Fantasías de economistas, pesadillas del planeta

Por eso las afirmaciones de que la economía es una ciencia son absurdas.......

 

Por Hazel Henderson*

 

ST. AUGUSTINE, Estados Unidos,  jul 2013 (IPS) - Hace poco participé de un debate sobre la negociación de alta frecuencia y escuché los mismos conocidos argumentos de que contribuye a la liquidez y a la determinación de precios en los mercados.

Estas afirmaciones sobre liquidez son difíciles de justificar después del “flash crash” del 6 de mayo de 2010, cuando la falsa liquidez de las negociaciones de alta frecuencia desapareció cuando se la necesitaba y las tradicionales obligaciones de los formadores de mercado estaban ausentes.

La negociación de alta frecuencia implica un intenso uso de herramientas tecnológicas sofisticadas para obtener información del mercado financiero y, en función de la misma, el intercambio de valores como activos u opciones.

La determinación de precios es una función de los grados de información y conocimiento de los actores del mercado y del mercado mismo (tanto físico como electrónico) en el que operan.

Los operadores de negociaciones de alta frecuencia contribuyen poco, y el modelo “maker-taker” que emplean –un descuento por transacción a los formadores de mercado que aseguran liquidez y una comisión por transacción a los clientes que toman liquidez del mercado—, junto con los mercados electrónicos de hoy, distorsionan la fijación de precios de varios modos, mediante estrategias de colocación y “latencia” (por ejemplo, la velocidad de sus computadoras), que son una forma de inversión ventajista.

En la mayoría de los mercados mundiales de hoy, la determinación de precios no sabe de fronteras planetarias ni de los descubrimientos satelitales que muestran cómo funciona la Tierra en relación con la lluvia diaria de fotones de nuestro Sol.

La mayoría de los mercados y sus jugadores no entienden que la vida sobre la Tierra depende de esa lluvia de fotones y de cómo las plantas verdes los aprovechan, a través de la fotosíntesis, para crear los alimentos que consumimos los seres humanos.

La fijación de precios es una actividad humana que depende no solo de nuestros niveles de conocimiento sino también de nuestros condicionamientos culturales y nuestro comportamiento de manada, todo esto ampliamente estudiado por psicólogos, antropólogos, neurocientíficos y endocrinólogos.

De hecho, son muchos quienes estudian hoy a los corredores de bolsa como a una población clínica, y revelan hasta qué punto su conducta está controlada por sus funciones hormonales, como describió John Coates en su libro “The Hour Between Dog and Wolf” (La hora entre el perro y el lobo, 2012).

Coates describe que los juegos de azar y el uso excesivo del apalancamiento financiero están gobernados por un exceso de testosterona e inducen a multiplicar los riesgos, como le ocurrió a Jon Corzine al desaparecer MF Global. Coates muestra que las caídas del mercado de valores disparan el pánico cuando la hormona cortisol se vuelve dominante y el corredor de bolsa queda como un venado encandilado.

Esos procesos hormonales causan diarrea y corridas al baño para vomitar. Scott Patterson, en su libro “Dark Pools”, relata que los corredores de bolsa que se dedican a los negocios de alta frecuencia beben menos líquidos para no tener que orinar, y algunos incluso tienen cubos junto a su computadora por si los necesitan para vomitar.

Una actividad tan antigua como el ser humano puede volverse una obsesión y una adicción similar a la de los juegos de azar.

La determinación de precios que operan estos corredores de los mercados globales de hoy es claramente poco confiable.

Entonces, debemos tener en cuenta la omnipresencia de externalidades, como los 500.000 millones de dólares de subsidios anuales a los combustibles fósiles, así como miles de otros subsidios, lagunas y falta de regulación en la mayoría de los sectores industriales. Todo eso distorsiona aún más los precios.

Por eso las afirmaciones de que la economía es una ciencia son absurdas, y por eso el abogado Peter Nobel y otros miembros de su ilustre familia han repudiado que el Banco de Suecia entregue el Premio en Ciencias Económicas “en memoria de Alfred Nobel”.

La economía es deficiente no solo en estos aspectos de comportamiento, sino en su pretensiones de precisión matemática y en sus muchas ilusiones debidas a la abstracción.

Como señalé en “The Politics of the Solar Age” (La política de la era solar, 1981, 1988), el interés complejo es una fantasía de las matemáticas aplicada a la sociedad por poderosos intereses financieros, como en las políticas “de austeridad”.

La economía tampoco admite las leyes de la termodinámica, desde que la profesión proclamó un siglo atrás su rechazo al químico Frederick Soddy, quien planteó que el Sol era la fuente de toda vida. La crítica a Soddy fue republicada en 2012 en “Cartesian Economics” (Economía cartesiana, Cosimo Books).

Y podría seguir. La economía es una profesión útil, como la contabilidad, para ayudarnos a asentar transacciones y a llevar libros y balances. La macroeconomía se volvió una aberración al pretender una precisión matemática y una ilusión de equilibrio general en sociedades vivas, dinámicas y en evolución.

Los seres humanos se niegan a comportarse como pelotas de golf, pero los gobiernos, la academia y los actores del mercado todavía se basan en estos modelos de equilibrio general.

Las fantasías de los economistas Kenneth Arrow y Gerard Debreu sobre el “mercado completo” se convirtieron en las pesadillas de la negociación de alta frecuencia, las crisis financieras recurrentes y el encierro de las tierras tradicionales de pueblos indígenas.

Ahora, el fundamentalismo de mercado amenaza con liquidar los últimos vestigios de bosques vírgenes del planeta y causar nuevas extinciones de especies en hábitat cada vez más reducidos.

Esto me hace recordar al senador Robert Kennedy, cuando decía que el producto interno bruto lo mide todo, excepto lo que nos hace enorgullecernos de ser estadounidenses, y las famosas palabras de Oscar Wilde: podemos “conocer el precio de todo y el valor de nada”.

*Hazel Henderson es presidenta de Ethical Markets Media (Estados Unidos y Brasil) y creadora del Green Transition Scoreboard.

Fuente: espanol@other-news.info

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Surveillance and the Corrosion of Internet Freedom

Surveillance and the Corrosion of Internet Freedom

 

Cynthia M. Wong * - The Huffington Post

When former Secretary of State Hillary Clinton announced in 2010 that the Obama administration would be a forceful advocate for Internet freedom, she declared that, "We recognize that the world's information infrastructure will become what we and others make of it." It was bold vision by a 21st century government that saw how technology could advance human rights in a wired world.

Now the vision and credibility of the U.S. and its allies on Internet freedom is in tatters. I saw this up close in Tunis last month, where theFreedom Online Coalition, a group of governments committed to promoting human rights online, held its annual summit. It was just two weeks after the Guardian began writing about the former NSA contractor Edward Snowden's disclosures on mass US secret surveillance programs.

Along with the UK, France, the Netherlands, and other governments in the coalition, the U.S. has spent millions of dollars supporting new tools to protect the digital privacy of human rights activists globally. But at the meeting, the U.S. was excoriated about its surveillance programs by the activists these governments claimed to support. Instead of a reaffirmation of shared goals, the prevailing mood was of anger, disappointment, and distrust.

Since then, we have learned that the UK may be intercepting all Internet traffic flowing across the Atlantic, to and from continental Europe. An article in Le Monde claims France has its own mass surveillance program. Although members of the Dutch parliament have called for an investigation into American spying, local media reported that the Netherlands may have had access to data from the NSA's programs and Dutch police have sought authority to hack into computers to investigate crime. These governments have seemingly adopted the very surveillance tactics it has spent millions to help online activists evade.

Allegations of mass, secret surveillance are exceptionally damaging. These practices are inherently arbitrary, overbroad, and cast a chill on other rights. Too much about these programs remains shrouded in secrecy, which only elicits more suspicion about how information is used, whether ordinary people actually have privacy rights, and who holds governments accountable. Without safeguards for privacy, innocent people may fear reprisals for expressing unpopular opinions or seeking out sensitive information online.

What little information is available is not reassuring. President Obama's defense that NSA spying only targeted non-Americans is cold comfort for the hundreds of millions of non-US Internet users. UK law also appears to allow mass interception by providing weaker privacy safeguards for people outside of the "British Islands" with even fewer safeguards.

Defenders of U.S. and UK surveillance programs argue that collecting metadata is not as problematic as "listening to the content of people's phone calls" or reading emails. This is misleading. Technologists have long recognized that metadata can reveal incredibly sensitive information, especially if it is collected at large scale over long periods of time, since digitized data can be easily combined and analyzed.

The revelations have also exposed glaring contradictions about the U.S. Internet freedom agenda. This has emboldened the Chinese state media, for example, to cynically denounce U.S. hypocrisy, even as the Chinese government continues to censor the Internet, infringe on privacy rights, and curb anonymity online.

Though there is hypocrisy on both sides, the widening rift between U.S. values and actions has real, unintended human rights consequences. For the human rights movement, the Internet's impact on rights crystalized in 2005 after we learned that Yahoo! uncriticallyturned user account information over to the Chinese government, leading to a 10-year prison sentence for the journalist Shi Tao.

The U.S. government forcefully objected to the Chinese government's actions and urged the tech industry to act responsibly. In the end, that incident catalyzed a set of new human rights standards that pushed some companies to improve safeguards for user privacy in the face of government demands for data. U.S. support was critical back then, but it is hard to imagine the government having the same influence or credibility now.

The mass surveillance scandal has damaged the U.S. government's ability to press for better corporate practices as technology companies expand globally. It will also be more difficult for companies to resist overbroad surveillance mandates if they are seen as complicit in mass US infringements on privacy. Other governments will feel more entitled to ask for the same cooperation that the U.S. receives. We can also expect governments around the world to pressure companies to store user data locally or maintain a local presence so that governments can more easily access it, as Brazil and Russia are now debating.

While comparisons to the Chinese government are overstated, there is reason to worry about the broader precedent the US has set. Just months before the NSA scandal broke, India began rolling out a centralized system to monitor all phone and Internet communications in the country, without much clarity on safeguards to protect rights. This development is chilling, considering the government's problematic use of sedition and Internet laws in recent arrests.

Over the last few weeks, Turkish officials have condemned social media as a key tool for Gezi Park protesters. Twitter has drawn particular ire. Now the government is preparing new regulations that would make it easier to get data from Internet companies and identify individual users online.

The Obama administration and U.S. companies could have been in a strong position to push back in India and Turkey. Instead, the U.S. has provided these governments with a roadmap for conducting secret, mass surveillance and conscripting the help of the private sector.

Back in Tunis with the Freedom Online Coalition, the Internet activist Rebecca Mackinnon noted that, "Human history is a story of how unchecked power has always been abused, whatever good intentions those in power may hold at the beginning."

The governments that established the Freedom Online Coalition clearly understand how crucial technology has become for advancing human rights in closed societies. But those same member governments have forgotten just how corrosive unchecked, secret surveillance can become, even in open societies. To have any credibility, the U.S., UK, and their allies must lead by example. More disclosure, meaningful privacy protections, and robust accountability for secret surveillance would be a great start.

*Cynthia M. Wong is the senior Internet researcher at Human Rights Watch. You can follow her on twitter @cynthiamw.

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¿Es compatible el Islam con la cultura europea?

¿La integración del Islam en Europa presupone una "reforma religiosa" a priori que permita al Islam ser compatible con los llamados "valores europeos? ¿Y cuáles son esos valores europeos? ¿Son los valores cristianos o los valores seculares? Mientras que todas las constituciones europeas y tratados acentúan el compromiso con los ‘derechos humanos’, la ‘libertad religiosa’ y la ‘democracia’, el estado de “lacidad" se hace más complejo.

Posted: 25 Jul 2013 02:17 PM PDT Referencia: Alpha.Galileo.org . por Olivier Roy, 23 de julio de 2013 -Fuente: Routledge.Taylor.Francis.Group. El artículo de Olivier Roy invita a la reflexión, introduce el concepto del "dilema teológico": la conexión percibida entre los ‘valores musulmanes’ y el núcleo teológico de la religión. La compatibilidad (o no) de estos ‘valores’ se ven a menudo cuestionados a la hora de integrarse plenamente en la sociedad europea, y algunos sostienen que, los musulmanes deben o bien tener una comprensión liberal de su religión de modo que pueda generar valores que estén de acuerdo con los "europeos", o su teología debe ser reformada de manera que permita este mismo fin. En el corazón de esta "dilema" reside la creencia errónea de que el Islam es un conjunto único y universal de valores seguidos por todos los creyentes, y que no hay distinción entre la religión, la cultura y la política. Esto da la impresión de haber un solo conjunto de ‘valores’ musulmanes que, suelen percibirse en contradicción con los valores ‘cristianos’, ‘laicos’ o "europeos". Pero, como señala Roy, es difícil hablar de valores "cristianos" en una época en la que declina la asistencia a la iglesia, los valores "cristianos" pueden no ser compartidos por todos los cristianos, y los 'valores laicos’ (especialmente en materia de familia o sexualidad) chocan con los cristianos. De hecho, la misma noción de "laicidad" europea está en discusión en este artículo. Roy considera que el debate actual, no reside sólo en el Islam, sino que es la continuación de un viejo debate europeo sobre el papel de la religión en la política y la sociedad. Nuestro enfoque actual sobre el contenido teológico del Islam y la práctica religiosa, señala Roy, es "una herencia de la cultura política europea y no de la política, la cultura o la fe islámica. Entonces, ¿dónde deja esto al Islam en Europa? Roy explora las diferentes formas en que los gobiernos europeos se ocupan de la fe. En su opinión, los enfoques esencialistas actuales respecto al islam desafían la noción establecida de separación entre Iglesia y Estado, y paradójicamente, el supuesto carácter laico del Estado europeo. La intervención, como es la formación de "buenos" imames, por ejemplo, va en contra del valor laico de la libertad religiosa. Con el tiempo, cree Roy, la interferencia estatal ‘irá dando forma’ a la religión, permitiéndola adaptarse a su nuevo entorno. La progresiva integración de los musulmanes en la sociedad europea también dará lugar a nuevas formas de religiosidad y 'actualización teológica’, y el paso de generaciones también verá normas y valores en un contexto europeo refundido. El artículo de Roy también llama la atención sobre la propia crisis de identidad de Europa, señalando que el Islam 'es ese espejo a través del cual Europa, confundida, se está buscando a sí misma. "La nostalgia no es una política, concluye esperanzador Roy," la cuestión ahora es establecer cuáles son los valores europeos, y que la mayoría de los fieles sean capaces de compartirlos. - Publicación: “Secularism and Islam: The Theological Predicament”, by Olivier Roy, The International Spectator, Vol. 48, No. 1, 5-19, published by Routledge, Taylor & Francis. - Imagen del Islam. autor desconocido. Fuente: Pedro Donaire, Bitnavegantes

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Compromiso por la transparencia

Compromiso por la transparencia

No puede entenderse una sociedad democrática sin transparencia en el poder. Es imprescindible para evitar la corrupción y necesaria para una democracia de calidad. Este escrito está incluido en el libro “A los príncipes republicanos” (Ed. Plural).

Autor: Joan Prats

Académico y Consultor Internacional

La transparencia es un tema clave cuando nos planteamos la ética para el buen oficio político. Ciertos avances del conocimiento corroboran intuiciones de larga data y obligan a cambiar algunos planteamientos convencionales en materia de lucha contra la corrupción.

Los buenos políticos impulsan siempre la transparencia y combaten la opacidad en la que se envuelven siempre los malos políticos. Sin transparencia en el ámbito público tiene poco sentido la participación política y se hace muy difícil la rendición de cuentas. La transparencia se mide por el grado que un sistema institucional permite (a los ciudadanos o a las organizaciones interesadas) acceder eficazmente a información relevante, confiable, suficiente y de calidad en los ámbitos económico, social o político, y que resulte necesaria para la defensa de sus intereses o para su participación en la definición de los intereses generales.

Estos flujos de información no pueden ser asegurados por los mercados, en parte porque puede haber beneficios importantes derivados de la no revelación. Por eso el rol de la política y del Estado resulta crítico en este punto, aunque nada fácil, pues también hay rentas políticas que derivan de la opacidad.

La orientación a la transparencia no es sólo una exigencia de la lucha contra la corrupción. Es también una condición para avanzar en la calidad de la democracia y generar buena cultura política. Pero no basta sólo con la transparencia en el ámbito público. El buen político sabe que hoy la definición y realización de los intereses generales no son monopolio del gobierno, pues éste se ve obligado a decidir y actuar en redes de interdependencia con las empresas y, crecientemente también con algunas organizaciones sociales. Si estas relaciones no son transparentes, resulta muy alto el riesgo de extorsión de las empresas por parte de los políticos, de captura del gobierno por las empresas, o de connivencias entre unos y otros, contrarias a los intereses generales.

Por eso el buen político sabe que la exigencia de transparencia, como imperativo de buena gobernabilidad, alcanza tanto al sector público como al privado así como a las relaciones entre ambos. Hoy, la gobernanza municipal ya no es separable de la consideración de la gobernanza empresarial cuando nos planteamos la construcción de una verdadera gobernanza democrática. Y la letanía de escándalos, encabezada por Enron y Worldcom, y que ha recorrido el mundo, pone de manifiesto en el ámbito público las graves consecuencias de profundos defectos en la gobernanza corporativa. Por eso, las políticas de transparencia deben incluir a los gobiernos y a las empresas.

No se trata sólo, pues, de acceder a la información pública disponible, sino de cosas tales como el uso de préstamos a inversionistas privados y la solvencia de los prestatarios; cuentas auditadas apropiadamente de instituciones clave gubernamentales, privadas y multinacionales; el proceso presupuestario y datos clave de la gestión del gobierno; estadísticas monetarias y de la economía real del banco central así como de la provisión de servicios públicos; revelación del financiamiento político y de campañas electorales; registro y publicidad de la votación de los legisladores; supervisión efectiva del papel del Parlamento, los medios y la ciudadanía en las cuentas presupuestarias públicas, así como las actividades de las instituciones e inversionistas externos...

Los buenos políticos enfrentan constantemente el desafío de la captura del Estado, sea por grupos políticos, burocráticos, de negocios, financieros o sindicales privilegiados. La transparencia es fundamental para ello. No hay que olvidar la sabiduría de Adam Smith, quien advirtiera que "rara vez se verán juntarse los de una misma profesión u oficio, aunque sea con motivo de diversión o de otro accidente extraordinario, que no concluyan sus juntas y sus conversaciones en alguna combinación o concierto contra el beneficio común, conviniéndose en levantar los precios de sus artefactos o mercaderías"[1]. En especial prestan atención al dato, crecientemente revelado por investigaciones empíricas, de la gravedad de la tendencia de algunas empresas y conglomerados empresariales -incluidos los internacionales- a afectar ilícitamente la formación de políticas, leyes y regulaciones estatales.

De las crisis vividas en Asia, Rusia y América Latina, los buenos políticos han aprendido que el sector financiero ha estado particularmente involucrado en la captura del Estado con consecuencias muy negativas para la gobernabilidad general. Los datos existentes indican una correlación fuerte entre el grado de solidez bancaria y el nivel de control de la corrupción. Estos datos apuntan en el sentido de que una estrategia de fortalecimiento de la gobernabilidad no podría dejar de considerar el fortalecimiento de la gobernanza de las corporaciones privadas y, en particular, del sector financiero.

La preponderancia de la captura del Estado por parte de poderosos conglomerados (incluyendo algunas transnacionales) pone de relieve tres corolarios que desafían los puntos de vista ortodoxos sobre la gobernabilidad y el clima de inversión. En primer lugar, replantea el enfoque tradicional para evaluar el ambiente de negocios y el clima de inversión. Se asumía que era el gobierno quien provee este clima a un sector empresarial pasivo. Pero la realidad es más compleja, muestra conglomerados y élites poderosas que juegan un papel importante en la formación de las reglas del juego constitutivas del entorno de negocios. En segundo lugar, la constatación de la captura del Estado es una manifestación extrema de la necesidad de entender el nexo entre la gobernanza de los sectores público y privado y, consiguientemente, replantea la recomendación tradicional de controlar la corrupción como un problema casi exclusivo del sector público. En tercer lugar, será difícil establecer estrategias de gobernabilidad democrática sin un mejor conocimiento del tipo de nexos específicos existentes entre sector público y privado en un determinado país.

El buen político no confunde las instituciones del mercado con las empresas existentes en cada momento. Sabe que, a largo plazo, el determinante fundamental del número, la calidad, productividad y competitividad de las empresas estriba en la calidad de las instituciones del mercado. Sabe también que necesita la colaboración del sector empresarial existente o, al menos, de una parte significativa del mismo para impulsar una mejor institucionalidad del mercado y de las relaciones entre las empresas y el Estado. Pero sabe que el gobierno ha de ser mucho más favorecedor del desarrollo de los mercados que de los negocios. Salvar o fortalecer empresas sin asegurar su capacidad para sobrevivir o desarrollarse en entornos de mercados más amplios y perfeccionados, equivale a proteger campeones de mercados imperfectos y a bloquear, en consecuencia, más pronto que tarde el desarrollo.

Sabe lo difícil que resultan estas decisiones y trata de desarrollarlas con transparencia y buscando las difíciles alianzas con las que enfrentar los inevitables conflictos. Respeta la empresa y la riqueza obtenida a través de ella, pero siempre que, tal como exigía Adam Smith, no se hayan obtenido violando "las reglas de juego limpias", es decir, siempre que se haya buscado el propio interés "por un camino justo y bien dirigido". Por eso, como Adam Smith también enseñó, sabe que defender la libre empresa es diferente de defender a los empresarios, pues éstos, en ausencia de instituciones garantizadoras del "camino justo y bien dirigido" (principalmente la libre competencia y una política industrial coherente con ella) tenderán a realizar su propio interés a costa del interés común.

El buen político sabe además que si no hay buenas reglas del juego y buen manejo de las relaciones entre el gobierno y las empresas, es la propia democracia la que se acaba poniendo en riesgo.

Los vínculos estrechos entre los negocios y los gobiernos son perjudiciales para la democracia y para la confianza pública en el gobierno democrático. Las empresas, por su propia existencia, plantean un problema a la democracia pues mediante su disposición de recursos, poder de persuasión y privilegios legales (principalmente la responsabilidad limitada), inevitablemente alcanzan mayor peso político que los ciudadanos individuales. Igual puede decirse de las graves desigualdades económicas. Ambas desigualdades tienen sus ventajas pero también sus límites. Los gobiernos han de ser árbitros, ejercer de contrapeso de grupos privados poderosos. Pero si en vez de ello, permiten o estimulan que las empresas privadas o los individuos poderosos los manipulen, entonces llevan la fe pública en la democracia hacia el punto de ruptura. (The Economist, p. 15-16 del Survey Capitalism and Democracy, June 28 th 2003).

El buen político sabe que no es el capitalismo, sino su forma institucional específica de economía de mercado lo que constituye una condición favorecedora de la democracia. Pero no se le oculta que la estrecha relación entre democracia y economía de mercado oculta una inevitable paradoja: pues si bien el desarrollo de las economías de mercado producen transformaciones económicas y sociales que propenden a la democratización política, no es menos cierto que la economía de mercado -al provocar una distribución muy desigual de muchos recursos clave (riqueza, ingresos, status, prestigio, información, organización, educación, información y conocimiento ... )- determina que unos ciudadanos tengan una influencia mayor que otros sobre las decisiones políticas. La consecuencia es que, de hecho, los ciudadanos no son iguales políticamente y, de este modo, la fundamentación moral de la democracia, la igualdad política, se ve seriamente vulnerada.

Fuente: aigob.org

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Centro Carter Publica Informe Sobre Las Elecciones En Venezuela

INFORME PRELIMINAR

El Centro Carter dio a conocer hoy un informe preliminar sobre las elecciones presidenciales especiales realizadas en Venezuela el 14 de abril de 2013, en el que se recomienda una serie de reformas electorales para asegurar una mayor equidad en las campañas, un incremento en los esfuerzos para mejorar el clima electoral el día de la votación y un mayor flujo de información sobre la eficacia del sistema de identificación biométrica y los procedimientos para prevenir la usurpación de la identidad y el voto múltiple.

El informe encontró que la población venezolana, los partidos políticos y los candidatos en general, han demostrado tener confianza en el desempeño e integridad de las máquinas automatizadas de votación a la hora de contar los votos emitidos.

No hay coincidencia, sin embargo, sobre la calidad de las condiciones bajo las que se desarrolló la votación, así como sobre las garantías para asegurar que cada elector registrado pueda votar una vez y sólo una vez. El informe encontró además una serie de inequidades en las condiciones de la campaña, tanto en lo que hace al acceso a recursos financieros como al acceso a los medios de comunicación, todo lo cual disminuye la competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal que permite la re-elección indefinida de los funcionarios públicos.

El informe se basó en la información y las perspectivas ofrecidas por una variedad de actores venezolanos, así como en las observaciones personales hechas por el grupo de consultores del Centro Carter radicados en Caracas durante la serie de eventos electorales, comprendida entre febrero de 2012 y junio de 2013, y por los miembros de la pequeña delegación de acompañamiento que viajó al país por invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre el 12 y el 17 de abril de 2013.

El mismo recoge y amplía los análisis presentados en el Informe final de la Misión de Estudio del Centro Carter sobre las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 en Venezuela (PDF). El Centro Carter no desplegó una misión de observación integral, por lo que no puede ofrecer una evaluación exhaustiva de las elecciones presidenciales de abril de 2013 en su conjunto.

Como declaró el Centro Carter en su comunicado el 18 de abril, la estrecha diferencia registrada en los resultados electorales, en el marco de una sociedad altamente polarizada, demanda el inicio de una nueva dinámica política caracterizada por un franco y sostenido diálogo nacional, que facilite la creación de un consenso nacional sobre los problemas que afectan la vida de todos los venezolanos.
Aunque el Centro Carter lamenta que la contienda electoral haya profundizado la división entre el pueblo venezolano, el Centro acoge con satisfacción la decisión de todos los partidos de participar masivamente en las próximas elecciones municipales de diciembre de 2013.

Recomendaciones
En este contexto, el informe ofrece una serie de observaciones y sugerencias para la consideración de las autoridades, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela, incluyendo las siguientes:

1. Aclarar las normas que regulan la participación de los funcionarios y servidores públicos en actividades de campaña. La ley electoral y su reglamento prohíben a los funcionarios públicos venezolanos la realización de actividades de campaña durante el ejercicio de sus funciones públicas. Sin embargo, el Centro Carter observó una amplia participación de servidores públicos en actividades proselitistas. Con el fin de limitar y erradicar estas prácticas, sería recomendable aclarar el contenido de las normas que regulan estas materias a fin de determinar si dicha actividad está permitida fuera de servicio o no lo está en absoluto (definiendo previamente "fuera de servicio"). La autoridad electoral, a su vez, debe determinar maneras de hacer cumplir estrictamente las normas acordadas.
2. Asegurar una mayor equidad en la campaña. Aunque la constitución estipula que los funcionarios electos por debajo del rango de presidente deben separarse temporalmente de sus cargos para presentar sus candidaturas a la presidencia, la misma no exige que lo haga el presidente, cuando éste se presenta como candidato a la re-elección. Esta circunstancia otorga al individuo que se postula a la re-elección al cargo más alto del país una ventaja. Venezuela es además el único país en la región que no proporciona ningún tipo de financiamiento público, directo o indirecto, a las campañas electorales u organizaciones políticas. En base a las experiencias observadas en otros países dentro de la región, los legisladores y autoridades electorales venezolanos podrían considerar varias opciones:
1. Facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación públicos y privados para la emisión de sus mensajes de campaña. Teniendo en cuenta las normas que permiten la transmisión obligatoria ilimitada de mensajes del gobierno (cadenas) y la publicidad institucional obligatoria y gratuita (anuncios de servicio público), y considerando el hecho de que, al mismo tiempo, se imponen límites estrictos a la propaganda electoral de los candidatos y organizaciones cívicas, las campañas venezolanas han tendido a evidenciar una marcada desigualdad en la capacidad de los distintos candidatos para cumplir con un elemento fundamental del proceso electoral: informar a los electores sobre sus plataformas políticas. Asegurar el acceso libre y equitativo a los medios de comunicación públicos y privados a todos los partidos que participan de la contienda electoral podría contribuir significativamente a nivelar las desigualdades actuales y acrecentar la competitividad de las elecciones, sobre todo en un marco legal en el que se permite la reelección indefinida de funcionarios públicos.
2. Regular y hacer cumplir equitativamente los mensajes de campaña en el periodo "preelectoral". En la actualidad no existen normas claras para regular los mensajes de campaña emitidos durante el llamado periodo "pre-electoral" (que se extiende desde la convocatoria a elecciones hasta el inicio oficial de la campaña). Una regulación clara al respecto ayudaría a reducir los numerosos conflictos que surgen comúnmente durante este período debido a la ausencia de normas.
3. Limitar o prohibir el uso de cadenas y la inauguración de obras públicas antes de las elecciones. México, Colombia y Brasil aportan algunos ejemplos en este campo, que podrían ser aprovechados por Venezuela.
4. Limitar el derecho de los funcionarios públicos a hacer campaña en beneficio de miembros de su propio partido o coalición. México es un ejemplo de los límites estrictos que pueden imponerse sobre el presidente para hacer campaña en nombre de los candidatos de su propio partido.
3. Hacer cumplir con mayor eficacia la normativa sobre el uso de los recursos del Estado para fines políticos. Si bien la ley venezolana prohíbe el uso de recursos públicos en las campañas políticas, las organizaciones nacionales de observadores y otras organizaciones no gubernamentales venezolanas han documentado abundantemente el uso de recursos públicos para fines políticos, incluyendo el uso de vehículos públicos para transportar votantes a mítines y/o votar, así como el uso de edificios públicos para la colocación de propaganda electoral. Distintas organizaciones y partidos locales se han quejado asimismo de la utilización indebida de oficinas gubernamentales y personal por parte de funcionarios públicos para alentar a empleados públicos a participar en actividades políticas y acudan a votar o para amenazarlos, en caso éstos se nieguen. Como se señaló en el informe sobre las elecciones presidenciales del mes de octubre de 2012 del Centro Carter, faltan lamentablemente salvaguardas para prevenir los abusos derivados del ventajismo o hacer que las infracciones a la ley resulten onerosas, no sólo financiera sino también políticamente, con imposición de sanciones al comando que cometa la infracción. Un papel más activo en la investigación y aplicación de las normas por parte de las autoridades electorales contribuiría a eliminar este tipo de práctica.
4. Aclarar la función de los comprobantes de papel. Amplias auditorías, antes y después de las elecciones, han demostrado la precisión de las máquinas de votación automatizadas. Sin embargo, las normas electorales que estipulan la verificación de los resultados electrónicos a través del conteo de los comprobantes de papel emitidos por las máquinas, y su comparación posterior con los números expresados en el acta de escrutinio, a los efectos de fortalecer la transparencia y la confianza en el sistema, no especifican planes de contingencia en caso de que detecten discrepancias importantes en este proceso (véase informe del Centro Carter sobre las elecciones de Venezuela de 2006 (PDF)).
5. Proporcionar mayor información sobre el desempeño del sistema de identificación biométrica e incluir la auditoría de duplicidad de huellas e incidencias del SAI en el cronograma regular de auditorías del CNE. El Sistema de Autenticación Integrado (SAI) fue introducido en las elecciones de octubre de 2012 en parte para garantizar que el elector que emite su voto sea el elector debidamente registrado en esa mesa de votación, así como  para prevenir casos de votación múltiple o usurpación de identidad. La entrega de información adicional, luego de la realización de la auditoría prevista para agosto, sobre el desempeño de estas máquinas en sus primeros usos (octubre y diciembre de 2012 y abril de 2013), ayudaría a mantener informados a todos los venezolanos acerca del grado en que este nuevo sistema responde a los fines previstos.
6. Mejorar la calidad de la experiencia de votación el día de las elecciones.  Observaciones realizadas por las organizaciones nacionales de observadores señalaron serios problemas de influencia o presión sobre los electores. Las disposiciones para mejorar la calidad de la experiencia de votación, y asegurar que cada ciudadano pueda votar libre y voluntariamente, podrían incluir:
1. Capacitar a los funcionarios electorales y de seguridad de forma que éstos puedan garantizar el acceso de los testigos de partidos acreditados, y de los observadores nacionales debidamente acreditados por el CNE, a los centros de votación durante la totalidad de la jornada comicial, de acuerdo con las normas.
2. Capacitar a los miembros de las mesas de votación sobre los procedimientos estipulados para los casos de votación asistida, incluyendo las normas que limitan el número de veces que un acompañante puede asistir a un votante.
3. Examinar los medios para hacer cumplir, con mayor eficacia, las normas electorales relativas a los límites sobre la propaganda electoral en las inmediaciones de los centros de votación y el libre acceso de los electores, sin intimidación, a dichos centros, tanto para votar como para participar de la verificación ciudadana.
4. Definir los criterios para la acreditación de los testigos de los partidos políticos por parte del CNE y considerar la posibilidad de proporcionarles una identificación o indumentaria que los identifiquen como tales. La delegación del Centro Carter observó casos en que personas no afiliadas a un partido político registrado se identificaban a sí mismos como testigos de partido. La aclaración de los roles de las distintas personas que prestan servicio en las mesas de votación puede ayudar a mejorar el clima y las condiciones de votación.
7. Auditar y depurar el Registro Electoral. El CNE ha logrado un registro electoral sumamente incluyente, con el 97 por ciento de la población inscrita. Los cuestionamientos sobre dicho registro han tendido a centrarse en las posibilidades de sobre-inclusión (personas fallecidas no eliminadas, homónimos, extranjeros no habilitados para votar, etc.), antes que en la exclusión. Aunque los comandos de campaña recibieron una copia del registro, y participaron y refrendaron la revisión del mismo, tanto en las elecciones de octubre como en las de abril, la depuración continua del listado electoral plantea un desafío constante, sobre todo cuando la eliminación de los nombres de personas fallecidas requiere la acción de la familia (como la presentación de un certificado de defunción emitido por un registro civil ante la oficina del registro electoral). Un estudio realizado por la Universidad Católica Andrés Bello arrojó la existencia en el registro de unos 49.000 fallecidos antes de las elecciones de octubre. El comando de campaña de Capriles, por su parte, estimó los fallecidos en el padrón entre 191.000 y 300.000, además de unos 20.000 casos de homónimos. El esclarecimiento de estas cuestiones, tal vez con un cronograma regular de depuraciones y auditorías, ayudará a aumentar la confianza y la transparencia del registro electoral.
8. Marco legal. De enero a marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia hizo varias interpretaciones de la constitución, que posteriormente fueron cuestionadas por la oposición, cuestionamientos que incluyeron la elevación de demandas ante el propio tribunal supremo. Las interpretaciones en disputa surgieron, en parte, porque la constitución no especifica con claridad cada una de las posibles contingencias para el caso de ausencia temporal o permanente de un presidente re-electo. Teniendo en cuenta la modificación constitucional de 2009, que permite la reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes, el examen de las leyes que implementan esta modificación, puede estar justificado.
9. Designación de autoridades electorales. El artículo 296 de la constitución venezolana establece la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral para periodos de siete años por el voto de los dos tercios de la Asamblea Nacional a partir de nominaciones elevadas por la sociedad civil, las facultades de derecho de las universidades nacionales y la rama del gobierno denominada Poder Ciudadano. Dicho artículo especifica además que los candidatos deben ser personas sin vínculos con organizaciones políticas. El período de tres de los cinco rectores expiró a fines de abril de 2013. Sin embargo, dado el clima de enfrentamiento imperante en la Asamblea Nacional, es muy poco probable que se consigan los dos tercios necesarios para las nuevas designaciones. La normalización de esta situación mediante el logro de acuerdos entre los partidos para garantizar la elección de una autoridad electoral independiente e imparcial ayudaría a fortalecer la confianza en el sistema electoral.

Informe final del Centro Carter
El Centro Carter dará a conocer un informe final una vez concluido el proceso electoral. Dicho informe incluirá la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia a las impugnaciones legales de la oposición, así como información sobre la próxima auditoría de duplicidad de huellas. La delegación del Centro Carter se llevó a cabo de conformidad con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta de los Observadores Internacionales que fueron adoptados en las Naciones Unidas en 2005 y aprobado por más de 40 organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.

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FOR IMMEDIATE RELEASE
July 3, 2013
Contact: In Atlanta, Deanna Congileo, dcongil@emory.edu; In Caracas, centrocartervenezuela@gmail.com

Carter Center Issues Report on Venezuela Election

(En español) 

The Carter Center today released a preliminary report (PDF) on Venezuela's April 14, 2013, special presidential elections recommending electoral reforms to ensure greater campaign equity, increased efforts to improve the electoral climate for voters, and more information about the effectiveness of the biometric identification system and procedures to prevent usurpation of voter identity and multiple voting.
The report finds that the Venezuelan population, and the political parties and candidates in general, have demonstrated confidence in the performance and integrity of the automated touch-screen voting machines in accurately counting the votes cast on April 14.
There is not agreement, however, about the quality of the voting conditions and whether every registered voter is able to vote one time, and only one time. In addition, the report finds a series of inequities in campaign conditions in terms of both access to financial resources and access to the media, which diminish the competitiveness of elections, particularly in a legal framework that permits indefinite reelection of public officials.
The report was based on the information and perspectives gathered from a variety of Venezuelan actors as well as the personal observations made by the Center's field office staff and election experts in Caracas during the entire series of electoral events (February 2012-June 2013) and the small accompaniment delegation that traveled to the country at the invitation of the National Election Council (CNE) from April 12-17, 2013.  It builds on and adds to the Center's Report on the Study Mission to the Oct. 7, 2012, Presidential Elections in Venezuela (PDF).  The Carter Center did not deploy a comprehensive observer mission; it is therefore unable to give a comprehensive evaluation of the presidential elections of April 2013 as a whole.
As The Carter Center stated in an April 18 press release, the narrow difference in electoral results, coupled with strong societal polarization, call for the initiation of a new political dynamic characterized by a frank and sustained national dialogue in order to facilitate the creation of a national consensus on the pressing problems that affects the life of all Venezuelans.
While The Carter Center regrets that the electoral dispute has deepened the divisiveness among the Venezuelan people, the Center welcomes the decision of all parties to participate massively in the next December 2013 municipal elections.

Recommendations
In this context, the report offers observations and suggestions for consideration by the authorities, National Assembly, and people of Venezuela, including the following:

1. Clarify the regulations governing the participation of public officials and civil servants in campaign activities.  Election law and regulations prohibit Venezuelan public officials and civil servants from conducting campaign activities in the exercise of their public duties.  However, The Carter Center noted an extensive participation of public officials and civil servants in campaign activities. In order to limit and eradicate these practices, the regulations governing these matters should be clarified to determine whether such activity is allowed off-duty (and define "off-duty") or not at all. The electoral authority, in turn, should determine ways to strictly enforce the agreed regulations.
2. Ensure greater campaign equity.  Although the constitution requires elected officials below the rank of president to step down from their positions in order to declare their candidacy for president, it does not require a president running for re-election to do so.  This gives an unequal incumbency advantage to a person running for re-election to the highest office in the land.  In addition, Venezuela (alone in the region), provides no direct or indirect public financing for electoral campaigns or political organizations.   Drawing on comparative experiences within the region, Venezuelan legislators and election authorities could consider several options:
1. Provide free and equitable access to public and private media for campaign messages.
2. Regulate and enforce equally campaign messages in the pre-election period.
3. Limit or prohibit the use of cadenas and inauguration of public works in a specified period prior to the elections.
4. Limit the right of public officials to campaign for members of their own party or coalition.
3. Better enforce the regulation of the use of state resources for political purposes.  Venezuela law prohibits the use of public resources for political campaigns; yet national observer organizations and other NGOs have documented the use of public resources for political purposes.
4. Clarify the role of the paper receipts.  Extensive pre- and post-audits have demonstrated the accuracy of the automated voting machines.  Nevertheless, election regulations that provide for verification of the electronic results through a count of the paper receipts emitted by the machines for purposes of "transparency and confidence in the system," do not specify contingencies should there be a significant discrepancy in this verification (see Carter Center report on the 2006 Venezuelan Elections (PDF)).
5. Provide more information about the performance of the biometric identification system and include audits of the duplicity of fingerprints and incidences of the SAI in the published chronogram of audits.  The System of Integrated Authentication (SAI) was introduced in the October 2012 elections at least in part to authenticate that the voter casting the ballot is the voter properly registered at that voting table, and to prevent multiple voting or usurpation of identity.  Providing additional information after the scheduled audit in August about the performance of the machines in their first uses (October and December 2012 and April 2013) will help inform all Venezuelans about the extent to which the new system serves its intended purpose.
6. Improve the quality of the voting experience on election day.  A number of observations by national observer organizations and political campaigns indicated serious issues of influence or pressure on voters.  Provisions to improve the quality of the voting experience and ensure that each citizen is able to vote freely and voluntarily could include:
1. Instruct the security and election officials tasked with ensuring the security and conduct of the elections to ensure that all accredited party witnesses, and national observers properly accredited by the CNE, are guaranteed access to the voting centers the entire election day, according to the norms.
2. Instruct voting table volunteer workers on the proper procedures for assisted voting, including the specified limits for each assistant to help only one person.
3. Examine ways to better enforce the electoral regulations regarding limits on campaign propaganda and the guarantees of free access, without intimidation, of voters to the voting centers to vote and to participate in the citizen verification afterwards.
4. Define the criteria for receiving CNE credentials as a party witness and consider providing them with pins or apparel that identifies them as such.
7. Audit and update the electoral registry.  The CNE has achieved a very inclusive voters list, with 97 percent of the population inscribed.  Questions about the list in Venezuela have tended to focus more on the possibilities of over-inclusion (unremoved deceased persons, homonyms, foreigners not eligible to vote) than on exclusion of citizens from the list.  Although the campaigns received a copy and participated in and signed off on a review of the electoral registry used for both the October and April presidential elections, continuous updating of electoral registries poses a persistent challenge, particularly when removal of deceased persons requires action by a family to provide a death certificate to the civil registry and in turn to update the electoral registry.
8. Examine the legal framework.  From January-March 2013, the Venezuelan Supreme Court made several interpretations of the constitution that were subsequently questioned by the opposition, including some individual suits presented to the Supreme Court.  The disputed interpretations arose in part because the constitution does not clearly specify every contingency for the temporary or permanent absence of a re-elected president.  Given the constitutional modification in 2009 to permit indefinite re-election of president, governors, and mayors, examination of the implementing laws to clarify these issues may be warranted.
9. Appoint election authorities.  Article 296 of the Venezuelan constitution provides for the appointment of the rectors of the National Election Council for seven-year terms by a two-thirds vote in the National Assembly, from nominations made by civil society, law faculties of national universities, and the Citizen Branch of government.  It further specifies that these rectors should be persons without ties to political organizations. The terms of three of the current five rectors expired at the end of April 2013.  Yet given the current stand-off in the National Assembly it is highly unlikely the necessary two-thirds vote will occur. Agreements between the parties to ensure the election of an independent and impartial electoral authority would help strengthen confidence in the electoral system.

The Center will release a final report at the conclusion of the electoral process. The final report will include the response from the Supreme Court to the opposition's legal challenges and the upcoming audit of the fingerprint machines. The Carter Center mission was conducted in accordance with the Declaration of Principles for International Election Observation and Code of Conduct for International Observers that were adopted at the United Nations in 2005 and have been endorsed by more than 40 intergovernmental and nongovernmental organizations.

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