Autor Carlos Moris,
La inevitable decisión´
Cándido Méndez, Secretario General de la Unión General de Trabajadores, UGT, acompañado como siempre por Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de Comisiones Obreras, CCOO, anunciaron el pasado 9 de marzo, la convocatoria a una Huelga General por 24 horas de duración, a realizarse el próximo jueves 29 de marzo, como manifestación en contra de la recién aprobada Reforma Laboral, la cual calificara Taxo como “la mas regresiva en la historia de la democracia”. Por su parte Méndez denominó la convocatoria como “justa y necesaria”.
En el marco de la justificación expresaron que le han enviado dos cartas al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, donde sin obtener respuesta, en una de ellas plantean 30 reformas a la Ley aprobada.
La Ley contempla una clara reducción de los derechos adquiridos por los trabajadores, facilitando los despidos abaratándoles al reducir de 45 a 33 los días de compensación por año trabajado, extendiendo a un año el llamado “contrato de experiencia”, el cual permite poner a prueba a un trabajador durante ese tiempo, pudiendo ser despedido sin compensación. Se les exige a los trabajadores que cobran el paro, producto de sus aportes, realizar “trabajos sociales”, los cuales pueden ser en la práctica trabajos gratuitos que desplacen de sus empleos a otros trabajadores. También permite a las empresas que por tres trimestres consecutivos hayan sufrido pérdidas o reducción en sus utilidades, despedir a los trabajadores cancelándoles 33 días por año trabajado.
Posteriormente, el viernes 17 de marzo, ambos dirigentes se presentaron ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para registrar el llamado a la Huelga General. Anteriormente se habían presentado dirigentes de CNT, CGT y USO, centrales sindicales minoritarias, las cuales han expresado su apoyo al llamado de las centrales mayoritarias. En esa ocasión, tanto Pérez como Taxo, reiteraron su llamado a un “diálogo social tripartito”, mediante una “mesa de negociación”, expresando: “el gobierno tiene unos días para cambiar su actitud”. Es una posición para mantener una puerta abierta.
Será la sexta Huelga General que se realice desde la instalación de la democracia y la segunda que socialistas y comunistas le declaran al Partido Popular, PP. Esta vez a los cien días de su llegada al poder, La anterior fue realizada en 2002 cuando gobernaba José María Aznar.
La última Huelga General fue realizada el 29 de septiembre de 2010, en contra de la reducción de los salarios a los empleados públicos y la Reforma Laboral, acciones implementadas por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En esa ocasión la respuesta de los trabajadores fue muy débil y el gobierno se mantuvo firme.
En este caso la convocatoria no sorprende pues ya había sido advertida por el Presidente Rajoy, quien en una conversación realizada en Bruselas con un grupo de políticos europeos, sin percatarse de la existencia de un micrófono abierto, afirmó que al aprobarse la Reforma Laboral “me harán una huelga general”. En consecuencia era inevitable la reacción de los dirigentes sindicales.
El entorno interno.
Múltiples reacciones ha provocado la decisión de las dos mayores organizaciones sindicales, aunque disminuidas especialmente en su credibilidad. Fuera del entorno sindical, se esperaba particularmente la posición del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, pues el gobierno le ha venido acusando de asumir duras posiciones “de calle”. En principio ha sido moderada la actitud del Secretario General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien recién ganara ese cargo después de sufrir una dura derrota como candidato a la Presidencia de la Nación. Rubalcaba calificó de “justa” la huelga, llamando al Gobierno a dialogar y anunciando que presentarán en el Congreso una propuesta de “Enmienda total”. El PSOE no quiere aparecer brindando un apoyo incondicional a la iniciativa.
Es de tomar en cuenta que el próximo 25 de marzo se realizarán elecciones en dos entidades autonómicas: En Andalucía, histórico baluarte del PSOE, donde ha gobernado por treinta años y todas las encuestas dan por ganador al PP, en algunas de ellas, con mayoría absoluta. En el Principado de Asturias, donde el PSOE debe ganar la primera mayoría, pero sin posibilidad de gobernar en solitario. Por ello, todos los esfuerzos de los socialistas se concentran en los comicios que se celebraran muy pocos días antes del llamado a Huelga General.
Por su parte, los voceros del Gobierno rápidamente reaccionaron expresando: “la huelga no es una solución a los problemas del país”, insistiendo que su objetivo es “generar empleo”. Rajoy directamente no se ha pronunciado, pero ha reiterado que la Ley no sufrirá modificaciones. Probablemente así será.
Por su parte, Artur Mas, Presidente de la Generalitat de Cataluña, calificó la huelga de “inconveniente”. Su partido Convergencia y Unión, CIU, votó favorablemente la Ley en el Parlamento. El dirigente catalán también ha aplicado una dura política de restricciones laborales enfrentando manifestaciones de protestas por parte de los trabajadores del sector público. Cayo Lara, dirigente de Izquierda Unida, IU, se mostró favorable a la decisión de los sindicalistas, pero no tan entusiasta como podía esperarse. Los pequeños partidos como UPN y Foro de Asturias que apoyaron la Reforma no pesan.
Por supuesto, las asociaciones patronales que se han expresado en forma muy favorable a la Ley, rápidamente manifestaron su desacuerdo con el llamado a Huelga, insistiendo también en la “inconveniencia”. Para los empresarios la Reforma Laboral ha sido “muy conveniente”.
Lo predecible: Sin cambios
Es poco probable que el gobierno acepté una modificación a fondo de la Reforma aprobada por el Parlamento. Tal vez acepte implementar la mesa de negociación tripartita, tomando en cuenta el sólido respaldo del empresariado a la Reforma. Sería una manera de aplazar la realización de la Huelga, sin comprometerse a realizar cambios. Para los sindicatos sería una bombona de oxigeno, pues para salvar la cara ante los trabajadores, están obligados a realizar acciones de protesta, pero muy posiblemente cuenten con poco respaldo y conscientes de no lograrán sus objetivos. Es ejercer el derecho al pataleo.
El drama español es el paro que afecta a cerca de 5.3 millones de trabajadores, un 22.85 por ciento de la Población Económicamente Activa, PEA, golpeando a un 48 por ciento de los jóvenes que buscan empleo. Todas las predicciones apuntan a que durante el presente año la cifra se incrementará. Esa situación crea temor entre los asalariados, sin contar que la mayoría de los trabajadores no están organizados sindicalmente, elementos que conspiran contra el llamado a la Huelga General.
Por supuesto, que la Huelga General, aunque per ser no cuente con un apoyo mayoritario, al ser acompañada por movilizaciones donde pueden recibir el apoyo de sectores como el de los ”indignados”, va creando un clima de malestar popular, pudiendo reducir el respaldo brindado por los votantes al PP y tal vez permitiendo una recuperación del PSOE, duramente castigado justamente por no asumir políticas eficaces frente a la crisis. De suceder, no significa en modo alguno la solución de la crisis a corto plazo.
El entorno regional.
Hasta ahora todas las políticas que aplicara el ex Presidente Rodríguez Zapatero a partir del mes de mayo 2010, como las implementadas en forma drástica por Mariano Rajoy en sus pocos días como gobernante, son exigencias de la UE, apuntando por una parte, a reducir el costo del empleo, alegando que con ello se generarán nuevos puestos de trabajo, lo cual no se ha logrado y por el contrario, el desempleo ha venido aumentando sostenidamente en los últimos meses.
Por otra parte, la UE ha exigido un claro recorte de los déficits presupuestarios, demandando que sus limitaciones formen parte de las Constituciones nacionales. Para ser mas precisos, la demanda es impuesta por la Canciller Alemana Angela Merkel, acompañada como socio menor por el Presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Zapatero se comprometió el pasado año a reducirlo a un 6 por ciento del PIB y en 4 por ciento para el presente año, pero en la realidad el resultado fue de un 8.5 por ciento, lo cual califican los voceros del PP, como una “desgraciada herencia”, que les ha obligado a negociar con la UE, dado que es totalmente imposible cumplir con ese compromiso. Finalmente la UE aceptó que el déficit presupuestario para el presente año se ubique en un 5.4 por ciento. El gobierno español había solicitado un 5.8 por ciento, asumiendo que en 2013 podrá cumplir con el compromiso de llevarlo al 3 por ciento que demanda la UE.
El cumplir con ese compromiso implica desde ya una brutal reducción presupuestaria a nivel del Estado Español, pero sobre todo a nivel de las Comunidades Autónomas, la mayoría en manos del PP y causantes según el PSOE, de la mayor parte del déficit. Reducciones que afectan empleos y muy probablemente, pese al discurso que lo niega, reducirán los servicios de Educación y Salud de los cuales esas Comunidades son responsables. Ya la Generalitat aprobó el llamado “copago” en el sector salud. Aunque en principio el pago es de un euro por receta, sienta un muy peligroso e injusto precedente, pues el pago lo mismo debe hacerlo una persona sin recursos que una persona con suficientes ingresos.
El gobierno español presentara ante el Parlamento el presupuesto para el presente año a fines del presente mes de marzo. Según la oposición el PP espera por el resultado de las elecciones en Valencia y Asturias, pues las duras reducciones podrían ser un golpe electoral en su contra.
Al margen de las sospechas sobre las intenciones, de cualquier forma, las reducciones exigidas desde Bruselas, golpearán duramente a unos ciudadanos que en un 82 por ciento, ya consideran la situación económica de su país como mala o muy mala. Sin embargo en la misma encuesta, el 52 por ciento expresa que su situación personal es buena, lo cual es cierto dado el grado de bienestar que se había creado en el país. Dos verdades no contradictorias.
El gran debate en España y en Europa en general es sobre las políticas que se han implementado por la UE, acatando las exigencias alemanas y francesas. Exigencias aplicadas especialmente en Grecia, en forma de recetas hasta ahora totalmente recesivas. Las exigencias de la UE llegan al extremo de establecer mecanismos de vigilancia sobre el país, comprometiendo seriamente su soberanía. Grecia se encuentra en un perverso circulo vicioso de reducción de gastos y reducción de ingresos, que no le permite generar una recuperación para encarar sus compromisos financieros con la UE, pero sobre todo, el no continuar afectando el nivel de vida de sus ciudadanos.
Aunque se reitera hasta el cansancio que España no es Grecia, tomando en cuenta que no ha necesitado y no parece necesitar a corto plazo un auxilio financiero de la UE, sin embargo, se le imponen similares políticas claramente recesionistas, comprometiendo el ya golpeado “estado de bienestar”, provocando una importante emigración de sus ciudadanos, mayoritariamente jóvenes con altas calificaciones que prestarán sus servicios en otros países, dejando un gran vacío para la recuperación de su país.
En concreto, aunque los sindicalistas y protestatarios griten: “ya Rajoy tiene su huelga”, el problema escapa de sus manos, incluso de las manos españolas. Europa está sometida a una dura prueba donde sus decisiones ponen en juego el destino de millones de sus ciudadanos.
Venezuela, marzo 2012. carlosmoris@cantv.net.
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