mas se hunde en el descrédito:
"La democracia se enfrenta hoy a una crisis de credibilidad respecto a sus capacidades reales para enfrentar y resolver los problemas de la gente. Estamos ante un reclamo de eficiencia. Los niveles de desencanto no pueden ser observados con desprecio. Por el contrario, deben verse con toda seriedad, obligándonos a desarrollar una cultura de permanente evaluación y ajuste, para que los funcionarios, regulaciones y entidades públicas no desvirtúen su naturaleza y propósitos, sino que estén cada día mejor preparados para responder, con la más alta calidad, a los requerimientos de una población que demanda, con justicia, más y mejor atención.
El Poder Legislativo, como expresión de la voluntad y representación popular, tiene como uno de sus principales compromisos mantener y recrear la fe y la confianza ciudadana en la democracia. Ello lo obliga a mostrarse atento, oportuno y eficaz, de no hacerlo estaría fallando a su compromiso con el pueblo y con la solidez de nuestro sistema político.
Un estudio realizado meses atrás, con el auspicio del Mideplan, nos permitió vislumbrar cinco retos básicos para nuestra Asamblea Legislativa:
1) Disminuir el creciente distanciamiento con la ciudadanía. Es cierto que no se puede actuar para las barras, pero tampoco de espaldas al pueblo. Encuestas de la Escuela de Matemática de la UCR, indican que el porcentaje de costarricenses que dice estar de acuerdo con la afirmación “La Asamblea Legislativa no sirve para nada”, ha crecido drásticamente en los últimos 22 años (28,2% en 1988, 43,5% en 1993, 49,8% en 1998, 52,8% en 2008). Por la salud de nuestra democracia esto debe revertirse.
2)Reducir el alto déficit en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento. La Asamblea debe responder de manera oportuna. Sin embargo, el tiempo de resolución es extremadamente extenso. Un repaso a la agenda de Plenario, tanto en temas de control político como en los de orden legislativo, da cuenta de proyectos hasta con 14 años de espera, una peligrosa mora en nombramientos de magistrados, votación de empréstitos, conocimiento de interpelaciones e informes de comisiones especiales. Todo ello produce trastornos institucionales, altos costos por cláusulas de compromiso y serias omisiones en la labor de control político.
3) Elevar el nivel y la calidad del debate y análisis parlamentario. Con contadas excepciones, la discusión en el Congreso discurre entre la superficialidad y la ligereza. Muchos discuten sobre un mar de temas, pero con la profundidad de un milímetro. La falta de especialización, unida a un reglamento que no estimula los debates y a una agenda diaria saturada de asuntos sin relevancia, le quita espacio al diputado para el estudio y deja serias secuelas en la calidad y contenido de los proyectos. Lo mismo se aplica para el control político, donde el Congreso ha quedado reducido a actuar como una débil caja de resonancia de los medios de comunicación, o la denuncia seria e incisiva ha sido sustituida por “el show politiquero”.
4) Superar la alta dependencia a los procedimientos. El fondoha sidodesplazado por las formas, los acuerdos tienden a imposibilitarse ante una maraña de procedimientos reglamentarios, lo cual es contrario a la naturaleza del Derecho Parlamentario, creado para viabilizar los acuerdos políticos, no para frustrarlos atándolos por centenares de vericuetos y portillos. Es lo que Cornelius Castoriadis criticó como una concepción meramente procedimental de la democracia, opuesta a su condición sustantiva y a sus verdaderos fines.
5) Estructurar un esquema de trabajo constructivo. Las discusiones y debates deben ser organizados en positivo, hacia la generación de soluciones y resultados, no hacia la pérdida de tiempo y la búsqueda de obstáculos. Debemos promover una sana competencia partidaria para crecer sobre la base de la demostración de los méritos propios, más que por la exhibición de las debilidades del oponente, para construir, no para destruir. El crecimiento no se puede alcanzar en un ambiente cargado por las bajas pasiones, celos o pleitillos de baja estirpe.
Para salir del estado de anomia imperante, me he permitido proponer reformas al Reglamento Legislativo, articulados en tres propuestas.
La primera, de un único artículo con el afán de facilitar su tramitación y servir de detonante a futuras transformaciones, propone el establecimiento de un plazo máximo de un año calendario para la resolución de todos los asuntos y proyectos sometidos a conocimiento del Congreso (empréstitos, nombramientos y presupuesto tendrán un plazo menor, y obviamente las reformas constitucionales, al requerir de dos legislaturas, se han de resolver en 18 meses como máximo).
En las otras dos propuestas, una de reforma integral y otra algo más abreviada, se establece un equilibrio entre el fortalecimiento de las tareas de control político y la racionalización de los procedimientos legislativos, factor que consideramos imprescindible para viabilizar la aceptación de las fuerzas de gobierno y oposición.
En materia de fiscalización política se propone habilitar mayores espacios para el control, promoviendo debates políticos amplios y serios, mejorar la regulación de los instrumentos de vigilancia (proposiciones, interpelaciones, consultas institucionales, votos de censura, nombramientos, acusaciones, comisiones investigadoras y otros), así como el impulso a las audiencias virtuales y la recepción de inquietudes ciudadanas, además de la medición de impactos fiscales, ambientales y de trámite para todo proyecto nuevo. En lo que se refiere a los procedimientos legislativos, se racionalizan trámites y plazos de resolución, se reorganizan sesiones y horarios de los distintos órganos legislativos, se reordena la agenda de comisiones y plenario, se viabilizan procedimientos extraordinarios y se fomenta la especialización y el análisis más profundo de proyectos.
Estamos seguros de que un abordaje serio de estas propuestas o de otras en similar dirección, contribuirá a que nuestro Poder Legislativo asuma el papel de liderazgo que debe asumir, tanto en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, como, igualmente, en la búsqueda efectiva de soluciones a los problemas nacionales."( sic).
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